La ruta chupasangre
Por Lea Ross
La Libertad Avanza pasó una de sus peores semanas: Diputados aprobó el rechazo a entregar millonarios fondos reservados a la SIDE, la comisión bicameral para el seguimiento a esos espías será presidida por Martín Losteau y Oscar Parrilli, el PRO apoyó la reforma jubilatoria (todo esto marca un panorama donde pueden existir 2/3 de los votos para ejercer un juicio político contra el presidente de la Nación), se agrava la pelea entre “Jamoncito” Milei y Victoria “Bichacruel” por la propuesta de poner al juez Ariel Lijo en la Corte y se expuso una dura riña entre las propias ediles oficialistas por acusaciones entre sí por la visita a genocidas. Por si fuera poco: analistas económicos advierten que lejos de lo que dice el Mago sin Dientes de las Finanzas, Argentina padecería una fuerte devaluación para este año, que podría llevar el dólar oficial de 900 pesos a 1300 o 1500 pesos, lo que implicaría un duro impacto en los precios. Entre mediados de año de cuando se aprobó la Ley Bondi Zombi y la actualidad, la política tradicional contempló que quienes transitan en las calles ven que sus salarios no logran alcanzar el pago de sus bienes y servicios, aún con la baja de inflación. La recesión ha llevado a una preocupación sobre lo que se logre sobrevivir con los pocos ingresos que están teniendo las familias. Así, la siguiente fotografía va de a poco ofreciendo su diagnóstico de lo que vendría:
Lejos de ese cambalache, el día anterior, un apacible Martín Llaryora pasó el martes por ese mismo Congreso cirquense, en la reunión de comisión de Agricultura en la Cámara Baja. Allí pidió avanzar con un proyecto de ley para aumentar el corte de biocombustibles, que se mezclan en los surtidores de nafta y gasoil: “El país necesita encender nuevos motores de la economía. La Historia nos da una nueva oportunidad para que el agro no sea el único motor para la generación de dólares”. Según su ministro de servicios públicos, Fabián López, que estuvo también presente, Córdoba está “migrando cerca de 2.000 vehículos de la flota oficial usando un porcentaje de bioetanol muy superior al que hoy tienen las naftas en los surtidores de nuestro país”.
El plan del Cordobesismo sería arengar por la llegada del Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el famoso RIGI de la Ley Bondi Zombi, en su provincia. Quienes podrían invertir en ese rubro que proclama, sabiendo que solo pueden hacerlo si invierten en una mínima de U$S 200 millones, son tres: Promaíz SA, cuya destilería se ubica en la localidad de Alejandro Roca; Bio4 de Río Cuarto; y ACA Bio, en la ciudad de Villa María, impulsado por cooperativas agrícolas de distintas provincias. Una cuarta empresa es Maíz Energía SA, que cuenta con tres destilerías, pero a escala menor. La firma fue creada con distintos nombres, algunos ligados al rubro de la ganadería al norte del país. Uno de ellos es la familia Porta, que cuenta incluso su participación en la riocuartense Bio4. Y otro que participó en el directorio es el ex-presidente de la Sociedad Rural de Jesús María Luis Alberto Magliano, imputado por el robo de más de 3500 vacas, perpetrados en Santiago del Estero. 200 de ellas fueron encontradas en el establecimiento de uno de los hijos del condenado ex-gobernador José Alperovich. Previo a eso, Magliano tenía pedido de captura internacional, manteniendo su estado de prófugo por más de 10 días.
El caso del bioetanol, a base de maíz, genera una concentración empresarial de pocas manos. Para la dirigencia autóctona, se tiene expectativas que pueda impulsar la aparición de nuevas empresas dispuestas a diversificar el negocio. Recurrir al RIGI, donde no cualquiera se consigue 200 palos verdes, parece no tener la brújula muy bien orientado.
Dos días después que expusiera Llaryora, el Boletín Oficial publicó la reglamentación del RIGI. Y a la hora de precisar los ocho rubros privilegiados, resulta que hay dos donde los grandes financieros se podría aferrar para ésta clase de iniciativas: Tecnología o Energía. La primera, asevera que incluye quienes toman por objeto la transición energética. Mientras que la segunda, también se aplica a la producción de energías de baja de carbono.
Los colmillos de Drácula
Pero no solo el cordobesismo oficialista busca calmar las bravuras de los leoninos. Paralelamente, en la Cámara Alta, la senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero actualizó su cuenta de Twitter o X para autodefinirse como una paladina por convertir un tramo de la ruta nacional 158 en una autovía. Se trata de un paso vial de 270 kiómetros que atraviesa importantes localidades cordobesas del sector agro, como Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Llaryora ya tuvo avances para permitir que Nación habilité la concreción de algunos obras de circunvalación que permita realizar las conexiones para ese camino.
A comienzos de este mes, en la ciudad agrícola de General Deheza, se armó una mesa centralizada por la senadora, donde participaron intendentes, legisladores, dirigentes y empresarios para presionar, a nivel nacional, la concreción de esta idea como una proclama federal. De a poco, y si uno presta atención, percibirá algunas figuras de la pampa gringa portar un termo con el sticker de la 158. Para varios, esperan que el Lord Jamón los escuche. Para Carmen, Milei está en todos lados. Porque durante el debate de la Ley Bondi Zombi, fue ella quien comparó al Presidente con Dios. Su invocación divina se contrapone con sus facetas draculianas, que se supone que quemaría la piel ante la presencia de cualquier crucifijo.
Convertir la ruta 158 en autovía requiere mucha financiación por su centenaria extensión kilométrica. En la prensa local, la senadora sostuvo que se podría sacar del provecho del RIGI para conseguir esos fondos. En realidad, la obra pública no está tipificada en la lista de rubros habilitados. Sin mencionar que el regimen da a entender que solo lo pueden proponer empresas privadas, sean sociedades anónimas locales o extranjeras, incluso la modalidad de unión transitoria de empresas, pero que de ninguna manera pueden ser las propias administraciones públicas. De hecho, para concretarlo, el Estado tendría que dividir la traza en distintas secciones para realizar licitaciones en simiultáneo, lo cual participarían una variedad notoria de constructoras.
De cualquier manera, quien sí le parece una buena idea es alguien que se siente más que protegido por el propio Llaryora. Se trata de Roberto Urquía, el dueño de Aceitera General Deheza y uno de los más poderosos del agrobusiness. El lanzamiento de esta mesa se realizó en su ciudad natal. Allí aceptó sacarse una foto grupal para la campaña por la autovía de la 158, estando al lado de Cármen, incluso apoyando su mano casi sobre su hombro.
Para su otra mano, Urquía viene aportando para las campañas de las distintas facetas que tiene el peronismo, sea del Frente para la Victoria, de Hacemos Por Córdoba y del Frente de Todos. Fondos le sobran, habrá que ver si tanto como para disponer de la inversión de una nueva planta de biocombustibles. Promaíz SA, la que tiene instalado en la localidad de Alejandro Roca, comparte en su directorio con la multinacional Bunge, la más longeva en el país. Años atrás, además de los Urquía, en el directorio de Promaíz SA estuvo sentado Plácido Humanes, recientemente procesado por la justifica federal por evasión fiscal, en una denunciada presentada por la propia AFIP.
Better call Halavacs
Desde Chaco, la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó suspender los desmontes en su provincia por tres meses o hasta que se reevalúe la situación al aceptar una medida cautelar solicitada la semana pasada por el fiscal federal Patricio Sabadini. La medida se dio por la causa que el Ministerio Público Fiscal impulsó para que se investigue a siete imputados que habrían facilitado desmontes ilegales.
Esto se realizó por una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AadAA). En el contenido del mismo, que accedió La Luna con Gatillo, se señala que la familia Urquía fue beneficiada por los desmontes chaqueños. Lo delictivo estaría enfocado en que el actual ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs (uno de los siete procesados), ya que tenía como clientes a poderosos empresarios, que hoy serían beneficiados por la polémica reforma de la Ley de Bosques provincial, que avala el paso de topadoras en zonas prohibidas y del cual ahora lo ha impulsado desde la gestión pública. Anteriormente, como asesor agrónomo, se calcula que entre los años 2014 y 2021, Halavacs tramitó 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco. Un 40% de todo, que abarcó unas 38 mil hectáreas. Un verdadero monopolio de las asesorías. Better call Halavacs. De esos 38 mil, 1.331 hectáreas fueron arrasadas por “Las Guindas S.A”, empresa agropecuaria, propiedad de Alberto Vicente, Adrián Alberto y Roberto Daniel Urquía, los mismos que manejan Aceitera General Deheza (AGD) y también Promaíz.
Mejor suerte para la próxima
En 2019, Promaíz SA y AGD bancaron la última campaña a gobernador de Juan Schiaretti con un monto equivalente a unos U$S 100 mil dólar oficial. En cambio, para la primera campaña de Llaryora para la gobernación, en 2023, dio su parte el autopartista y fabricante de vidrios Alejandro “Jano” Pedrosa con un total de 7 millones de pesos, a nombre de Prodismo SRL y Üveg SA. Medido en dólares oficial, es el equivalente a la décima parte que el monto dolarizado que donó la agroindustria al Gringo. Y Pedrosa contó con menos suerte que Urquía, porque sigue en estos momentos en el interior de un calabozo. Desde noviembre del año pasado, está detenido por ser sindicado dentro de una organización que manejaba fondos espurios, a partir de la comercialización de lotes truchos de la llamada “Estancia Santa Lucía”, cerca de Alta Gracia. Son ocho imputados, donde el principal involucrado sería Luis “Gabucho” Bizzochi, el “desarrollador inmobiliario”.
Durante la investigación de esas ventas, se expuso que en el fondo hubo una ingeniería financiera compleja, que tuvo que ser tratado en el fuero federal. Hablamos de intermediación financiera, evasión tributaria, cambio de moneda extranjera y lavado de activos. Así, el fiscal federal Enrique Senestrari ordenó una docena de allanamientos el año pasado. La más mediatizada fue en la casa de Cristian Alexis Gazagne, donde le encontraron lingotes de oro y una Ferrari. Gazagne fue quien le mostró a Juan Schiaretti, en diciembre de 2022, el mismo modelo de auto en una estación de servicios de su propiedad, con surtidores cargados con bioetanol. En ese lugar es donde la flota de la administración pública carga sus motores, como lo mencionó Llaryora en su exposición en el Congreso.
Recientemente, el juez de control José Milton Peralta rechazó un recurso que presentó los abogados de “Jano” para el cese de su prisión efectiva. El argumento de la defensa era que su cliente solo participó en carácter de inversor y comprador de buena fe, y todo declarado ante la AFIP. Sin embargo, tal como lo reveló el colega Francisco Panero en La Voz del Interior, al juez Peralta no le convenció ese argumento, por la sencilla razón que tenía en sus manos, citando al magistrado, unas “numerosas conversaciones mantenidas entre Pedrosa y Bizzochi” que “evidencian su conocimiento de la irregularidad del loteo y el rol que este desempeñaba, el cual excede de lo razonable para un inversionista”. Y esto incluye el siguiente intercambio telefónico:
-Pedroza: Conseguime lo que te pedí, yo lo disfrazo y te consigo al menos dos ofertas (…). No hables con nadie de la venta, no es sano (…). Yo voy a hacer el ranking de los nombres y voy a ir ofreciendo uno a uno.
-Bizzochi: Una venta sin que suene a venta.
-Pedrosa: Vos dejame a mí.
No sería raro suponer que eso último también se lo habría dicho Hernán Halavacs a la familia Urquía.
