La caída del halcón negro
Por Lea Ross
El martes pasado, el eterno director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Gustavo Concha, fue declarado culpable de varios delitos: lesiones leves agravadas por el vínculo y de violencia de género, amenazas calificadas, coacción y homicidio por motivo de abuso sexual. Esto se debió a las denuncias que habían presentado su ex-pareja, como así también Luhana Ludueña, bombera que en la segunda mitad del año 2021 trató de ingresar al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), lanzadas recientemente. En noviembre de ese año, fue abusada por Concha y en enero del siguiente año se quitó la vida.
“Concha demostró ser una persona narcista”, sostuvo Cristina, la mamá de Ludueña, al momento de escuchar las palabras finales del acusado. El sentenciado subrayó su labor que ejerció por décadas, al encarar los desastres naturales. Negó ser un “hombre con poder, de integrar un círculo rojo”, al que solo se limitó a informar a otros funcionarios, entre ellos a los gobernadores, sobre los hechos que estaban ocurriendo: “No tengo una casa en un country, no ando en un Audi Q5”. Además, sostuvo que no le “falló a la comunidad de Córdoba, ni a ningún turista” y que en un año solo se tomó una licencia de quince días solamente. “Lo he hecho con amor, con profesionalismo y sabiendo de mi responsabilidad”, cerró.
Diego Concha es hijo de uno de los fundadores del cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz, creado en los años sesenta. Había iniciado su carrera como bombero hace casi cuatro décadas. Fue el primer jefe del cuartel de la localidad de Icho Cruz, fundado en 1995, con el grado de Comisario Mayor. Será a partir del 2010 que ejercería el cargo máximo de la Defensa Civil.
El engranaje del poder
Como se puede ver en la siguiente gráfica, extraída de un informe que se puede leer aquí, se puede contemplar la cantidad de hectáreas arrasadas por los incendios de manera anual. El año 2020, remarcada en la barra de color rojo, fue una fecha de las más expansivas de las últimas décadas. Para los que somos sub-40, no teníamos recuerdos de una catástrofe incendiaria como esa.
Las llamaradas elevaron más la reacción vecinal para resistir el fuego, impulsando la aparición de numerosas brigadas forestales. La figura del brigadista se enfoca en apagar el fuego que se expande en el monte, a diferencia del bombero cuyo objetivo está puesta en evitar los daños materiales o de propiedad privada. Pero más que nada, pensando también como emergentes que se impulsan a partir del desfinanciamiento en la lucha contra los incendios. Esto llevó a una descentralización en el ejercicio del poder gubernamental para combatir los incendios, sobretodo de manera de la superheróica desde lo fotogénico que es Diego Concha.
Incluso, un legislador radical, que en la actualidad acepta sumarse al “partido cordobés”, propuso en el año 2020 que un cuartel de bomberos sea bautizado a su nombre, al que lo describió como “una persona que siente con el corazón lo que hace y que demuestra un profesionalismo único. Diego es un ejemplo que promueve grandes valores”. Las mismas palabras que Concha utilizó en la previa de su condena.
La Voz 31/08/2020.
Al percatarse de esto, el Gobierno de Córdoba decide lanzar en julio de 2021 la ETAC: Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes, bajo el mando del mismísimo Concha. Entre julio y noviembre, mes donde ocurrió los abusos sexuales de Concha contra Luana, pasaron solo cuatro meses.
Lo que ocurrió en el medio de ese lapso de menos de dos meses tiene nombre y apellido: Emiliano Conti. Conti y Luana mantenían una relación íntima. A la vez, el segundo ejercía un cargo en la ETAC, del cual Luana estaba interesada en ingresar. Al enterarse de la denuncia contra su mandamás Concha, en una suerte de capataz, Conti ejerció todo tipo de amedrentamientos contra ella para insistir en que retirara esa presentación penal.
Conti está procesado por privación ilegítima de la libertad mediante amenazas, por un hecho puntual donde encerró a Luana en el interior de un automóvil para tratar de convencerla que se retractara de semejante presentación judicial, y que en su interior habría ejercido vejámenes a investigar. Se espera un juicio en su contra para el 30 de octubre de este año, a lo que sería el segundo juicio por Luana.
Tanto la espera de los fundamentos de la sentencia del Juicio I, para el 17 de septiembre, como para este Juicio II, expondrían un funcionamiento de poder que se ejercía en el organigrama de Diego Concha.
Todas las violencias la violencia
Como decíamos: el 17 de septiembre se sabrían los fundamentos de la sentencia. Y existen dos hilos referidos a la violencia que generarían expectativas: género e institucional.
La periodista Bernardina Rosini, quien ha venido cronicando el juicio para el portal de la cooperativa lavaca, advirtió que la sentencia no codificó a la figura de femicidio para Luhan. Esto es porque el abogado defensor “no pidió en su alegato el agravante del homicidio en contexto de violencia de género (figura penal del femicidio). En el mismo juicio, lo acusaron y sentenciaron por las denuncias de su ex-pareja por violencia de género. Hechos ocurridos en el mismo día incluso que el abuso a Luana”.
“Es un buen ejercicio preguntarse porqué (o cómo) puede ser que un abuso sexual de un jefe a una mujer subordinada, que le chantajea el ingreso a un grupo especializado por sexo, se niega y la somete e igualmente no es comprendido como un hecho de violencia de género”, escribió desde sus redes sociales.
Por último: la violencia institucional se fija como antecedente a la sentencia del juicio por el caso de gatillo fácil a Valentino Blas Correas. Ese fallo dejó muy mal parado al poder político cordobés. Allí se exigió que “nunca más” vuelvan a ocurrir esos hechos (subrayados en la foja). Por otra parte: está la expectativa sobre qué dirán los jueces sobre las pruebas recolectadas en los peritajes de celulares, en particular al intercambio de mensajes que hubo entre Concha y el ministro de Seguridad también caído en desgracia, Alfonso Mosquera, donde también tenía una orden de investigación en su contra por el homicidio a Blas.
Los muertos de Llaryora
El mismo martes, se realizó una marcha contra el gatillo fácil en la capital cordobesa. Fue la número 10. Y a la vez, la primera en donde Martín Llaryora es gobernador. Según un relevamiento que hizo el portal Enfant Terrible, desde el 10 de diciembre de 2023, hasta el último día de julio, se registraron al menos 10 casos de asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad. Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, consideran al gobernador como el “responsable político”.
De los 10 casos, según el medio de comunicación compañera, 7 ocurrieron en supuestas situaciones de robo. 5 fueron ejercidas por agentes estatales en funciones; 3 estaban de civil. 6 de esos 10, lo letal fue por uno o varios impactos de bala por arriba de la cintura de la víctima, sea por el tórax, la espalda y/o la cabeza.
Las víctimas rondaban entre los 15 y 31 años de edad, dando una edad promedio cercana a los 18 años. En ningún caso, la víctima ejecutada por arma reglamentaria policial tenía heridas en la parte inferior de la cadera. Y 4 de los 10 casos murieron luego de chocar en medio de persecuciones policiales; 3 fallecieron al instante o al poco tiempo del impacto. En uno de los casos, fue arrollado y luego torturado. Los 10 casos, de manera sintética, son los siguientes:
13/1: Mauro Alejandro Bustos (31), en el límite entre La Calera y Córdoba, asesinado por el sargento Mariano Nelson Rossi con su pistola reglamentaria. Está imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.
4/2: Víctor Ariel Tortosa (19), en Río Cuarto, herido de muerte por un policía de civil no identificado.
9/2: Rodrigo Gómez (17) y Emiliano Pastore (19), en Barrio Marqués Sobremonte (Córdoba ciudad) muertos luego de una persecución policial, luego de evitar un control policial. No hay imputados.
16/2: Abel Cortez (26), en Villa Adela, fue asesinado por el policía Boris Rivero, imputado por “exceso en la legítima defensa”.
10/3: Elías Moreno (15), en barrio Talleres Sud, fue embestido por un móvil policial y luego por una brutal paliza. Falleció dos días después. Están imputados los oficiales Marcelo Peralta y Rodrigo Gorosito por “homicidio doloso”.
6/4: Rodrigo Sebastián Arce (19), asesinado por un policía retirado en Barrio Ciudad de Mis Sueños.
17/5: Braian Quinteros (17) asesinado en Barrio General Bustos.
28/5: Mariano Savioli (17) fue embestido en barrio Primero de Mayo, quien falleció al instante.
18/7: Agustín García (19), en Barrio Las Palmas, es asesinado por el sargento del Comando de la Segunda División Militar, Emilio Andreani, un sargento del Comando de la Segunda División Militar.
