¿En manos de quiénes estamos?
Foto del incendio en La Calera, difundida en redes sociales.
Por Lea Ross
Córdoba tuvo una semana incendiaria, a nivel literal y a nivel policial. Además de las llamaradas simultáneas en distintas geografías de la provincia, tuvo su broche con la detención en prisión al subjefe de la Policía, sumado a la elevación a juicio, por violencia de género, contra el ex-ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y uno de los últimos en su cargo que trabajó con Diego Concha, el superhéroe que combatió las llamaradas y, ahora encarcelado por homicidio en el contexto de abuso sexual.
Hombre en llamas
Entre el lunes 2 y el miércoles 4, el incendio más importante que se vivió hasta ahora en la provincia de Córdoba, para este año, fue en la zona de Villa Yacanto, departamento de Calamuchita. Según la versión de la Provincia, se quemaron 12.600 hectáreas y alcanzó un perímetro total de 86 kilómetros, y habría afectado alrededor de 20 establecimientos habitacionales. Algunas de ellas, ligadas al rubro de cabañas. Parte de la vegetación, cuenta con la presencia de pinos, que son especies leñosas que facilitan la propagación del fuego. Es más: en los últimos años, cuando se notifica la quema de casas por incendios forestales, es probable que la mayoría sean para alojamiento turístico cabañero.
Ya para el viernes 6, fue notorio la simultaneidad de focos en distintas geografías. Hubo actividad ígnea en la zona de La Mezquita, en Malagueño, que llevó al corte de la autopista Carlos Paz – Córdoba, en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército. Dos bomberos quedaron internados por quemaduras.
En paralelo, hubo otro foco en Ambul, entre Mina Clavero y Salsacate, región de Traslasierra. También: se quemó por segunda vez una zona boscosa en Villa del Dique, nuevamente en Calamuchita.
Por último: la ciudad de La Calera generó un notable impacto por las extensísimas llamaradas, originado en un predio cerca de Tiro Federal. El fuego alcanzó un depósito de neumáticos, lo que en parte explica las impresionantes cortinas de humo. Se había cortado la Ruta E-55.
Las llamas se aproximaban a un country llamado “Villa Residencial La Cuesta”, del cual no llegó a tocar ninguna vivienda. Pero sí generó la duda en las redes sociales sobre si es legal o no que un emprendimiento de esa índole pueda estar presente allí.
El barrio privado lleva por lo menos una década y media de existencia. Fue una época, previa a la actual ley de ambiente provincial, donde se cajoneaban estudios ambientales, sin participación ciudadana y con avales ilegales para lotear sobre suelos boscosos no permitidos.
El emprendimiento top fue creado por el Grupo Miterra, cuyo director por veinte años viene siendo Carlos Alberto Comba. Dentro del emprendimiento, está la firma El Bosque Club de Campo SA, que administra una área recreativa dentro del barrio privado. En sus comienzos, lo manejaba Comba de la mano de un ingeniero llamado Ricardo Alberto Edelstein, por lo menos en el año 2006.
Edelstein es una figura paradigmática de la puerta giratoria: ocupar cargos públicos para beneficiar negocios privados del cual luego se suma. En 2015, apenas arrancó el segundo mandato de Juan Schiaretti, el socio de Miterra se sumó a la Secretaría de Obras Públicas, e incluso accedió al directorio de Caminos de las Sierras SA, entidad encargada de licitar los tramos viales que conectan la capital con las sierras. Para esa fecha, se ordenó la licitación para la extensión de la Circunvalación, entre el Nudo vial El Tropezón y el distribuidor Spilimbergo. La ganadora, a principios de 2016, fue una unión de empresas conformada por IECSA y Grupo Roggio, lo que lo convirtió en una de las tres principales obras públicas que ejerce la familia Roggio en la provincia.
En estos momentos, Edelstein trabaja como vicepresidente del Grupo Roggio.
Edelstein siempre trabajo para la familia Roggio, como también para los Tagle, quienes en el presente siglo iniciaron los negocios del levantamiento de countries en Mendiolaza, pegada a La Calera. Los acuerdos que se establecen entre firmas constructoras (Roggio) y desarrollistas (Tagle) conforman un combo de negocios que modifican el ecosistema propio del Gran Córdoba, basado en la expansión de la mancha urbana, recolectando dividendos para unos pocos y desolación para muchos.
Intento volar
Y si faltábamos pocos, llegó el Dr. Carlos Hairabedian. El abogado penalista más longevo y mediático de Córdoba aprovechó la ocasión para anunciar la presentación de un recurso para liberar a uno de sus clientes: Diego Concha, el ex-director de Defensa Civil, condena a perpetua por violencia de género a su ex-pareja y ejercer homicidio en el marco de un abuso contra la bombero Luhana Ludueña. El argumento del letrado es que ante el momento incendiario que vive la provincia, considera oportuno la participación de alguien con experiencia, que estuvo en las fuerzas anticatástrofe para aportar con lo suyo.
Lo único que pusieron en cuestión los panelistas del programa de TV que lo entrevistaron fue sobre la posibilidad que pueda escaparse. Eso no tendría ningún asidero, ya que el condenado pondría conseguir cierta clemencia a la comunidad, si vuelve al ruedo de encarar las llamaradas, con presencia de las cámaras de los medios que tanto le facilitó recibir ovaciones. El problema es la ingenuidad, si es que se lo puede creer de esa manera, a que los trabajos del alicaído halcón negro sean equiparables a lo que fue anterior a las denuncias en su contra. Dificil que parte del personal de seguridad pueda sentirse cómoda en el trabajo al entablar contacto y recibir órdenes de alguien condenado por abuso y homicidio Tan ingenuo como creer que los incendios que se apagaron en años anteriores fue todo gracias a la labor individualista del propio Concha.
Mercado no tan libre
El martes 2 pasado, en el medio del gran incendio ocurrido en Calamuchita, el comisario subjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado, recibió la sorpresa al llegar a su casa en la mismísima ciudad de La Calera, cuando anunciaron que iba a ser detenido, siendo trasladado a la propia Jefatura donde trabajaba, para luego ser ingresado a la cárcel de Bouwer.
En ese penal, se encuentra su antecesor: el también ex-subjefe Gustavo Folli, imputado de ejercer una asociación ilícita para cobrar coimas a comercios que querían recibir habilitaciones, de la mano de la Dirección Bomberos de la Policía.
En el caso de Mercado, la caratula es “encubrimiento agravado por su carácter de funcionario”. El negocio protegido sería una financiera ilegal, que habría estado ubicada en la city cordobesa, y la venta de celulares y neumáticos robados en el Mercado Norte de la capital. También están detenidos el comisario Cristian Cabrera, de las Brigadas Civiles, y la subcomisaria Verónica Aguilar. Ambos eran parte de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía, departamento donde provenía el encubridor Mercado.
Hay un cuarto detenido que se llama Juan José Corzo, ex-empleado de la Unidad Judicial 12, donde se habían direccionado los allanamientos en los locales de la Galería Norte.
La impactante noticia puso en alerta a Martín Llaryora, debido a que Mercado fue jefe del departamento de San Justo, en el período en que el actual gobernador construyó su capital político.
La mosca en la sopa
Este viernes el fiscal de instrucción de Violencia de Género y Familia de Segundo Turno, Gerardo Reyes, resolvió la elevación a juicio de la causa contra Alfonso Mosquera. El ex ministro de Seguridad de la Provincia está imputado por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves doblemente calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada, hurto y amenazas. Bien cargadito.
El 17 de septiembre, se conocerían los fundamentos de la sentencia contra Diego Concha. Una expectativa que generará es ver si los jueces mencionan las pruebas referidas a los mensajes y llamadas intercambiadas entre el director y el ministro. Con esto se podría tener un panorama sobre si Mosquera tenía conocimiento de los vejámenes que cometía el cliente de Hairabedian.
