Quemesé después de venderse
Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual
Si hablamos en el léxico sexual, como nos tiene acostumbradxs el Lord Jamón, el Presidente abandonó su virginidad en la política y eyaculó su primera rosca, el abecedario de la casta. El día miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró evitar la llegada de los dos tercios de votos para rechazar su veto a un recálculo en el haber jubilatorio. Esto desencadenó una respuesta fálica en las calles porteñas, por parte de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería.
En las calles, los protagonistas fueron las personas jubiladas que se apostaron en el asfalto y la niña de 10 años gaseada en la cara por uniformados. Mientras que en el palacio, los diputados estelares no fueron quienes hablaron de manera memorable. Hablamos de los cinco radicales que asistieron a una reunión, el día anterior, con el presidente Javier Milei, la secretaria de gobierno Karina Milei y el Presidente del mismo recinto Martín Menem. Con una selfie en el medio, se garantizó el pragmatismo que buscó La Libertad Avanza.
Los cinco conversos se llaman Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes) y Pablo Cervi (Neuquén). Todos integran el bloque de la Unión Cívica Radical, que impulso y logró la aprobación el 4 de junio pasado del beneficio previsional de agregar un 8,1% a los haberes jubilatorios de abril, para así alcanzar el 20,6%, que se perdió por la inflación de enero. También estipulaba que el mínimo debía alcanzar el 1,09 de la canasta básica por adulto y que debía haber incrementos semestrales contando la variable de los aumentos salariales. Salvo el correntino, que no era congresista en ese entonces, todos ellos lo habían votado a favor.
Hubo eyaculación, pero precoz: uno de esos conversos ya reconoció en una radio que fue un error haber difundio esas imágenes con el Presidente. En particular: por exponer sonrisas frente a un tema delicado como es la situación de las jubilaciones. Pero en realidad, aquí expone una diferencia sobre el escándalo de las coimas en el Senado, para que aprobaran la reforma laboral del año 2000, conocida como “ley Banelco”: la casta siempre tiene que hacer las cosas a escondidas. Porque si no, te cuelgan. Sonrisas Colgate.
El costo de ser converso
Desde las redes sociales, el analista de discursos políticos Mario Riorda establece una diferencia entre “transfugas” y “conversos”. El primero alude a quienes abandonan una fuerza política pero mantienen el escaño por el cual fueron electos, sea por motivaciones legítimas (rechazo a la burocratización del partido original) o ilegítimas (prebendas). Al ocurrir lo segundo, trae como consecuencia el deterioro de la representación política, el resquebrajo de la estabilidad del sistema de partidos y la sensación sobre una gobernabilidad opaca. Para este politólogo, técnicamente, los cinco más odiados son más “conversos” que “transfugas”, caracterizados por “la liviandad argumental”, el “intempestivo cambio de postura en tan breve plazo sobre un voto realizado en dirección inversa hace pocos días” y “la descalificación de las posturas de pares de bancada””.
“¿Podrían pagar costos personales? -se pregunta Riorda-. Para mi, más que podrían, deberían. Pero lo cierto es que el transfuguismo político o los conversos sospechados pagan menos costos en sistemas de partidos rotos o en pleno reacomodo como está hoy la Argentina”.
Escarbar
En mayo pasado, en tiempos donde los cinco conversos defendían la reforma jubilatoria, el cordobés Luis Picat planteaba que existían 4,72 puntos de PBI que la administración nacional podría “escarbar” para saldar ese aumento jubilatorio. Para eso, se podría revisar en los rubros de exenciones impositivas, en particular los programas de promoción empresarial, como el discutido régimen de Tierra del Fuego. Por lo que pudo saber La Luna con Gatillo, el que le aportó esos números fue el economista Marcelo Capello, del instituto cordobés IERAL de la Fundación Mediterránea.
Ahora, Picat finge demencia y, una hora antes de la sesión del miércoles, publicó en X que “las demandas sociales y económicas se deben discutir en el próximo Presupuesto”.
Dobles varas
Luis Picat es un caso concreto de vivir de la doble vara. Antes de ser intendente de la ciudad de Jesús María, presidió la Sociedad Rural de susodicha ciudad, una entidad que se sumó a la campaña en defensa de la propiedad privada, ante la sospecha de una ola de toma de tierras urbana y rural, que iba desde los mapuches de la Patagonia hasta familias del conurbano bonaerense.
En diciembre de 2022, el Ministerio Público Fiscal, de la provincia de Santiago del Estero, realizó un operativo sobre distintos terrenos fiscales, que habrían sido usurpados por empresarios para fines lucrativos, ubicados en los departamentos de Copo y Alberdi. Desde allí, se entregaron notificaciones de medidas cautelares. Se trataría de un área total de 40 mil hectáreas, donde se detectaron maquinarias de gran volumen y ultima generación. Para los funcionarios, se habría ejecutado acciones que incluyen desmontes e incendios. Según declaró Raúl Abate, el fiscal de estado en ese entonces, los involucrados eran “apellidos relevantes” de esa zona cordobesa, que “transforman el señorío que exhiben en su domicilio de origen, trastocándose en violadores seriales de casi toda la legislación santiagueña”.
Maquinaria agrícola hallada en los campos usurpados.
El listado de las personas notificadas, y publicadas en la página web oficial de los organismos estatales, en su mayoría son personas radicadas en las ciudades cordobesas de Colonia Carroya y Jesús María. Muchos de ellos: parientes de quien era en ese entonces el intendente de la segunda ciudad, Luis Picat, que además han creado firmas en los mencionados pueblos cordobeses. Por ejemplo: los directivos de la empresa Agroservicios Picat SA, como son Iván y Pablo Picat, como así también Horacio Gastón López, aparecen en el listado. A su vez, en aquel 2022, se creó en Jesús María una sociedad anónima simplificada llamada El Desierto, que es el mismo nombre que una de las localidades allanadas; lo integran Matías Caneva, oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe, y Pablo Picat, ambos mencionados en los documentos. Otra empresa jesusmariense es el Establecimiento Bosque Alto SA, dirigida por Mario Albino y María Belén Picat, ambos involucrados en la causa de usurpaciones.
Según pudo saber el presente portal, el actual diputado converso se despega de esa causa, aseverando que se trata de decisiones tomadas por familiares suyos. Sin embargo, en la lista de la fiscalía, también aparece El Cebil SA, que puede referirse al establecimiento homónimo, ubicado en San José de la Dormida, impulsado por el propio Luis Picat. Además, otro de los involucrados en la causa santiagueña, José Luis Picat, tuvo su paso en otro de los emprendimientos de Luis, que son los frigoríficos Qualita.
La última información actualizada que consiguió su humilde servidro, por lo menos de la versión de quienes realizaron estos operativos, es que se mantiene por lo menos desde hace un año el secreto de sumario para determinar si esto puede llevar al fuero penal.
Todo se quema
Picat fue anteriormente presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. En la actualidad, la entidad está convenciendo a los medios de comunicación de Córdoba que pongan en foco un estudio técnico que mandó a realizar la Mesa de Enlace local, en referencia a la problemática de los incendios. Recurriendo a un biólogo y un ingeniero agrónomo, se tomaron relevamientos satelitales en el arco norte y oeste provincial. Concluyeron que entre 20110 y 2022, hubo 1,1 millones de hectáreas quemadas, que la mayor parte fueron pastizales y arbustales, y dentro del área de alta y media conservación, según la ley provincial de protección de bosques. Nada nuevo, en comparación a otros estudios. La única novedad es que habría más de 300 mil hectáreas no relevadas por los registros oficiales, tanto de oficinas provinciales como nacionales.
En el mapa de la derecha, sacado del trabajo de la Mesa de Enlace, exponen las áreas quemadas según los puntos de calor entre 2010 y 2022. El resultado se asemeja al mapa de la izquierda, publicado en la revista AgriScientia en 2022, donde señala la frecuencias de incendios entre 2001 y 2020. El estudio lleva de título Determinación de regímenes de incendios y sequías usando información satelital y meteorológica para Córdoba, Argentina. Fue elaborado por Sofía Sánchez, Mariano Grilli, Marcos Karlin, Romina Fachinetti y Andrés Ravelo. El informe completo se puede ver aquí.
Ahí vemos que, por ejemplo, la ecorregión más afectada es el de los Bañados de Río Dulce, en la franja norte de la Mar Chiquita. Como principal hipótesis, se sostiene que las quemas allí son intencionales para promover el rebrote de pastos y para controlar vegetaciones leñosas. Es decir, por intereses ganaderos. Los mismos intereses que son protegidos por la Sociedad Rural de Jesús María.
Pero en el trabajo auspiciado por el sector agrícola, se subraya como conclusión que Córdoba debería permitir “quemas prescriptas” para facilitar el trabajo agropecuario, a pesar que los análisis de datos no hablaban en ningún momento sobre ese punto.
La sociedad de los Luis
Quien lo había acompañado a Luis Picat, en su período como presidente de la Rural, fue su amigo Luis Magliano, quien lo reemplazó apenas el primero asumió la intendencia de Jesús María. El 25 de marzo de 2021, la justicia santiagueña había ordenado la captura nacional e internacional de Magliano, quien dos meses antes había renunciado a presidir la gremial de los ruralistas, por el robo de 3.500 vacas ocurridas en el norte del país.
Entre las caratulas de la causa, figura la de asociación ilícita, donde también está involucrado Juan Pablo Miretti, otro presidente de la Sociedad Rural, en este caso del Noreste Santiagueño. Miretti también es cordobés, en este caso oriundo de la ciudad de Río Segundo, departamento de Río Segundo.
La ambición cordobesa por la apropiación de campos en Santiago del Estero, sea de manera legal como ilegal, tiene como clave lo que llaman la “fragmentación de las propiedades rurales”. Eso implica que el crecimiento de la renta queda limitada y, por ende, se requiere expandir la frontera hacia tierras más accesibles. Incluso, desde el campesinado santiagueño, advierten que hay casos donde los conflictos de tierra más severos, donde intervienen matones, aparecen empresarios con apellidos reconocidos en las tierras del fernet con coca. Por eso, la cordobesada agrícola de altos rindes traspasó, desde hace décadas, el límite interprovincial que, de a poco, viene acumulando expedientes en las balanzas de la justicia, mientras que siendo profetas en sus tierras juegan a la doble vara.
