La guerra por el fuego
Por Lea Ross
Para cuando termina de escribir este artículo, su humilde servidor contempla un frondoso humo gris blanco, que termina trasluciendo las sierras cordobesas, a la altura de la zona centro del Valle de Punilla. Durante dos o tres días seguidos, se viene escuchando el paso de las sirenas, sea de las ambulancias y de los camiones de bomberos.
La semana saliente hubo cuatro zonas geográficas de la provincia de Córdoba que venía padeciendo incendios. La más preocupante es en el norte punillense. La ruta nacional 38 venía siendo cortada en forma intermitente. Hasta ahora, se quemaron como mínimo una docena de casas y decenas de personas evacuadas, incluyendo el intendente de Capilla del Monte, que tenía el fuego a unos setenta metros. En los últimos años, se ha vuelto habitual los registros de viviendas quemadas o familias que corren despavoridas por la amenaza calórica. Años anteriores, se podría estimar que de las viviendas incendiadas, en realidad, la mitad provenían del circuito cabañero. Esto pone un alerta donde las interfases (transición entre cobertura arbórea e instalaciones habitaciones) se tornan frecuentes.
Otras imágenes que impactaron fueron el calcinamiento de un móvil policial y la quema de las famosas aerosillas de Los Cocos. “Bienvenidos al apocalipsis”, comentó un brigadista al pisar un terreno ya quemado. Por fuera de la provincia, una madre le comunicó al presente cronista que sus hijos también fueron sacados de sus hogares y también le dijeron que veían el apocalipsis. Bienvenidos a la primavera.
Desde Estados Unidos, la NASA cuenta con un mapeo llamado FIRMS, cuyas silglas traducidas al castellano sería “Información sobre incendios para el sistema de gestión de recursos”. Con distintos satélites, computan la localización de focos activos y exponerlos en un mapa. En el caso de lo ocurrido en Córdoba, se contó con la utilización de un detector de imágenes infrarroja llamado VIIRS, portado por el satélite NOAA-20. Allí vemos que los incendios de color naranja claro fueron los que se iniciaron el jueves pasado, y que llevaron al corte de ruta a la noche. El viernes se representa con el color rojo claro, donde se expandió a la región oriental. Ya en la transición del viernes y sábado, las llamaradas se localizaron al lado occidental.
Un grupo de vecinas habían contemplado a un sujeto portando un bidón con nafta, a unos pocos metros de la ruta 38. Horas después, es detenido un sospechoso de 31 años, siendo un posible cuatrero. Se plantea la sospecha que fue enviado para agravar la situación por razones desconocidas. Pero persisten otras que apuntan a que sus acusaciones contra él son escasas, por lo que se trataría de un “perejil”, al pretender las autoridades de obtener un chivo expiatorio.
El bidón y el fósforo
Mientras tanto, el fin de semana anterior, la septuagésima séptima edición (77°) de exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, se echó más combustible a la situación. Su presidente, el biólogo Eduardo Riera, se manifestó contra la actual Ley de Ordenamiento Territorial de Córdoba, también conocido como “Ley de Bosques”, al hacerla responsable de los brotes incendiarios que ocurren en la provincia: “La ley de ordenamiento territorial quemó todo el bosque, los campos, las chacras y los alrededores de las ciudades. Perjudica a todo lo que dice proteger. No sirve”. Sus efusivas palabras fueron escuchadas por quienes estuvieron presentes: la vicegobernadora Myrian Prunotto, el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, y Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien recibió la solidaridad de todo el arco político cordobés y agrario por un paquete explosivo que recibió la entrada de la gremial en Palermo.
“Se quemaron un millón doscientas mil hectáreas de las cuales 200 mil son bosques nativos”, insistió Riera. El dato fue extraído de un informe técnico presentado recientemente, a la que la entidad trata de difundirlo en los medios de comunicación para instalar su versión del tema. Aseveran que entre 2010 y 2022, hubo 1,1 millones de hectáreas quemadas (no 1,2 como dijo el gremialista empresarial) y que la mayor parte fueron pastizales y arbustales, y dentro del área de alta y media conservación, según la ley provincial de protección de bosques. Nada nuevo, en comparación a otros estudios. En el mapa de la derecha, sacado del trabajo de la Mesa de Enlace, exponen las áreas quemadas según los puntos de calor. El resultado se asemeja al mapa de la izquierda, publicado en la revista AgriScientia en 2022, donde señala la frecuencias de incendios entre 2001 y 2020. El estudio lleva de título Determinación de regímenes de incendios y sequías usando información satelital y meteorológica para Córdoba, Argentina. Fue elaborado por Sofía Sánchez, Mariano Grilli, Marcos Karlin, Romina Fachinetti y Andrés Ravelo.
El afán mismo de estos ruralistas es expandir el ganado en tierras donde lo frena la ley. Desde comienzos del siglo, varios optaron hacerlo en la compra de parcelas de provincias más al norte como Santiago del Estero. Entre ellos: la familia del actual diputado converso Luis Picat, que si bien no asistió al polémico asado de Javier Milei por ratificar el freno al aumento jubilatorio, sí anunció que hará lo mismo con el aumento universitario. Los Picat son señalados por apropiarse de terrenos fiscales santiagueños donde, entre otras maniobras agrícolas, habrían ejercido desmontes e incendios. Picat también fue presidente de la Rural jesusmariense, teniendo como su sucesor a Luis Magliano, imputado por el robo de 3.500 vacas realizadas también al norte argentino.
“Reconozcamos las falencias de esos mapas verdes, amarillos y rojos. Hagámonos cargo de lo que pasó. Mientras no nos pongamos de acuerdo en trabajar conjuntamente para solucionar este grave problema, sepa que se van a seguir quemando más territorios”, reclamó Riera a las autoridades. Hay que tener presente que en medio de la gestión de Martín Llaryora, se cumplirán diez años de que no se actualiza el actual mapa de cobertura vegetal. Según la normativa nacional, el mapeo debe actualizarse cada cinco años. La actual normal provincial se promulgó en el 2010. Con lo cual, el próximo año, se mantendría una década con una ilustración desfasada.
La raíz de los incendios
¿Cómo se explica que haya sectores que plantean que los incendios se provocan por la protección de la preservación boscosa? Para entenderlo, hay que graficar que la raíz de los incendios en Córdoba, concatenado con la disputa de sentido de la misma, se lo puede diseñar como un diagrama de Venn, basado en la intersección de tres círculos.
En un primer círculo, tenemos lo referido a la propia biodiversidad. La cobertura vegetal cordobesa cuenta con una fuerte presencia de los pastizales, que tienden a quemarse de manera fácil y que propagan de manera rápida el fuego. A esto se le suma que pueden recuperarse de un incendio más rápida en comparación a las plantas con troncos leñosos. También se advierte que ciertas especies no autóctonas, como los pinos, facilitan aún más la expansión del fuego.
El segundo círculo es el clima. Para tomar un ejemplo: el cordón montañoso de las Sierras Chicas pasa de tener períodos húmedos y luego más cálidos. En los momentos de humedad, el desarrollo vegetal se acelera. Pero al advenimiento de la primavera, las propias plantas se secan y actúan como “combustible” para lograr el surgimiento y la propagación del fuego. A la salida del invierno, tenemos temperaturas bastante elevadas, sumado a vientos, que hacen un combo ideal, en referencia al círculo anterior. Es cierto que este año hubo bajas precipitaciones, pero sí es cierto que las temperaturas cálidas llegaron abruptamente en el cierre invernal.
Lo cual nos lleva al último círculo: la presencia humana. Desde todos los sectores, se acuerda que más del 90% de los incendios son generados por alguna incidencia antrópica, aunque eso no implica que sea por dolo, negligencia o dolo eventual, dependiente de las razones de la misma.
La discusión en pugna pasa por discutir qué círculo tienen mayor prominencia a la hora de buscar la raíz de cada incendio.
A la espera de un As
El viernes pasado, mientras bomberos y brigadistas combatían las llamaradas, el periodista de cuestiones de negocios y actividades agrícolas de La Voz del Interior, Alejandro Rollán, sostuvo que en el último tramo de la gestión de Juan Schiaretti, se estaba por llegar a un consenso en la Legislatura para modificar el mapa y la normativa. “Ese paso estuvo a punto de concretarse, pero un imprevisto dejó trunca la negociación”, señala el colega. Resulta que quien estaba a cargo de ese trabajo era el presidente de la Unicameral Oscar González, cuya trayectoria política chocó en el siniestro vial de las Altas Cumbres, provocando la muerte de Alejandra Bengoa y la internación de dos menores, con una causa penal en su contra con fuerte expectativa.
En el año 2016, en su mandato anterior, Schiaretti y González tuvieron un frustrado intento anterior por aprobar en la Legislatura una reforma a la ley de bosques, que fue frenado por una inédita marcha en diciembre, convocada por sectores de distintos departamentos provinciales. En la letra chica de ese texto descartado, se encontraban detalles que permitían la expansión de la actividad agrícola intensiva que bregaban los interese sectoriales concentrados.
La actual normativa provincial, en su Artículo 5, establece que las zonas de alta conservación boscosa, o “zonas rojas”, pueden “ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas”. En el anteproyecto de ley, en su Artículo 16, permitía que esas zonas “puedan ser hábitat de comunidades indígenas, pequeños productores y comunidades campesinas”. Es decir, se agregaron a los “pequeños productores”.
La actual ley 9.814 diferencia al campesino y al pequeño productor, tal como lo señala en el Artículo 6 de las “Definiciones”, con los “productores formales”, en base a que estos últimos utilizan la contratación de mano de obra ajena al círculo familiar. La frustrada reforma no hablaba en ningún lado sobre “productores formales”. La estrategia del gobierno fue que a las comunidades campesinas se les asignara un rol general basado en el “trabajo de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción diversificado”. E incluso reducirlos en una cuestión folclórica ligada a la cultura. Mientras que a las actividades más especificas se las quedan los pequeños productores, “quienes se dediquen a actividades agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza, pesca y/o recolección”.
Se dejaba entrever la posibilidad de que ciertos productores puedan sacar provecho a la no fijación precisa de qué es ser “pequeño” productor para poder entrar en algo tan sensible como es ejercer sus actividades económicas en zonas de alta conservación como son las zonas rojas. Habrá que ver si esa maniobra jurídica no podría ser un as que pueda volver en la próxima partida.
