¿Todo fuego es político?
Por Lea Ross
Frente a las 70 mil hectáreas quemadas en suelo cordobés de lo que va en el año, donde la mitad ocurrieron recientemente y a partir del norte del valle de Punilla, podemos decir que el año 2024 es una de las fechas donde más se impulsó la discusión sobre si todo fuego es político. Desde distintos ángulos, que expondremos a continuación, se contemplan distintas lecturas a la hora de encarar los orígenes de los incendios, desde análisis debatibles hasta “fake news”, que en su conjunto ratifica una máxima que se instaló en Córdoba desde los trágicos sucesos ígneos del año 2020, donde se quemaron alrededor de 350 mil hectáreas, las más terribles de los últimos cuarenta años.
No hay plata
En un trabajo realizado por el investigador Javier Llorens y su humilde servidor, para el portal Striptease del Poder, se estimó que el actual presupuesto de Córdoba para combatir los incendios este año equivalen a la quinta parte del 2007, que fue la que obtuvo mayor pauta desde la creación del Fondo de Lucha contra el Fuego. Ante las dificultades de medir en valores reales en una economía tan particular, con distintos dólares y cuestionamientos a las mediciones del INDEC en períodos pasados, se estableció medir a precios constante de base al año 2024 y computados por el IPC de la provincia de San Luis.
La línea azul marca lo presupuestado, la naranja lo comprometido/devengado y el verde lo pagado realmente. La brecha entre el azul y el verde expone las subejecuciones. Podemos ver que esos saldos sin pagar se van achicando. Pero con pautas presupuestarias extremadamente deterioradas, tendiendo al subsuelo.
Esto no es acorde a la evolución del fuego, que adquiere dinámicas más intensas, con mayor velocidad y con mayor capacidad de iniciar focos que funcionen de manera simultánea. Una realidad que es advertida en el mundo entero, debido a la expansión de la misma sobre terrenos abandonados, la entrada a las interfaces (casas en cobertura vegetal) más los cambios climatológicos.
El 2020 impulsó mayor voluntad vecinal para combatir el fuego, llevando a la organización de brigadas forestales, que a diferencia de los bomberos que anteponen la protección de la propiedad privada, optan por eliminar las llamaradas para proteger el monte. Son la generación 2020. Al descentralizar el rol estatal, el gobernador de ese entonces, Juan Schiaretti, creó el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), un brazo de apoyo que ha recibido sus cuestionamientos en redes sociales, que lo desventilaremos al final de este informe.
En la actualidad, Córdoba tiene todo un aparato de distintas fuerzas, con funciones que se anteponen, y con la pérdida de su halcón negro como fue Diego Concha, el eterno director de Defensa Civil, condenado a perpetua este año por abuso sexual seguido de homicidio contra la bombera Luhana Ludueña, quien quería ingresar a la ETAC apenas fue creada.
No hay plata II
Nación no se queda atrás. Según el economista Marcelo Cena Trebuq, en un trabajo para la fundación FARN, los “recursos que destina el Tesoro Nacional al Fondo Nacional del Manejo del Fuego fueron congelados en términos nominales y su ejecución ha sido magra para el primer semestre del año. Esto compromete la posibilidad de que se cuente con el debido presupuesto para los elementos de prevención y combate del fuego”. En la primera mitad del año, se ejecutó solo 26,7%, “muy lejos del 45%, 70% y 78% ejecutado en 2021, 2022 y 2023, respectivamente”.
Ahora bien: no era verdad lo que se difundió en la prensa nacional que la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815/12 y su modificatoria N° 27.604/20) fue derogada por el famoso megaDNU de Milei (N.º 70/2023), ni que la Ley Bondi Zombi haya destruído el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Lo que sí se advierte desde FARN es que el Artículo 5 de la Ley Bases permite que el gobierno pueda disolver fondos fiduciarios públicos, entre ellos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que aporta una cuarta parte de los fondos.
No alcanzó el Raid
Desde el Estado nacional, hubo un frustrado intento por instalar en las redes sociales el hashtag #LosKukasPrendieronFuegoCordoba, replicado también por el propio Javier Milei, mientras hacía su recorrido express por Córdoba. La poca efectividad tuvo que ver con que no había ni siquiera imágenes descontextualizadas para darle legitimidad a la teoría que en la provincia había 17 militantes de una agrupación kirchnerista, como reproche a su población por haberle otorgado un 75% de sus votos a La Libertad Avanza.
La primera página que habría publicado esta información es La Derecha Diario, creada por el asesor informático Fernando Cerimedo y el twittero Juan Carreira (“Joe Doe”), que en la actualidad tiene un cargo como director de Comunicación Digital. Se cree que el “troll center” estaría ubicado en la Casa Rosada, en el ex-Salón de las Mujeres Próceres. Colegas que asisten a las conferencias de prensa del vocero Manuel Adorni sostienen que esa sala tiene las ventanas tapiadas.
El problema es que la visita del Lord Jamón a Córdoba no pudo generar ningún activo: la entrega de un poncho como regalo al gobernador Llaryora en plena catástrofe, el no recibimiento a los bomberos y la ausencia de discursos lleva a que algunos especulan si los incendios del 2024 puede implicar el equivalente a la frustración cordobesa con el kirchnerismo cuando no ofreció ninguna respuesta durante el acuartelamiento policial y los saqueos de diciembre de 2013. Por ahora, es muy apurado sacar esa conclusión. Lo que sí es que todos los potes de Raid estuvieron vacíos.
El pato rengo
Pero el periodismo vernáculo también deja que desear. Algunos colegas ponen en duda que algunos incendios pueden provocarse por intereses económicos. En particular: en el afán de lotear sobre terreno quemado. El animador televisivo de Canal 12, Federico Tolchinsky, mantiene su perseverancia de pisar palitos en Twitter.
La respuesta más obvia que recibió, dentro de las kilométricas respuestas, fue el caso del emprendimiento “Club Vacacional Veneto 360”, que propone construir cuatro torres con centros comerciales y una pileta con cascadas artificiales, sobre terrenos al costado del lago San Roque, donde padecieron parte de los magnánimos incendios ocurridos en el año 2020, en el pueblo de Villa Santa Cruz del Lago.
La Luna con Gatillo ya había expuesto el año pasado que el estudio de impacto ambiental, presentada por la empresa, sostiene que el ambiente está “degradado por décadas por incendios reiterados”, que llevó a la pérdida de chañares y molles, y que quedaron como “esqueletos”.
Toda esta información se expuso durante una audiencia pública, organizada por la Secretaría de Ambiente, y que aparentemente el expediente todavía se mantiene en discusión desde el Estado provincial para decidir si le otorga o no la licencia ambiental. Lo curioso es que quien apareció como uno de los exponentes fue Sergio Muzi, abogado y empresario, quien ha ocupado distintos cargos en el Grupo Roggio, constructora que ha cimentado gran parte de las redes viales de la provincia. Es la única firma que trabaja en la construcción de las autovías de Punilla y Paravachasca, acusadas de arrasar con desmonte sobre bosque nativo, y que generan preocupación que pueda desencadenar un boom inmobiliario en las cercanías de los pasos viales.
Pero ese es solo un caso con gran magnitud y con renombres. Detrás, estarán algunas “pymes” que tratan de hacer lo suyo.
Contrafuegos
“Claramente, la ley lo prohíbe. Lo que está marcado como zona roja no cambia su uso de suelo”, había manifestado el gobernador Martín Llaryora ante la prensa, ante la consulta sobre los posibles intereses inmobiliarios detrás del fuego.
Sus palabras fueron un manguerazo para las entidades rurales, en particular la Sociedad Rural de Jesús María, que desde hace un mes vienen presionando contra la Ley de Bosques, exigiendo que se habilite la ganadería en coberturas prohibidas. “La ley de ordenamiento territorial no sirve”, había sostenido su presidente Eduardo Riera.
Hace un mes atrás, dicha gremial había presentado un informe donde aseguran que se había trabajado “con ciencia”. Con el título de “Estudio de Áreas Quemadas del Arco Noroeste”, trata de relevamientos satelitales sobre incendios ocurridos entre 2010 y 2022 en el arco norte y oeste provincial. El trabajo sostuvo que habría más hechos ígneos que los detectados por las autoridades, con un total de 1,1 millones de hectáreas arrasadas, y que afecta principalmente a las zonas rojas y amarillas de conservación de bosque nativo. La conclusión que sacan es que eso demostraría que no sirve protegerlos y debería habilitar a los productores agropecuarios a que trabajen allí. Lo pueden leer completo haciendo click aquí.
Sin embargo, ese trabajo acaba de ser cuestionado, mediante un “análisis técnico”, elaborado por los siguientes autores que participan del CONICET, el INTA y el Foro Ambiental Córdoba, además de otras asociaciones, y que se puede leerlo haciendo click aquí.
Sintéticamente, se le cuestiona al trabajo de la Rural:
1) El uso de datos que brinda el sensor MODIS, que detecta focos de calor con un pixel por 1×1 kilómetro. Es decir, una resolución moderada. Los especialistas críticos afirman que, en realidad, lo más recomendable es la que detecta “rastros que deja el fuego luego de su paso”. Para eso está el Sentinel, que ofrece un tamaño de píxel de 100 m2 y el Landsat de 900 m². O sea, una precisión mil veces mejor. También se critica la no aclaración del procedimiento para validar la estimación de superficies quemadas, necesaria para conocer su precisión y margen de error.
2) Para precisar el tipo de vegetación que se quemó, solamente usaron el mapa de un único período, el del 2017-2018. Con eso, se “carece de rigurosidad metodológica”, dado que para un período de siete años de superficies quemadas, utilizaron mapas de vegetación posteriores a los eventos catastróficos. Es decir, “en lugar de analizar la vegetación afectada por el fuego, analizan la vegetación registrada luego de la ocurrencia de fuego”.
3) Una tercera crítica englobaría las desprolijidades, donde hay párrafos que se contradicen. En su página 26, por ejemplo, sostienen que “la única posibilidad de que un incendio forestal acontezca debe atribuirse con alta certeza a una acción humana. No es el caso del arco noroeste de la provincia de Córdoba”. Pero en la página 16 reconocen que “el fuego es una herramienta indispensable para la persistencia de la ganadería trashumante”.
Por último, los diez autores le responden a la Sociedad Rural que “los bosques en estados más maduros y con mayor cobertura de canopia se queman en menor proporción que otros tipos de cobertura como bosques inmaduros y pastizales”. De hecho, entre 1999 y 2011, las coberturas no boscosas registraron mayor incidencia de fuego que la cobertura boscosa. Se explica porque “el dosel arbóreo disminuye la llegada de luz solar directa a nivel del suelo, lo que reduce el crecimiento y la acumulación de biomasa de pastos y otras especies herbáceas, que son muy inflamables”. En consecuencia, para prevenir incendios, se requiere que estos ecosistemas logren alcanzar su madurez.
“Infoxicación“
Mediante audios y videos por Whatsapp, se ha viralizado especulaciones y denuncias contra el ETAC) por la utilización de contrafuegos, que consiste en aplicar quemas para cortar el avance de las llamaras. Algunos han sospechando que se trataría de maniobras hechas adrede para agravar más la catástofe y saciar los intereses económicos mencionados y con aval político. La Luna con Gatillo consultó opiniones a brigadistas y comunicadores que estuvieron en la línea de fuego. Consideran que puede haber casos donde se ha trabajado de manera cuestionable. Pero no hay un consenso que establezca las razones de la misma.
Para el presente cronista, no es sostenible la teoría que el ETAC funcione como un grupo de tareas bajo la orden de la administración pública. Primero motivo: por lo expuesto al comienzo de este informe. La falta de recursos lleva a que se vuelva más proclive los posibles actos negligentes, al no contar con todos los recursos requeridos. Es cierto que el ETAC cuenta con presupuesto propio. Pero gran parte de su personal trabajó anteriormente en los cuarteles de bomberos. Creer que se puedan convertirse en esbirros en tres años no es convicente.
Además, la historia argentina muestra que cuando el Estado comete crímenes como los fusilamientos de José León Suárez, la Triple A, la desaparición de personas, el tráfico de armas, la explosión de Río Tercero y los encubrimiento en casos de gatillo fácil, siempre se activan protocolos internos para borrar cabos sueltos. Y sin embargo: en todos los registros de celular que se expone a la ETAC, sus patrulleros aparecen con la patenta expuesta. Falcon Verde eran los de antes.
