Violencia y mentir
Por Lea Ross
Distintas noticias surgieron en la semana saliente en Córdoba, que permite profundizar de cómo determinados eventos que desencadenan violencia de arriba pueden adquirir su legitimidad con una narratividad que se propulsa en la misma fuente.
¿Córdoba al ritmo del RIGI?
Es probable que el gobierno de Córdoba se encamine, finalmente, a adherirse al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), uno de los títulos más polémicos de la Ley Bondi Zombi, pero que tendría su propia idiosincracia. Así lo estableció el ministro provincial de Economía, Guillermo Acosta, donde dijo que tendrá “un esquema superador”, donde se impulsará “las fortalezas” de la provincia y que va a “crear trabajo”.
Estas declaraciones del funcionario tiene que ver con que el paquete de medidas impositivas, aduaneras y cambiarias para quienes ofrecen un aporte mínimo de 200 millones de dólares son apuntalados, principalmente, para actividades intensivas primarias como minería, petróleo, gas y agroforestal. Eso lleva a que la geografía cordobesa cuente con cierta desventaja. A lo sumo, con los artículos que conforman el RIGI solo podría incentivar la inversión de alguna prominente fábrica productora de biocombustibles en la pampa húmeda. La misma no tiene incluído apuestas a las inversiones industriales. A lo sumo, exige una mínima cuota de proveedores locales. Pero el regimen ni siquiera garantiza el aliento por la generación de mano de obra, ya que permite incluso la importación de insumos de afuera sin el pago del derecho, en una suerte de legalización del contrabanado.
Ante ello, el oficialismo provincial quedó influenciado por la rosca técnica-bonaerense en redactar un “RIGI provincial”, que sea más adaptado a las necesidades sitadinas. Eso sí: toda la cuestión de beneficio macroeconómico, como es la libre disponibilidad de divisas, se mantiene firme en la cuerda floja.
Contrafuegos
Resulta notorio los “fuegos cruzados” que hay en distintos sectores sobre cómo explicar el origen de los incendios forestales en Córdoba. Desde este portal, se había advertido que la discusión se asemejaba a un diagrama de Venn, donde el cruce de tres círculos representaban las raíces más discutidas: la biodiversidad, el clima y la presencia humana. Cada uno tendría su propio planteo sobre qué circulos tienen mayor peso que el otro.
Tenemos por un lado, la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde se enfoca en la primera variable mencionada, bajo la consigna “Sin combustibles, no hay incendios”. Con un escueto comunicado con bomberos voluntarios, la entidad gremial rural anunció que se conformará “una mesa interdisciplinaria para encontrar el mejor camino para avanzar en la disminución del combustible que se acumula en el bosque nativo”.
Por otro lado, un nuevo comunicado firmado por distintas entidades científcias de Córdoba, mucho de ellos integran el CONICET, conformaron un comunicado en conjunto sobre esta situación incendiaria. Lo pueden leer completo haciendo click aquí.
Básicamente, está conformada por las siguientes solicitudes:
- declarar la emergencia nacional, donde apunte a´recuperar tanto daños a bienes materiales como las perdidas en los ecosistemas;
- mejorar el Plan Provincial del Manejo del Fuego, donde este portal expuso que el actual presupuesto equivale a la quinta parte del año con mayor presupuesto, año 2007, medido en valores reales. En este caso, para fortalecer la prevención y la restauración de áreas quemadas, con control y seguimiento;
- aumentar presupuesto para el control de fuego, en particular, para los guardaparques;
- facilitar herramientas al poder judicial para emprender las investigaciones penales sobre el origen de los incendios;
- cumplimentar las leyes Nacional 26331/07 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y provincial 9814/10 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a contramano de lo que impulsa la Sociedad Rural de Jesús María;
- lanzar campañas de educación ambiental a las comunidades.
Operativo Netflix
Por último, los noticieros del principal canal de televisión de Córdoba, El Doce, transmitieron el jueves pasado una entrevista a Gonzalo Lizarralde, el asesino de Paola Acosta y que incluyó también un frustado intento por quitar la vida a una beba de menos de dos años, hija de Paola, y que se salvó milagrosamente. El crimen ocurrió en 2014, meses antes de la primera marcha nacional de Ni Una Menos en el país, el 3 de junio de 2015, lo que se convirtió en un verdadero símbolo hasta el día de hoy.
Recientemente se cumplieron diez años de ocurrido el crimen. Y la televisión local cedió ante el pedido del criminal, que recibió su condena de cámara en 2015 y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en 2017, del cual fue su primer caso en tratar la figura de femicidio. Según la agrupación Ni Una Menos Córdoba “El Doce decidió emitir en horario pico una entrevista al femicida en donde intenta lavar su imagen y plantea su inocencia, cuando ya ha sido condenado a cadena perpetua. Darle voz a este criminal revictimiza a Paola y a su hija, que es menor de edad y se la vuelve a exponer de manera pública. Esta nota es otro ejemplo de la violencia que ejercen los medios de comunicación cuando tienen la responsabilidad profesional y ética de hacer lo opuesto: trabajar para erradicarla”.
“La justicia ya condenó a Gonzalo Lizarralde. Insistir o poner en duda la decisión del Poder Judicial, luego de años de pedir justicia por el femicidio de Paola, es perpetuar la violencia hacia ella, hacia su hija y hacia todas las personas que luchamos contra la violencia machista, en general. Es dudar de los hechos y de los pedidos de justicia. Es intentar hacernos descreer de nuestras luchas. Exigimos respeto a la memoria de la víctima y a su familia”, insistieron desde la organización.
Archivo de la cobertura televisiva de marchas por Paola.
Resulta que Lizarralde conformó un nuevo equipo, bastante caro, donde presentaron un recurso al propio TSJ para reabrir la causa y, con ello, tener posibilidad de que se anule sus condenas. Aquí no se ahondaran detalles del expediente, porque todo indica que esta estrategia legal va a fracasar y, por ende, no tiene sentido reabrir una vieja herida exponiendo detalles escabrosos de la escena del crimen. Pero sí es interesante conocer quiénes son los nombres y apellidos involucrados en esta trama más cercano a lo político que a lo criminalístico.
Básicamente, lo que tratan de plantear la nueva defensa, conformada por los abogados Cristina Maldonado y Jorge Cardozo, es que Paola no fue asesinada por su cliente, sino por un grupo comando secreto (!), conformado por “poliladrones”, que secuestraron a Paola y a su hija, a cambio de una recompensa. Al frustrarse el cobro, decidieron acabar con su vida e implantar el cuerpo cerca de un lugar estratégico para incriminar al progenitor de la bebé. Finalmente, inyectaron muestras de ADN en el vehículo de Lizarralde como prueba falsa para incriminarlo. Para lograr eso, lograron violar la cadena de custodia del vehículo, que había sido retenido por policía judicial.
Lo insólito es que la familia Acosta ni siquiera proviene de una familia acaudalada. Además, resulta llamativo que esta suerte de organización paraestatal haya concretado un acto de impunidad tan perfecto, sabiendo que eso no tiene eco ante tantos escándalos judiciales que involucra a la Policía de Córdoba, empezando por la reciente detención del subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, como así también a los principales jefes del Servicio Penitenciario, acusados de asociación ilícita y encubrimiento.
Quien asesora a los dos letrados es la conductora de televisión Fabiana dal Prá, que se había retirado de la conducción del noticiero del mediodía de El Doce, por mala convivencia con el resto de sus colegas. Eso no evitó seguir manteniendo sus propios proyectos en señales de cable, como así también ofrecer sus servicios como “coach comunicacional”, es decir, brindar asesoramiento a la hora de expresarse en los ámbitos mediáticos. El presente cronista lo sabe, porque participó de panelista en el primer programa mediático que desembarcó estos sujetos para plantear su teoría. Fue en una transmisión por stream que realiza el conocido productor televisivo Jorge Zapata, del cual le dijo a su humilde servidor que él creía que el asesino fue Lizarralde; y sin embargo, su programa hoy en día insiste en avalar esta estrafalaria teoría. Esto desencadenó el despido de algunos integrantes de la mesa, enojados en cómo se encaró este tema, incluyendo al autor de esta nota, sin que sepa si la producción de ese canal recibió algo a cambio de pretender instalar el tema.
Por otra parte, el equipo contrató al especialista en criminalística Enrique Prueger. Fue recordado por haber dado su colaboración en el asesinato del soldado Omar Carrasco, y que siempre insiste en afirmar que fue gracias a él que se resolvió su falta descelance. Hablamos de un hecho que ocurrió hace treinta años. En el medio, Prueger se metió en distintos causas judiciales de mucha difusión mediática. En muchas de ellas, sus aportes no ayudaron a clarificar los hechos. De hecho, en el año 2013, en Córdoba, aseveró que el policía Juan Alós, quien apareció muerto adentro de un auto durante el escándalo de los narcopolicías, había sido asesinado. En la actualidad, tanto los fallos de cámara como policía judicial dicen lo contrario: dicen que se trató de un suicidio.
Dos abogados de distintos ámbitos de trabajo, un perito forense de los más renombrados y una coach comunicacional, con fuerte llegada en los principales medios de comunicación de Córdoba. Es todo un verdadero paquete de servicios onerosos, con el afán de quebrar una sentencia que se convirtió en un leading case en la justicia cordobesa, con tal de mantener la guerra contra el “marxismo cultural”. Un operativo que tiende a fracasar, pero con millones en juego.
