¿Lawfare ambiental en Córdoba?
Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual
“Es verdad que lo tildé de delincuente y ecocida”, comenta una de las seis imputadas. “Pero no es cierto que lo llamé ladrón ni asesino, como figura en la imputación. Los jueces han ignorado nuestras denuncias y el pedido de amparo con medida cautelar. Si la llamada justicia actuara sobre nuestras denuncias no necesitaríamos movilizarnos para poder repudiar”. Las palabras de India Ortiz, vecina de Cosquín, fue escuchada mediante un audio grabado desde la entrada de los tribunales de la ciudad de Villa Dolores en un improvisado “juicio popular” por parte de distintas organizaciones ambientales de Córdoba.
La causa apunta a una denuncia del intendente de Cosquín de ese entonces, Gabriel Musso, contra seis habitantes del departamento Punilla por un escrache en su contra. Ocurrió el 13 de agosto de 2022. En ese entonces, hubo una movilización, y luego una plenaria, contra el avance de la Autovía de Punilla, una de las obras más magnánimas y polémicas de la provincia de Córdoba, cuestionada por sus implicancias ambientales. En un momento, varios se percataron de la presencia de Musso en el interior de un bar, señalado como uno de los jefes comunales que habilitó el avance de las topadas del proyecto vial en su jurisdicción. Así, la concentración se trasladó hasta allí, con cánticos y pancartas. En el expediente, se mencionan amenazas, daños y resistencia a la autoridad. Con el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscalía, el lunes 29 de junio se creó una audiencia para escuchar las partes acusadas que polemizaron con el procesio judicial en los tribunales de Villa Dolores, a unos 200 kilómetros de ocurrido los hechos.
Según supo La Luna con Gatillo, la audiencia duró una hora. Los abogados de las 6 de Punilla plantearon la existencia de un doble agravio. “Nunca citaron a nuestros testigos”, comenta Marcela Martin, trabajadora social y una de las acusadas al presente portal, e incluso ejemplificó que ella misma propuso a tres personas como testigos a su favor, que presenciaron los hechos, pero que se lo rechazaron. El segundo agravio apuntó a que durante las indagatorias, los propios testigos de la parte denunciante habían respondido con un “no” cuando fueron consultados sobre si llegaron a escuchar algo amenzante en la boca de los manifestantes contra el intendente. Ante ello, se exigió el sobreseimiento. Los tres miembros del tribunal de Villa Dolores tomaban nota de los dichos.
Según el pedido de elevación, redactada por la fiscal Paula Kelm y que accedió La Luna con Gatillo, se basaron en la palabra de los policías que estuvieron en el momento de los hechos y los empleados del bar. Además, se contó con el registro de transmisiones en video, subidos de Facebook, desde la cuenta respectiva de algunos de los presentes, y el acceso a los grupos de Whatsapp, vía el peritaje de los celulares de las respectivas personas denunciadas.
Paula Kelm fue la misma que llevó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, donde la única persona procesada fue declarada inocente. Kelm lo había incriminado por una supuesta confesión, mientras estaba encerrado en un cuarto de una comisaría, rodeado de policías y sin abogado de por medio. En los fundamentos de la sentencia, uno los jueces consideró que eso no solo “ha sido obtenido con vulneración de las garantías constitucionales”, sino que como consecuencia del mismo “significaría desnaturalizar la garantía lesionada, al punto tal de legalizar el fruto de su violación”.
“La lucha sigue. El monte vive. Venceremos”, cerraba India, única de las acusadas que no podía estar físicamente en Villa Dolores.
Pasos
El estudio ambiental de la Autovía de Punilla dividió la traza total, de 43 kilómetros desde San Roque hasta La Cumbre, en diez tramos según las características geográficas y trabajos de obras. El tramo 6 y 7 alcanza la jurisdicción de Cosquín-Molinari. Hablamos de un área donde más del 90% de las plantas son nativas, cuyos árboles más notorios son los espinillos y los piquillínes, y entre las especies arbustivas se puede encontrar el palo amarillo. Dos años atrás, La Luna con Gatillo había graficado los resultados cuantitativos del mencionado estudio, publicados en los anexos llamados matrices de valoración. En la primera gráfica, se expone los diez impactos más negativos para cada tramo. El Tramo 6 tiene como principal impacto negativo las voladuras. Pero en la medida en que la traza va a travesar el río Yuspe, que sería el Tramo 7, lo que más crece son los desmontes, y es el de mayor pico de severidad en toda la traza. Eso se debe porque atraviesa el río Yuspe, que conforma un ecosistema que está preservado como reserva. Para la autoria del estudio no interpreta que eso viola las normativas.
Por el contrario, si observamos las diez actividades más benéficas que traería la autovía, vemos que lo más beneficioso en línea azul es la forestación. O sea, la plantación de especies en algunas zonas ya desmontadas como paliativo de lo perdido, lo cual expone la deficiencia metodológica y ontológica, al afirmar que la plantación de especies nuevas traerían mayores beneficios que las originarias que estuvieron por siglos.
Luego de otorgarle el aval ambiental, con una extensa audiencia pública que tuvo un 90% de rechazo a la obra, se resolvió que la Autovía quedaría dividida en dos mitades, separadas a la altura de Molinari. La primera mitad, a su vez, se fragmentó en cuatro secciones, donde se licitaron de manera simultánea. Se distribuyeron entre tres constructoras: José Chediack SADIC, Grupo Roggio y SACDE. La presentación de ofertas que realizaron empujaron cifras que giraban alrededor de un 40% por arriba del promedio de las respectivas ofertas iniciales propuestas desde el Estado provincial, lo cual brinda la sospecha de un posible sobreprecio, bajo acuerdo previo de los empresarios.
En los fundamentos de la sentencia del juicio llamado “Causa Vialidad”, que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex-funcionarios en la cartelización de obra pública en la provincia de Santa Cruz, los jueces sostuvieron que hubo un excedente en los proyectos que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, también condenado, que rondaron un promedio del 21%. En el caso de la Autovía de Punilla es casi el doble. Hasta ahora, no se visualiza que ningún fiscal de oficio esté interesado en investigar esto.
¿Al ritmo del RIGI?
Las organizaciones de Punilla cuestionan que la idea de la autovía sea para facilitar el paso de vehículos particulares para fines turísticos. Sospechan que apuntaría a facilitar el paso de transporte de carga para materia prima. El planteo se agrava más con la polémica sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que conforma el capítulo 7 de la Ley Bondi Zombi, lanzada por el actual gobierno nacional. El RIGI apunta a otorgar beneficios impositivos, aduaneros y de libre uso de divisas para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares a rubros dedicados sobretodo a la energía, la minería y la agroforestal. Es decir: enfocados en geografías más cordilleranas, costeras y mesopotámicas. Córdoba no encajaría al ser un interfase entre lo pampeano y lo chaqueño. Lo que sí se advierte son tres ítems cordobesistas:
- el acuerdo de Martín Llaryora con el superjefe de ministros Guillermo Francos, para habilitar la obra pública vial, teniendo como tronco central la ruta 158, que atraviesa las ciudades “gringas” de San Francisco, Villa María y Río Cuarto para facilirar el transporte de carga de materia prima. La facilidad de la misma podría atraer la instalación de fábricas ligadas a la infraestructura, como especulan algunos economistas;
- la proclama desde Villa María de ser considerada como la capital de suministro de biocombustibles para el transporte aéreo y naval;
- la hipótesis planteada en el portal Sala de prensa ambiental sobre la actividad agroforestal.
Crítica de la razón ambientalista
Dentro y fuera de las sierras cordobesas, se insiste en hablar que el caso de la Autovía de Punilla ocurre en el marco de un avance del proceso de extractivista, con el consecuente ejercicio de la judicialización y la militarización del Estado. RIGI, criminalización, extractivismo, militarización, son varios conceptos que se pretende analizar desde arriba. Quizás se requiera también pensar qué conceptos se pueden hablar desde abajo.
En la actual coyuntura tenemos, por ejemplo, la revancha de los servicios de inteligencia, no solo por el retorno del nombre de la SIDE, sino también por la presencia de algunos personajes ligados a la llamada “cloaca del poder”, como “Tata” Yofre, ex-secretario de aquella dichosa agencia en los 90 y ahora a cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), o el ex-espía Jaime Stiuso, invocado por la mención de un supuesto operador de Santiago Caputo llamado Lucas Nejamkis. Advertir sobre los trabajos a oscuras del aparato estatal para recolectar información contra la protesta social se contradice cuando en el caso Punilla vemos que los sabuesos judiciales les bastó revisar el Facebook de las personas acusadas para armar un simple carpetazo que los llevó a su procesamiento. La falta de autocuidados, y protocolos básicos de la comunicación interna y externa se van perdiendo, en la medida que persiste una oda al invidividualismo que se dice combatir.
En las dos primeras décadas del presente siglo, la figura de la asamblea ciudadana centralizaba las luchas ambientales en el país. En la actualidad, eso se viene complejizando con la llegada de “autoconvocados”, “influencers”, “arteactivistas”, “medioactivistas”… distintas modalidades de lucha han proliferado en el ecosistema de la resistencia de la posmodernidad. En algunos de ellos, aparecen por hartazgo ante una supuesta burocratización o falta de efecto directo en los desarrollos asamblearios o colectivos. Esto trae a colación la dispersión de vocabularios virtuales, centralizados en la estética “selfie”, donde hay una primacia de la identidad individual.
La demanda acciones más directas, sea desde campañas virtuales o más de choque callejero, pone en tensión la falta de claridad sobre la diferencia entre táctica y estrategia. Eso corre el riesgo de que la improvisación es lo que prima, enmascarado en conceptos como “guardianes del monte” (con cierto eco al superheroísmo que se viene instalando en las plataformas audiovisuales) o el de “defensor ambiental”, aferrado al Artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que legitima las acciones de activistas ambientales para la preservación de los bienes comunes. No hay que confundir herramienta para la defensa jurídica con un arma de acción política ofensiva.
Ante todo ello, quedará la pregunta sobre cuáles serán los modos de construcción por el bien común que sean un verdadero paliativo ante un liberalismo atroz que se ejerce desde el gobierno, cuyas parábolas no resultan ser ajenas a las prácticas cotidianas.
Sobre la jornada realizada en Villa Dolores, Marcela nos cuenta: “Estuvo hermoso el proceso. Nos ha servido para seguir pensando desde el Valle, para volver a encontrarnos”. Quizás ese sea un comienzo.
