Los goteos del cordobesismo
Por Lea Ross
El Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba es la obra más magnánima de la región centro del país. Consiste en recoger agua del río Paraná para potabilizarlo y entubarlo para decenas de pueblos santafecinos y cordobeses, en este caso, al otro lado de la frontera interprovincial. Consta de una primera etapa que empieza a la altura de la ciudad de Coronda hasta San Francisco (Córdoba). La segunda se haría en suelo cordobés, para llegar al Gran Córdoba.
Había sido impulsado por los anteriores gobiernos pejotistas de Juan Schiaretti y Omar Perotti. A fines del 2021, ambos lograron el financimiento del proyecto por el aporte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe. Por el momento, las obras arrancaron gracias a un crédito para ejecutar el Bloque A de la Fase 1 de la Etapa 1 de la megaobra. Su costo total sería de U$S 60 millones, de los cuales 50 millones lo otorgaron los jeques. La totalidad de la Etapa I santafecina alcanzaría el presupuesto total de U$S 441,5 millones. Para la Etapa II, es decir el tramo cordobés, podría alcanzar los U$S 200 millones.
El 21 de mayo pasado, las partes de prensa ya anunciaron el inicio de los trabajos de la Etapa I en Coronda, en particular en el acopio, la limpieza y el acondicionamiento de trazas. También, se empezaron a instalar tuberías. Dos días después: el acueducto recibiría su primer chirlo institucional.
Foto: Prensa Gobierno Córdoba.
Papeles goteados
La Defensoría del Público de la Nación es una institución nacional que brega por los Derechos Humanos y es reconocida por las Naciones Unidas. Con fecha del 23 de mayo pasado, y con la firma de su subsecretario General Juan José Böckel, la entidad había exhortado a autoridades provinciales y nacionales a que se revise el procedimiento de evaluación ambiental de la obra, al que considera que se violaron leyes nacionales.
Resaltó que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, quien otorgó el aval para proceder con la Etapa I en suelo santafecino, no efectuó “un análisis de todas las obras” que comprenden el proyecto. Considera que el análisis debió ser “integral, en el sentido de que debe abordar el proyecto en su totalidad, es decir, debe comprender todos los impactos ambientales”. La abogada ambiental Inés Rivera integra el área de Medio Ambiente de la Defensoría. Declaró en un podcast que produce la propia institución nacional que “este es un proyecto que es muy grande. Tiene varias etapas, fases y bloques. Va a llevar mucho tiempo. Lo que hicieron en Santa Fe fue evaluar la primera etapa, pero no se evaluó el proyecto en su totalidad, que abarca también a Córdoba, y sus impactos. Ese es donde ponemos el eje: que el proyecto es uno solo, por más que sea dividida en etapas, y por lo tanto debe ser evaluado en su totalidad”.
Para la Defensoría, se “distorsiona el sentido y función de instrumento de gestión ambiental preventiva del proceso administrativo”, ya que “debe abarcar todos los impactos ambientales relevantes”. Ante eso, al ser uno de los tantos proyectos que “involucran más de una jurisdicción y presentan una potencial incidencia interjurisdiccional es necesaria la participación de la máxima autoridad nacional”. “Tampoco tienen conocimiento y no fueron invitados a participar las jurisdicciones aguas abajo (Buenos Aires y Entre Ríos)”, advirtieron.
“Otras de las irregularidades detectadas es la falta de mecanismo de participación ciudadana”, sigue sosteniendo el documento, del cual es obligatorio por la Ley General del Ambiente. Así, “la legislación provincial referida a lo ambiental debe adecuarse a lo establecido en la Ley General del Ambiente por lo que la participación ciudadana debe garantizarse en todo procedimiento”. Por ende, “no puede estar librada al criterio del Poder Ejecutivo provincial”.
“Ya tuvimos casos que involucra a Santa Fe y que les dijimos que esto no es verdad. Santa Fe no tiene esa discrecionalidad para invocar audiencias o consultas públicas para procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Porque la Ley General del Ambiente, cuyos contenidos son obligatorios en cualquier punto del país, establece que cada vez que hay un procedimiento evaluación de impacto ambiental, alguna instancia de participación ciudadana se tiene que implementar”, sostuvo Rivera en el podcast Derechos y acción.
Ante todo ello, la Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo de la Nación le exhortó a la Unidad Ejecutora Biprovincial, encargada de esa obra, a que realice una nueva evaluación de impacto ambiental, respetando los derechos humanos y se convoque a una audiencia pública o consulta popular. También, que la Subsecretaría del Ambiente, del gobierno nacional, empiece a intervenir en evaluaciones ambientales que sean interjuridiccionales. Por último: pone en conocimiento a las autoridades del manejo del agua público de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos sobre ésta situación.
La respuesta con baja presión
La Unidad Ejecutora del acueducto, compuesta por funcionarios y técnicos de ambas provincias, dio una respuesta a la resolución de la Defensoría. Aseveran que el procedimiento “se llevó adelante cumplimentándose los pasos necesarios”, al ser aprobado por el ministro de Ambiente de Santa Fe, y con la expectativa que lo haga Córdoba al llegar al otro tramo, “abarcando así la totalidad del proyecto”. Con respecto a la ausencia de la participación ciudadana, consideran que se vuelve “extemporáneo”, al estar el proyecto ya en ejecución. Con lo cual, proponen realizar “otros instrumentos” como un “plan gestión ambiental” o “agendas participativas”. Prácticamente, que a la ciudadanía se le informe de los avances de obras.
Desde la Defensoría, comunicaron a La Luna con Gatillo que administrativamente la entidad nacional ya cumplió los pasos requeridos y tomará como saldado este trámite. Sin embargo, quienes trabajan allí con especialidad en el derecho ambiental sostuvieron a su humilde servidor que las respuestas recibidas fueron “nada satisfactorias”.
Las aguas suben turbias
Quien firmó esa respuesta, en representación al gobierno de Córdoba, es un ingeniero civil que ha tenido distintos trabajos en las áreas dedicadas a servicios públicos. Pero también, en forma paralela, tuvo con sus contratos para la empresa Supercemento, constructora que ha recibido millones de fondos de públicos para las obras de la planta de tratamientos cloacales de Bajo Grande. De hecho, le confeccionó un informe para los trabajos del pre-tratamiento para esa instalación en el sur de la Ciudad, mientras trabajaba en el Plan Integral del Manejo de Embalses de la provincia, según su cuenta de Linkedin.
Según el libro Mackentor – Crónica de un saqueo. Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado, escrita por el periodista Fabián García, el desguace de la constructora cordobesa Mackentor, ocurrida en plena dictadura y por orden de la Junta Militar, implicó el arrebato de una gran obra pública. Se trataba de la construcción del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, considerada como una de las más importantes del país para esa época, y que la obtuvo mediante una licitación. Al final, por la detención de los directivos de la firma local, acusados sin pruebas de ocultar fondos a fuerzas guerrilleras, los permisos de obras fueron relicitadas y las obtuvo una de las competidoras: Supercemento.
Consultado para La Luna con Gatillo, el autor del libro explicó que “el desguace de Mackentor ocurre, porque Mackentor no cedía ese acueducto. Y eso era promovido por la empresa Supercemento, cuyos accionistas eran Julián Astolfoni, el Grupo Macri y Filiberto Bibiloni. La dictadura actúa secuestrando, deteniendo, torturando y, en algunos casos, ligados a la desaparición de Gustavo Roca, para incidir o modificar ese escenario. Saca a los directivos de la compañía, les saca el acueducto y se los transfiere a Supercemento”.
A tres meses de las detenciones y allanamientos, fue el área de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) que rescindió el contrato a Mackentor, por “posible vinculación con actividades de carácter subversivas”. Y desde allí, se recomendó la continuación de la obra a Supercemento. La nueva licitación se lanzó con un presupuesto equivalente al 165% del valor que había propuesto la empresa intervenida. El gerente general de OSN fue Luis Pilatti, quien anteriormente era el presidente de Supercemento, cargo que luego se cedió a Astolfoni.
