RIGI a los tiros
Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual
“Si uno mira quiénes van a ser los beneficiarios del RIGI hoy en Argentina son los mismos, sea con nombre y apellido o sus propios hijos, que se llevaron el capital fijo en los 90 y ahora se llevan los recursos no renovables”.
La declaración del párrafo anterior perteneció a Cristina Fernández de Kirchner, en su calidad como testigo, por el juicio que se está llevando en estos momentos por el frustrado homicidio en su contra. El RIGI es el título 7 de la Ley Bondi Zombi, que aplica una bateria de medidas impositivas, cambiarias y aduaneras para quienes inviertan en el país un mínimo de 200 millones de dólares. Hasta dos día después de que hablara CFK, ya hubo cinco provincias que se adhirieron al regimen: Jujuy, Mendoza, San Juan, Río Negro y Chubut. No es casualidad que todas sean cordilleranas, ya que el RIGI apunta principalmente al rubro extractivista, en particular la energía y la minería.
“Todo eso requiere un andamiaje para que quienes nos oponemos a esa entrega… nos eliminen. De la manera a que dé lugar, sea un tiro o una sentencia judicial”, aseveró la dos veces presidenta. Los más abanderados en contra del extractivismo advertirían que fue la misma Cristina que había vetado la primera Ley de Glaciares en su período presidencial, en tiempos donde la Barrick Gold tenía el privilegio de ser dueña de la única mina compartida entre dos naciones: la frustrada Pascua-Lama. También se encuentra el memorable pacto con Chevron, patentada mediante el polémico decreto 929/2013. A pesar de eso, sea el kichnerismo como el macrismo, implicaron discutir la revelancia desarrollista, para lograr la afamada recuperación industrial, mediante la cosecha de divisas a tasas chinas. Proclama que, a grandes rasgos, no fueron cumplidas del todo. El actual presidente, considera al desarrollismo como un pensamiento de “raíces marxistas” y que el actual Estado solo debe limitarse a garantizar el déficit cero y que sean los propios empresarios que inviertan en lo que quieran. Eso sí: la industria es el rubro que no se menciona en el RIGI.
La mención de Cristina al RIGI, en pleno audiencia de un juicio sobre un intento de homicidio, se contrasta con las tenues resistencias callejeras contra los avales de los poderes legislativos de las respectivas provincias. En parte se entiende por un “amesetamiento” de las luchas, fruto del desgaste corporal ante la recesión económica, el quiebre de lazos comunitarios ante la represión y el ajuste, y sobretodo la ausencia de una pedagogía popular que explique las consecuencias que provocarían esos incentivos empresariales, del cual no basta con hablar de términos academicistas como “extractivismo” o “ecocidio”. La nueva etapa del país requiere problematizar ciertos conceptos dados.
La contrarrevolución no será televisada
Las sospechas conspirativas impulsan el lema “¿Quién mandó a matar a Cristina?”. Dicha retórica apunta a supuestos sectores políticos que planificaron el magnicidio. Semejante postura tampoco parece mediar con el hecho del cambio sociológico que vive el país. Su humilde servidor realizó un informe televisivo sobre lo que he dado en llamar “la pata cordobesa” sobre el atentado, donde se trata de dimensionar el rol que tuvo el flamante ecosistema de los canales de streaming, que uno pensaría que se limitan a estar concentrados en Buenos Aires. Sin embargo, la capital cordobesa cumple un rol predominante. Pueden ver este trabajo aquí abajo.
La comodidad del commoditie
Cuando Cristina habla que “son los mismos, con nombre y apellido”, se puede especular casos locales. Uno es Paolo Rocca, CEO de Techint, quien estaría aflojando la inversión en producción de acero para atesorar más la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta. Lo mismo que su par Alejandro Bulgheroni, dueño de la principal petrolera privada. Ambos crecieron con la estatización de la deuda externa en la dictadura, como así también el remate de activos del país en los noventa. Pero también se suma un ex-funcionario de Carlos Menem, como fue José Luis Manzano, un entusiasta en la extracción de litio, mineral que está siendo en foco de par en par con el cobre. De esa manera, aparece la commoditización de la burguesía.
Pero un caso más juvenil, pero también siendo “hijo de”, es el que expuso el portal Econojournal, donde apareció de la nada uno de los hijos de otro ex-funcionario de Menem, que es Julió César “Chiche” Aráoz. Según el Boletín Oficial de Córdoba, el propio “Chiche”, quien fue secretario de Energía de la Nación, interventor de la provincia de Tucumán, ministro de acción social, entre otros, figuró por lo menos en el año 2020 como parte del directorio de esta pequeña compañía cordobesa llamada Velitec SA que, ahora, se aferraría al régimen de incentivo de la Ley Bondi para extraer petróleo en la Patagonia.
Esto ocurre a partir del “Plan Andes”, impulsado por YPF, donde la empresa expropiada por el Estado nacional se dispone a ceder 55 áreas de reservas hidrocarburiferas, con el supuesto de enfocar sus inversiones en las zonas de Vaca Muerta para extraer mediante el fracking. El clúster Señal Picada-Punta Barda abarca una superficie de casi 900 kilómetros cuadrados y está ubicado en la cuenca neuquina pero con pié en territorio rionegrino. Su concesión fue adquirida en una asociación entre el empresario Sean Rooney, ex-presidente de Shell Argentina, y la pyme radicada en Córdoba Velitec, presidida por Facundo Aráoz Ortega, uno de los hijos del “Chiche”.
Otro de los hijos del Chiche, y hermano del ahora petrolero, es Juan Manuel Aráoz, funcionario municipal al estar a cargo de la Administración General de la Justicia de Faltas de la capital cordobesa, tanto en la gestión del actual gobernador Martín Llaryora como del intendente Daniel Passerini.
Empetrolados y amueblados
Según un documento que había redactado el ex secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde (1939-2012), titulado “Miguel Ángel Egea: De la Triple A a la Estrella de la Fortuna”, redactada en el año 2001, el mencionado Egea, al que le decían el “Colorado”, era un “hombre proveniente de la ultraderecha peronista, que participó activamente en la represión ilegal durante los años 74-76, primero en La Plata y luego en Córdoba”. Éste último es en referencia a su rol como secretario privado de Luis Lacabanne, interventor provincial. Desde allí, Egea contribuyó “a formar los grupos parapoliciales y paramilitares que llevan adelante la guerra sucia en Córdoba con innumerables crímenes, en estrecha colaboración con el Tercer Cuerpo de Ejército, cuyo jefe era el general Luciano Benjamín Menéndez”. Entre esas figuras, estaba Héctor Vergez, quien fue jefe del Comando Libertadores de América, la versión cordobesista de la Triple A. Actualmente, está condenado por haber cometido torturas en el centro clandestino la Perla. En aquellas épocas, cuando familiares buscaban a sus desaparecidos, se topaban con el peronista Julio César Aráoz, quien se presentaba como “amigo” del mismísimo Vergez, lo que implicó años recientes a denuncias en su contra, con el aporte de testigos en los juicios recientes realizados en Córdoba.
En el año 1981, el teniente Ricardo Cavallo y su par Jorge Radice, parte de la patota de la ESMA, instalaron una inmobiliaria con sede porteña a la casa de un familiar de ellos, destinada al “reciclaje” de los bienes incautados a las personas torturadas. Emprendimiento al cual se habría sumado el “Chiche” Aráoz, a sus 33 años de edad. En este caso, también fue acusado Aráoz, pero luego fue sobreseido.
Según el periodista Horacio Verbitsky, explayado en 1991 en su libro Robo para la corona, una frase aludida al ex-ministro del interior José Luis Manzano -otro provechoso del RIGI-, el asesor de prensa de Aráoz había sido Víctor Lapegna, quien trabajaba con el mismo cargo para el genocida Emilio Massera: “El propio Aráoz era llamado en el negocio del petróleo [como] ‘el mueblero’, por las denuncias que lo sindicaron como reducidor de los muebles saqueados por los grupos de tareas del Cuerpo de Ejército III, donde dicho ejército estuvo capitaneado por Luciano Benjamín Menéndez. Siempre negó esos cargos, que atribuía a venganza de [José] Martínez de Hoz por haber participado en la investigación parlamentaria por la estatización de la Italo, y obtuvo la condena judicial de quienes no pudieron sostener las acusaciones”.
Para los años ochenta, con el retorno de la democracia, Egea se mete en la interna del PJ y opera “con Julio César Aráoz y Ronald Troncoso desde una oficina en la esquina de 9 de julio y San Martín de la ciudad de Córdoba, trabajado políticamente a favor de la candidatura de Carlos Menem”, señala Duhalde. Para cuando gana Menem, Chiche Aráoz se pone a cargo del área de Energía entre julio de 1989 a octubre de 1990. En ese breve período, se firman los decretos 1055/89, 1212/1989 y 1589/1989, que habilitaron la entrada de empresas para concesionar reservas vía “concurso público” (no por licitación), la anulación de todo arancel sobre exportación o importación del petróleo y sus derivados, la anulación de todo permiso previo para importar y el libre uso del 70% de las divisas que se generaron en cada operación instalación de refinerías. Beneficios que tiene su eco en los artículos del RIGI actual. Según números analizados por el economista Ignacio Sabbatella (OETEC), entre 1988 y 1990 las exportaciones del petróleo crecieron un 124%, pero las extracciones solo variaron un 7%. Es decir, todo el petróleo extraído terminó siendo rematado. Mientras que la exportación del gasoil tuvo un tremendo incremento en dicho período del 667%, mientras que la nafta súper fue del 353%. Aráoz abandonaría la Secretaría de Energía, luego de que se decidiera que la misma se enlazaría con el Ministerio de Economía, en manos de Domingo Felipe Cavallo, quien haría el resto para la venta del gas natural a países limítrofes repleta de irregularidades hasta la privatización completa de YPF en manos de Repsol.
A diferencia de Cavallo (el militar, no el economista) y Radice, Egea muró sin recibir condena en 2016, en la ciudad de Miami, donde había armado una serie de empresas offshore, destapada por los Panamá Papers. Se sospecha que esos activos habrían servido como parte del ocultamiento a la monetización de los bienes incautados a las víctimas del genocidio. Aparentemente, Miami también es una zona donde pasa muy seguido Facundo Aráoz, el director de Velitec, según señala su cuenta de Linkedin.
La pólvora que dejaron tiempos lejanos se levantan por el estruendo de los disparos del ahora.
