Un RIGI al rescate
Por Lea Ross
La economía del Lord Jamón generó un curioso zimbronazo: la megacorporación cordobesa Roggio anunció que “no ha efectuado el pago de los intereses al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024”. En criollo: al borde del default.
Fue lo que publicó la Comisión Nacional de Valores, a nombre de la Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (Clisa), cabeza del organigrama, creada en 1996, donde se despliega las distintas inversiones de la familia Roggio como la construcción, el transporte, la recolección de residuos, la distribución de agua potable, las concesiones viales, etc.
Resulta que la empresa que administra desde las sombras Aldo Roggio, quien renunció al directorio por el escándalo de los cuadernos de la corrupción, había emitido una serie de obligaciones negociables (bonos de deuda que se comparten entre empresas), lanzados en el mercado en el año 2021, y que no pudo pagar las tasas de interés pautadas para el julio saliente. Por ende, mantiene “conversaciones con grandes tenedores” para una “posible modificación de los términos y condiciones de las mismas”. En los mercados, hay estupor con que esto desencadene avisos de otras empresas que no puedan lidiar con sus deudas.
“La noticia fue un golpe para los inversores, pero no una sorpresa. Hacía años que se advertía sobre la salud financiera de la compañía por las reiteradas crisis económicas que atravesó. Sin embargo, este hecho encendió las luces de alerta sobre qué otras empresas que se financiaron a través del mercado de capitales podrían estar en una situación de riesgo”, explica Melisa Reinhold, colega de la sección de negocios del diario La Nación.
Esto se debe a que el Grupo Roggio emitió deuda dolarizada, cuando sus principales ingresos son en pesos. En particular: la obra pública. La misma que padeció la motosierra.
Al rescate
En ese contexto, en la provincia donde los Roggio son oriundos -y donde sería una de las tres constructoras que más fondos recibe de fondos públicos provinciales- el gobernador Martín Llaryora se reunió con representantes del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G 6) y entidades del sector agropecuario, a quienes les informó la decisión del Ejecutivo provincial de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Hablamos del polémico capítulo de la Ley Bondi Zombi, que otorga una batería de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para quienes realicen una inversión mínima de 200 millones de dólares en el país.
Según las partes de prensa, se resaltó la “importancia de generar políticas para reactivar el sector comercial y de la construcción, actividad que requiere del impulso del Estado para el desarrollo de la obra pública y el sustento de las fuentes de trabajo”. Por otro lado, se subrayó “la generación de valor agregado de la producción primaria y el desarrollo de los biocombustibles”.
Desde La Luna con Gatillo, se ha advertido que esas grandes inversiones, interesadas en geografías más cordilleranas, costeras y mesopotámicas, o con reservas hidrocarburíferas, resultaban dificultosos de atraer para una región chaco-pampeana como es la cordobesa. Y sin embargo: el canto de sirena podía provenir del desarrollo avanzado de pasos viales, para garantizar la circulación de camiones de gran porte, como así también exacerbar más el discurso ligado a la producción de combustibles a base de cultivos agrícolas.
El más avegentado de la reunión con Llaryora fue Manuel Tagle, eterno presidente de la Bolsa de Comercio. El octogenario de la concesionaria homónima insiste en que el Estado debe achicar el gasto público, empezando por “sacar los subsidios que estimulan los embarazos”, como declaró en un programa de televisión. Por lo general no le interesa hablar de las sospechas de los sobreprecios de obra pública, como la que recibió a sus socios Roggio, que incluye sobregirados en un 48% de lo calculado para emprender la polémica Autovía de Punilla, en los tramos que pasan en las localidades de Santa María de Punilla y Bialet Massé.
El silencio de los no inconetes
Los Tagle comenzaron a trabajar, a mediados del siglo pasado, para la concesionaria de Chrysler, a cargo de la empresa Visconti-Manzi. En paralelo, el constructor Vito Remo Roggio, padre de Aldo Roggio, se asoció con Vicente Manzi para crear la firma Alvear SA. Para mediados de los años 50, se llegaría a Córdoba Industrias Kaiser Argentina (IKA), cuya infraestructura fue construída por Benito Roggio e Hijos SRL, bajo el comando de Héctor Roggio, hermano de Vito. Y a partir de los años sesenta, por el acuerdo entre IKA y Renault, se comercializaría los autos de la segunda marca, gracias a las influencias de José Lucrecio Tagle, tío de Manuel Tagle hijo, y también vicepresidente de la Bolsa de Comercio y luego presidente en 1957.
En 1962, Vito Remo Roggio asumió como intendente de facto de la ciudad de Córdoba. Desde allí, creó la Corporación Argentina de Vivienda (CAP), para el manejo de fondos inmobiliarios, presidida paralelamente por Roggio, y administrada por la firma Vicente Manzi e Hijos SA, la mencionada Alvear SA y la Corporación Cementera Argentina SA (Corcemar), cuyo accionista era Elsa Manzi, esposa de Vito y hermana de Vicente. Los Roggio utilizaron los fondos de la CAP para financiar sus inversiones en la construcción.
Mientras que los Tagle, desde la Bolsa de Comercio, se encargaron de apoyar el próximo golpe de Estado, ocurrido en 1966 contra el presidente cordobés Arturo Humberto Illia. Para eso, José Tagle le envió un telegrama al dictador Juan Carlos de Onganía donde le dijo taxativamente lo siguiente: “Formulo votos por el éxito de su gobierno, en cuyo acierto están confiadas las esperanzas nacionales”, según averiguó el historiador César Tcach.
Al llegar la última dictadura cívico-militar de 1976, la CAP se convirtió en el Banco Suquía, desintegrada en el año 2000. Gracias a los créditos que se autoadjudicaban los Roggio desde el Suquía, ejecutaron obras como el Estadio de Futbol Chateau y el aeropuerto internacional. En una extensa entrevista con un joven Luis Majul, Aldo Roggio consideró que la dictadura “ha sido un paso doloroso, pero necesario para el país”. Sobre el juzgamiento a los militares, respondió: “No estoy ni estuve de acuerdo. Creo que, en general, algunos de ellos hicieron lo mejor posible en ese momento”. Y José Tagle, todavía presidente de la Bolsa de Comercio, emitió un comunicado muy beneplácito por la Junta Militar, donde repudió las denuncias del plan sistemático de desaparición de personas, “desatada en el exterior contra nuestro país, pretendiendo ignorar las reales motivaciones del proceso que inició la Nación en 1976”.
Precisamente, antes que Tagle redactara ese comunicado, el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del Ejército y máximo represor que hubo en nuestra provincia, hizo lo suyo ante los empresarios del IKA-Renault, todavía socios de Tagle, para que “en el término de 72 horas” otorgara la lista de su personal obrero por “requerimientos de seguridad”. La patronal no solo acató la orden, sino que incluso hizo un certificado ante un escribano, donde se puntualizó datos no actualizados de los domicilios de algunos trabajadores, o que incluso se especificara quienes “no asistieron” en tal día de trabajo. A partir de las investigaciones llevadas a cabo por agrupación H.I.J.O.S., se estableció que, efectivamente, estaban las actas notariales en el Colegio de Escribanos. Entre ellos, aparecía René Rufino Salamanca, secretario general del gremio combativo del SMATA, que fue secuestrado el mismo día que se perpetró el último golpe de Estado en nuestro país. Con su desaparición, la automotriz tenía asegurado la producción y su respectiva venta de productos, por parte de Tagle.
Dos años después, en 1978, Manuel Tagle hijo lanzó su propio emprendimiento: “M. Tagle (h) y CIA SACIF”, que continúa hasta en la actualidad. Y para eso, se puso en primera marcha como concesionaria de la firma Sevel, la empresa de la familia Macri que manejaba las fábricas Fiat y Peugeot. El acuerdo entre Manuel Tagle y Franco Macri se mantuvo solo por tres años, hasta 1981, para que luego Mauricio Macri volviera con su padre para trabajar en la Renault, pero desde su sede actual, ubicada en la avenida Colón y la calle Sagrada Familia de la capital cordobesa.
