Qué culpa tiene el tomate

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“No es ideológico. Si no podes lograr que la gente tenga tomates con lo que producimos en la Argentina, sos medio ganso”, dijo el Juan Grabois en su reciente acto en Ferro. Es la síntesis más adecuada para un gobierno que no se animó a enfrentar la concentración económica a pesar de las múltiples propuestas de la economía popular.

Por Tomás Astelarra Ilustración: @fuskavisual

El otro día un pizzero amigo del pueblo me preguntó: ¿Tomi, vos que sos economista? ¿Por qué cada vez gano menos? “El problema es que si Molinos Río de la Plata u otra de las empresas concentradas de alimento te sube el precio de la harina, vos nos tenés alternativa. Pero si vos subís la pizza, lo más seguro es que io termine comprando en la pizzería de la otra esquina. Vos cumplís con el supuesto de competencia en el que se basa casi toda la teoría económica actual. Las grandes empresas no”. Como anticipó Cristina, se la quedaron tres o cuatro vivos.

Hay varias formas de comprobar que si, al menos no es la principal causa de la inflación, la concentración económica fomenta la especulación con los precios. Lo demuestran las enormes ganancias del empresariado concentrado en medio de una crisis donde aún muchos empleados formales están por debajo de la línea de pobreza. O los índices del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que hace dos años encuesta comercializadoras de la economía popular, demostrando que los aumentos son mucho menores y generan un importante ahorro en las familias argentinas. O la experiencia generalizada en muchos nodos de consumo o almacenes cooperativos, que de pronto han pasado de vender yerba mate sin agrotóxicos de pequeñas cooperativas de Misiones, que antes costaban un 50% por encima de las yerbas industriales, a un precio menor. Eso sin tener en cuenta los valores éticos, sociales y ambientales que vienen dentro de esos paquetitos y deberían tener un sellito verde al lado de los negros de la Ley de Empaquetado Frontal.

El largo plazo se convirtió en corto, y la tardanza o negación para implementar políticas públicas que ayuden a la desconcentración económica por parte del actual gobierno, han culminado con la improbable o ridícula iniciativa de importar alimentos. Anuncio que se hizo en medio de un paquete de medidas de urgencia para afrontar un crisis económica donde la especulación financiera parece ir comiéndose de poco, como un pac man, la economía real.

Una gota de agua en un desierto que no es tal.

“Son una bombita de agua en un incendio”, opina el coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y ex director del Mercado Central, Nahuel Levaggi, con respecto a las últimas medidas tomadas por el gobierno (flexibilización para la importación de alimentos y leyes antidumping). “Se puede importar tomates, pero lo que hay que hacer es multiplicar la producción de tomates y su llegada a los mercados. Que todas las instancias del estado nacional, provincial y municipal generen instancias de comercialización propias de los productores, y ahí es donde, por oferta y demanda, van a bajar los precios. Porque por el canal de comercialización establecido, que es concentrado, es muy difícil intervenir en la cadena”, explica.

“Desde la Mesa Agroalimentaria Nacional venimos fomentando circuitos cortos donde hay menos incidencia de los intermediarios. Así los alimentos llegan directo del productor al consumidor. Hablamos de cooperativas u organizaciones donde se procura mejorar el precio del productor, pero también llegar al consumidor con alimentos sanos y a precios accesibles. Es una cuestión de organización para superar la intermediación que muchas veces es concentrada y especulativa, entonces hay abusos y rentas que quedan en manos del intermediario y no del productor, encareciendo el consumo”, cuenta Luciana Soumoulou de las Bases Federadas de la Federación Agraria (FAA). “Creo que en los últimos años el acceso al alimento se ha instalado dentro de la agenda pública. Eso es un gran avance. Haber logrado que tanto las organizaciones como los gobiernos asuman la comercialización como un eje central. Pero evidentemente no alcanza y esta haciendo falta una decisión de tomar a la economía popular como un actor estratégico en este sentido. Las organizaciones nos hemos fortalecido, pero si eso queda solo a merced de lo que las organizaciones puedan generar el techo es muy bajo. Se requiere de una decisión política que implique generar espacios de acopio, fortalecer las herramientas financieras, habilitar líneas de compra estatal, etc. Sin eso es muy difícil (sino imposible) trascender los límite propios de la economía popular en un mundo con niveles de concentración económica, financiera, productiva, comercial tan grandes”, aclara Pablo Blank, parte del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y su comercializadora, Monte Adentro.

“La ayuda del estado está mucho más enfocada a otros sectores medios y grandes, a la industria que proceso alimentos. A nuestro sector ha llegado muy poco. Esto ha contribuido a que la concentración en la producción y las cadenas de comercialización se halla profundizado, como sucede con la harina de trigo o los lácteos, mismo la fruta y verdura. Las medidas que se han puesto en marcha no han impactado porque no han sido diseñadas para nuestro sector de pequeños productores familiares. Fue muy profundo el desmantelamiento de las herramientas del estado incluso desde la ultima dictadura cívico militar. Revertir eso y los efectos del modelo agropecuario que se ha impuesto es muy difícil”, agrega Soumoulou. “Nosotros vemos que los productos de la economía popular realentizan los procesos inflacionarios y tienen un alza menor o igual de los precios con respecto a las grandes cadenas de alimentos, con todos los beneficios que conllevan en términos sociales y aún comparando productos que son diferentes, porque en el caso de la economía popular son productos más sanos, agroecológicos. Hay muchas experiencias que hablan de esto. Entonces vemos una capacidad de responder a la necesidad de alimentos, que no es como la piensa el mercado. Porque quizá un productor concentrado no pueda solucionar el abastecimiento a precios justos de toda la población, pero si lo pueden hacer muchos productores desperdigados en los territorios. Esa sería una política alimentaria real y de desarrollo local”, agrega Lorena Putero, del CESO. “La inflación no es un problema sino una consecuencia del sistema de producción y comercialización que tenemos actualmente, donde existe una gran concentración y los oligopolios marcan los precios. El problema no es la inflación sino el modelo productivo actual y que la alternativa, que es la economía popular, no está siendo reconocida”, opina Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán y coordinadora del programa de Mercados de Cercanía de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo.

“Suena utópico pero cada vez son mas las organizaciones que se manejan de este modo aunque sean invisibilizadas. Hay experiencias de larga trayectoria y cobertura territorial que se basan en la relaciones sociales de reciprocidad como era anteriormente en Amérika, antes de la colonia. Tiene que ver con la lógica de retornar a los valores de uso de los productos y nos los valores de cambio, impuestos por las monetización y mercantilización que trajo el capitalismo a este continente”, sostiene Martín Montiel, parte de la Red de Comercio Justo del Litoral.“La potencialidad de las comercializadoras de la economía popular para solucionar el problema de inflación tiene que ver con la capacidad de adaptarnos y ser flexibles a los ritmos y los tipos de producción. Tiene que ver con conocer el territorio que habitamos y respetar tiempos que no son los de la industrialización, sino que abarcan diferentes procesos, etapas y posibilidades”, opina Melanie Senini de la Mutual Humano en Traslasierra.

Estado ausente

“Hay productos como carnes o lácteos donde se requiere refrigeración y unas condiciones más complejas de trasferencia de esos productos a los largo de la cadena alimentaria. Pero es importante resaltar que no es que la economía popular no produzca esos productos. Nosotres trabajamos muy de cerca con cooperativas de pescadores y podemos asegurar que casi todos el pescado que consumimos (sobre todo de río), es de la economía popular. Son pescadores organizados en cooperativas y que le venden a acopiadores que luego le recargan un precio muy alejado del que recibe del productor. Para solucionar eso requiere un acompañamiento o inversión por parte del estado”, cuenta Putero. “Vos tenes territorios donde no producen ni un gramo de las frutas y verduras que consumen pudiendo hacerlo. Es significa traslado, combustible y un montón de gastos más. Si hubiera una instancia de planificación y promoción del abastecimiento, eliminarías esos costos”, afirma Levaggi. Desde la UTT vienen generando además de los, ya clásicos verdurazos, corderazos y otras ferias populares, locales propios o en una gestión conjunta con municipalidades como las de Lomas de Zamora, Quilmes, Morón o Avellaneda. Desde la Mesa Agroalimentaria Nacional (que también integran el movimiento campesino Somos Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas y las Bases Federadas de la FAA, entre otras organizaciones) se impulsan diversas políticas de estado como la creación de una Empresas Estatal de Alimentos, un ministerio del Alimento o leyes como la de Arrendamientos Rurales, Acceso a la Tierra, Financiamiento Cooperativo y Transición Agroecológica, Protección y Fortalecimiento de las Áreas Campesinas o Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias.

Mucha tierra poco alimento

Argentina es uno de los países del mundo con mayor concentración de la población en las ciudades. Solo el 8% de su población vive en zonas rurales produciendo alimento para el mercado interno. Antes del llamado proceso de reorganización nacional (la dictadura militar), este porcentaje era del 25%, generando mayores índices de soberanía alimentaria y menor inflación. La causa de este proceso de abandono del campo tiene que ver, al igual que la desindustrialización, el aumento del desempleo y la pobreza, con el proceso de financiarización de la economía argentina planteado por Martínez de Hoz (épocas de la plata dulce) y reforzado por muchos gobiernos de la democracia.

Según un reciente informe del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria, la inflación de 107% evidenciada en el primer trimestre del 2023 en el rubro alimentos, ubica a la Argentina como el único país latinoamericano en el top ten del ranking de naciones más golpeadas, antes de Zimbabwe, Ruanda y Ghana. La Universidad Católica Argentina (UCA) ratificó hace pocas semanas que 6 de cada 10 niños y adolescentes en el país son pobres (61,6%, 8,2 millones) y que el 13,1% (1,6 millones) son indigentes. Unos 4,2 millones de niños y adolescentes no llegan a completar una alimentación saludable, por más que el 59,3% recibe “alimentación gratuita”. Es decir que acuden a comedores, copas de leche y escuelas para poder comer. La mayoría de estos centros, en poder las organizaciones sociales, viene denunciando la falta de provisión de alimentos por parte del estado. Además de su, valga la redundancia, mal estado.

Los comedores populares basan su economía en recursos autogestivos (polladas, ventas de empanadas y tortas, bingos y festivales culturales), donaciones privadas y el esfuerzo de las poetizas populares, que desde la asunción de la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, vienen recibiendo recortes presupuestarios, estigmatizaciones y amenazas, como fiscalizar la presencia de niñes en las movilizaciones.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci) y su Indicador Barrial de Situación Nutricional, mostró, también hace poco, que el porcentaje de malnutrición es de 28,4% para la primera infancia (entre 2 y 6 años), 48,3% para la segunda infancia (entre 6 y 10 años) y 45,5% en el caso de los adolescentes (entre 10 y 18 años). Pero el problema es que les madres están obligadas a llevar a su niñes a las movilizaciones para exigir algún tipo de consciencia de la crisis alimentaria que se vive, por parte de les funcionares de un gobierno dizque popular,

“Seguimos sosteniendo cientos de comedores y merenderos en todo el país, porque el hambre es una realidad que hay que resolver. Pero además estamos en un proceso de laburo fuerte de producción agroecológica de alimentos tratando de alcanzar escala y comercializarlos. Queremos encarar la construcción de una política socioambiental a nivel nacional a través de la experiencia que venimos haciendo desde la gestión comunal en Villa Ciudad Parque (Córdoba) y la Federación de Trabajadoras de la Actividad Primaria (Fetap), que en distintas provincias vienen desarrollando producción agroecológica con el cuidado del ambiente y exigiendo una distribución de la riqueza agraria”, opina Nahuel Beibe de la Corriente Nacional Martín Fierro. “Venimos viendo la necesidad de intervenir en las peleas ambientales que se dan permanentemente en nuestro país, donde creemos que no hay que caer en una falsa contradicción entre el conservasionismo, que no deja desarrollar políticas productivas, y un mercado que se autoregula o impone condiciones, sobre todo cuando se trata de empresas multinacionales, que tienen un poder económico mayor al que hoy tiene el estado argentino. Hay que proteger desde el estado los bienes comunes y ponerlos en función del interés nacional y no del saqueo que se produce con empresas multinacionales, solo dejando los dólares necesarios para que vuelvan a los centros del poder mundial a través del pago de la deuda o los giros de divisas. Si Argentina no toma medidas más proteccionistas para sostener su propia economía, los condicionamientos externos nos van a hacer mas débiles de lo que ya somos”, agrega.

“Creo que en Argentina tenemos un desafío enorme (que es ante todo cultural) que tiene que ver con asumir integralmente (y con todo lo que eso implique) la situación de dependencia y desigualdad que atraviesa a nuestra historia y presente con respecto al alimento que consumimos. Solo desde ahí podremos pensar en respuestas no solo más de fondo sino también más reales, mas sinceradas con nuestra realidad. Y en ese sinceramiento va el reconocer a la producción popular como una parte de la solución. Pero eso requiere cambiar nuestros esquema mentales y también muchos de los marcos legales que ponen a la producción empresarial de gran escala como el parámetro desde donde medir al resto”, opina Blank. “El posible aumento de los productos exportables genera márgenes de ganancia mayores para los grandes productores, pero eso no va a implicar mejoras de vida en la sociedad ni en la capacidad del estado de encontrar recursos para avanzar en solucionar nuestros problemas. Un poco, la sensación es que los movimientos sociales hemos podido avanzar en muchas opciones reales para poder ofrecer alimentos, productos y servicios o poder cubrir necesidades de la población. Aún así, eso no avanza si no hay dos componentes centrales. Por un lado la intervención del estado para fomentar estas experiencias y que den un salto cuantitativo que pueda cubrir otros volúmenes y necesidades. Y por otro, la organización social del consumo, dentro de una disputa económica que es cultural y política, para romper el individualismo como práctica instalada”, agrega.

El dólar no se come.

El reciente informe de la Auditoría General de la Nación acerca del acuerdo con el FMI (con una comisión bicameral paralizada en el Congreso) solo demuestra la letanía de un gobierno dubitativo y esclavo del conflicto financiero que le delegó Cambiemos. Algo similar sucede con el control de precios y la puesta en marcha de políticas de defensa de la competencia. La herencia macrista también dejó un tendal de despidos y vaciamiento del estado en áreas estratégicas como la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, la Comisión de Defensa de la Competencia, o la Secretaría de Comercio, entre otras.

La apuesta por nacionalizar Vicentín había esperanzado a las organizaciones sociales con la posibilidad de crear una Empresa Nacional de Alimentos. Además, servía para controlar al sector agroexportador que cuenta con canilla libre para controlar puertos, subfacturar exportaciones, evadir impuesto y fugar capitales. Son estas grandes empresas, la mayoría multinacionales, las grandes ganadoras de la desigualdad que genera la brecha cambiaria, a través del dólar soja, pero también la posibilidad de enviar ganancias a dólar oficial a sus empresas matrices a través de la supuesta devolución de deudas (que se comió buena parte de las reservas) o la importación de maquinaria o insumos que compran al dólar oficial y venden al blue. A eso se suma el aumento de los precios internacionales del alimento (sin su consecuente aumento en las retenciones), la remarcación de precios a nivel local gracias a su condición oligopólica, y las ganancias financieras que puedan hacer, valga la redundancia, con esas ganancias.

Mientras tanto los pequeños productores ven caer en cuentagotas la ayuda del estado en medio de un ajuste fiscal. Los costos de muchos insumos o herramientas, incluso de la logística, se le hacen imposibles de pagar y reducen su ganancia en un marcapasos al borde del infarto económico. La sequía, que es escándalo para los grandes productores y los amautas de las reservas del banco central, en su caso no ha traído mayores ayudas por parte del gobierno. Para coronar el funesto panorama, las ganancias de las multinacionales se están destinando a ampliar la producción tóxica, elevando los precios de los alquileres.

“El acceso a la tierra es fundamental. El mayor porcentaje de la producción se trabaja bajo arrendamiento. Es necesaria una nueva ley de arrendamiento que permita que estos pequeños productores tengamos condiciones para permanecer en la tierra y no seamos desplazados por pooles de siembra que traen a nuestros territorios inversiones con recursos provenientes de otro sector, como del financiero, donde han tenido ganancias extraordinarias. Como el 70% se trabaja bajo arrendamiento, eso aumenta el precio de los alquileres y nos lleva a la concentración y profundización del modelo de monocultivo que impacta en el despoblamiento de los territorios rurales, en la salud de la población, en la diversidad de los alimentos que produce nuestros país, en el encarecimiento de esos alimentos, en la concentración de las cadenas, porque muchos de estos actores que invierten en los territorios rurales tiene inversiones también en las cadenas. Esto se ha profundizado con la sequía”, explica Soumoulou. “Hace muchos años que venimos instalando de que hay un sector en la Argentina que produce el alimento para los argentinos y argentinas, de manera agroecológica y defendiendo el derecho a la tierra y el agua, y creando redes de comercialización directa a los consumidores. Tenemos una propuesta de Ley de Acceso a la Tierra, que es el principal problema que tiene nuestro sector. El 40% de la tierra cultivables esta en manos de 1.200 familias. Venimos teniendo muchas dificultades. Porque vemos que avanza el modelo del agronegocio y el feedlot sobre la tierra de nuestros compañeras y compañeras de pueblos originarios, campesinos y campesinas. Así que estamos desarrollando las estrategias para defender estos territorios. Incluso de acuerdo internacionales como las megagranjas porcinas”, cuenta Lucas Tedesco, de la UTT.

“Son necesarias políticas públicas diferenciadas, sino esas variables macroeconómicas impactan de manera muy fuerte de nuestra posibilidad de recuperarnos o competir con estos sectores. Las tasas de interés son impagables y el valor del dólar impacta a la hora de ejecutar las inversiones necesarias para mejorar la producción, que quedan muy fuera de nuestras posibilidades. Es una combinación explosiva para nuestros sector” remarca Soumulou. “Contamos con un sistema agroalimentario dolarizado en base al paquete de semillas y agrotóxicos. Para eso es necesario descalzar del dólar fomentando la agroecología con los insumos y semillas nacionales”, destaca Levaggi.

Desde muchas organizaciones se vienen llevando a cabo procesos de producción de bioinsumos tanto para la producción familiar como a gran escala. Al igual que la yerba, tienen un costo menor a los agrotóxicos, y no necesitan dólares para su producción o venta. Fomentar este tipo de producciones, además de mejorar la salud del suelo y las familias argentinas, pemitiría una sustitución de importaciones que redundaría favorablemente en las reservas del Banco Central. Eso sin contar proyectos como el de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR) de Córdoba, que dentro del Plan de Desarrollo Humano Integral de la UTEP, viene generando con la cooperativa tecnológica Alter Mundi, un sistema de internet comunitario que utiliza un software y hardware (el libre router), cuyas partes comenzarán a ser producidas por manos campesinas en el Refugio Libertad en Los Molinos.

Una solución más que un problema.

“Nuestra agenda es de una economía de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Los compañeros y compañeras no quieren más planes sociales, quieren trabajo. Pero la política sigue sin mirarnos en ese sentido. Es clave es que nos puedan escuchar para articular soluciones. Es un desafío muy grande en tiempos tan difíciles y complejos”, reclama Silvia Quevedo de Barrios de Pie Córdoba. “Nuestros movimiento de la economía popular es el subsuelo del subsuelo del subsuelo. Estamos viendo como fortalecer el rol del campesinado, de las trabajadoras rurales, en medio de una crisis alimentaria que viene profundizándose a pesar de un repunte del crecimiento económico. Nosotras durante el contexto Vicentín salimos a bancar esa propuesta, porque era un momento estratégico para hacerlo. Pero nunca sucedió, al igual que la Empresa Nacional de Alimentos. La inflación en el rubro alimentario es brutal y es una de nuestras principales preocupaciones, porque somos una organización que produce alimento. Tenemos el desafío enorme, de pensar cómo carajo vamos a hacer para defender con uñas y dientes lo que hemos logrado hasta hoy, y además recuperar lo que en términos de la riqueza de este país nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. En ese sentido la lucha por el Salario Básico Universal es un piso de dignidad indiscutible. Y sin embargo está muy lejos de lograrse”, opina Mercedes Ferrero de la Unión de Trabajadoras Rurales (UTR) de Córdoba.

“Hay medidas que generarían impacto en el corto plazo gracias a las organizaciones que ya existen y sin embargo no se han implementado. El gobierno nacional tiene que planificar la producción, fomentarla aumentando los actores, desconcentrarla, y después generar instancias de intervención mediante la promoción de mercados de cercanía. Después la creación de un ministerio de la Alimentación, que tiene que ser una política integral. Porque por un lado tenes la Secretaría de Agricultura, que trabaja básicamente para el modelo exportador, la de Comercio que solamente fija precios y el Ministerio de Desarrollo, que entrega comida a los pobres cuando les falta. Nosotros necesitamos poíiticas integrales que no solo que garanticen los precios al final de la cadena, sino también que la comida que se consuma sea alimento. Y por otro lado la creación de una Empresa Pública de Alimentos, que se haga que con una concepción del alimento como derecho, que intervenga como una actor más en las transacciones, pero con reglas de juego que garanticen el alimento y no la renta y la especulación”, sostiene Levaggi.

“Si bien existen experiencias muy ricas y con muchos años de trayectoria y desarrollo, no han tenido la masividad que se requiere para pujar hacia una política pública que los contenga. Considero que un sistema se remplaza cuando aparece uno mejor. En ese sentido creo que está apareciendo el sistema virtuoso en términos de calidad, cantidad, precios y cuidados del medio ambiente, pero aun no es capaz de remplazar el esquema de producción extensivo que se encuentra vigente. Los cambios culturales los estamos viendo y en mi opinión son los que vienen posibilitando este nuevo sistema de producción y comercialización” asegura Ignacio Andrés parte de la organización La Creciente de Alta Gracia, dentro del Plan de Desarrollo Humano Integral de la UTEP. “Existe una gran diferencia entre el interior y las grandes urbes. En el interior es donde más se ve este cambio de conciencia, porque existe una inmediatez tangible entre los usuarios, los pequeños productores y las redes de comercialización. Por ejemplo en Paravachasca les vecines pueden comprar huevos y pollos de campo a sus vecinos sin necesidad de ser intermediados por el marketing, lo que implica que pueden apreciar por sus propios sentidos la producción. Esto no sucede en las grandes urbes, donde todo esta atomizado e intermediado por el marketing y los intereses especulativos de los grandes comerciantes. Creo que los más escépticos irán cediendo frente a los beneficios de un sistema virtuoso. Sin embargo falta mucha apropiación y sentido de pertenencia a este nuevo sistema. En parte porque es relativamente nuevo y en parte porque quienes ostentan el monopolio de los privilegios del modelo expansivo contaminante, se resistente por todos los medios a perder dichos privilegios”, explica.

“Se puede abastecer a todo el país completo. Cuando nosotros vemos el desarrollo de la UTT o el MTE o el desarrollo de cinco provincias con la Red de Comercio Justo del Litoral, o vemos lo que sucede en el sur de Bariloche donde hay confederaciones de grupos de consumidores organizados, nos damos cuenta que hay que visibilizar estas experiencias que pueden tener una dimensión territorial muy vasta. Esto es importante, porque si la agroecología queda en manos privadas o en comercializadoras tradicionales, volvemos a caer en la lógica capitalista de la acumulación y se transforma en un capitalismo verde medio extraño”, opina Montiel. “Lo que yo veo es que en el marco de esta coyuntura mundial y nacional es que los movimientos sociales locales adquieren una relevancia de resistencia. Que ya lo sabíamos, y que por eso estamos llevando adelante las acciones que hacemos. Pero que hoy por hoy adquieren un sentido mucho más urgente. Por ejemplo, el trigo, que es algo importante. Otra vez aparece la paradoja de cómo las tensiones globales afectan las producciones. ¿Qué pasa con las semillas sobre las que nos hemos pronunciado, con los fertilizantes, con el modelo agroexportador que genera alta dependencia? Este paradigma global hace que se produzca trigo para exportar o para que consuman las grandes ciudades. Y los pequeños pueblos son victimas de la especulación. Son oportunidades para repensar un desarrollo a escala humana como dice Manfred Max Neef. Entonces lo que vemos es que nuevamente adquieren sentido y relevancia política y económica las estrategias de soberanía alimentaria locales. En este contexto, la agroecología, la producción y los mercados locales, no solo pasan a ser una opción sana, barata y comunitaria, sino también tienen una dimensión política en la medida en que podemos producir nuestros propios fertilizantes. Pensar que Rusia está mandando fertilizantes a la Argentina es una locura ambiental. Pero estamos en las puertas de pensar cómo vamos a territorializar la vida”, opina desde Salta, Olga Lubel, del Mercado Vaquereño.