Crecen los ataques por odio político de la derecha
Más allá de las políticas públicas que podría instaurar un nuevo gobierno de Javier Milei, la crisis social y económica a 40 años de democracia hace surgir nuevos microfascismos que se exacerbarían con una presidencia del libertario.
Por Ailín Colombo para Revista Resistencias Ilustraciones Brutta
Al grito de “¡Argentina, Argentina!” y “negros, vuelvanse a Jujuy”, simpatizantes de Patricia Bullrich agredieron de forma física y verbal el domingo 8 a integrantes del Malón de la Paz que buscaban visibilizar su reclamo contra la reforma constitucional jujeña en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la UBA mientras se desarrollaba el debate presidencial.
El stand de Trabajadorxs de la Literatura fue agredido con expresiones homoodiantes en la Feria del Libro de Mendoza por un grupo de hombres ante la exposición de libros de autores de la comunidad LGBT+ el pasado sábado 7. Entre los insultos se destacó la frase “cuando gane Milei esto se termina”.
La semana pasada el bachillerato popular porteño Marielle Franco amaneció vandalizado con pintadas machistas y reivindicatorias de la última dictadura genocida. Sobre los murales de Cristina Kirchner y Evita escribieron “Videla volvé”, y “puta, chorra”.
Estos no se tratan de hechos aislados, el proyecto RADAR (Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas), una iniciativa periodística de Revista Crisis, contabilizó 189 casos de ataques de odio político desde el 2020 hasta octubre de 2023.
De acuerdo a RADAR, proyecto encabezado por el Equipo de Investigación Política (EdIPo) con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se registró un considerable aumento de hechos durante el último mes. Sólo entre agosto y septiembre señaló 37 casos de violencia de la ultraderecha, mientras que el promedio mensual de ataques entre agosto del 2022 y agosto del 2023 fue de 5 casos.
Negacionismo y algo más
Mientras tanto, Javier Milei, candidato exponente de la ultraderecha argentina, se destacó durante el primer debate presidencial por sus ya típicas expresiones negacionistas del terrorismo de Estado de la última dictadura como “no fueron 30 mil los desaparecidos” y “durante los 70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos”.
En el segundo debate celebrado en la Universidad de Buenos Aires, Milei se mostró más moderado pero aprovechó para provocar con una desafortunada y solapada analogía con el genocidio y la cifra 30 mil: “Si (en la pandemia) no hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30 mil muertos y tenemos 130 mil por culpa de este gobierno genocida”.
La relativización, negacionismo e incluso la reivindicación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura no son nuevos como no es son nuevas las expresiones de ultraderecha, pero en los últimos años lograron teñir la democracia con sus expresiones en las calles, en los espacios de discusión política y su reflejo está en las urnas.
Además, estas expresiones de odio político de la ultraderecha suelen estar acompañadas de otras que niegan y buscan suprimir los derechos de los sectores más vulnerados de la sociedad. Como en los mencionados casos de Mendoza, del bachillerato porteño y los ataques al Malón de la Paz; la misoginia, el lgbtodio, el racismo, y la aporofobia son el combo que secunda el negacionismo.
Metodología del odio
En su web, RADAR explica que se trata de un proyecto periodístico expresado en “un mapeo colaborativo de hechos de violencia política protagonizados por derechas radicalizadas con el fin de contribuir al diagnóstico colectivo y la elaboración de estrategias de autocuidado” que tiene el “objetivo de fortalecer la democracia y la defensa de los derechos humanos”.
El mapeo registra casos de violencia de grupos radicalizados desde el 2020, cuando la derecha tomó las calles y el negacionismo de la pandemia por covid-19, la oposición a la vacunación y al distanciamiento social así como las teorías conspirativas se mezclaban con banderas de serpientes amarillas.
RADAR logró determinar tres metodologías de violencias con distinta gravedad. En primer lugar aparecen los ataques a símbolos y lugares, que son mayoritarios. Luego el hostigamiento e intimidación a personas o colectivos y por último los atentados contra la integridad física y la vida. El reporte de hechos es colaborativo y está abierta la posibilidad de informar nuevos.
Por otro lado, el proyecto también diferencia colectivos afectados y “narrativas de odio”. De los primero 173 casos reportados distinguen 85 dirigidos contra identidades políticas, 60 referentes al negacionismo y la apología a la dictadura, 50 con contenido misógino, antifeminista y antilgbt+; 22 con contenido nazi, antisemita y supremacista; así como 16 que contenían racismo y xenofobia.
La impunidad como garantía
Una de las características que presenta esta nueva oleada de organizaciones de ultraderecha es que tienen presencia pública en las calles y muchas veces, incluso reivindican sus ataques a través de redes sociales, aún así la Justicia pocas veces tomó cartas en el asunto.
Revolución Federal, Equipo Republicano, Nueva Centro Derecha, Centro Cultural Kyle Rittenhouse y Fuerza Unidaria Argentina (FUA) son algunas de las organizaciones que aparecieron entre 2020 y 2022. Se encuentran relacionados ya que participaron en conjunto de diversas marchas e incluso comparten adherentes.
En el intento de magnicidio contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el delito de odio más trascendental de las últimas décadas, la Justicia evitó investigar las posibles relaciones financieras, políticas e institucionales que pudieran tener Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los tres detenidos y autores materiales del ataque a la vicepresidenta. De hecho, el 30 de mayo pasado el fiscal de la causa Carlos Rívolo cerró la investigación.
En ese entonces Fernández manifestó que la omisión de investigar a otros posibles implicados se trata de “un nuevo acto de consagración de la impunidad”. Luego, en agosto pasado, su abogado Marcos Aldazabal expresó en la TV pública que “la jueza de la causa (María Capuchetti) no hizo otra cosa que obstruir la investigación”.
Las últimas novedades del caso muestran un informe de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que menciona llamativos transferencias millonarias irregulares que recibió Jonathan Morel, uno de los referentes de Revolución Federal (RP), por parte de fideicomisos pertenecientes a la familia del ex funcionario macrista Luis Caputo durante el 2022 hasta octubre, luego del atentado contra la vicepresidenta. Recordemos que RP fue una de las agrupaciones que impulsaron las manifestaciones en el domicilio de Fernández.
Exacerbar la violencia
El aumento de casos de violencia y ataques de la derecha radicalizada en coincidencia con los resultados de la última elección dan cuenta de un fenómeno preocupante que va en aumento.
Las exacerbaciones alentadas desde arriba y la aparente impunidad parecen potenciar el problema. ¿Una posible victoria de Milei en los próximo sufragios podría significar que estos hechos se multipliquen?
