Porno Star

Foto de portada: Gentileza Matías Gramajo

Las denuncias por “hackeo” a la audiencia pública por la Autovía de Punilla pone contra las cuerdas los planes de una obra, atravesado por intereses electorales por encima de los ambientales.

Por Lea Ross

“Siempre los miro desde mi rincón,
Encañonados por la desazón,
Por más que quieren huirle al dolor
No pueden hacerlo
Y yo lo digo porque soy igual:
Diez años yendo al mismo lugar,
Como que estoy esperando que pase
Algo inesperado ¡y no!

(…)

Una estrella fugaz
Hoy perseguí
Rocé la eternidad
Y me extinguí
Porno Star, por no estar,
Porno star, por no estar, por no estar ahí“
– Bersuit Vergarabat. “Porno star”.

Lo que ocurrió el viernes pasado en la Audiencia Pública para discutir la Autovía de Punilla, lleva de nombre zoombombing o meetbombing. Consiste en la interrupción de una reunión virtual mediante la exposición de ruidos sonoros o de imágenes que desvían el eje. En este caso: videos pornográficos. Más allá de sus razones, más proclive al ejercicio de una broma, ese “hackeo” no hubiese ocurrido de no ser por el tamaño de su convocatoria.

Un total de 916 personas se inscribieron, que se fragmenta entre quienes lo hicieron como “expositores” (685) y como “asistentes” (231), donde lo primero habilita realizar una intervención de quince minutos para opinar, mientras que el resto solo para estar presente. Se sospecha que una parte de esa segunda categoría esperaba también dar su opinión, sin percatarse que existía esa división.

En la siguiente gráfica, vemos la evolución del número de inscripciones diarias, donde las barras celestes son las personas registradas como “expositores”, las naranjas como “asistentes” y la línea blanca representa la sumatoria de ambas.

Desde el primer día del 17 de marzo, hasta el 24 de marzo, hubo un promedio de cuatro inscripciones diarias. El 25 de marzo tuvo un leve empuje de inscripciones, lo que sería un “bulto”, ya que luego se desinfló hasta el 2 de abril, con una meseta promedio de una decena de inscripciones diarias, cuyo último día alcanzó las 16 inscripciones. A partir del fin de semana anterior, comenzó un paulatino crecimiento exponencial, donde el sábado alcanzó las 65 anotaciones, es decir, cuatro veces más. Para el domingo 4 de abril, cae en 48 inscripciones.

Y a partir del inicio de la semana, el lunes 5 de abril -el antepenúltimo día-, ya se torna un crecimiento geométrico imparable, donde se alcanzan las 170 inscripciones, recuperando esa cuadruplicación, para luego llegar al martes 6 de abril con 316 inscripciones y terminar con 172 el último día, miércoles 7 de abril, debido al cierre de anotaciones para las doce del mediodía. Toda esa semana, conformada por dos días y medio, acaparó el 72% de todas las anotaciones.

Finalmente, a partir de una revisión de los nombres que van a exponer, se calcula que como mínimo un 66% de los “exponentes” se manifestarán en contra, a favor lo harían como mínimo un 14% y el resto, casi una quinta parte del total, no se ha determinado con seguridad su postura. Trasladando los porcentajes de las dos posiciones dicotómicas en ésta segunda gráfica, donde lo celeste son “en contra” y lo verde son “a favor”, vemos que efectivamente a partir del 24 de marzo -el “bulto”- se inicia un abultado registro de quienes saldrán a defender el proyecto. Pero su tendencia va a la baja, al ceder espacio para quienes se amontonaron en contra del proyecto vial.

Éstos datos son relevantes, porque permiten dar cuenta de la envergadura que tendrá que lidiar el Gobierno. Porque si bien las audiencias no son vinculantes, sí es obligatorio para el secretario de ambiente, que tiene la última palabra para otorgar el aval ambiental de todo proyecto, justificar el porqué de su decisión, respondiendo las críticas realizadas a todo proyecto cuando han tenido enorme peso en una audiencia, según el Artículo 29 de la Ley Ambiental Provincial 10.208. Eso fue lo que ocurrió en la Autovía de Montaña de 2018, donde se le exigió a la empresa proponente una serie de cambios en el trazado para recibir la licencia ambiental. La firma Caminos de las Sierras SA consideró que esos detalles eran inviables y directamente le propuso al gobernador Juan Schiaretti, cambiar completamente el proyecto, que es el que conocemos hoy en día.

De hecho, como vemos en la gráfica, es a partir del inicio de abril que se abre unas “tenazas”, cuya brecha lleva a que quienes se posicionan en contra serán los que tendrán mayor protagonismo. Eso se debió a una fuerte campaña comunicativa de índole territorial y virtual (Facebook y Whatsapp), por parte de las asambleas ciudadanas en los últimos días de las inscripciones, llegando a una cifra emula a la que fue la audiencia de 2018 (957 en total), que fue la más masiva desde que se creó la actual normativa provincial de 2014.

Con la diferencia que en ese entonces solo se requería mandar un e-mail con el número de documento, mientras que en éste caso se demandaba un registro desde el Ciudadano Digital, desconocida para distintos sectores de la comunidad serrana, deshabituadas al uso constante de los teléfonos móviles para fines administrativos, como sí ocurre en las grandes urbes.

Llegada la audiencia, se inició con una serie de quejas de las personas presentes por cortes de luz programados por EPEC, justo en la zona centro-sur de Punilla, dificultando la conexión a Internet. Todo se rebalsó con la aparición de desconocidas cuentas que exponían videos condicionales; una burla que se torna frecuente en reuniones masivas y de mucha difusión.

Todo esto llevó a que la Secretaría de Ambiente tomara un “cuarto intermedio” hasta el próximo lunes a las nueve de la mañana, y con mayor restricción para la entrada a la plataforma virtual. Incluso, pautando una nueva lista estableciendo, según el número de orden, el día a exponer.

La extensión del mismo llevará a ser una maratónica audiencia que durará hasta mediados y fines de mayo. Una situación engorrosa para la Provincia, cuyo trámite “ambiental” para ésta obra esperaba concluirlo en el verano, para luego en el mes de marzo iniciar con la licitación de su construcción. Todo bajo el afán que el primer tramo de la autovía quede terminado para mediados de 2023, como moño de regalo para las elecciones a gobernador, indispensable para una gestión que ni siquiera pudo definir quién será el heredero de De la Sota y Schiaretti, ante el temor de una pandemia que pone en jaque a los oficialismos.

Lo que se viene

Cecilia Sánchez es coscoína y profesora de química para un colegio de San Roque. Activa en la Asamblea San Roque Despierta, surgida en 2017 a partir del anuncio de la construcción del puente sobre el lago San Roque, que sería el primer tramo de toda la autovía completa. Según la lista de oradores, ella es la primera expositora. Curiosamente, también fue la primera en expresarse en contra del trazado anterior, durante la audiencia en 2018. En ese entonces, las primeras 50 a la hora de hablar fueron a favor, acaparado por varias figuras de la función pública. Cecilia era la número 51, y recibió una ovación de aplausos, por parte de otras asambleístas, en tiempos de participación ciudadana presencial.

Para La Luna con Gatillo, aportó algunas apreciaciones al respecto sobre ésta instancia:

Para quienes quieran conocer algunos puntos polémicos del Estudio de Impacto Ambiental, pueden leer un informe que realizó su humilde servidor, a título personal, en el siguiente documento:

Más allá de eso, se puede pronosticar algunos tópicos que estarán presentes en la sucesión de exposiciones, con sus generalidades o detalles que quedarán plasmadas a partir del lunes, que se pueden enumerar a continuación:

• Rechazo a la modalidad virtual de la propia audiencia pública (y que ahora se agravará luego del “porno star”);
• Al Estudio de Impacto Ambiental, que se subió a la página web de la Secretaría de Ambiente, le faltaron los anexos (que se tuvieron acceso a los mismos por la difusión de un link de otro drive por las redes sociales);
• La mitad de las fojas de los anexos están mal escaneados;
• Las matrices de valoración son ilegibles;
• El Estudio dice que el 17% de bosque nativo atravesado es de zona roja de alta conservación, pero un documento aclaratorio dice que en realidad son 29%;
• No se ha hecho un relevamiento sobre las distintas problemáticas sociales y ambientales de la zona;
• En el “Informe de Vegetación”, se incluye un párrafo con tachaduras y subrayados. En lo tachado, interpretado como lo descartado, es un pedido de “acciones” tendientes a “cambiar la traza”. Lo que figura como subrayado son las “medidas tendientes a compensar las acciones por la remoción de la vegetación”. Al reemplazar “acciones” y “cambiar la traza” por definiciones más vagas como “medidas tendientes a compensar” no genera claridad en cuánto a la solución del mismo, al recurrir con términos poco precisos, además de generar inquietud, confusión y poca seguridad;

• En el “Informe Fauna Silvestre”, se realiza un relevamiento de los animales categorizados según el nivel de conservación. Figuran como cercanos a la amenaza algunos molosos y el hurón menor. Como casi amenazadas, el pejerrey, el colicorto pampeano, el vampiro común y varias familias de murciélagos. Como vulnerables están la corzuela parda, el chelco espinoso, la vizcacha, el coipo y algunos felinos como el gato montés, el yaguarundí y el puma. Finalmente, el gato del pajonal está como especie en peligro. Incluye una tabla con notas de referencia, que son inentendibles por el escaneo de las fojas. El estudio se limita solo como solución los pasos de fauna y nunca aclara la distribución geográfica de éstas especies, las razones de por qué tienen esas categorías y ni siquiera explica cómo las obras de la autovía impactaría en su hábitat.
• El Estudio confirma que atraviesa reservas naturales, como la Reserva Los Gigantes, sin aclarar si eso es legal o no;
• Se atraviesa una gran cantidad de zonas de valor paleontológica y arqueológica. Para evitar algún daño, se propone solo contratar a un paleontólogo y un arqueólogo, y que el encargado de obras solo se limite a la “prospecciones intensivas antes del inicio y monitoreo durante la ejecución de la obra”. No explica protocolos, modalidad de trabajo, composición del personal, etc;
• Las voladuras afectarían principalmente entre la progresiva 21+700 hasta el 39+600. En el informe preliminar, se asegura que es “inadmisible” hacer explosiones en sectores de alto valor paleontológico y arqueológico. Dentro de aquella extensión, las zonas de riesgo máximo arqueológico conforman una extensión de siete kilómetros, mientras que las zonas de máximo riesgo paleontológico son de tres kilómetros. Es decir, un total de diez kilómetros, solo para la región de mayor sensibilidad topográfica, que se supone no debería utilizar explosivos;
• Faltan trabajos de evaluación limnológicas. No hay mediciones sobre parámetros físicos, químicos y biológicos, ni mucho menos la presencia de contaminantes en las formas de agua. Más aún viniendo de un trabajo que atraviesa con un nuevo puente al dique San Roque, y que luego hace lo mismo con el Río Yuspe, además de atravesar arroyos que desembocan en su lago. No se sabe si la obra agravará o no el problema de la eutrofización del lago;
• Reconoce que la obra atraviesa en “territorio de la comunidad Tica Comechingón”, pero no cita normativas que amparan los reclamos indígenas, ni qué rol jugaran en las instancias de participación ciudadana, donde el propio informe brega con demasía.
• Se exige un trabajo de ordenamiento territorial, previo a la realización de toda obra de semejante magnitud;
• Quejas por la demanda de deuda dolarizada para solventar las obras, en tiempos de incertidumbre financiera;
• Se exige una mejor finalidad de fondos públicos, destinados a la construcción de centros de salud o de vivienda;
• Denuncias que el proyecto no se destina para el turismo o el paso de vehículos particulares, sino para facilitar el transporte de gran porte para el cargamento de materia prima exportable.

Y nos da la leche

Más de una persona sospecha que el meetbombing del viernes pasado fue orquestado por el propio Gobierno de Córdoba para boicotear aquella instancia que se volvía insostenible. Eso explicaría cómo algunas de esas cuentas lograron acceder como administradores para “bombardear” su material porno. Es muy poco probable que eso sea cierto. Aunque… eso explicaría algunas otras noticias insólitas, y “subidas de tono”, que ocurrieron ésta semana.

El insólito hallazgo fue respondida por el gobierno, afirmando que se trató de un “error técnico” y que ya fue sumariado el empleado público que subió esa información. Desde sectores de la oposición, identifican que las denominaciones “semen”, “servicios de plantación de cultivos” y “caseta de vigilancia”, halladas en determinadas planillas presupuestarias, estarían vinculados con algún negocio de la ganadería vacuna, donde el semen sería el principal insumo para un laboratorio, el cultivo para rodear el sector, y la vigilancia como modo de custodia privada.

Precisamente, sobre eso último, la Sociedad Rural de Jesús María avaló el avance en el Congreso para discutir la tipificación de “vandalismo rural” en el Código Penal, en referencia a ataques en los campos de distinta índole, como agujerear sus silobolsas. Pero nada dijo públicamente que su comisión directiva decidió expulsar a su reciente ex presidente Luis Magliano, que en éste momento está detenido en la provincia de Santiago del Estero, por el robo de más de 3.500 vacas.

Pero eso no evitó que la cuenta oficial de YouTube de la Legislatura de Córdoba -cuyo equipo de comunicación es manejada por quienes operan con el bloque mayoritario de Hacemos Por Córdoba- subiera ese mismo viernes de la discordia un simpático video sobre la visita que realizaron algunxs ediles al establo Las Chilcas, empresa socia de Magliano.

La destilería que figura en el video fue aportado por Porta Hnos. para que ese establo produzca el bioetanol, que luego es administrado por esa misma empresa aportante. Tanto Porta como Las Chilcas, junto con el ex prófugo y hoy arrestado Magliano y su empresa de la discordia Óleos del Centro, conformaron la sociedad Maíz Energía SA, para tener habilitado la producción del biocombustible por parte de Nación, tal como lo expuso La Luna con Gatillo.

Aquel tour de visita por el establo estuvo a cargo de la legisladora Nadia Fernández, presidenta de la comisión de Asuntos Ecológicos del Poder Legislativo, que no solo hace oídos sordos a las denuncias contra Porta Hnos. por las emanaciones de gases de su fábrica en el sur de la ciudad, sino que además va a exponer a favor de la autovía de Punilla en la audiencia pública, bajo el número de orden 51. La misma que tenía Cecilia en la audiencia de 2018.