Alfajores para todxs

Del robo de dólares a la producción de golosinas transgénicas: los dueños de un negocio goloso. El discurso “verde” que lleva a una concentración empresarial en pocas manos. De Le Monde a Anfibia, se zambullen los salieris de Huego para criminalizar al ambientalismo. Los puntos polémicos de los fallos para encarcelar a 27 estudiantes de la UNC. Y el principio del fin de la Autovía de Punilla: lo local y lo global.

Por Lea Ross

La noticia de “alfajores transgénicos” se dispersó por fuera de la sección empresarial de los portales web, al ritmo de los compartidos en los grupos de Whatsapp. Titulado por el diario Clarín como “la boda del año”, el acuerdo entre las empresas de alimentos chocolatosos Havanna y de investigación biotecnológica Bioceres funciona más como una estrategía operación de lobby más que de mercadeo.

La novedad mercantil es el uso del trigo transgénico HB4, tolerante a la sequía, y que permite un uso más eficiente del agua y una mayor fijación de CO₂ que un trigo convencional (sic, así lo escribió Clarín).

Havanna pertenece a un holding, conformado por los siguientes caballeros: Chrystian Colombo, Guillermo Stanley y Carlos Giovanelli. Los tres tuvieron su paso por el Banco Macro, el banco privado local más importante del país e impulsado por el banquero fallecido Jorge Brito.

Colombo fue secretario de gabinete de la presidencia de Fernando de la Rúa. Mientras que Stanley y Giovanelli fueron altos ejecutivos de la filial local del banco estadounidense Citibank. Durante las investigaciones por lavado de activos en el 2001, se descubrió que Citibank mandaba dinero al Banco República, perteneciente al inefable Raúl Moneta, considerado como “el banquero favorito de Menem”, que a su vez lo mandaba al Federal Bank de Bahamas, y de ahí al Citibank de Estados Unidos.

Citibank también es considerado como parte del lobby que presionó al gobierno de De la Rúa en el 2000 para el plan Blindaje de la mano del ministro de economía Luis Machinea, para “blindar” de dólares la permanencia de la Convertibilidad mediante préstamos bancarios y del FMI; y luego, con el plan Mecanje de la mano de Domingo Cavallo, que llevaron a un acelerado crecimiento de pago y endeudamiento, que transfirió los principales depósitos del Banco Central, a cambio de bonos de deuda que entraron en default. Y con ello, el anunciado Corralito, como parte de la peor crisis financiera vivida hace una década atrás.

Así, Stanley y Giovanelli canjeaban sus bonos para extirpar los dólares en la bancada, a la vista del propio Colombo, mientras tenía que dar la cara ante las cámaras de televisión y siendo uno de los pocos funcionarios que se quedó en Casa de Gobierno hasta el estallido del 20 de diciembre. Después de eso, el ex funcionario abandonó la política y se asoció con los dos fugadores que, contradictoriamente, le hicieron la vida posible. Ponele.

Stanley, Colombo y Giovanelli. El del medio, se tuvo que comer a la prensa.

En el medio de todo eso, nacía Bioceres, de la mano del aporte de 600 dólares por inversionistas en ascenso, como son Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.

El éxito de Bioceres se vio una década después, mediante la obtención del gen hahb-4, extraída del ADN de un girasol, cuya característica principal es la resistencia a la baja de humedad. Esto les permitió crear la soja HB4, anunciada en 2011, pero con aval definitivo en el 2015. Y fue en octubre de 2020 que consiguieron el mencionado trigo transgénico, con la expectativa que su venta sea autorizada en Brasil, país donde gran parte del cereal que se consume proviene de nuestros suelos. Todavía el mercado del país vecino permanece reticente.

Con la supuesta llegada de éstos alfajores, en las 150 sucursales que tendría Havanna en el país vecino, funcionaría como un método de presión para esa habilitación.

Marcha para pocos

“La necesidad de una agricultura regenerativa, que le de más al suelo de lo que le saca se impone y se va abriendo camino”, señaló Federico Trucco, CEO de Bioceres, a la hora de justificar el cultivo del trigo HB4. En otras palabras: tenemos una agricultura que extrae más al suelo que lo que le da. Eso nunca lo dirían las compañías que se dedican a la producción de biocombustibles (biosidel y bioetanol), que hoy se sienten un poco oxigenadas por la extensión de plazo de 60 días a la actual ley de biocombustibles, que la semana pasada estuvo a punto de vencer sus beneficios impositivos. Era eso, o tolerar la aprobación en el Congreso de una iniciativa oficialista de reducir el corte del suministro y privilegiar a las pequeñas y medianas empresas.

Sobre ese último punto empetrolado, el productor y docente Claudio Demo, durante una charla virtual organizada por la Universidad de Río Cuarto, expuso en unas diapositivas las empresas que concentran el negocio de biodisel, a base de soja. Allí aparecen Cargill, Eurnekián, Pérez Companc, AGD-Bunge y Glencore, la multinacional que pretende impulsar el proyecto minero MARA, sobre el yacimiento de Agua Rica, y que ya contó con una docena de detenciones en Andalgalá.

La cantidad de nombres se reduce cuando pasamos al bioetanol. En particular, a base de caña de azúcar, desarrollada en provincias del norte, donde figura entre otros los ingenios Ledesma.

Finalmente, se torna más aberrante en el caso del bioetanol a base de maíz, donde los negocios quedan solo en media docena. Sobre AGD-Bunge y Vicentín, Demo señala que se trata de “empresas dominantes. Que reciban subsidios y cupo del Estado, es una cosa bastante aberrante”. Con respecto a que el negocio permite frenar el consumo de combustibles fósiles, señaló que si “se quisiera hacer un ahorro energético importante, habría que recuperar los ferrocarriles para transportar toda la carga”.

Cuando al ministro de industria de Juan Schiaretti, el ex kirchnerista Eduardo Accastello, le preguntaron, para el portal Letra P, qué le parecía la propuesta del oficialismo nacional de beneficiar a las PyMES, respondió: “Es parte de un debate falso. Si se define una política pública en base al nombre de una empresa, estamos en un error. Ojalá pudiéramos tener 500 AGD en el país, o 500 Arcor”. El presente cronista le causó gracia la respuesta, porque le rememoró una crónica que realizó sobre la visita de Grobocopatel a Córdoba, donde declaró: “El problema no es Monsanto. El problema es que necesitamos 20 Monsantos”. En esos tiempos, en pleno conflicto de Malvinas Argentinas contra la empresa extranjera, Accastello, que era candidato a gobernador bajo sello K, dijo públicamente que estaba en contra de la instalación de la multinacional en la localidad cordobesa.

En Córdoba, el bioetanol ss un negocio de solo cuatro cabezas, donde además de ACA Bio, aparecen Promaíz (de la multinacional Bunge y la mencionada AGD), Bio4 y Maíz Energía. Por si fuera poco, dos de esas empresas tienen al mismo accionista. Ésto se ventiló en la mencionada charla, donde otro expositor, el presidente de Bio4 Manuel Ron, en la presentación de sus diapositivas no figuraba el logo de su compañía, sino de una supuesta competencia: “Maíz Energía SA”. Bio4 y Maíz Energía tienen un mismo dueño: Porta Hnos.

Pero además de Porta, Maíz Energía tiene (o tenía) como socio accionista a Óleos del Centro SA, la firma de Luis Magliano, imputado por la desaparición de más de cuatro mil vacas en el norte del país. Otro socio de su compañía, también está imputado, al igual que su propio hijo. Sectores del rubro chacarero han señalado que por la magnitud de cabezas, se estaría hablando del verdadero “robo del siglo”. Sería una suerte de secuela a la última película que protagonizó Guillermo Francella, en el cual nuestro gobernador tuvo la suerte de tener su encuentro con ambas figuras.

Schiaretti con los protagonistas del Robo del Siglo I y II.

Pero no hay que olvidar que AGD y Porta aportaron al financiamiento de las campañas de Hacemos Por Córdoba. O sea, de las cuatro empresas, tres dieron su dineral al oficialismo.

Además, la mencionada Bioceres de Sigman-Grobocopatel, la creadora del trigo transgénico, tiene negocios con Porta Hnos. Se trata de la producción de quimiosina vegetal, mediante el procesamiento de granos de cárcamo transgénico para extraer su enzima para fabricar quesos. Ese trabajo se realiza al sur de la ciudad capital, en la misma fábrica de Porta donde se denuncian sus emanaciones de gases por contaminación, por parte de las vecinas en los barrios aledaños. Así lo establece la sede oficial de la sociedad anónima llamada AGBM, cuyo presidente es José Porta y el vice es el mencionado Federico Trucco, CEO de Bioceres.

José Porta (h) y Hugo Sigman, recibiendo el Konex 2018.

Progresismo naif y ecologismo bobo

Se advertía que a partir de los piedrazos ocurridos en Chubut contra el presidente Alberto Fernández, en el contexto contra la iniciativa de su gobernador para habilitar proyectos megamineros, se podía desencadenar una serie de artículos periodísticos contra las organizaciones socioambientales, pero desde medios de comunicación de tinte progresista. Y es que cuando se agudiza un conflicto, el hilo de las caretas se debilitan y son vencidas por la gravedad.

En general, el bombardeo informático contra toda organización que denuncia al extractivismo, recurriendo más a la burla que al debate, provienen del ámbito de las noticias empresariales, como las que difundieron los alfajores transgénicos de Havanna-Bioceres, y en particular del ámbito rural. Allí se tuvo como precursor a Héctor Huergo, histórico encargado de la sección Clarín Rural.

Héctor Huergo y sus salieris, a la hora de burlarse del ambientalismo.

Hoy, los salieris de Huergo en los medios “progres” son los economistas Eduardo Crespo y Claudio Scaletta, y el politólogo José Natanson, director del semanario Le Monde Diplomatique, financiado por Hugo Sigman. Natanson no solo habilitó que Scaletta, un twittero que habla de “ecochantas”, escriba una nota referido a ese tema en su periódico, sino que además, desde su columna televisiva en el canal C5N, pidió poner con un prominente zócalo el título “Ambientalismo bobo”.

No bastando con eso, la dupla Crespo-Natanson siguieron con sus contenidos en el portal Anfibia, donde el primero publicó un articulo referido al “Progresismo naif”, mientras que el otro, hizo una aparte sobre el “ecologismo bobo”.

Anfibia hablando de “bobos” y “naifs”.

La nota de Crespo, que también desde Twitter habla de un “troskismo ambientalista falopa”, se publicó en Anfibia el lunes 3 de mayo, mientras que la de Natanson fue el jueves 6 de mayo. Resulta notorio que ambas publicaciones se hicieron dentro de una misma semana, tratándose de un portal que no realiza publicaciones diarias. Más cuando la volanta de la nota de Natanson hace referencia a la “licencia social”, término no muy presente en la cobertura de los medios de comunicación tradicional y sí en los medios alternativos.

Anfibia se caracterizaba por realizar crónicas que unieran la profundidad periodística y académica, con una supuesta preocupación sobre los distintos modos de violencia, sea la estatal, la de género y la simbólica. Como todo anfibio, los ambientes cambian. Y lo que antes era recorrer las calles, hoy se conforma ceder ante pedidos de escritos desde la comodidad de las oficinas, sin interés de escuchar a los “bobos”.

La misma comodidad que tuvo la legisladora provincial Nadia Fernández, que a la hora de participar de la Audiencia Pública por la Autovía de Punilla, accedió a su propia oficina de la Legislatura para decir en su intervención que existe en Córdoba un “ecologismo foquista, extremista, antiestado”. La supuesta cabeza de la rama progre del PJ, siendo la presidenta de la Comisión de Ambiente, es la misma que le tira loas a Porta Hnos., beneficiaria de varios incentivos por parte de ese Estado, mientras retwittea a los salieris de Huergo.

Estudiantina

Un inédito juicio se esperaría en la ciudad de Córdoba, donde se pretenderá juzgar a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, acusados por haber ejercido una toma en el principal establecimiento de los altos estudios, ocurrida en el año 2018, en el contexto nacional de proclamas salariales de docentes y presupuestos educativos. Quien llevó a cabo la instrucción fue el juez federal Hugo Vaca Narvaja, el mismo que dejó un sabor agrio al no reclamar el cierre de la fábrica Porta Hnos. y solo exigir que esté al día con los papeles de evaluación ambiental.

El delito que se los acusa es el de usurpación. Parte de quienes asesoran legalmente al estudiantado procesado señalan que esa tipificación no se aplica en el contexto de una protesta social, porque quienes protestan, a la hora de ocupar un establecimiento, no se pretende desplazar al poseedor de esa infraestructura. Es decir, solo se aplica cuando se vulnera el derecho privado.

Por esa razón, el juez Vaca Narvaja no pudo encontrar ningún antecedente cercano que permitiera avalar su resolución. Solo pudo contar con el apoyo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que condenó a trabajadores que tomaron una imprenta, conocida como el fallo “Ribas”, con fecha del 13 de mayo de 1964. Es decir, hablamos de un hecho y de una resolución que ocurrieron más cerca de la Reforma Universitaria de 1918 que de la toma del Pabellón Argentina del 2018. Dicho sea de paso: entre los firmantes de esa resolución, está el juez José Bidua, designado durante el gobierno de facto de José Guido.

Otra cuestión llamativa tiene que ver de cómo se obtuvieron los 27 nombres para hacerlos sentar en el banquillo de los acusados. Según la resolución para el pedido de procesamiento, se consiguieron por escritos que presentó el denunciante, el vicerrector de ese entonces Pedro Yanzi Ferreyra. Para amparar la legitimidad de esa lista, Vaca Narvaja se conformó con la repetición de algunos de esos nombres en publicaciones del diario La Voz del Interior. El fallo en sí, puede ser útil a nivel académico para demostrar cómo los medios de comunicación colaboran con la criminalización de la protesta.

Finalmente, a la hora de pretender que la protesta no es un derecho absoluto, Vaca Narvaja publica una supuesta cita de Jean Paul Sartre: “la libertad de uno termina donde comienza la de los demás”.

El presente cronista consultó con ávidos lectores del filósofo francés y negaron categóricamente que Sartre haya dicho semejante cosa. Y a la hora de buscar en internet, con el afán de obtener algún documento que contenga esa cita con la firma del mencionado pensador, nos encontramos con que aparece un sin número de imágenes con “frases célebres” para las redes sociales. Si un juez federal recurrió a un “meme” como fuente, estaríamos hablando de una severa irregularidad en cuanto a su profesión. Peor que la de cualquier estudiante recurriendo al Rincón del Vago.

De lo local a lo global

El viernes pasado, se concretaron la totalidad de las exposiciones de la Audiencia Pública por la Autovía de Punilla. Es importante aclarar que la Audiencia no ha terminado. Ya que el próximo jueves 20 de mayo, llega la instancia donde se leerán todas las preguntas formuladas -no solo durante las exposiciones, sino también las que se acumulan vía email- para ser respondidas por lxs autores del Estudio de Impacto Ambiental. Se espera una catarata de consultas, de difícil pronóstico sobre la duración de la misma.

Con una cantidad superior a 500 exposiciones, donde el 89% expuso en contra de la obra vial, se convierte así en la audiencia de mayor convocatoria en la historia de las luchas ambientales de Córdoba. La totalidad de exposiciones y su posicionamiento de cada día se pueden observar en el siguiente gráfico.

Lo llamativo que también tuvo ésta audiencia, es que las exposiciones en contra se enfocaron tanto en el habitar de su propia comunidad, como así también la denuncia de que el trazado es influenciado por intereses del capital trasnacional, bajo el sello de “plan IIRSA”. Son muy raros los casos de discusión vecinal, donde se congenia de manera armónica lo local con lo global.

Quizás también sea un efecto de una crisis que se está viviendo a nivel planetario, con la incertidumbre que está generando la pandemia que está marcando la firma de éste siglo. Y con ella, ante la necesidad de tener perspectivas que ahonden lo humanitario con la humanidad, pero teniendo como contracara los límites de perspectivas progresistas o desarrollistas, sean legisladores, periodistas y jueces.