Autovías, incendios y negocios redondos

El proponente de la Autovía de Punilla habló de más y está ahí de tocar el Código Penal, a la altura de la coima. Los confusos números de las obras viales de la provincia, en particular, la Autovía Ruta 5 en Paravachasca. De la obra pública del asfalto al crecimiento inmobiliario, todo suma para financiar campañas. Y con ella: las especulaciones sobre el origen de los incendios. De cómo desmontar e inundar se convierte en un negocio redondo.

Por Lea Ross | Ilustración:@nico_mezca

El responsable de la Autovía de Punilla parece que habló de más. Nos referimos al ingeniero Jorge Alves, presidente de la empresa Caminos de las Sierras SA y proponente del cuestionado proyecto vial serrano.

El lunes pasado había sido consultado por un periodista de La Voz del Interior para conocer los detalles del avance del tercer carril de la avenida de Circunvalación, una de las más jugosas que tiene el gobernador Juan Schiaretti a la hora de inaugurar en tiempos electorales. Aprovechando el contacto con el entrevistado, el colega Pablo Petovel le preguntó si había novedades sobre la alternativa a la Ruta Nacional 38 sobre el valle de Punilla. La respuesta quedó explayada, al día siguiente, en el portal del diario, al pie de la página del artículo titulado “Aseguran que el tercer carril de la Circunvalación estará antes de las elecciones”. Dice textual: “Alves dijo que ‘salió la resolución de Ambiente’ y que ‘se empezará con el proceso’”.

Hasta el día de la fecha, no se tiene información que la Secretaría de Ambiente haya emitido ninguna resolución al respecto. Hablamos de la normativa en donde la autoridad ambiental decide si le otorga o no la licencia ambiental, es decir, el aval que considera que la traza es viable desde el punto de vista ambiental, según los documentos presentados por la empresa y por los aportes que se brindaron en la audiencia pública. Sobre esto último, aquella instancia participaron más de 500 personas, que duró un mes y medio, y el 90% se posicionó en contra de la obra.

Por más que Caminos de las Sierras es una entidad empresarial en donde casi todo el paquete accionario está en manos del Estado provincial, la firma como tal no deja de ser un proponente particular y, por ende, no debería contar con información privilegiada en pleno proceso de resolución que ejerce la administración pública, a la hora de definir o no el proyecto propuesto. Estaríamos hablando de la existencia de un posible caso de tráfico de influencias por parte del gabinete provincial, y que en el Código Penal argentino lo pone en el mismo capítulo que el delito del cohecho. Es decir: de la coima.

Capítulo 6 del Código Penal. Nada como juntos a la par.

Proponentes con lengua larga

El hecho rememora lo ocurrido un 2 de agosto de 2016, cuando la ciudad de Córdoba recibió la visita del megaempresario acaudalado Eduardo Eurnekian, con la justificación de participar de la inauguración de obras del Aeropuerto Internacional Taravella. Sin embargo, la prensa local sabía que existía un trasfondo por fuera de sacarse una foto con el intendente de la ciudad Ramón Mestre, el gobernador Juan Schiaretti y el presidente Mauricio Macri. Tenía que ver con el tema candente de los terrenos del Ex – Batallón 141, donde el dueño de Aeropuertos Argentina 2000 pretende invertir encima de la misma un barrio de alta gama, recibiendo el cuestionamiento de vecinxs de zonas aledañas, debido al temor por la saturación de servicios. Cuando Eurnekian llegó a la capital cordobesa, la Secretaría de Ambiente todavía estaba estudiando el estudio ambiental, más lo resuelto por su respectiva audiencia pública.

Rodeado de cámaras de televisión, un movilero le preguntó si tenía previsto el inicio de esas obras, a lo que respondió: “Hoy hablé con el gobernador Schiaretti. Le pregunté sobre los últimos documentos que él tenía que aprobar. Me dijo que ya lo había hecho. Le dije que ni bien los reciba, a los quince o veinte días estamos iniciando las obras”. Otra movilera, sorprendida por las declaraciones, le repreguntó: “¡¿El gobernador le confirmó que el estudio de impacto ambiental que se esperaba, es favorable, que puede iniciar el emprendimiento?!”. Y Eurnekian, al percatarse que habló demás, aclaró: “Eehh bueno, yo no le pregunté tan específicamente. Pero la audiencia pública la han conocido ustedes los resultados, han escuchado lo que se ha dicho. Las conclusiones que han sacado que esto no afecta el medio ambiente”.

El magnate nunca había presenciado los dos días de esa audiencia pública, donde alrededor de un 60% expuso en contra de la inversión privada. Un día después de sus declaraciones, el secretario de ambiente de ese entonces puso su firma y su sello a la Resolución 221 para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del negocio de uno de los mayores multimillonarios del país.

Eurnekian había comprado esas tierras en el año 2007, por parte del gobernador José Manuel de la Sota. Fue en el mismo contexto en que su firma constructora, Helport SA, se asoció con la firma local Britos SA, para quedarse con la concesión del segundo tramo del Camino del Cuadrado, obra cuestionada por sus costos e implicancias ambientales. En ese entonces, las oficinas de Britos fueron ocupadas por ex funcionarios de De la Sota, entre ellos, Horacio Miró.

In crescendo

En noviembre de 2020, durante las discusiones entre legisladores sobre la propuesta del manejo del presupuesto de cara al año 2021, el ministro de finanzas Osvaldo Giordano había enviado un informe de análisis sobre algunos objetivos referidos al manejo de esa torta. El título que figuró en ese escrito era “Los grandes números del presupuesto de la provincia de Córdoba para 2021”, todas en letras mayúsculas.

En su capítulo número seis, refiere al “plan de obra pública”. En ese entonces, se previó un monto de $ 67.000 millones, de los cuales unos 60 mil millones corresponderían a las obras propiamente dichas, mientras que 7 mil millones son gastos en bienes de capital. Un 42% de esos 60 mil millones, se destinarían en el rubro vial: casi $ 25 mil millones. En ellas, aparecen como “obras viales más relevantes por su magnitud monetaria”, la “Autovía Punilla”, aunque con el aclaración de “varios tramos”, con un aporte de unos $6.195 millones. Y unos escalones más abajo, aparece la “Construcción duplicación de calzada ruta 5 Alta Gracia- Anisacate – Villa los Aromos (varios tramos)” con un monto de $3.114 millones.

En base a la cotización del dólar oficial de ese entonces, hablamos que ese presupuesto para “varios tramos” sin precisar para el caso Punilla estaría reservado en unos 75 millones de dólares. La cifra es acorde al crédito que se otorgaría por parte de la Corporación Argentina de Fomento (CAF). Sin embargo, existen otros U$S 25 millones que serían desembolsados desde la provincia, para dar la totalidad de los U$S 100 millones.

En cuanto a las obras de la ruta 5, tres meses después del documento de Giordano, febrero de 2021, el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, declaró en La Voz del Interior que el costo de la obra ascendía a $ 3.900 millones. Sin embargo, en la respuesta al pedido de informes que hiciera la legisladora Cecilia Irazuzta, de la Coalición Cívica a finales de junio pasado, el ministerio de referencia calculó el precio en $ 4.800 millones, según señaló la periodista Graciela Pedraza para el portal Prensared. En base a la cotizaciones oficiales, las respectivas cifras se igualaban en U$S 36 millones (noviembre de 2020), U$S 43 millones (febrero de 2021) y U$S 51 millones (junio de 2021).

Suponiendo que aceptamos los últimos cómputos, las dos autovías implicarían una inversión total de 150 millones de dólares, equivalentes a casi 14.000 millones de pesos actuales. Eso es el doble del presupuesto anual para el Ministerio de Promoción de Empleo y de la Economía Familiar ($ 7.743.939.000), 14 veces más del Ministerio de la Mujer ($ 996.857.000), 28 veces más de la Secretaría de Ambiente ($ 507.560.000) y 21 veces del área de Ciencia y Tecnología ($ 663.586.000). Por otra parte, aquel monto equivalen a más del 57% del crédito designado para el personal de salud de la provincia para este año: $ 24.661.217.000. Un plantel que viene denunciando una mayor profundización de precarización laboral, al ritmo de los contagios y ocupación de camas por Covid-19.

Finalmente, la preocupación de los habitantes del valle de Paravachasca son muy parecidos a las preocupaciones en Punilla, con respecto a las respectivas nuevas trazas: atraviesa zona roja y amarilla de bosque nativo, como así también distintos arroyos y otras fuentes de agua. También se señala que ambos caminos pasarían sobre zonas que fueron incendiadas durante el año 2020, que fueron los de mayor expansión de fuego que hubo en el presente siglo. Finalmente, sospechan que detrás de esos caminos, se desencadenaría un boom inmobiliario y una nueva alternativa para que los camiones de gran porte transporten materia prima para la venta del exterior. La fecha para la audiencia pública de la “Autovía de Paravachasca” será el próximo lunes 9 de agosto.

Los diezmos

La obra pública, en particular en el rubro vial, maneja una enorme y sensible cantidad de fondos públicos. Tan elevados, y reajustables, como para que las mismas puedan ser destinadas para el financiamiento de las campañas electorales. Gran parte de los aportes a las actividades electoralistas de Unión Por Córdoba provinieron de los “diezmos” otorgados por empresarios o por las propias firmas que ganan licitaciones para distintos proyectos anunciados por el Estado.

A partir de los escándalos judicial-mediáticas sobre esas estrechas relaciones (caso Lázaro Báez, José López, caso “cuadernos”, etc.), la metamorfosis de Unión Por Córdoba a Hacemos Por Córdoba significó, para el PJ cordobés, un cambio de su propio sostén económico, a la hora de pactar con algunos partidos para concretar esa alianza.

De ahí que los aportes solidarios para solventar la campaña de Hacemos Por Córdoba en 2019 no figuraron más empresas que estaban metiendo asfalto a flamantes caminos. Pero sí aparecieron desarrollistas inmobiliarios. Esos mismos que se beneficiaron con el Estado provincial en la obtención de tierras fiscales a precio vil, gracias a los remates realizados por De la Sota.

Los salames

En la última semana, con el inicio de temporada de riesgo de incendios, emergieron los siguientes focos:

• Lunes 12 de julio: incendio de grandes dimensiones entre las localidades de Cosquín y Molinari, en Estancia del Fano. Por esas regiones, están presentes los únicos campos de soja y maíz transgénico del departamento Punilla.
• Viernes 16 de julio: incendio surgido en la quema de pastizales en el empalme de Ruta 5 con C-45, zona conocida como el “Camino de los Lecheros”, en cercanías de Alta Gracia y próximo a la flamante autovía.
• Lunes 20 de julio: tres focos de incendio surgieron a la noche, en los barrios Las Flores, Rumi y La Mesada en la ciudad de La Calera, conocida ciudad rodeada de monte, pero también de barrios privados y canteras.
• Martes 21 de julio: se quemó un amplio sector de Malagueño, pegado al ex centro clandestino de detención La Perla.

La magnitud de las llamaradas que hubo el año pasado desencadenó que en diciembre de ese año, el Congreso Nacional aprobara la famosa Ley 27.604 de “anti-fuego”, donde penaliza a todo aquel que pretende ejercer determinadas actividades en zonas donde ocurrió un incendio sobre bosque nativo. Es decir: que el propio Estados nacional, tanto legislativo como ejecutivo, reconoce que es factible pensar que los incendios se provocan por una finalidad especulativa. Perspectiva gubernamental que, hasta el día de la fecha, no ocurre a nivel provincial, donde en sus propagandas televisivas sostienen que quien inicia los incendios es un salame.

Desde el año pasado que se vienen acrecentando las sospechas sobre el origen de los focos de incendio para ejercer actividades económicas primarias (agricultura y ganadería), secundarias (minería) y terciarias (pasos para el transporte, y emprendimientos para el turismo y el entretenimiento). Desde el interior de las localidades, vecinxs advierten sobre esas causalidades por el dominio de información que se tienen en las regiones. Y a nivel extra-regional, las teorías se acrecentaron a partir de la difusión de las siguientes informaciones:

• La propagación que hubo en las redes sociales sobre una entrevista de archivo que le realizó Radio Nacional Córdoba al especialista en aves Guillermo Galliano, donde sostuvo que en regiones donde hubo bosque quemado, en la actualidad hay barrios privados: “Digo un caso concreto: camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, ahí había bosque nativo, con toda la biodiversidad que ahí habita. Veamos qué hay ahora: todos countries, barrios cerrados”. Por allí, ocurrió el segundo foco de incendio de éste año, mencionado en la lista anterior.
• La nota periodística titulada “Los caballeros de la quema”, de Sala de Prensa Ambiental, que ventiló que la familia ganadera Becerra cuenta con una serie de causas judiciales por mandar a quemar sus campos y, con ello, resurgir los pastizales para alimentar su ganado. Para su humilde servidor, sin duda que esas directivas partieron desde sus coquetas viviendas del Jockey Club, en la ciudad de Córdoba, donde a veces juegan al golf con, entre otros, Luis Eduardo Remonda, de la familia que manejaba el diario La Voz del Interior, y hoy dueño de campos en Sierras Chicas, con la expectativa que surjan nuevos caminos viales para sus intereses inmobiliarios.
• Los incendios ocurridos en Villa Santa Cruz del Lago, en suelos aledaños a donde se pretende invertir el emprendimiento Torres del Lago, el Miami del San Roque, a la vera del embalse, que permanece frenado al cancelarse la audiencia pública ambiental para su debate.

Según un reciente informe del portal UNCiencia, se estará por conocer en los próximos meses un mapeo de las “cicatrices” que dejaron los 9.210 focos de incendio ocurridos entre los años 1988 y 2018, que afectó a 1,6 millones de hectáreas de suelos serranos en nuestra provincia. Es el equivalente al 58% de esa geografía completa. Las cifras provienen del banco de datos de un grupo de investigación del Instituto Gulich, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Un dato preliminar a destacar es que la fecha más antigua de ese período es a la vez la que mayor hectáreas fueron incendiadas: unas 350 mil en total. Se trata de una cifra muy similar a lo arrasado el año pasado.

El mapeo podría significar un paso importante a la hora de solapar la ubicación de esos incendios con lo que existe hoy en día en esos terrenos quemados.

Redondito el tsunami

El asfalto, que se utiliza para pavimentar los caminos viales, son fabricados mediante el procesamiento de minerales que se extraen en las canteras, que se ubican en general en las montañas de las Sierras Chicas, blanco predilecto para el surgimiento de los incendios. De hecho, antes de la audiencia por la Ruta 5, existirá para el día 3 de agosto otra instancia de participación ciudadana para debatir sobre el estudio ambiental de una cantera, llamado “Puesto de Funes”. La inversión es cuestionada por pretender instalarse sobre zona roja de bosque nativo y sobre las Reservas Hídricas y Recreativas Naturales Bamba y Villa Allende.

El empresario proponente es Fabián Reggio quien, además de dedicarse a obtener la materia prima necesaria para avanzar en autovías, también tiene sus activos en la empresa Concor SRL, donde gana contratos con el Estado provincial.

De hecho, en mayo del año 2015, Concor SRL recibió avales para facturar más de seis millones pesos. ¿Para qué clase de trabajos? Para atender los daños ocurridos por las trágicas inundaciones ocurridas el 15 de febrero de ese año, donde hubo millonarias pérdidas millonarias y con personas fallecidas.

El primero trabajo fue el 11 de mayo, para reconstruir y refaccionar distintas infraestructuras dañadas; un trabajo que lo consiguió por contratación directa, sin licitar. El segundo fue el 20 de mayo, directamente por decreto del gobernador, para recibir un abono sobre determinados trabajos pasados, pero también ligados a los desastres materiales por aquel diluvio. Finalmente, el 21 de mayo, mediante una resolución de obras públicas, Concor fue contratado para la carga y transporte de material en esas zonas afectadas.

Es decir, que una empresa dispuesta a seguir desmontando el bosque nativo, trabaja a la vez para paliar las secuelas provocadas por la impermeabilización de los suelos, fruto del retroceso del bosque y el avance de la mancha urbana.

Un ejemplo de cómo un “tsunami caído del cielo” se vuelve redondo para un negocio.