Pachamama con soja, autovías y sequías

El funcionario provincial que administra las autovías para el Corredor Bioceánico es el mismo que operaría para profundizar la exportación de granos de soja. Los errores de la Autovía de Punilla se repetirían con la Autovía de Paravachasca. Frente a la demanda de dólares, se pretende acrecentar las exportaciones, con socios de cerealeras, represores y operadores de prensa. Sequía del Paraná y llegada de la variante Delta, ¿nuevamente el peronismo es la solución?

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

El lunes 9 de julio, habrá una audiencia pública para discutir sobre una autovía, que pretende ser una variante del tramo de la Ruta Provincial 5 que va entre la ciudad de Alta Gracia y la localidad de Villa Ciudad de América. Sería el segundo proyecto vial provincial más importante del año a construirse, después de la Autovía de Punilla, y que también ha traído polémicas sobre su sostenibilidad ambiental, debido a su paso en bosque nativo, cuencas hídricas y reservas.

Pero otro dato en común de ambas autovías es que, a la hora de definir las respectivas trazas, fueron delineadas mediante una metodología de comparación entre distintas alternativas posibles. En el caso de la variante de la Ruta 5, se dividió el recorrido de punta en punta en tres sectores (A, B y C), que a su vez se subdividen en dos o tres sub-alternativas, como lo muestra la gráfica, extraída de su propio estudio de impacto ambiental.

A la hora de definir las ventajas y desventajas de cada uno de estos siete posibles pasos, se estableció sus “fortalezas” en los siguientes ítems: 1) Longitud del tramo; 2) Velocidad promedio de los vehículos; 3) Cantidad de accesos en ambos lados; 4) Expropiaciones de suelos; 5) Instalación de alcantarillas; 6) Interferencias por un gasoducto y cruces viales a construir; y 7) Tamaño de suelos a mover por desmontes y terraplenes.

Los resultados fueron expuestos en la siguiente tabla, donde el margen más derecho, se supone, expresa la sumatoria de todo lo medido en cada tramo. Sin embargo, como lo marcan los círculos de rojo, los valores no se condice con la totalidad correspondiente, donde el A1 debería dar 16 y no 15; el B1 da 3,6 y no 3,5; el C1 3,6 y no 3,5; y finalmente: el C2 da 2,8 y no 2,7.

Pero más allá del error aritmético, a la hora de sumar los números que figuran en el margen derecho, se contempla que la combinación con puntaje más bajo, y por ende con mayor efectividad, es la combinación A3-B2-C3.

Pero inmediatamente después, el estudio ambiental se arrepienta de recurrir a ella, porque la variante C3 se aleja de los centros poblados y atraviesa terrenos de gran desnivel. De allí que “se escogió como preliminar la opción A3-B2-C2 que es la que se utiliza para avanzar con el estudio ambiental, determinando la línea base”.

Pero no conforme con eso, el trabajo también señala a posteriori que “se realizó una importante modificación a la traza original”, porque la “atravesaba una ladera con una gran pendiente, que conforma parte de la cuenca del Arroyo El Parral que descarga en el arroyo Los Quebrachos que es afluente del Río Anisacate de donde todas las poblaciones del sector toman el agua”. A eso se le suma que “estas laderas se encuentran dentro de una zona categorizada como roja”, según la ley provincial de bosques, y que “se pudo determinar en el relevamiento de campo la existencia de bosque nativo muy importante”.

El trabajo en sí reconoce que la matriz comparativa fue limitada. Y la explicación sencilla es porque no tomó en cuenta otros “ítems” que demandaría la realización de semejante trabajo, como es la presencia de bosques, reservas, cursos de agua, características geológicas, etc., como así tampoco las zonas de riesgo arqueológico y paleontológico. Es decir, tuvo un reduccionismo financiero-automovilístico, que solo se limitó en aquella que ahorrara inversión y garantizaría mayor velocidad para los vehículos.

El mismo error

Esto es muy parecido a lo ocurrido en el caso Punilla, donde también se realizó un método cuanti-comparativo que, a la hora de definir qué solución otorgar a la saturación de la Ruta Nacional 38, se midió distintos caminos posibles, donde resultó ganadora la “Alternativa 1” o “pedemontana”; conocida también con el nombre instalado de “Autovía de Montaña”.

Este método también fue cuestionado, porque no solo que no se tomó en cuenta los factores ambientales generales que mencionamos anteriormente, sino que tampoco las más específicas de la región, como fue la presencia del yacimiento de uranio Rodolfo. Los autores de éste trabajo recibieron una cachetada durante la audiencia pública de 2018, donde fue cuestionada por más del 80% de las exposiciones. En ese entonces, la Secretaria de Ambiente resolvió otorgar su aval si modificaba la traza para alejarse de las reservas y del material radiactivo. La empresa Caminos de las Sierras dijo que eso era inviable y el Gobierno de Córdoba decidió cambiar completamente los planos.

Los caminos del Zurdo

Al igual que Punilla, las asambleas del Valle de Paravachasca plantean la sospecha que ese proyecto pretende también funcionar como un tramo viable para el paso de camiones que transporten cargamento exportable. De hecho, la traza no solo atraviesa bosque nativo, sino también campos de soja y maíz.

A nivel provincial, quien se está encargando de administrar los caminos viales para mejorar la circulación de mercadería exportable al extranjero es Jorge Luciano Montoya, conocido en el PJ como el “Zurdo”, quien es el actual secretario provincial de Integración Regional. Está casado con Nora Cingolani, quien ha participado de empresas dirigidas por renombrados represores de la última dictadura.

Zurdo Montoya jugando al candy crush en plena charla sobre corredor bioceánico.

Un año atrás, agosto de 2020, Montoya participó de una disertación titulada “Corredores Bioceánicos Suramericanos”, junto a otros 19 funcionarios del subcontinente. “Hemos visto por parte del actual Gobierno Nacional un compromiso importante para que esto sea posible”, señaló el “Zurdo” en referencia a la construcción de caminos que conecten los dos océanos, sin dejar de advertir que es “la Nación que debe definir los lugares centrales por dónde puede cruzar el corredor”.

Poroteos

Dos meses después, en octubre de 2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo del ministro Luis Basterra, anunció una grandilocuente propuesta llamada “Iniciativa 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”. El objetivo es recaudar todo eso de acá hasta el año 2030, para lograr que su liquidez al comercio exterior genere las divisas necesarias para encarar la delicada economía de la presente década (pos)pandemia.

Semejante osadía fue avalada por resolución 216/2020, con la firma de Basterra. Allí se encuentra adjuntado un anexo donde explica que para poder lograr la obtención de estos nuevos granos se apunta a la “recuperación” de entre 500.000 y un millón de “hectáreas agrícolas en zonas de exclusión/amortiguamiento con el uso de nuevas tecnologías seguras (Agtech)”, que garantizarían una reducción de hasta el 80% en el uso de agroquímicos. Esto representaría aproximadamente un ingreso normalizado y sostenido por exportaciones de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Cuando habla de “zonas de exclusión/amortiguamiento” se refiere a los terrenos periféricos de distintos pueblos que han impuesto sus propias normas para restringir las fumigaciones, con el glifosato a la cabeza, ante la preocupación de las comunidades por los impactos en la salud. En la provincia de Córdoba, se estima que hay más de una veintena de localidades con leyes comunales que crearon “resguardos ambientales” para restringir los cultivos intensivos. Algunos de eses terrenos sin cultivar fueron loteados de manera irregular.

Fumigando antecedentes

Dentro del actual organigrama de la cartera del ministro Basterra, se encuentra la Subsecretaría de Agricultura, departamento del Estado a cargo de administrar todas las políticas referidas a la siembra, el cultivo y la cosecha. Quien la encabeza, desde el inicio de la actual gestión de gobierno, es el contador público Delfo Emilio Buchaillot, dueño de un pool de siembra y que trabajó en la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, durante la segunda gestión de Juan Schiaretti, con sede en Rio Cuarto. Su foto de perfil en Twitter es un curioso archivo de su participación de un evento del Grupo Clarín.

Casi dos décadas atrás, Buchaillot fue contrato por el empresario multimillonario Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza (AGD) y un poderosísimo cerealero, como su propio asesor particular para el Congreso Nacional. Eran tiempos donde el aceitoso de General Deheza se había lanzado a la política nacional, de la mano del frente Unión Por Córdoba, impulsado por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Buchaillot es oriundo de la localidad cordobesa de Alejandro Roca, donde está la sede de Promaíz SA, que pertenece a AGD y la multinacional Bunge, donde producen bioetanol a base de maíz y que financió las campaña de Schiaretti en el año 2019.

En la lista de asesores de Urquía como senador “delasotista”, aparece Buchaillot a la cabeza por el orden alfabético. Justo abajo, aparece Nora Cingolani, la esposa del “Zurdo” Montoya, el operador de los caminos. Después de trabajar como asesora del dueño de los aceites Natura, Cingolani pasó a dirigir la empresa agropecuaria Aviar Navarro SA, junto con torturadores e incautadores de bienes de personas desaparecidas del centro clandestino ESMA, como fueron Miguel Ángel “el Colorado” Egea y Norma Radice, hermana de Jorge Radice, secretario del represor Emilio Massera. Cingolani entró a la empresa como directora suplente y, luego, como vicepresidenta. Casi dos años después, renunció para ser reemplazada por Egea y su esposa Bárbara Franz. Un año después, Cingolani y Egea volverían a compartir un directorio en la consultora Tex-Mon SACIF.

Egea murió en Miami en el año 2016. Y hasta ahora, Cingolani nunca explicó sobre estos antecedentes. Tampoco su esposo Montoya que, a diferencia de su pareja, tenía una edad mucho más avanzada como para ser consciente de lo que pasaba en los años setenta.

Negocios y medios

Por debajo de la Subsecretaría de Agricultura, a cargo de Buchaillot, está la Dirección Nacional de Agricultura, con Ignacio Martín Garciarena a la cabeza, otro reconocido empresario que maneja tanto la cría de ganado y de cultivos como fondos financieros, y que llegó a esas oficinas públicas en la presidencia de Mauricio Macri. Y a su vez, debajo del mismo, está la Dirección de Innovación, Buenas Prácticas y Tecnología Agrícola, a cargo del ingeniero agrónomo Andrés Aníbal Méndez. Según reveló el portal Striptease del Poder, se trata del hermano del periodista Tomás Méndez, expulsado del canal C5N hace unos meses atrás.

Un mes antes que Basterra oficializara la resolución para el lanzamiento de la iniciativa de las 200 millones de toneladas de cosecha a exportar, Andrés Méndez ya se lo había adelantado como primicia al diario La Nación, donde fue un colaborador habitual en algunas columnas. Allí aseguró que el Estado Nacional estaba dispuesto a ocupar 700 mil hectáreas para la actividad agrícola intensiva, pero con “cero deriva”, en referencia a asegurar que los productos químicos no se dispersen hasta impactar en los cuerpos de los que habitan los pueblos aledaños a los campos. Para eso, se promete recurrir todo tipo de tecnología avanzada como robótica, sensores, estación meteorológica, agtech aplicadas y nanotecnología.

Eso explicaría por qué el conductor televisivo Tomás Méndez, en su programa ADN Federal en C5N, exponía varios informes sobre la problemática de los agrotóxicos. Al instalar el tema ante un público masivo, resultaba oportuno para que su hermano se encargara de convencer al resto del sector agroindustrial en la apropiación de nuevas tecnologías, apegadas al uso de software, app, drones, robótica, entre otros.

Y esto se evidencia a partir del año 2017, mientras ADN exponía ésta problemática y Andrés escribía para La Nación sobre los beneficios de adquirir robots en los campos, al crearse la empresa Producciones del Centro SRL, dedicada a “servicios de telecomunicaciones”, es decir, habilitada para brindar tecnología de información para los productores agrícolas.

En dicha firma, figuraban como socios el propio Andrés Méndez, Miguel Ángel Ponce de León, co-conductor de ADN que acompañaba a Tomás en aquellos informes contra el glifosato, y David Mauricio Urreta, ex concejal del Bloque ADN del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, partido político que impulsó el periodista y que luego se desguazó. Actualmente, Urreta es subsecretario de Integración Regional del gobernador Schiaretti. Es decir: es el número dos del “Zurdo” Montoya, marido de Nora Cingolani, socia de la “patota de la ESMA”.

Andrés y Miguel cedieron sus acciones en febrero de este año, justo cuando el primero desembarcó en el Estado Nacional, a Urreta y a un desconocido llamado Mateo Hensel Veritier, de 21 años de edad y que tiene el mismo domicilio que el funcionario “montoyista”. Según la AFIP, la dirección oficial de la empresa es Caseros 261, piso 4 y departamento H. Esa es la sede del “Estudio Urreta Cingolani & Asociados”, de Nora y Daniel, esposa y colega del Zurdo Montoya.

Bajada de línea

El plan de sobresaturar la producción de granos no parece ser acorde con la alarmante situación que está viviendo el Río Paraná, fuente de agua donde se transporta esa materia prima en los buques trasatlánticos. Eso quedó subrayado por la imagen que registró el satélite SAOCOM del 3 de julio, que fue comparada por la CONAE con un archivo del 24 de julio de 2019. La pérdida de agua tanto en el río como en la laguna Setubal, donde ambas separan las ciudades de Santa Fe y la capital de Entre Ríos, es notable.

La primera causa de esto es la baja de precipitaciones, donde no se cumplió con las expectativas del verano pasado. La segunda causa es por la deforestación, donde las especies autóctonas no logran regular el ciclo hidrológico. Según recolectaron el abogado Johantan Baldiviezo y la ingeniera hidráulica María Eva Koutsovitis, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística estimó que, en el presente siglo, Brasil perdió hasta 30 millones de hectáreas, que es el 8% de sus bosques y selvas de la Amazonas, mientras que el Pantanal Paraguay, según el Global Forest Watch, fue de 6 millones. En el caso de nuestro país, perdimos el doble: 14 millones de hectáreas en Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. La tercera explicación se basa por la navegación fluvial intensiva que genera el sobredragado del río, alterando su morfología y equilibrio natural, debido al enorme crecimiento de productividad agrícola, que lleva a demandar mayor presencia de vehículos marítimos de enorme porte.

Finalmente, se advierte los límites que genera la inversión en infraestructura para paliar éste escenario, donde en los procesos de potabilización se generan trasvasamientos de cuencas con elevada vulnerabilidad, por el colapso de la toma de agua. La represa Yacyretá opera la mitad de su capacidad, debido a que solo llega a mover doce de sus veinte turbinas. Según sus reportes, junio fue el mes con el segundo valor de caudal medio mensual más bajo de los últimos 120 años. A esto se le suma los problemas operativos en las centrales térmicas de Vuelta de Obligado, San Martín y San Nicolás, donde el primero tiene el mayor riesgo de perder generación. Finalmente, las dos centrales nucleares Atucha I y II, en la provincia de Buenos Aires, también podrían tener complicaciones para generar electricidad si se persiste la bajada del río.

Asesinos por naturaleza

Si a todo esto le sumamos la llegada de la variante B.1.6172 o Delta del SARS-CoV-2 a nuestra provincia, quiere decir que el país está viviendo la más alarmante situación económica-sanitaria-ambiental del presente siglo.

Que la dichosa cepa se dispersó por culpa de alguien que violó el aislamiento a penas llegó a la capital cordobesa, luego de su retorno a un país vecino, bastó para que desde las redes sociales el jefe de investigación periodística de Radio Nacional, Juan Alonso, dijera que Córdoba es una “provincia de mierda” y con “gente de mierda”. E incluso responsabilizó a los cordobeses de las próximas muertes por Covid-19, comparándolo con el asesinato del caudillo Facundo Quiroga.

Juan Alonso llegó a ese cargo por sus investigaciones judiciales sobre el caso de Santiago Maldonado, del cual se cumple cuatro años de la fecha de su desaparición. Luego del hallazgo de su cuerpo, ocurrido el 17 de octubre de 2017, el presente cronista recuerda que cuando aquel colega fue invitado en el programa televisivo de Gustavo Sylvestre, dijo que la criminalización contra el pueblo mapuche, del cual Santiago defendía, “va a crecer indudablemente”.

A eso le replicó Alejandro Bercovich, en ese entonces panelista del programa, que le aclaró que hay “un consenso general en todos los partidos hegemónicos de la Argentina en el consenso de los commodities, tanto en la mega-minería, como en el petróleo, como en la soja. Todos avanzaron en los últimos 20 años, gobernara quien gobernara, frente a esta clase de territorios”.

“Yo soy periodista, no vine como dirigente político”, es lo único que pudo responder la lengua larga de Alonso.

Cojer

No será el periodismo, pero sí la Política, con mayúscula, aquella que logre construir una instancia superadora al actual período necrológico que estamos viviendo. Una expectativa que no parece reflejarse en la veintena de listas que se presentaran sobre las mesas de los colegios para las elecciones de las PASO del 12 de septiembre. Por lo menos, en Córdoba.

Lo curioso es que los dos oficialismos (Frente de Todxs y Hacemos por Córdoba) anotaron sus nombres sin rispideces de gran envergadura. No solo eso, sino que sus principales figuras provienen del movimiento peronista, excluyendo de este modo a los que son de sectores más progres o de otras expresiones territoriales que no sean las del justicialismo.

Las demás expresiones fracasaron rotundamente: macristas, radicales, trotskistas, libertongos, providas… todxs se dispersaron en distintas listas, o participando en internas donde no se sabe en qué se diferencia una lista de la otra. La razón es la misma que el irresponsable que dispersó la variante Delta a Córdoba: la supremacía del ego atomizado frente a la capacidad de construcción en la diversidad.

El único que generó un equilibrio fue el peronismo, aún estando dividido. Porque si en una de sus listas, Hacemos Por Córdoba, pretende atraer a un votante desinteresado de dicha fuerza política, bajo el sello de “Ellas”, la lista del Frente de Todxs sí pretende atraer al votante más peronista, a partir de dos figuras que tuvieron su centralidad en el PJ como fueron Carlos Caserio, tercera cabeza histórica del aparato, y Olga Riutort, ex compañera de De la Sota. Así, el peronismo cordobés, a diferencia de lo que ocurre en Santa Fe y Tucumán, logran una competencia armoniosa, al quedar claramente fragmentado sus respectivos electores. Es Coca y Pepsi. Todo lo demás, es Manaos de distintos sabores, pero sin gas.

Habrá que ver si eso sería una señal para que el peronismo sea la única con capacidad de gestión para revertir la dramática situación que se vive, como lo logró en la Argentina posterior a la crisis financiera mundial de 1929 y la “década infame”, pero con el no menor detalle que colaboró férreamente en éste panorama desolador. Porque no todo es macrismo.

El humorista Pedro Saborido dice que las distintas expresiones políticas bienintencionadas son como la educación sexual integral, donde el peronismo es el único que logra concretar el acto sexual. Y es cierto. Pero lo que no aclara es que algunas ocasiones fueron sin consentimiento.