Pandora Papers en Córdoba

Una radiografía sobre algunos de los casos más resonantes de poderosos empresarios cordobeses, involucrados en el mayor destape mundial sobre negocios offshore.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha liberado la base de datos de los Pandora Papers, el destape más pesado de información sobre empresas ocultas en guaridas fiscales de la historia mundial. El registro consta de los nombres de compañías, sus accionistas o beneficiarios directos y los domicilios particulares que recurrieron éstos últimos a la hora de identificarse.

Ya sea lo que fueron los Panamá Papers, o en este caso los Pandora Papers, éstos casos son ideas o nociones sobre cómo funciona el mundo y cómo incide en ello en nuestras vidas. Cuando se realizó aquella primera revelación, en abril de 2016, el pensador Slavoj Zizek decía que lo más sorprendente era el hecho que nos haya sorprendido, revelando nuestra ingenuidad de no creer que personas adineradas sean capaces de ocultar sus patrimonios.

A pesar de la perspectiva criminalística, se estima que solo un tercio de los billetes ocultos provienen de negocios ilícitos como el narcotráfico o para el pago de sobornos, mientras que las dos terceras partes restantes son transferencias por acuerdos comerciales entre grandes empresarios y poderosas compañías, que pretenden alejarse de la regulación administrativa y el aporte impositivo. Pero en ambos casos, a la larga y a la corta, terminan completando la guía básica del lavado de activos que fue explicado didácticamente por el personaje de ficción Saúl Goodman, el abogado inescrupuloso de las series Breaking Bad y Better Caul Saul. En la siguiente escena, lo hace para tratar de convencer al joven novel narcotraficante Jesse Pinkman sobre los riesgos de portar billetes mal habidos y de cómo solucionarlo.

Esos tres pasos explicados por Goodman (ubicación – estratificación – integración), se aplica también a la fuga de billetes en guaridas fiscales, cuando se tratan de montos más elevados. Por ende, entre la materialización del dinero “en negro” proveniente del crimen organizado o los fondos no declarados que se “ensucían” en el momento en que no se tributan, llevan a que la letra chica que separa lo ilícito de lo lícito comienza a borrarse su tinta. Porque como dijo el periodista y abogado Hugo Alconada Mon en The Washington Post, los mal llamados “paraísos fiscales permiten a una élite elegir las leyes que deseen. Y si unos pocos pueden escoger qué leyes les aplican, vivimos en dos mundos: uno para privilegiados y otro más estricto para el resto”.

Pero a la vez, por fuera de las bibliotecas del derecho penal, éstos negocios ocultos ensanchan aún más la brecha desigual a escala global: “Reducir el debate a si el beneficiario de una sociedad o una cuenta bancaria en un paraíso fiscal la declaró ante las autoridades tributarias del país donde reside es una oportunidad perdida. Hay que abordar qué debemos y podemos hacer ante los paraísos fiscales: ¿Sancionarlos? ¿Copiarlos? ¿Promover o imponer nuevas normas de transparencia societaria, financiera y bancaria? ¿Fijar una tasa tributaria mínima común de 15% a todas las naciones? Demasiadas preguntas para reducir el debate del offshore a una falsa y elemental dicotomía”, señaló Alconada Mon, también miembro del ICIJ.

Fuga y fumigados

En el caso de los Panamá Papers, el caso cordobés más resonante es la de la familia Remonda, que durante casi un siglo fueron los dueños del diario La Voz del Interior, el medio gráfico más importante de la provincia. En los años noventa, el matutino fue vendido al multimedio porteño Grupo Clarín. Fue el mismo año en que se creó una sociedad offshore llamada ElDorado Ventures Inc., también registrada en las islas Vírgenes Británicas, cuyos accionistas son la acaudalada familia local. La sospecha indica que los Remonda vendieron La Voz a Clarín, a cambio de participar en los negocios offshore, que les permitiría tener cuentas registradas en el JP Morgan, banca donde los directivos del multimedio ocultaron sus fondos, y permitir así realizar transferencias a otra renombrada banca como es el Credit Suisse.

La transacción fue acorde a los tiempos de la globalización noventista, donde se legitimó la concentración empresarial y la desregulación estatal. Eso incidió en la línea editorial del diario cordobés, que desde entonces varios de sus escribas escriben contenidos tanto desde el ámbito político como el de negocios, lo cual generó el armado de un núcleo periodístico con una manera de leer la realidad de manera mercantilista y deshumanizante.

Un efecto del mismo ocurrió ésta semana en las redes sociales, a partir de los videos que se crearon por la campaña “Basta de venenos”, donde distintas figuras de la cultura nacional se expresaron en contra del uso de los agroquímicos. Un intercambio jocoso en Twitter entre el actual editor de Política de La Voz del Interior, Federio Giammaría, y un renombrado columnista de Negocios y de la sección agropecuaria del matutino, Favio Ré, llevó a que el segundo anhelaba “fumigar en serio” a quienes aparecían en esos materiales audiovisuales, incluyendo a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Dichas palabras fueron repudiadas en un comunicado, que alcanzó la firma de más de 1.000 organizaciones sociales, que lo consideraron como un caso de apología del delito. Ante la inesperada reacción en las redes, Giammaría se puso nervioso y trató de comunicarse con esas organizaciones. Mientras que Ré, decidió borrar su mensaje y pidió perdón públicamente por lo ocurrido.

Las disculpas son bienvenidas, más allá que se sustenta en una retórica muy parecida a las polémicas declaraciones que realizó el colega Antonio Laje como respuesta a las acusaciones en contra por abuso laboral. Acotaciones como “pido perdón si alguien se sintió ofendido” es un modo de esquivar el toque a la fibra meritocrática (“creo en los valores, en los méritos, por eso soy así de duro”). Y es que la soja transgénica RR que arribó en nuestro país, en la misma segunda mitad de la década en que se vendió La Voz mientras sus ex dueños lo canjeaban por una offshore, permitió la expansión de la meritocracia sobre la mancha urbana. Esa misma soja en que invirtió Adriana Remonda, una de las escrachadas por los Panamá Papers, quizás como una forma de “integración” de sus fondos en el exterior al interior.

Con coca y fernet

La Luna con Gatillo localizó un total de 24 domicilios de la provincia de Córdoba dentro de lo documentado en los Pandora Papers, cuyos datos en bruto fueron volcados por lxs colegas del ICIJ en la base de datos de “Offshore Leaks” (https://offshoreleaks.icij.org/). Hay alrededor de 32 personas involucradas en la creaciones de éstas empresas fantasmas, entre quienes se incluyen cuatro miembros de la familia Roggio, los acaudalados empresarios que fueron escrachados un par de meses atrás. Allí figura el mandamás Aldo Benito Roggio, con sus herederxs, involucradxs en tres empresas offshore que, según la explicación que dieron en ese entonces, la armaron para poder recibir una herencia. Aldo renunció a la presidencia del holding familiar, cuando confesó hace un par de años atrás haber pagado coimas por la concesión del transporte. También se le espera un juicio penal por haber tenido de socio a la empresa brasilera Odebrecht para un proyecto de obra pública.

La siguiente imagen fue extraída de la base de los Offshore Leaks, donde muestra esa “estratificación” de los fondos, que se transfieren en un pasa manos en distintas cuentas bancarias, a nombre de esas firmas.

Pero hay que tener presente que si bien se pueden encontrar conocidos empresarios en la nómina, también hay figuras desconocidas e incluso posibles testaferros o “presta-nombres”.

Las dos terceras partes de los 24 domicilios se localizan en la ciudad de Córdoba o en los márgenes de la Circunvalación. Una franja importante de los mismos están concentradas en la región noroeste y centro de la capital. Es decir, en barrios cuyo valor de tierra han ido creciendo. Se despliegan casos de Sierras Chicas, explicado sobre todo por integrantes del clan Roggio; en particular, en Villa Allende y el country La Rufina de la ciudad de La Calera. Finalmente, hay casos aislados en San Francisco, Almafuerte, Laboulaye y Traslasierra.

Por último, todas las empresas fantasmas creadas por estos cordobeses fueron anotadas, como domicilio legal, en las islas Vírgenes Británicas, una de las guaridas fiscales más importantes del continente, en particular en la localidad de Road Town, en la costa sur de la isla Tórtola, la más grande del archipiélago, en el tercer piso de un edificio llamado Yamraj Building, pegado a una costa donde se realizan cruceros.

Better call Ancol

Todos los casos cordobeses de los Pandora Papers aparecen en documentos extraídos de los servidores del estudio jurídico Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un buffet mucho más turbio de lo que fue el Mossack Fonseca de los Panamá Papers. Alcogal ha participado en el asesoramiento de renombrados bancos como el JP Morgan y el Credit Suisse, sindicados de ser administradores de grandes fortunas provenientes de actividades espurias.

Alcogal estuvo involucrada en los más resonantes escándalos de corrupción de la región de Cataluña, que puso en jaque al ex presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, y toda su familia, mediante el renombrado “caso Pujol”. Según las investigaciones, la aristócrata familia de empresarios y referentes de la política nacionalista catalana funcionó como una asociación ilícita, al estar implicada en un número indeterminado de negocios ilegales, entre las que se incluyen coimas efectuadas por distintas empresas para recibir algún beneficio por parte de la administración pública. Los fondos recaudados se habrían destinado a cuentas bancarias secretas en guaridas fiscales.

Según archivos periodísticos del año 2016, cuando ya se habían detectado algunas cuentas secretas y tras la confesión del máximo dirigente catalán de tener guardado su patrimonio ilegal en el extranjero, se hizo referencia al papel que tuvo Alcogal en el posible ocultamiento de más mil millones de dólares en Panamá y Belice, guardadas en la Banca Privada de Andorra (BPA), con el asesoramiento del mencionado buffet. La misma banca fue comprada por la constructora brasilera Odebrecht para poder canalizar el pago de sobornos a distintas figuras públicas de América Latina para cartelizar la obra pública continental.

El cónsul

Andrés Orchansky es el Cónsul Honorario de Israel para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Y quizás sea el funcionario de mayor jerarquía en la provincia cordobesa que está involucrado en las Pandora Papers. El 27 de octubre de 2014, registró la sociedad Casteljet Overseas Corp. y a la hora de escribir su nombre personal, puso además el domicilio de su casa, ubicado en el barrio capitalino y coqueto del Cerro de las Rosas. En particular, en la avenida Fernando Fader, una calle repleta de sujetos que también tienen cuentas offshore a su nombre.

Foto de archivo del cónsul, en un acto por el Holocausto, junto al gobernador Schiaretti.

Orchansky realiza distintos negocios ligadas a las tecnologías de información, logradas mediante una destacada influencia a grandes compañias internacionales del rubro. Tal es el caso de Etercor SA, distribuidora de productos de reconocidas marcas como Apple y Nokia. Curiosamente, el consulado de Israel en Córdoba está instalada en la avenida Vélez Sarfield de la capital cordobesa, justo a unos veinte metros donde se encontraba el proyecto Empire Tech, presentada como el call center más grande de Latinoamérica con más de 300 computadoras, y que se trató de un emprendimiento del propio Orchansky, junto a su hermano, lograda mediante el aval de destacas multinacionales como Microsoft, LG, Intel, Hewlett Packard, Telecom, entre otros. El padre de ambos fue Alejandro Orchansky, quien también fue cónsul israelí en nuestra región.

Olor a bosta

El Grupo Beltrán es el mayor holding de carnes en la provincia de Córdoba. Cuenta con ocho frigoríficos y una flota de más de 270 camiones. Según los relevamientos del sitio web Valor Carne, desde el año 2017 que la firma familiar encabeza la lista con más cabezas de ganado faenados por año, por arriba de Coto y Swift. Y también, uno de los integrantes de su familia tiene una empresa offshore en la corona británica. Se trata de Mario Roberto Beltrán, quien el primer día de febrero de 2014 registró la empresa Alborview Limited, en las islas Vírgenes Británicas. De hecho, anotó como domicilio personal la misma que utiliza para todas las empresas que pertenecen al grupo empresarial de la familia.

Lo curioso es que en los registros de la AFIP, Mario Roberto no está habilitado para ejercer actividades ligadas a la ganadería. Él mismo se anotó solo para realizar asesorías empresariales, de contaduría, inmobiliarias y crediticias. En definitiva, todo lo necesario para entablar lazos y dibujar transferencias de fondos monetarios.

A principios del año 2020, un referente de los remates de cabeza de ganado, José Luis Grimaldi, realizó pirotécnicas declaraciones al portal TodoAgro, donde dijo que el clan Beltrán “tiene todo el monopolio de la carne de la provincia de Córdoba”. Entre otras razones, porque habrían puesto a uno de sus empleados como presidente de la federación de frigoríficos del país. Semejante cargo, habría permitido polémicas maniobras “cordobesistas” que llevaron a la inflación de los precios del asado en la provincia: “En Buenos Aires, no cobran faena. Acá en Córdoba, cobran $13 el kilo de faena; por un animal de 200 kilos de carne, cobran $2.600, que eso encarece el mostrador. Luego se quedan con el cuero, con la broza y con la grasa. Si vos sumás todo eso, suma $5.500. ¿Vos crees que matar un animal puede costar $5.500?”, se preguntó retóricamente Grimaldi ante el mencionado portal, que desató una silenciosa discusión en la comunidad ganadera local.

Pritiados

Si uno viaja por la avenida Malvinas Argentinas de la ciudad de Córdoba, a la altura 3.500, se va a encontrar con la planta productora de gaseosas Pritty. Ese mismo domicilio lo utilizó su dueño, Miguel Ángel de Biasi, para crear dos compañías offshore: Claren Corporation, creada el 2 de diciembre de 2002, y Hopeful Finance Group Ltd., el 27 de septiembre de 2006; ambas en el archipiélago británico. En las dos firmas figura también su esposa: Alejandra Elizabeth Becerra, que había utilizado como domicilio la casa que comparten en el Jockey Club, en el lote 129 de la manzana 33.

¿Ah, no? Miguel de Biasi en una entrevista de septiembre del presente año.

La hermana de Miguel Ángel es Cristina de Biasi, esposa del magnate local Euclides Bugliotti, que era socio de su cuñado cuando eran los dueños de los mercados Libertad. Entre las inversiones de Bugliotti, actual dueño de los hipermercados Dinosaurio Mall, están las Torre Milenica, donde se alojan renombradas figuras y otras no tanto, pero que también han abierto sus sucursales en paraísos fiscales, según los propio Pandora Papers. Además, Cristina de Biasi es abogada que trabajaba en el mismo estudio jurídico que Juan Carlos de Goycoechea, el primer empresario que se presentó como arrepentido en el escándalo de los “cuadernos de la Corrupción” en Buenos Aires. Ante ello, tuvieron que cerrar su estudio, ubicado en la avenida Colón en pleno centro de la capital. El hermano de Juan Carlos también figuró en los cómputos de los Panamá Papers, el destape originado en el año 2016.

El matrimonio De Biasi y Becerra también invirtieron en la urbanización del Pueblo Estancia La Paz, en Ascochinga, donde incluye campos de golf y de polo, probablemente mediante la “integración” de los fondos que se alojaron en sus cuentas offshore.

¿La ruta del dinero?

Finalmente, Miguel Ángel de Biasi se sumó a la dirección de una compañía poco conocida pero con renombrados accionistas. Se trata de Airjet S.A. y es una firma creada en el 2005, por parte de Luis Dadomo, reconocido empresario agropecuario del departamento de Marcos Juárez.

Pero en el año 2008, cuando De Biasi y su pareja ya crearon las dos empresas en Centroamérica, Dadomo cedió su directorio a una tropa de reconocidos referentes de la elite empresarial cordobesa. Además del padre de la Pritty, también se colaron Alejandro Asrín, de Tarjeta Naranja; María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea y dueña de la constructora que ha recibido beneficiosos contratos con el Estado Provincial, entre ellos, el puente sobre el lago San Roque, donde se pretende continuar con la Autovía de Punilla; y José Porta hijo, de la fábrica Porta Hnos., cuya destilería es denunciada por contaminar los barrios de la zona sur de la capital. Por tal motivo, cambiaron su domicilio a la calle Obispo Oro de la ciudad de Córdoba.

Según la AFIP, Airjet está habilitado para realizar servicios de transporte aéreo de pasajeros, como así también alquilar equipos de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. Y en el 2011, la empresa recibió la habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil para “explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de reducido porte”. Es decir, estamos hablando de vuelos en jets privados, donde uno de sus directores manejaba dos empresas en guaridas fiscales de América Central. Sin embargo, en el año 2014, el propio Estado Nacional le quitó a Airjet la autorización para realizar esos viajes, al no cumplir con los trámites en los plazos acordados.

Por las dudas, en plena pandemia, en diciembre del año pasado, Airjet cambió nuevamente de directorio y figura a nombre de dos hermanos no tan conocidos, que serían los dueños de una estación de servicios de Shell, y cuya sede fue cambiada y ubicada en Villa Retiro, al norte de la capital, en terrenos lo suficientemente despejados como para que ciertos vehículos puedan despegar.

De Biasi (Pritty), Asrín (Naranja), Astori y Porta. El encanto de volar.