El silencio es (la) salud
Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca
Al igual que muchas otras tragedias, la conmocionante noticia de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” se embarra por ciertos mecanismos de encubrimiento por parte del oficialismo, sumado a las especulaciones electorales que condimentan sectores de la oposición. El día viernes, la intriga se disfrazó de serenidad: de manera simultánea, la confirmación de cuatro personas imputadas se realizó al mismo tiempo que el gobernador Juan Schiaretti invitó a algunas familias de las víctimas a que se presentaran en el mismo día en el Centro Cívico para tener una reunión privada. La prensa tuvo que moverse de un lado a otro, manteniéndose en la entrada del Panal, con la expectativa que las familias salieran a dar un balance de esa charla, y por el otro en las entradas de la Jefatura de la Policía, para registrar el momento de la entrada a una de las detenidas: la enfermera acusada de, supuestamente, haber suministrado de manera irregular inyecciones a los recién nacidos que llevaron a su deceso.
Hoy en día, gran parte de los medios de comunicación han publicado el nombre completo de la acusada e indagando sobre su perfil completo, sin llegar a un mismo equilibrio que con la directora del hospital, la jefe a cargo del área de Neonatología y un responsable del mismo, de los cuales también les pintaron los dedos, con la carátula de omisión de deberes de funcionario público. A la enfermera, se la acusa de homicidio calificado con procedimiento insidioso (por suministro de líquido).
En ese mismo viernes, cuando la prensa le preguntó al fiscal Garzón si los asesinatos fueron intencionales, respondió: “Yo no voy a hacer aseveraciones. Pero en principio, hay lo que la ley requiere: son bastante motivos para presumir que esta persona habría cometido estos hechos de este modo. Pero debo señalar que falta mucho camino por recorrer. Estas personas imputadas van a ser escuchadas, se van a completar con pericias múltiples, de modo tal que estamos lejos de decir, acabadamente, lo que ha sucedido”. Si quieren saber cuál es la diferencia entre aseverar y decir que hay fuertes motivos para presumir el móvil del asesinato de un sospechoso, hay que preguntárselo a Garzón.
La madre de la imputada más nombrada declaró que su hija no estaba a cargo de suministrar medicamentos a las criaturas, sino que su función era cuidar a las madres. Además, la acusación solo apunta a dos muertes, mientras que la investigación señala otros tres más. Por ende, no se podría descartar que las muertes sean multicausales. De ser así, habría una raíz fuertemente institucional en esos decesos.
Para el Gobierno, sería inaceptable que el expediente vaya por esa orientación. Por eso resulta oportuno las declaraciones públicas de Garzón, justo cuando el gobernador estaba consolando a sus familias en un despacho, tratando de darle un cierre prematuro a la causa ante los tiempos preelectorales.
El encubrimiento y la especulación
La investigación apuntan a cinco muertes, además de otros casos de recién nacidos que padecieron secuelas. El número sería acorde a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia, que apuntan a las siguientes fechas:
- uno en el 18 de marzo;
- otro en el 23 de abril;
- otro en el 23 de mayo;
- y dos más en el 6 de junio. Se trataría de los mismos que se avanzó en la causa con imputaciones.
Esa última fecha cayó un día lunes. Y justo el día viernes siguiente, 10 de junio, se convirtió en una fecha de clave para la sospecha de encubrimiento. Porque el Gobierno de Córdoba había orquestado una presentación de equipamientos en aparatología en el interior del mismo hospital donde ocurrieron los fallecimientos. Allí estuvo la prensa, con móviles en vivo. No era para menos: estaba presente el vicegobernador Manuel Calvo.
Cuando se destapa el horror de los números de muertos en el Neonatal, a comienzos de este mes, en medio de las torrenciales cloacas que se hace llamar Twitter, muchos periodistas de Córdoba quedaron sorprendidos por un twit que publicó la conductora radial Mimí Spicher, quien había recordado que aquel día, 10 de junio, dijo al aire que le había llegado la información de que el gobierno había enviado personal encubierto para “secuestrar información” referida a una investigación interna que se llevaba a cabo desde la administración pública. Mimí solo pudo recoger un fragmento en video de lo que ella declaró al aire.
Esta tajante declaración advierte que ese acto que organizó el gobierno fue una “cortina de humo”, como dice la locutora, para evitar que la prensa descubriera que se estaba incautando material en el mismo establecimiento.
Foto: Myriam Campos / LN Mañana.
El número de cinco casos en cuatro meses, que menciona tanto Garzón como el Gobierno, no coincide con las denuncias de distintas familias, que abarcan alrededor de una docena y en una extensión temporal que alcanzaría casos del año pasado. Eso sin contar el cúmulo de denuncias de familiares que advirtieron que sus hijxs nacieron “de milagro”.
El manejo comunicacional del Gobierno han sido tan devastador que, incluso, tuvo la patética idea de haber anunciado, desde sus redes sociales, que se había presentado como querellante en la causa por oficio que lleva a cabo el fiscal Raúl Garzón. El repudio masivo a la pretensión de tener ese rol, sabiendo que el encubrimiento ya había quedado manifiesto, llevó a que Garzón no le costara ni doce horas para rechazar ese pedido.
Así como el oficialismo provincial tuvo un lamentable desempeño, la oposición no se quedó atrás. Porque mientras que un día martes, distintas familias realizaban una manifestación frente al hospital, paralelamente, dirigentes de Juntos Por el Cambio realizaron una conferencia prensa en un coqueto hotel céntrico de la ciudad. Ni se tomaron la molestia de disimular su saciedad eletoralista, al poner a los dos principales candidateables del próximo año -Luis Juez y Rodrigo de Loredo- para ubicarlos en el centro de la mesa. Eso, sin contar la participación de un legislador porteño, conocido como “el marido de Pampita” (también de JxC), que participó de una de las manifestaciones, pero que aprovechó las cámaras cordobesas para gritar y cancherear.
Para ese frente, no le es ajeno la visita que recibió el gobernador Juan Schiaretti por parte del senador nacional Martín Losteau, que sería el último clavo a enderezar en su afán de construir un proyecto político nacional para el próximo año. Según contó el colega Julián Cañas para La Voz del Interior, en septiembre se anunciaría una “tercera alternativa”, que por el momento sería un ensamble entre el peronismo cordobés y dirigentes radicales desencantados con el devenir del frente cambiemista. Lo embarazoso del asunto es que Lousteau trabajaba como “padrino político” de De Loredo.
Suma que resta
Se estima que dos terceras partes, como mínimo, del personal de salud del Gran Córdoba son mujeres, con diferencias salariales respecto a los varones que ocupan los mismos cargos, superando hasta un 50% su remuneración. Durante la pandemia, un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Trabajo, señaló que los trabajadores de la salud pública, que están en planta permanente, pasaron de ser 7.969 trabajadores en el 2012 a 6.236 en el 2018: una reducción del 20,7%. En el caso de trabajadores no permanentes: pasaron de 2.462 en el 2010, a 5.422 en el 2018; aumentaron a 120 %, más del doble. Es decir, hay una continua precarización en las condiciones laborales.
Un informe de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) afirma que más de la mitad de los profesionales en salud precarizados no perciben aguinaldo, y las mujeres no cuentan con licencias de diversos tipo y no cobran ninguna clase de asignaciones familiares, lo que es más agravante para aquellas que están divorciadas o separadas con hijos bajo su tenencia, que sería la mayoría de los casos.
Y no es solo las condiciones laborales, sino incluso los recursos que se cuentan desde los hospitales para los cuidados requeridos.
Lo siguiente, es un análisis de datos, extraídos de las planillas del Ministerio de Finanzas de la Provincia, referidos a los fondos recibidos y ejecutados en Córdoba del Programa nacional Sumar, una política pública que se le entrega a las provincias para brindar cobertura de salud a todas las personas que no cuentan ni obra social, ni prepaga. Antes se llamaba Plan Nacer, porque apuntaba solo al sector materno-infantil. Pero a partir de 2007, se fue sumando a adolescentes y adultos, hasta llegar a las personas de la tercera edad en el 2020, en pleno inicio de la pandemia mundial. Para este análisis, los datos se dolarizaron para medir su capacidad adquisitiva.
Así vemos que en los años 2016 y 2017 hubo un notable crecimiento en los fondos recibimos por el plan nacional, como lo muestra el bulto azulado del comienzo. Pero desde la Provincia, se contempla, con la línea amarilla, un crecimiento a baja velocidad, lo que muestra una suerte de “amarretismo” por parte de la Provincia de no soltar los pesos recibidos. En el 2018, cambia por el agravamiento de la recesión económica nacional, donde la inyección de fondos cae notablemente, con tendencia hasta el año 2020. Irremediablemente, lo gastado prácticamente a estado pegado al límite de ese techo. Para el 2021, se recupera la inversión en el plan en el contexto de las secuelas de la cuarentena, junto con lo realmente invertido. Finalmente, para este año, hay un descenso para el crédito reservado para el plan, y muy lejos a la realidad de 2016, cuando Schiaretti inició su segundo mandato como gobernador. El tramo final de lo gastado solo computa lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo, que son los últimos datos publicados.
Y si nos fijamos en la tabla, vemos que hubo un promedio de casi 10 millones de dólares por año que el Gobierno de Córdoba tenía depositado en sus cuentas, con fondos enviados desde Nación, para que se destinen al cuidado y la entrega de recursos sanitarios necesarios para sectores vulnerables, incluyen a las mamás y sus hijos e hijas. Sin embargo, hubo un ahorro promedio de más de 3,6 millones de dólares anuales. Básicamente, una quita de la tercera parte. Estaríamos hablando de una mínima de 22 millones de dólares.
Ante ese contexto es lo que se está viviendo en Córdoba, ante la dolorosa pérdida de bebés nada menos que en su principal nosocomio de cuidados natales.
¿A dónde fueron a parar esos 22 millones de dólares? Esa es la pregunta que no deja espacio al encubrimiento y al electoralismo.
El destino
Muchos recordarán el almuerzo que tuvo Schiaretti en la Fundación Mediterránea, en el pasado mes de mayo. Allí expuso unas diapositivas. Y en la primera de ellas, atento a un público conformado por empresarios angurrientos de las concesiones que ofrece el Estado provincial, el expositor subrayó como destacado la capacidad de su gestión de haber logrado 5,5 millones de dólares en “ahorros corrientes”, que es un nombre pomposo como para definir aquellos presupuestos estatales que en lugar de ser gastados en lo que deberían, se preservaron para cumplir otras funciones. Incluso, nótese que prefiere hablar de ahorro corriente y no de déficit financiero, porque prefiere hablar en términos empresariales, como si el Estado fuese un negocio propiamente dicho.
Según sus propias palabras, el “mayor plan de obras públicas de la Historia” se logró mediante ese ahorro, basado en la incautación de fondos públicos que eran depositados para otros fines. En el caso del Plan Sumar, para el cuidado de las madres y sus criaturas. Para colmo, hablamos de dinero que fue enviado desde Nación.
Así, se virlaron ese dinero público para magnánimas obras que se utiliza desde la gestión gubernamental para sus campañas electorales, como así también para el pago de deuda externa provincial. Sobre esto último, se advierte que los bonos de deuda dolarizados que emite la Provincia lo realiza, principalmente, para solventar inversiones de esas mismas obras, de dudosa utilidad social, o para afrontar el pago de otros bonos que se lanzaron para ese mismo fin.
Rappi de imputaciones
La mitad de los fondos de obras públicas se destinan al rubro vial. Una tajada importante de los mismos se destinan para las cuestionadas autovías de Punilla y de Paravachasca. En los últimos meses, ambos proyectos han centralizado los conflictos socioambientales más candentes de la provincia, ante el temor que la deforestación genere una crisis hídrica en las cuencas, como así también las denuncias por desalojo y destrucción de zonas de alto valor patrimonial para comunidades indígenas. Y la última semana, hubo un “rappi” de envíos de notificaciones de imputaciones a distintas personas que han participado en distintas manifestaciones, desde el intento por parar las topadoras hasta un escrache público al intendente de la ciudad de Cosquín por avalar el proyecto. Las entregas se realizaron en pleno feriado y con el inicio del hackeo al sistema informático más agravante que tuvo el poder judicial cordobés en su historia. En solo una semana, se cree que hay alrededor de ocho personas imputadas por ejercer el activismo contra esa autovía en Punilla. Si se suman dos casos ocurridos durante los desalojos en el Valle de Paravachasca contra la otra autovía, hablaríamos de alrededor de una decena de manifestantes que tienen causas judiciales en su contra.
De hecho, el día sábado, anterior a la redacción de este informe, hubo cuatro detenciones a defensores ambientales (figura que se recurre en lo estipulado en el Acuerdo de Escazú), al resistirse a las topadoras a la altura de Cosquin-Molinari. Luego de una intensa jornada, previo a la atardecer, fueron liberadxs de la comisaría.
La especulación electoralista no es un privilegio opositor.
