¿A dónde apuntan las armas de los policías?

¿Cómo actúa la justicia cuando un caso de gatillo fácil ocurre en el contexto de un robo? ¿Por qué no hay policías muertos en crímenes ligados al narcotráfico? ¿Qué rol cumpliría un arma policial ante una protesta social? Una crónica en una provincia donde para la justicia, a veces, robar es peor que matar.

Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual

Jueves 9 de marzo. 10:00hs. Ciudad de Córdoba. Tribunales Penales II.

-Señor Benka, a partir de los testimonios que se brindaron, ¿tiene algo para decir antes que pasemos a deliberar la sentencia?, le pregunta la presidenta del Tribunal a uno de los acusados. Él no está en cuerpo presente en la sala, sino mediante un pantalla vía Zoom, debido a que está internado por una neumonía.

-Sí. Llevo 21 años de servicio policial. Y siempre he trabajado bajo la Ley. Simplemente actué para defender a una familia.

-¿Algo más que quiera agregar?, insiste la jueza.

-Sí… Estoy orgulloso de mi trabajo. Y de la Policía de Córdoba.

Con esto, después de un mes de audiencias, se cierran los testimonios y las pruebas para que el tribunal defina, junto con un jurado popular, si el tal Benka colaboró, junto con otros cinco policías, de haber efectuado un operativo de encubrimiento por el asesinato de un joven de veintunaños de edad, perpetrado por un séptimo integrante de la fuerza.

“Tendremos el veredicto en unas tres o cuatro horas”, sostiene la magistrada.

Peligro inminente

Fue el 18 de diciembre de 2020, alrededor de las 5:20 de la madrugada. El sargento ayudante Ariel Adavid ingresó por el garage de una vivienda, donde se notificó un asalto por la línea 101. Con su arma desenfundada, contempló a un adulto amañatado y tirado en el piso. Un joven se presenta en el pasillo, de frente y se entrega: “¡No estamos armados!”. Aún así, Adavid contempla una segunda figura atrás, de espalda y agachada. Efectúa un disparo. Isaías Luna recibe la bala a la altura de su nuca. No llevaba ningún objeto en sus manos.

Un par de horas después, la vivienda es rodeada de policías y de la prensa. Luego de ser notificada de los detalles, la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, se acerca a las cámaras, con su rostro casi tapado en su totalidad por el barbijo: “El sujeto armado se percata del personal policial, al cual lo apunta (con un arma). (El policía) Efectúa un disparo, en razón de estar en riesgo el personal policial y de la familia”. Ante la repregunta de periodistas si Adavid actúo en legítima defensa, responde: “El policía actúa en razón de un peligro inminente, (debido a) que (el asaltante le) hacia apuntar con un arma de fuego y haciendo reducir a la familia, y el damnificado lesionado”.

Cuando otro colega le plantea si es verdad que Isaías tenía su arma en la mano, Zárate Belleti le contesta con la frialdad que la caracteriza: “Es así. Es correcto”.

Debe ser la tasa de mentiras por segundo más elevado que ha metido la actual jerarca de la institución cordobesa.

Más de dos años después, el jueves pasado, se dictaminó la sentencia de lo ocurrido en aquel diciembre de 2020 en barrio Urca, de la ciudad de Córdoba. Las audiencias confirmaron que los tres jóvenes que entraron a la casa no utilizaron armas de fuego. Y que lo que ocurrió entre el homicidio y y la llegada de la ambulancia fue un segundo crimen policial: el encubrimiento. Cuando los uniformados contemplaron el cuerpo sin vida de Isaías, sin ningún objeto en sus manos, decidieron buscar alguna pistola para “plantar”. Tuvieron que viajar en otra casa para conseguirla y retornando a contramano, para poder llegar antes que el servicio sanitario de emergencia.

Así llegó el arma secuestrada que fue insertada en la mano derecha del cuerpo.

Pero resulta que Isaías Luna era zurdo.

Son todos narcos

Cuando murió Isaías Luna, Alfonso Mosquera era el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba. Fue trasladado a ocupar un cargo en la Legislatura, luego del asesinato de Jonathan Romo, ocurrido en la ciudad de La Falda, donde uniformados le presionaron el cuello mediante ahogamiento mecánico. El escándalo implicó el descabezamiento de la cúpula policial del departamento Punila. Además de Romo y Luna, también tiene en su pronturario otros casos de gatillo fácil como Valentino Blas Correas, Joaquín Paredes y

Después de dar sus primeros pasos en los pasillos legislativos, Mosquera aceptó una entrevista en vivo para Canal 12, para defender su gestión, aseverando que las tasas de homicido dolosos (intencionales) en la provincia de Córdoba eran más bajas en comparación con otros distritos como Santa Fe y Buenos Aires, y que eso se explica “por estrategias y políticas públicas para atenuar la violencia letal y tener los guarismos más bajos de toda América Latina”.

El planteo de Mosquera es casi un choque a la pared cuando se topa con la tesis del doctor en Ciencias Políticas de la Ciudad de California, Hernán Flom, quien viene siendo citado en algunos medios de comunicación, a partir de los recientes hechos de violencia ocurridos en Rosario. Un referente rosarino en el análisis del narcotráfico y del involucramiento policial, que es citado en los trabajos académicos del mencionado politólogo, confirma al presente cronista: “Creo que la teoría de Flom tiene su lógica. Creo que es así”.

Flom dice que “las fuerzas policiales ‘regulan’ el narcotráfico, especialmente su componente de distribución minorista, de manera informal o ilegal, mediante una combinación de represión, tolerancia, y extracción de rentas”. Con lo cual: la “regulación coordinada tiende a disminuir los niveles de violencia. Una mayor coordinación implica que los agentes policiales que cobran una tasa de protección a distribuidores de droga se auto-restrinjan en el monto del impuesto y de la violencia utilizada para cobrarlo. Con menos coordinación, por el contrario, cada agente o unidad policial tiene el incentivo a buscar una mayor tajada para sí, en desmedro del equilibrio general de control del conflicto”. Por lo tanto, si los asesinatos de un distrito disminuye, entonces no es como hace suponer Mosquera que hay una debilidad en el crimen organizado. Por el contrario: sería la señal de que es regulada por las propias de fuerzas de seguridad que, según el autor mencionado, serían las fuerzas “subnacionales”. Es decir: las provinciales. Para quien quiera conocer el estudio de From, pueden leerlo en el siguiente link.

A nivel mediático, se viene mencionando a Rosario como “la Chicago argentina” (¡ay, esa costumbre argenta de compararnos con ciudades yanquis que nunca pisamos!). Sin embargo, su espiral de violencia sería más comparable con lo que ocurre en Río de Janeiro. Por el contrario, existe el caso inverso de San Pablo, que se compararía con las regiones metropolitanas del Gran Buenos Aires, donde la tasa de homicidios dolosos tiende a decender. Y no se podría decir que la caja de la Policía Bonaerense no se nutre de ciertos negocios ilícitos.

La tesis de From es temeraria e inquietante. Y tiene sentido cuando contemplamos que la violencia santafecina ha llegado a un punto tal que, en el año 2013, fue baleada la casa del gobernador de ese entonces, Antonio Bonfatti. Conmensurable hecho no se asemeja en nada a lo ocurrido en la provincia de Córdoba, ni tampoco en la aglomerada región bonaerense. Sin embargo, ninguna de las tres principales policías provinciales les fueron ajenas a casos de narcotráfico que involucraran a uniformados de menor rango como los de mayor jerarquía.

Cuando Mosquera dice que las políticas públicas de Córdoba tienden a atenuar la violencia letal, ¿se referirá a que la participación de la Policía en delitos callejeros tiene una raíz más política? De ser así, ¿a dónde apuntan las armas de los policías?

Un tiro al piquete

Esos mismos policías cordobeses tendrían mayor trabajo si en la Legislatura avanzaran los proyectos de leyes, presentadas el año pasado, para “regular” las protestas sociales callejeras. Y más cuando el 22 de febrero, un artículo de La Voz del Interior reveló que está en tratamiento un habeas corpus presentado por siete dueños de comercios instalados en el barrio Nueva Córdoba, exigiendo el cese de las protestas piqueteras en la zona céntrica de la ciudad. Quien los asesora legalmente es Eduardo Bittar, uno de los vicepresidentes del Colegio de Abogados de Córdoba y, por ende, un poco oneroso en cuanto a sus honorarios. El recurso legal fue entregado en octubre del año pasado y que está siendo analizado por el juez de control y faltas N.º 10 Juan Manuel Fernández López, quien convocó audiencias en los meses posteriores, donde participaron funcionarios provinciales y municipales.

Según las citas explayadas por La Voz, el juez Fernández López le instó a las autoridades policiales a que salgan a “cortar la cabeza” a los líderes de las organizaciones sociales, los acusó de “mantener el negocio” de los planes sociales y de conformar asociaciones ilícitas. Cuando le preguntó a la mismísima Liliana Zárate Belletti si se podría “eventualmente” juzgar a esos referentes mediante trabajos de inteligencia, la comisaria mayor respondió que sí. Fernández López confirmó esas expresiones suyas a distintos medios radiales, con la única aclaración que no utilizó la palabra “inteligencia”, sino “investigación”. Corregir su vocabulario no es por mera obsesión semántica, ya que esa publicación del matutino serviría de prueba para un jury en su contra por pretender violar la Ley de Inteligencia Nacional (N.º 25.520), cuyo artículo 4 prohíbe el uso de inteligencia contra alguien por su sola “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.

Cuando se presentó ese habeas corpus, casi en simultáneo, a mediados de octubre de 2022, el legislador por el oficialismo provincial, Juan Manuel Cid, que además preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, impulsó la propuesta de frenar las protestas sociales mediante una serie de modificaciones al Código de Convivencia, el que había reemplazo al cuestionado Código de Faltas, otorgando un mayor involucramiento policial y judicial hacia los ejercicios piqueteros. Lo llamativo es que el edil Cid tiene un lazo fuerte con el abogado que patrocina a los comerciantes, porque colaboró en la campaña a favor de la actual lista oficialista del Colegio de Abogados, quienes salieron triunfantes en las elecciones gremiales en abril del año pasado, permitiendo la reelección de su presidente Ignacio Segura y asegurando un puesto a Vittar en la vicepresidencia.

Un trabajo sincronizado y casi milimetrado entre Cid y Vittar, que empieza a tener más movimiento en el aparato judicial que el legislativo, debido a que en este el poder político que ejerce Juan Schiaretti tuvo sus aguas turbias cuando varios cabecillas pejotistas y radicales no se pusieron de acuerdo por aprobar o no las reelecciones continúas para los jefes comunales del interior de la provincia.

Apuntar

Regresamos al Jueves, a las 18:30hs. Ciudad de Córdoba. Sala V del Crímen.

No pasaron tres o cuatro horas, como dijo la presidenta del tribunal. Pasaron ocho horas y media.

Se va a proceder a la lectura de la sentencia, en una sala colmada por familiares tanto de la víctima como de las personas acusadas. En el medio: uniformados de la policía judicial se mantienen dispuestos a contener cualquier tensión. “Procedemos a leer la parte resolutiva”, aclara el magistrado, ante el pronóstico que no será tomado para el bien por una parte importante del público.

Para los dos jóvenes implicados en el robo de la vivienda: penas de tres años, y tres años y medio de cárcel efectiva.

Por el encubrimiento, que incluyó la plantación del arma en el cuerpo de Isaías: cinco policías recibieron condenas de entre dos y tres años de prisión y sin cárcel efectiva. Uno quedó absuelto.

Finalmente, para Adavid, el acusado de haber efectuado el disparo contra Isaías: un año y medio, sin cárcel efectiva.

“¡Hijos de puta!”, “Basura”, “¡Está todo arreglo!”, “¡Asesinos!”, son los gritos que se superponen en el cierre del juicio. “¡Por favor! Retírenlos de la sala!”, ordena la jueza principal. Los de seguridad acatan la orden y proceden a sacar a las familias y allegados, no solo de la sala, sino de todo el establecimiento judicial. La bronca escupida en gritos y quejas se mantienen en las veredas y alrededores de los tribunales.

Wilson es el papá de Isaías. Con impotencia, hace un esfuerzo por hablar ante la prensa: “¿Te digo la verdad? Es una vergüenza la justicia de Córdoba. Siempre fue conservadora. Es insólito que todavía esta justicia cuide a esos policías. Y así van a pasar muchos otros casos. Vamos a estar pendientes que un policía mate a uno, le tire un arma y diga que lo quiso robar. Con eso es suficiente para que la justicia diga ‘tiene razón’. Con esto comprueba que no solo toda la policía es familia, sino también la justicia”. La mamá de Isaías prefiere, desde el comienzo, no expresarse de manera oral.

“La verdad es que, con este veredicto, la Policía sigue gozando la impunidad que le brinda el poder judicial. Las condenas son una burla”, replica conmovida la abogada querellante Victoria Siloff. “Adavid lo condenaron a un año y seis meses de prisión condicional y a cinco de inhabilitación para ejercer un arma de fuego, pero no para ejercer un cargo público. Con lo cual él podría ejercer el estado policial, porque es policía retirado y muchas veces la Policía llama a trabajar a policías retirados. Y si no está inhabilitado para eso, lo podría hacer”. Aclara que casarán la sentencia: “La condena de los jóvenes que recibieron por el robo es con más tiempo y más grave que la pena de los propios policías que no solo asesinaron a sangre fría, sino que plantaron un arma y orquestaron un encubrimiento”.

Por su parte, a unos pocos metros de distancia, el fiscal Juan Carlos Klinger mantiene su protocolaridad: “Quedó probado que el accionar de la policía no estuvo justificado. Eso nos lleva a otra cuestión: ¿no estuvo justificado porque la policía no estaba preparada, o por la carga subjetiva que tiene el policía, cuya intención era matar? En este caso, lo que también quedó comprobado es que su accionar era conforme a un mal entrenamiento, una mala lectura del escenario y una mala decisión. A partir de ahí, que la calificación legal que le dio el tribunal era la adecuada. Se pudo probar que hubo un exceso en la legítima defensa”. Ante la pregunta de la prensa de por qué entonces la condena por homicido es menor que el del robo y encubrimiento, el fiscal responde: “Porque lo que se le atribuye es la culpa, la imprudencia, la negligencia en el obrar. En cambio, al resto, se le atribuye haber actuado con intención, con dolo”.

Desde un punto de vista, se contempla una sentencia que antepuso la preservación de la propiedad privada por encima de la vida. Por el otro, la expectativa de marcar un antecedente, donde sería el segundo caso donde se condena a un policía por matar a un pibe en el marco de un robo. Interpretaciones contradictorias opacadas por sensaciones amargas.

La justicia es esquizofrénica cuando debe responder hacia dónde apuntan los policías con sus armas.