Ajuste y represión al ritmo del RIGI
Por Lea Ross
A Norita. La eternidad es no conocer límites.
En el nuevo dictamen de la Ley Bondi Zombi, que se discutirá en el Senado en unos días y que revisó La Luna con Gatillo, no hay cambios contundentes en los dos polémicos títulos que conforman la mitad del proyecto: Energía y Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La primera apunta, principalmente, a modificar las actuales leyes sobre hidrocarburos, cuyo propósito es que las tarifas y los surtidores banquen la renta petrolera y que las empresas no estén obligadas a satisfacer la clientela del mercado interno. Habrá que ver si la ausencia de casi un día sin gas en el país les da a los senadores un baño de realidad. Por lo pronto, en el artículo 100, se establece que deben coexistir los objetivos de “maximizar la renta” y “satisfacer las necesidades del país”. Pero el artículo 103 mantiene la no intervención estatal de los precios; el 104 habilita el comercio internacional “libre”; el 150 borrá todas las ventajas para YPF; y el 157 ordena borrar la palabra “autoabastecimiento” de todas las normas. Conclusión: la energía no estará obligada a que se abastezca en los hogares de acá y, de hacerlo, se hará apuntando a que los tarifazos banquen la renta empresarial.
Mientras que el RIGI, tampoco se encontró cambios significativos. Las PyMES exigían que su batería de beneficios también se aplique a las firmas proveedoras locales para no generar una distorsión en los mercados. La realidad es que el RIGI sigue apuntando a quienes inviertan una mínima de 200 millones de dólares (en los hechos: extractivismos), aunque abriría una puerta para discutir el cambio de monto aún con la vigencia de la ley aprobada. Se mantendrán la quita impositiva de Ganancias e IVA, con libre exportación e importación (Art. 191), esquivar el pago de retenciones al tercer o segundo año, sin obligación de liquidar en el mercado cambiario y que sean de libre disponibilidad (Art. 196). El 198 no obliga que participen del mercado interno y que toda exportación no deberá ser impedida por nada en el mundo. El artículo 199 establece que todo esto regirá durante 30 años. Y finalmente, en caso de una controversia, los inversores podrán elegir al CIADI como árbitro del conflicto, del cual Argentina siempre pierde (Art. 219).
Estás igual
Con respecto al Clip Reforma Fiscal, también tuvo su dictamen. Es la encargada de asegurar que quienes más ganan, paguen poco, y viceversa. Aquí se toma como eje los impuestos de bienes personales. Tal como señaló el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), en sus redes sociales, a los impuestos a Bienes Personales se propone quitarle su cualidad progresiva. En la actualidad, a medida que una persona tiene más patrimonio, paga proporcionalmente más, con una alícuota máxima de 1,75% para bienes locales y 2,25% para bienes en el exterior, según OTES. “El gobierno busca convertir el impuesto en uno plano, donde todos los contribuyentes paguen lo mismo sin importar su patrimonio. La nueva alícuota sería única y de 0,25%, una enorme reducción y fuertemente regresiva, beneficiando a las personas más ricas de Argentina”, advierten desde el observatorio. También implica una importante caída de la recaudación, costo que mencionó el Lord Jamón el sábado en el Cabildo de Córdoba, donde podría perder el equivalente al 0,6% del PIB en ingresos. Es decir: unos 3.800 millones de dólares, más que compensando la reinstauración de Ganancias. De esta caída de ingresos, las provincias perderían 2.050 millones de dólares, ya que son coparticipables.
En cuanto a la reforma laboral, de repente retornaron los artículos copy-paste extraídos del mega-DNU, cuyo capítulo sobre el tema fue frenado por la justicia laboral. El artículo 92 restringe las protestas en los ámbitos de trabajo cuando “impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento” o que “se las retenga indebidamente”. También se recupera las difusas figuras de trabajadores “independientes” y “colaboradores” cuando se trata de emprendimientos de hasta tres personas con un régimen sin clarificar (Art. 94); se mantiene los periodos de prueba de 6 meses para empresas grandes hasta un año para emprendimientos de cinco personas; la eliminación de multas por trabajos no registrados o el acuerdo entre partes de reemplazar las indemnizaciones por un fondo compartido (“modelo UOCRA”, Art. 93); y ordena la derogación de leyes, como la 25.323, que quita la doble indemnización del trabajo no registrado (Art. 98).
En definitiva, poco y nada a cambiado. Con la diferencia de un Guillermo Francos que ha ascendido a jefe de gabinete, con mayor poder de recursos para convencer a los ediles de la cámara baja.
El garrote cordobesista al acecho
Se pronostica un día acalorado para cuando se discuta en el Senado la Ley Bondi Zombi + Reforma Fiscal. De la misma manera, en que al incrementar los ánimos, la judicialización se pone más a la ofensiva. Del ajuste a la represión, hay un ligero trecho.
Como resabio a lo ocurrido en la visita de Milei a la supuesta Docta el 25 de mayo, se procedió a una serie de allanamientos en la ciudad de Río Cuarto, por “intimidación pública” e “incitación a la violencia” contra el secretario general de ATE, Federico Giuliani, por su participación en las protestas del casco céntrico, que terminó con la policía e Infantería liberando gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma. “No se dió esto en la sede de nuestro sindicato desde la Dictadura. Nos encontramos con personal policial, vestidos de civil, con una orden en el cual solo buscaban el teléfono de Giuliani y elementos relacionados con la organización de la movilización”, declaró en conferencia de prensa Rafaela Alcoba, dirigenta del gremio, donde advirtió que el único testigo fue un policía que se trajo desde la capital.
La orden se impartió desde la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 1, a cargo del Dr. Ernesto de Aragón, el mismo que el año pasado ordenó la imputación a seis dirigentes sociales, incluyendo al propio Giuliani, por entorpecimiento del tránsito, por la realización de una marcha piquetera en la zona céntrica cordobesa. Para elevar la causa a juicio, también recurrió como únicos testigos a uniformados de la Policía de Córdoba. También es el mismo que ordenó la primera represión en la era Milei, que fue el primer cacerolazo contra el megaDNU.
Aquella jornada, implicó la detención de cinco personas, entre ellas: un periodista del portal Enfan Terrible, Rodrigo Savoretti. En declaraciones al programa de stream El avispero, mientras eran llevados en un patrullero, uno de los uniformados les gritaban: “¡¿Qué no ven que ganó Milei, que ahora ya no se pueden hacer más manifestaciones?!”. Gran parte de las 18 horas de detención, estuvieron alojados en la unidad de contención de aprehendidos, cerca de los Tribunales II, donde están las oficinas de De Aragón. “Nos desnudaron, nos pegaron, nos amenazaron, torturaban a un pibe al lado. Nos pusieron a los cinco en un calabozo de 2×2 con una botella de agua para nueve horas… Me llamó la atención de cómo la policía y los del servicio penitenciario nos estigmatizaban como ‘piqueteros’, ‘zurdos de mierda’ y al grito de ‘Viva la libertad, carajo’, mientras nosotros estabamos desnudos y mientras le pegaban la cabeza a un pibe al lado. Ahí fue cuando dimensiosé lo que es este proyecto de Milei y de los propios gobernadores”. Aquí, el informe completo:
El eterno retorno del crimen
En Río Cuarto también se realizarán elecciones municipales el 23 de junio. Y es en la misma ciudad donde fue asesinado un remisero de 46 años, por parte de tres menores, de entre 13 y 15 años de edad. La ministra Bullrich anunció que se prepara un proyecto de ley para bajar al edad de imputabilidad a los 13 años.
En su afán de evitar una derrota pejotista, del cual ha quedado dividida en dos frentes, el gobernador Martín Llaryora declaró ante Radio Mitre que sobre ese tema “tenía una postura tomada”. “Pero a medida que pasa el tiempo, la estoy empezando a cambiar por estos hechos -dijo-. Porque creo que no se puede más. Hay que hacer modificaciones al régimen, por lo menos para algunos delitos”.
En septiembre del año pasado, el famoso narcotraficante Rafael Sosa y parte de su banda recibieron una nueva condena penal, con la particularidad de que nunca salieron de la cárcel donde están alojados. Fueron acusados de orquestar un “call center” en pleno pabellón de Bouwer, donde lograron acceder a los dispositivos telefónicos por parte de los guardiacárceles. En ese mismo mes, se desbarató otro centro telefónico en el interior de la cárcel de Villa María, donde se realizaban estafas virtuales.
En diciembre del año pasado, fue arrestado Juan María Bouvier, ex-jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba por 15 años, Víctor Hugo Vivas, su sub-jefe, Diego Ayala, ex-director de seguridad, entre otros, acusados de orquestar un supuesto negocio para explotar esos negocios ilícitos intracarcelarios, recibiendo algunas supuestas coimas.
El lunes pasado, también en El avispero, el periodista Adolfo Ruiz reveló que esos emprendimientos telefónicos tumberos son impulsados por ciertos “empresarios”, que incluso obligan a algunos privados de su libertad a capacitarse en la oralidad para ejercer estafas virtuales, mediante dominación y trabajo esclavo. Allí expuso un tétrico material, donde se obliga a un reo a realizar ese trabajo, mientras su cuello es maniatado con un cinturón. Aquí se puede ver el informe de Ruiz.
La irresponsable declaración de Llaryora de discutir la “infantilización” de la comunidad carcelaria implica en que la entrada de esos jóvenes serán carne de cañon para estas prácticas, en las cuales la política prefiere hablar de régimen y no de modelos carcelarios. Todo bajo un espectro de creer que con eso se escapa de la violencia, pero que convierte al crimen en un eterno retorno.
