Autovía, IIRSA y la cueva del lobo
Por primera vez, los autores del proyecto de la obra vial provincial más importante del año integra un mega plan para facilitar las exportaciones de materia prima. La cosmovisión más cercana al Camino del Cuadrado que a los pueblos originarios. Las sospechas de un “boom” inmobiliario para unos pocos. La rebelión de comerciantes, que no siempre tiene cara de cheto. Y una economía al límite, en un colapso sanitario y un invierno que no llega.
Por Lea Ross
Durante una semana, lxs autores del Estudio de Impacto Ambiental de la Autovía de Punilla tuvieron que contestar un total de 877 preguntas, formuladas por parte quienes expusieron en la maratónica audiencia pública que duró más de un mes, la más longeva en la historia de las luchas ambientales en Córdoba. El documento final, de más de 180 páginas, es una lista telegráfica de ese enorme cuestionario, donde lxs especialistas tuvieron que contestar una por una. Lo que resta ahora es que la Secretaría de Ambiente, a partir del análisis de todos los aportes, defina si le otorga o no el aval o “licencia ambiental” al enorme proyecto vial.
La primera conclusión fulminante de ese documento es que por primera vez se reconoce que la obra vial forma parte del llamado plan IIRSA. Hablamos del proyecto continental de Sudamérica, planeado al comienzo del presente siglo, enfocado en la inversión de infraestructuras para facilitar el transporte y exportación de materia prima para el mercado de China. Así lo estipula las respuestas a las preguntas número 76 y 315, entre otros.
En general, se reconocía que la Autovía de Punilla podría integrarse al denominado Corredor Bioceánico, es decir, de un posible camino vial internacional que conectara los océanos Atlántico y Pacífico. Pero es la primera vez, de manera explícita, que se menciona al IIRSA, sabiendo que había quedado en el olvido por lo menos desde hace cuatro años, con el estancamiento del UNASUR.
Ahora, todo ésto ratificaría lo planteado por gran parte de las 500 exposiciones que se posicionaron en contra de la obra vial, aseverando que el proyecto del Gobierno de Córdoba no está enfocado para beneficiar a la economía regional, como es el turismo, sino para ayudar a grandes empresas a que puedan exportar sus granos y minerales, extraídos a cielo abierto, profundizando la matriz extractivista del continente.
Semejante dato no opaca algunas otras conclusiones interesantes en el repertorio de preguntas y respuestas, donde a su vez los técnicos especialistas tuvieron que encarar preguntas poco habituales en su ámbito. Que la tecnocracia tenga que salir a responder ocurrencias paisanas es realmente un espectáculo irreemplazable.
El modelo “Cuadrado”
Las matrices de valoración son una serie de tablas de doble entrada, donde en las columnas se enumeran los distintos factores sociales y ambientales (aire, suelo, agua, economía, paisaje, etc.) y en las filas todas las actividades que se realizarían durante la obra y su funcionamiento. Y en los cruces entre filas y columnas, se especifica si se tratará de un impacto positivo o negativo, y con un número que mida la magnitud de ese impacto. Los autores del estudio ambiental realizaron una tabla para cada uno de los diez tramos que dividen a la autovía.
Lo llamativo es que hubo casos donde se le otorga números absolutos en valor negativo a la actividad “remoción de vegetación”, o sea desmonte, superiores al número absoluto, en positivo, a la actividad “forestación”, es decir, a la implantación de nuevas especies vegetales. O sea, que para el ambiente le resulta mejor sacarse de encima sus especies nativas, que prevalecen por décadas o siglos, para que sean reemplazadas por plantines recientes.
Tal es el caso de la columna de “calidad de aire”, donde en casi todas las tablas no expone ningún impacto en la actividad de desmonte, sabiendo que la vegetación colabora en la purificación atmosférica, pero sí en la (re)forestación, y con un elevado impacto de (+46). La explicación que dan los especialistas, en la respuesta a la pregunta número 656, es que la “forestación compensatoria, colaborará en la etapa de operación a minimizar impactos negativos sobre la calidad de aire, donde se sumaría las emisiones de los vehículos”. Es decir, que las nuevas plantitas colaborarán con purificar la atmósfera, para cuando los autos que antes no pasaban por ahí.
Sin embargo, en la columna de “Suelos”, en todas las tablas su impacto por el desmonte es de (-36), pero en la reforestación es de (+49). En la respuesta a la pregunta 657, referida a esa inquietud, dice textual: “Se estimó que la forestación compensatoria conlleva consigo otros atributos, atento la etapa de operación donde se verán los efectos ecosistémicos de esta situación. el motivo (sic) por el cual la valoración (formula mediante) arroja valores diferentes (sic)”. El problema de redacción se lo dejaríamos pasar, sino fuera por su ambigüedad. Por lo que se entiende, asegura que las nuevas plantas tendrán “atributos” novedosos que no tendrían las plantas actuales. Me arriesgaría a decir que se trata de “superplantas” que lograrían estabilizar los suelos.
Otra cuestión es que esos números, (-36) y (+49), se repiten en las diez tablas, a pesar que se trata de tramos con cobertura vegetal distintas: poca presencia, abundante, diversa, nativa, mixta, etc. Sin embargo, para el estudio, los impactos son todo lo mismo.
En definitiva, la inconsistencia metodológica y ontológica de éste equipo técnico, donde infla los beneficios de la replantación por encima del desmonte, es lo que podríamos llamar como el “modelo del Cuadrado”, referido a las respuestas estatales que se otorgan sobre el desmoronamiento que padece el Camino del Cuadrado en los días de lluvia, cuya respuesta ha sido la implantación de vegetales en taludes, con la expectativa que el desarrollo de esas plantas permitan generar una supuesta estabilidad. Hoy, ese criterio gubernamental lleva a que cada estudio que se haga sobre un proyecto vial, termine magnificar esa compensación.
De hecho, tal como lo expuso La Luna con Gatillo, basándonos en los números de esas matrices, la actividad que más acumula impactos positivos es la reforestación, por encima del tránsito y la conectividad de las localidades, que se supone eran los principales objetivos beneficiosos de la obra.
Dicho sea de paso, en varios casilleros de las diez tablas, en lugar de números aparecen letras “X”, sin explicar qué significa. Se responden en la pregunta 653, que aluden a “ítems que podrían tener impacto, pero fueron desestimados por ser de valoración muy baja”. Sin embargo, en la pregunta 683, cuando se plantea por qué en la matriz del primer tramo, en varias actividades figuran con “X” en el factor “Paisaje”, reconocen que fue un error y que la “valoración que le corresponde es de -44”, una cifra muy elevado. ¿Cuánto habrá sido entonces el margen de error en todas las “X”?
La Córdoba colonial
Una cuestión bastante delicada, y que al parecer el equipo técnico se dio cuenta que estaba floja de papeles, es la falta de participación que se le otorgó a las comunidades originarias, sabiendo que el propio informe central del Estudio de Impacto Ambiental afirma que la traza pasa por arriba del territorio Comunidad Tica Comechingón, como señala en su página 3:
Sobre ésta inquietud, los autores del Estudio respondieron lo siguiente, en la pregunta 23:
Quizás la peor respuesta haya sido a la pregunta 673, donde lisa y llanamente asevera que el reconocimiento a los pueblos originarios no tienen relación con ningún conflicto referido al proyecto:
Desde acá, solo nos limitaremos a replicar lo que publicó Pablo Reyna, profesor de Historia, integrante de la Comunidad Timoteo Reyna, del pueblo Camiare (Comechingón) y autor del libro recientemente publicado Crónica de un renacer anunciado, al enterarse de éstas respuestas:
Lo ambiental y lo social
Ante éste caso de desaprensión a la cuestión indígena, se le suma un sin número de respuestas referidas a las cuestiones viales, educativas, de salud, etc., incluso la contención que tendrían quienes padecerán las expropiaciones de terrenos para poder pasar la traza, donde se les responde con el epíteto “La pregunta no identifica ningún impacto ambiental específico del proyecto”.
Esto se contradice a lo que dice el tramo final del Estudio, donde enumera los seis riesgos ambientales, y el último refiere a la “sensibilidad social” que generó el proyecto en sí.
Esto expone que gran parte de las preguntas no fueron contestadas por su autora, la bióloga Alejandra Toya, ya que de mínima tenía conocimiento básico sobre los alcances de organización social que generó toda ésta problemática, aún cuando ella fue contratada en los últimos meses del año pasado, cuando informes de anexo de éste estudio ya estaban avanzados.
Vox populi, vox dei
“Si hay proyectos de desarrollo inmobiliario futuros tendrán oportunamente su propia evaluación de impacto ambiental”, insisten desde el equipo técnico, cada vez que se le consultó sobre si la Autovía de Punilla beneficia o no al desarrollismo inmobiliario.
En la pregunta 715, se plantea que es “vox populi que el trazado desde atrás del Cementerio de La Falda hasta el cruce hacia La Cumbre, está diseñado para futuros emprendimientos inmobiliarios”. Los autores señalaron que la autovía “responde a planes regionales definidos por el Gobierno Provincial, con mínimas afectaciones de la obra al territorio urbano, del cual los municipios son las jurisdicciones que definen el uso del suelo y su ordenamiento”. También aclaran que su estudio ha expuesto “la existencia de loteos en desarrollo” y que existen “numerosos loteos antiguos, que deberán gestionar su licencia ambiental en caso de reactivar su desarrollo”.
Es decir, no se hacen cargo si se pretenden lotear los terrenos cercanos, porque no les compete al equipo técnico, sino a los municipios.
Según un informe del colega Fernando Colautti para La Voz del Interior, distintos corredores inmobiliarios, a mitad del año pasado, recibieron muchísimas consultas desde Buenos Aires para mudarse a las sierras cordobesas. Un año después, la mayoría de las operaciones no se concretaron, debido a las dificultades de mercado, tanto como para vender sus propiedades en Buenos Aires como lo dificultoso de acceder a alquileres permanentes. Sin mencionar que se percataron de la cuestión de acceso al trabajo y a un colegio para sus hijxs. En definitiva, esas llamadas provinieron de sectores de clase media, que en algunos casos habitan en un departamento, que tenían más en la mira a Uruguay que a Córdoba.
Pero no sería el caso de los sectores de mayor poder adquisitivo que, sin recurrir a los corredores, optan por conectarse directamente con los gerentes de los emprendimientos, teniendo como intermediario comunicativo a ciertos medios de comunicación, sea por publicidad o por “publinotas”.
Tal es el caso de InfoNegocios, donde en la previa al retorno de la actual cuarentena, publicó que el emprendimiento “Candonga Villa Serrana” en Sierras Chicas anunció nuevos lotes residenciales, con un área promedio de 2.500m2 a valor promedio de U$S 11,5 el metro cuadrado. Si en su primera etapa le quedaron 30 lotes y la segunda etapa presentada abarca 80 hectáreas, hablamos de un negocio que a partir del 2021 facturaría más de ¡10 millones de dólares! Unos mil millones de pesos. El proyecto Candonga cuenta con una licencia ambiental, obtenida en el año 2010.
Lo que InfoNegocios no dice es que eso último desencadenó una causa penal contra el secretario de ambiente de ese entonces, el funcionario Raúl Costa, por haber otorgado ese aval, al tratarse de un loteo sobre bosque nativo. En éstos momentos, la causa está elevada a juicio, mientras la fiscalía está recolectando pruebas para determinar otros delitos, además de la caratula de abuso de autoridad, que involucrarían a especialistas técnicos de la Secretaría de Ambiente.
La cueva del lobo
Desde que comenzó el año, el comerciante de clase media es la cara visible de quienes se oponen a la cuarentena. El mismo que organizó una recordada marcha, a principios de marzo pasado en la ciudad de Formosa, contra las medidas de restricción impuestas por el gobernador Gildo Insfrán, y terminó en una represión policial.
Situaciones al límite también se vivieron en la provincia de Córdoba. En septiembre del año pasado, la ciudad de Río Cuarto había lanzado por primera vez su Fase 1 y eso desencadenó momento de tensión entre comerciantes “rebeldes” que abrieron sus locales con uniformados policiales, que no pudieron hacer mucho. En el caso de éstos últimos días, el intendente de Bell Ville padeció un escrache en su casa, por quienes organizaron las concentraciones contra las recientes medidas. Mientras que en Arroyito, por adherirse a las medidas nacionales, los ediles del Concejo Deliberante tuvieron una incomoda visita de dueños de comercios, acusándolos de estar cómodos por no recibir un sueldo privado.
Ante ello, las ciudades ubicadas al norte de Punilla, como La Falda y Capilla del Monte, fueron los primeros en habilitar la apertura de actividades no esenciales. No estaban dispuestos a recibir el costo político. Aún cuando el Hospital Domingo Funes, principal nosocomio del Valle, está la borde de su ebullición.
Y así llegamos a las concentraciones del 25 de mayo, donde podemos observar una curiosa fotografía, difundida por la cuenta de Facebook “Only in Córdoba”, caracterizada por recolectar registros pintorescos de las calles cordobesas.
La foto en sí nos permite entrever que el comerciante que padece las medidas de restricciones no siempre tiene cara de cheto. El economista Juan Pablo Carranza realizó un interesante análisis, subida en su cuenta de Twitter @carranzajuanp-, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del último cuatrimestre del año pasado. En una primera tabla, verificó que dentro de las principales actividades económicas ocupadas por personas en situación de pobreza, figura a la cabeza la construcción (14%) y el empleo doméstico (8%). Pero a la vez, el personal docente figura en el cuarto puesto, mientras que el personal de salud en el sexto, dos ocupaciones que han estado muy presentes en los momentos de mayor sensibilidad de la pandemia.
Ahora bien, una segunda tabla de Carranza se enfocó dentro de ese mismo universo, pero fragmentado en aquellas personas que tiene su ocupación de manera informal. En este caso, nuevamente la construcción se mantiene a la cabeza. Pero aquí, desaparece el empleado doméstico, el docente y el empleado en la salud, y aparecen el kiosquero, la peluquera, el mozo, la mecánica, etc.
Es decir, en plena pandemia tenemos una “comercialización” dentro de los hogares pobres que viven de un trabajo sin tener los papeles al día con el Estado.
Una realidad disímil a la concentración de la ciudad de Córdoba, que se inició a partir de la intersección de las calles Belgrano y Achával Rodríguez, antes de arribar al Patio Olmos, en la zona cosmopolita del barrio Güemes. Y es que la “gentrificación” del caso Güemes es muy tajante, donde la Cañada divide a ese sector de mucho glamour, repleto de bares con cervezas artesanales, símbolo del “emprendedurismo” cool, con aquel otro costado más populoso, caracterizada por la presencia penitenciaria y el patrullaje policial, y donde el comercio se caracteriza más como un proyecto familiar.
El fin de semana anterior a esa marcha, a una cuadra del inicio del mencionado cruce de calles, se reunieron en un bar quienes trataron de cooptar políticamente esa actividad de tanta exposición televisiva. Quien estaba a cargo de esa escudería fue Eugenia Gordillo, presidenta del centro vecinal de Güemes, y militante del partido Republicanos Unidos, o Uni2, creado por Ricardo López Murphy y con insistentes diálogos con el presidencialista José Luis Espert y el quisquilloso Javier Milei. Gordillo es quien insiste en la existencia de una “infectadura” y expone un desprecio por los “manteros” en la zona céntrica de la ciudad.
Si el partidismo “liberal-libertario” fue el único presente en esas movilizaciones, con ausencia del PJ, UCR, PRO, etc., ¡hasta de Patricia Bullrich!, fue porque tienen por lo menos a uno de ellos ocupando un cargo ejecutivo en alguna localidad y, por ende, sabe lo que implicaría que su establecimiento sanitario colapse.
Si a la Revolución Rusa se lo definió como los “ocho días que estremecieron al mundo”, aquí tenemos los ocho días que estremecieron a Córdoba, llegando a tocar el techo de los 5.000 contagios en un día, con hospitales ya colapsados, con un empujante intento por trasladar residentes a atender en las internaciones más complicadas y un desalentador invierno que todavía no llega. La situación expone un panorama de gran dramatismo, que no parece ser dimensionado por ese reducido grupo, que solo pretende sacar al lobo de su cueva.
Una carta enviada a Schiaretti, que accedió el presente cronista, firmado por comerciantes organizados, le proponen al gobernador que para poder solventar las exenciones impositivas que tanto le piden, le sugieren ahorrar “algunas partidas del presupuesto que se invierten en Obras no tan necesarias en lo inmediato”. Algo parecido a lo que plantean las asambleas de Punilla sobre el millonario costo dolarizado con la obra de autovía.
Si bien es cierto que hubo obras que no tienen ningún uso y que además han dolarizado el endeudamiento, como es el caso del Faro/Faso Luminoso del Archivo Histórico en la ciudad de Córdoba, la tendencia mundial no pasa tanto por ver qué se puede ahorrar, sino en dónde se puede ingresar. Como dijo en una radio el mencionado Carranza, pretendemos aplicar una cuarentena con un modelo europeo, pero no tenemos una caja europea.
La reticencia del propio Gobierno de aceptar un “ajuste” para el sector más acaudalado de la sociedad lleva a tener que tomar medidas de flexibilización de restricciones, aún con el enorme costo que puede significar las pérdidas humanas. Ni siquiera para los que viven de la venta agraria, único espacio de ataque a nivel nacional, para encaminar un sustento electoral fuerte, basado en la defensa de las empresas de biocombustibles y su rechazo a las medidas nacionales para frenar los aumentos de la carne. De un lado y por el otro, quienes encabezan esos negocios otorgaron financiamiento a la campaña del oficialismo provincial en el año 2019.
Tal como lo señaló un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, a la hora de hacer un balance sobre la última década de la economía cordobesa, las cuatro “principales ramas de la actividad provincial (agricultura, comercio, industria, construcción) permite observar que a partir de 2019 en la provincia continúa la tendencia de fortalecimiento del sector agropecuario, mediante cosechas récord en 2019 y 2020, mientras que el resto de las actividades analizadas continúan el sendero de caída”.
“Por lo tanto, la economía cordobesa, mientras profundiza su dependencia de un sector agropecuario cada vez más concentrado para sostener los niveles de actividad económica, no parece escapar a la dinámica nacional de agudización de un proceso recesivo en 2018. En este contexto, es que la irrupción de la pandemia en marzo de 2020 profundiza la crisis económica provincial”, concluyen OTES, que se enlaza también lo que expusieron las denuncias sobre el rol de la Autovía de Punilla con la matriz extractivista, de la mano del IIRSA.
