Continúa el acoso judicial contra el secretario general de ATE, Federico Giuliani
El Fiscal De Aragón ordenó el allanamiento del domicilio particular del dirigente y de la sede ATE en Río Cuarto. Sucedió luego de las protestas contra la llegada de Javier Milei a Córdoba.
En un hecho de gravísimas consecuencias para la convivencia democrática en Córdoba, el Fiscal Provincial Emilio De Aragón (foto) prosiguió hoy con el acoso judicial contra el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, y ordenó el allanamiento de su domicilio particular así como de la sede gremial de ATE Río Cuarto.
Fuerzas policiales realizaron los allanamientos al mediodía y le retuvieron a Giuliani su teléfono particular, en base a una causa abierta por el Fiscal, aparentemente fundamentada en la represión policial sucedida el pasado 25 de mayo en la esquina de Avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, cuando efectivos que custodiaban el acto partidario del Presidente Javier Milei, la emprendieron con gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra la multitud que se encontraba en el lugar.
Giuliani junto a 14 compañeras y compañeros resultaron heridos de diversa magnitud, sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo.
En un extremo propio de otros tiempos donde no se respetaba en Córdoba el derecho y la libertad de las personas, la Policía le retuvo el teléfono celular uno de los hijos de Giuliani de 9 años. Al mismo tiempo, se allanó el auto particular de su esposa, junto a otro propiedad de ATE.
Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra la organización sindical. Quinteros, un funcionario que ha sabido saltar como canguro entre varios partidos políticos y está denunciado por varios casos de corrupción, sigue la línea de acción de la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, con quien se ha referenciado en varias oportunidades.
Así, queda claro el desprecio del Gobierno de Córdoba por el Estado de Derecho y de las garantías constitucionales, donde el derecho a la protesta forma parte fundamental de nuestro contrato social, de la propia Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales que nuestro país tiene suscriptos.
Cabe mencionar que el Fiscal De Aragón ya imputó el año pasado a Giuliani y a otros dirigentes sociales por el corte de una calle durante la Marcha contra el Hambre, que se realizó el 5 de abril. Dicha causa está elevada a juicio, dando cuenta que no es el único funcionario judicial disponible para aplicar las políticas represivas del Gobierno de Córdoba.
“Desde ATE exigimos que De Aragón se deponga esta persecución de manera inmediata, devuelva los teléfonos a la familia Giuliani, junto al resto de sus pertenencias particulares, y se respete la Constitución Nacional”, señala un comunicado gremial
Fuente: www.atecordoba.org
