¿De quién es el agua?
Por Lea Ross
Se dice que con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las partes más polémicas de la Ley Bondi Zombi (N° 27.742), incluyendo su adhesión por parte del poder político local en Córdoba (Ley Provincial N° 10.997), el agua corre peligro de ser privatizada. Es lo que se interpreta en el Artículo 165, que establece que “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” lo que establece el RIGI “será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
En distintas declaraciones, Javier Milei, el Lord Jamón, explica que los casos de contaminación ambiental, como ocurre en los ríos, se debe a un problema de “externalidad donde no está definido el derecho de propiedad”. “Toda empresa contamina un río, porque sobra y por ende su precio vale cero. Cuando el agua empieza a escasear, deja de valer cero y entonces emerge un negocio, alguien se apropiará de ella, tendrá derecho de propiedad, y ahí sí se termina la contaminación”. Es decir: para que no haya más problemas ambientales, lo correcto sería que los recursos naturales o bienes comunes queden en manos privadas. Su pensamiento fue extraído del libro Manifiesto libertario, escrito por Murray Rothbard, el padre del anarcocapitalismo.
Sin embargo, en Córdoba, no hizo falta que llegara ni Milei ni el RIGI para dimensionar las implicancias de la repartición del agua, que están lejos de proceder en una solución concreta. En particular: en la región de Sierras Chicas.
Desmontando hogares
“Me siento en casa. Pronto tendré una casa ahí para pasar lindos momentos”, había declarado Mauricio Macri, el lunes pasado, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Esa vivienda empezaría a construirse en el country El Terrón Golf Club, ubicado en la ciudad de Mendiolaza. El emprendimiento barrial es impulsado por el propio presidente de la entidad empresarial, el septuagenario Manuel Tagle, amigo personal del ex-presidente de la Nación.
Mendiolaza es la ciudad que aceptó las primeras inversiones de Tagle en el rubro de la construcción y administración de barrios privados. Los avales fueron conseguidos por el seis veces intendente Daniel Salibi (UCR), denunciado recientemente por la actual intendenta Adela Arning (PRO), por defraudación al fisco local. La presentación judicial se realizó el jueves anterior a la llegada de Macri a Córdoba. A pesar que Arning se expresó chocha por la llegada del “nuevo vecino”, hay unas cuantas fotos de Salibi jugando jocosamente al golf con Tagle y Macri.
Apenas asumió como jefe comunal por primera vez en el año 1999, Salibi habilitó el primer country de su ciudad: Estancia Q2, de la familia Tagle, del cual el propio Manuel tiene su domicilio legal allí. El Terrón, otra de sus inversiones en la ciudad, se forjó mediante desmontes sobre terrenos de alta conservación de bosque nativo, conocida como “zonas rojas”, prohibido por leyes ambientales y provinciales. En su interior, incluye un campo de golf de 18 hoyos, donde juegan Salibi, Macri y Tagle. El barrio obtuvo el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia en el año 2013. Fue en un contexto donde las leyes ambientales provinciales eran más flexibles y beneficiosas para las empresas, en comparación a la exigencia de las leyes nacionales. Eso llevó a que el año pasado, el ex-secretario de Ambiente de Juan Schiaretti, Raúl Costa, fuera condenado por abuso de autoridad por habilitar inversiones con desmonte en la ciudad de San Antonio de Arredondo, al sur del valle de Punilla. Se espera un segundo juicio en su contra por haber hecho lo mismo con el country Villa Serrana Candonga, ubicada más al norte del Terrón.
El Terrón de Mendiolaza y Villa Serrana Candonga, de la empresa de Ticupil SA, son dos de los emprendimientos más cuestionados en la zona de Sierras Chicas, por las consecuencias ambientales que implicaron la deforestación como modo de reemplazar la cobertura vegetal con cemento. La situación llevó a su pico el 15 de febrero de 2015, cuando abundantes precipitaciones inundaron el cordón serrano, con el costo millonario de pérdidas materiales y alrededor de ocho personas fallecidas. Lo que el agua no sale de la canilla, se acumula sobre el asfalto.
Verde colorado
Sin embargo, los cambios de normas no fueron barreras del todo efectivas. Además de los negocios inmobiliarios de Tagle y Ticupil, también figuró como tercero en discordia el proyecto El Montecito, en la ciudad de Unquillo. Son 125 hectáreas propuestas para casi 700 lotes en el pié de montaña. El impulsor es el “Fideicomiso Urbanización del Cigarral”, conformada principalmente por la empresa Cahuana S.A. Luego de las inundaciones del 2015, la empresa propuso una modificiación a su proyecto, donde agregó una reserva privada de conservación de bosques. Recibió la licencia ambiental, de la mano del secretario ambiental Javier Britch, el día 28 de diciembre del 2018, donde los inocentes vacacionan.
Ante ello, en 2019, la Fundación Vertientes Saldán, en representación de habitantes del Corredor de Sierras Chicas, presentó una acción de amparo ambiental. Distintas organizaciones advierten que “no hay agua” para esos 700 nuevos lotes y porque está en zona roja de bosque nativo. Para poder determinar ese segundo punto, se ejemplificó con distintos mapas:
- Mapa de 2013: es lo que la Provincia le acreditó a la Nación, cuando le exigía que regularizara la situación de su ley provincial de bosques, si quería seguir recibiendo los fondos correspondientes para conservarlos. De acuerdo a este mapa, El Montecito es en su totalidad zona roja.
- Mapa interpretado de 2014: el Área de Bosques de la Secretaría de Ambiente realizó un informe interpretativo sobre ese mapa anexo, mediante un estudio de vegetación presentado por la empresa Cahuana SA. Dice que el área en cuestión “está conformada por un mosaico de áreas clasificadas como no boscosas junto con áreas clasificadas como rojas y amarillas”.
- Mapa de ajuste predial de 2014: hay otro informe del Área de Bosques, presentada a fines de ese año, con ajuste predial y mapa del predio. Tiene la firma del Director de Bosques. En base a una inspección en octubre y con imágenes satelitales, se determinó que 91,5 hectáreas del predio son zonas rojas.
Cualquiera de esos ejemplos contiene zona roja.
Elegí cualquiera, prohibida será.
Sin embargo, recientemente, una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa, de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba, optó por rechazar ese amparo, sin mencionar ninguno de esos tres mapas. Solo aceptó un informe del 2018, de la misma Dirección de Bosques a cargo en ese entonces del Dr. Britch, que le da el visto bueno para autorizar el proyecto, con fundamento en que este conserva “la mayor parte” de la zona roja. Lo curioso es que entonces habría una “menor parte” que sí se desmontaría. Este último informe no está acompañado por un mapa. Sin embargo, por un pedido de informe del intendente de ese entonces, Britch le mandó por email el mapa sin sello ni firma. Para las organizaciones, es “trucho, sin valor legal”.
Otro punto: el fallo de la Cámara, para justificar el emprendimiento, se aferró en el mapa de otra ley, que es la Ley 9.841 para el Uso de Suelo, conocido como “ley IPLAM”, en referencia al elaborado por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana. Allí el predio de El Montecito figura como “zona de urbanización diferida”, y por ende, contradiciendo a la ley de bosques, habilitado para lotear. Es el mismo argumento que recurrieron ciertos abogados, ligados a la constructora Grupo Roggio, para ayudar a empresarios desarrollistas a invertir en zona rojas e, incluso, donde fueron quemados por incendios forestales, cuando las leyes también lo prohiben. Así ocurrió, por ejemplo, con la desarrollista Grupo Vetania, donde quieren instalar enormes torres de departamentos cerca del lago San Roque, en un predio donde padeció los fuertes incendios del debastador año de 2020.
Según un documento de análisis pormenorizado, elaborado por el equipo legal de la Asamblea del Monte Unquillo, y que accedió La Luna con Gatillo, considerar el mapa de la ley de uso de suelo “es erróneo”. Sostienen que la ley de bosques provincial (N° 9.814) es “complementaria a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos (N° 26.331)”, por lo tanto “tiene jerarquía legal y lógica sobre la Ley del IPLAM”.
Por esa razón, las vecinas se presentaron el martes pasado, ante el Concejo Deliberante de Unquillo, para que los ediles tomen cartas en el asunto. Una de ellas, Cecilia Michelazzo sostuvo que el proyecto El Montecito “está en el marco de un proyecto y perfil de ciudad. Tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que conlleva aprobar un proyecto de este tipo, para luego aprobar otro, y otro… porque sus impactos no son aislados, sino acumulativos. Se debería evaluar y planificar de modo participativo”. Finalmente, aseveró que ese modo de desarrollo llevaría a un “perfil dañino, perjudicial, segregación y violencia, y no genera desarrollo económico ni sustentabilidad”.
Desde la asamblea, sostienen que la causa ya está en el Tribunal Superior de Justicia, por lo que el fallo de la Cámara no está vigente, el amparo se mantiene y las obras deberían seguir paradas.
Mano invisible
Y mientras las vecinas de Unquillo interpelaban a los concejales, mucho más al norte, los habitantes del pueblo de La Granja no se quedaban atrás. “Nos están robando el agua”, sostuvo un vecino frente a su intendente y al Concejo Deliberante. Ante una sesión extraordinaria, el jefe comunal Miguel Pítaro, junto con concejales oficialistas y opositores, escucharon la preocupación de unos 200 vecinos y vecinas. El tema: un acuerdo entablado entre los municipios de La Granja y la ciudad de La Cumbre, separados por las montañas de Sierras Chicas, para habilitar la regulación de la repartición del agua del Río Tiú Mayú. Durante varios años, la mitad de ese caudal es desviado por un azud para que quede depositado en el dique San Jerónimo y, de ahí, llevarlo al otro lado de la montaña mediante un túnel. Para ratificar este pacto, se debe contar con el apoyo legislativo de ambas localidades. La enorme convocatoria en La Granja evidencia una preocupación, en donde se sostiene que la escasez hídrica se hace sentir cada verano. El dibujo de abajo tuvo gran difusión a la hora de dimensionar este temor.
La Cumbre y Villa Giardino conforman la única zona del valle de Punilla, más precisamente en el norte, donde se recibe inversiones para levantar barrios privados con canchas de golf, al igual que el sur de Sierras Chicas. El mantenimiento del césped incentiva un consumo de agua prominente. Vecinos de La Granja plantearon la sospecha a La Luna con Gatillo que la toma del agua para La Cumbre estaría, en realidad, apuntado a mantener negocios privados y comerciales.
En la reunión del Concejo, realizado en el enorme salón cultural Iria Berutto, especialistas le recordaron a los ediles y a la máxima autoridad sobre los antecedentes vividos: “No se habla de las obras que se hicieron entre 2006 y 2008, donde se levantó la cota del dique San Jerónimo a un metro más. Para poder llenar ese metro, derivaron el 100% del Río La Granja hacia ese dique. No sé si se asesoraron a nivel medio ambiental, porque trasvasar la cuenca y secar 100% un río es casi un delito ambiental”, explicó Adrián Strelin
“¡Es un delito!”, le aclaró otro de los presentes, ratificado con un fuerte aplauso.
Ariadna Arrigoni, ex-concejal y una de las vecinas autoconvocadas, sostuvo que “acá no se menciona el Acuerdo de Escazú”, en referencia al tratado adherido por Argentina, donde brega para que las comunidades accedan a la información pública que tenga que ver sobre cuestiones ambientales. Y sigue: “Porque si no venían lxs vecinxs acá, esto se iba a votar”. “Tenemos que entender que el cambio climático vino para quedarse, además de todo el sobrepastoreo que hay arriba y de los emprendimientos inmobiliarios. Tenemos una larga tarea para conseguir un mínimo de hilo de agua en el río. Estamos preocupados por ese tema”, advirtió Julio Ortega.
Ante esta situación, el intendente se comprometió a no avalar este acuerdo, hasta tanto el Concejo lo siga discutiendo en comisión con participación de sectores organizados del pueblo. La respuesta de los centenares presentes: un acalorado aplauso.
Otro vecino aclara: “Jamás hubo un conflicto entre La Cumbre y La Granja. Esto es una falta del gobierno de la Provincia, que tiene el control y el manejo del agua, y es la que tiene que hacer y decidir”.
Los goteos
Una acotación final, antes de cerrar la canilla. En algunos pueblos serranos, en particular de Sierras Chicas, ha sido notoria la concurrencia de vecinos y vecinas preocupadas por el acceso al agua, llevando a convocatorias muy fructíferas. La preocupación comunal cumple la máxima que la cantidad hace la calidad. No así las manifestaciones, en distintas provincias, para repudiar las adhesiones provinciales al RIGI, cuyas concentraciones han sido ténues, aún con la insistencia en afirmar que con ese régimen el agua quedaría en pocas manos. La proliferación de conceptos académicos como “extractivismo”, “ecocidio” y otros tantos pueda ser la clave de una pérdida de trabajo pedagógico que genere una mínima interpelación. Analizar la inédita coyuntura que se vive sería la primera gota para acabar con esa sed.
