Donde hubo fuego, ¿edificios quedan?
Una nueva inversión de alta gama se realiza en áreas donde pasaron parte de los emblemáticos incendios de Córdoba del año 2020. La letra chica del estudio ambiental, que ordenó mandar la empresa, abre la sospecha que se trató de un fuego intencional para este negocio.
Por Lea Ross | Ilustración: Chechu Mancilla
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El año 2020 fue el peor en materia de incendios para la provincia de Córdoba en los últimos cuarenta años, con más de 300 mil hectáreas arrasadas. Es decir, del presente siglo. O sea, los más magnánimos que contemplaron el sector más joven. Eso llevó a una explosión voluntaria de distintas partes de la sociedad cordobesa para sofocar las llamaradas, a la vez que florecieron las sospechas sobre los intereses que se esconden detrás de los puntos de ígnición. Incluso, tuvieron su impacto nacional, cuando en diciembre anterior, el Congreso de la Nación aprobó una normativa, la Ley Nro. 27.604, que prohíbe los loteos en zonas incendiadas, como posible freno a la especulación inmobiliaria.
Lo que se verá a continuación es un ejemplo de las sospechas de cómo no siempre se queda sólo en cenizas.
Pasado más por fuego que por agua
El jueves 14 de septiembre, la Secretaría de Ambiente de la provincia organizará una audiencia pública para debatir la sustentabilidad de un proyecto que propone la construcción de cuatro edificios en la comuna de Villa Santa Cruz del Lago, a menos de un kilómetro del lago San Roque. Lleva como nombre Club Vacacional Veneto 360.
Veneto, además de ser la región italiana donde se localiza la inundada Venecia, es la marca comercial del holding homónimo para promocionar establecimientos residenciales y recreativos de alta gama en Villa Carlos Paz y sus alrededores. El Grupo Veneto están encabezados por Juan Baudo y Antonio Martín Palermo, y quien se hizo a cargo de los trámites de esta inversión es César Alejandro Arese, a nombre de la filial constructora: Construcciones del Valle SA.
La propuesta es urbanizar siete hectáreas, donde además de las residencias compuestas por 282 departamentos, de uno y dos dormitorios, incluyan un centro comercial, canchas de fútbol y de paddle, gimnasios y spa. También, una piscina que será “el icono interno del desarrollo, por magnitud y sus características innovadoras en cuanto a representar la naturaleza plena dentro del complejo, con cascadas, espacios naturales de solárium con vegetación y diseño paisajístico de jardines, vinculados todo el sector con propuestas innovadoras como plazas naturales, con microcine, recorridos por senderos que recorren aproximadamente 2 kilómetros rodeados de naturaleza”. Asevera que el 85% del espacio estará cubierto de vegetación. Pero sobretodo, incluye una torre mirador de 80 metros, con ascensores panorámicas, con un restaurante de superficie cubierta y el nivel superior una extensión descubierta con baranda perimetral vidriada.
En la página 11 del estudio de impacto ambiental, presentado por la empresa, se enfoca en que todo estará invertido sobre dos parcelas.
Ambos fragmentos encajan a la perfección en los registros catastrales de la provincia de Córdoba, que están a nombre de Rodeo Inversiones SA. No está claro quiénes son los dueños de esa firma, pero se sabe que sus oficinas estarían en el Nordelta, región donde se han acostumbrado a urbanizar sobre espacios humedales, con el reproche de vecinas al ver sus patios infestados de carpinchos.
Según los informes, el proyecto se propone a construir una planta de tratamiento cloacal, con una red de distribución para “reuso” (sic) en los inodoros, para riego y con el remanente para un sistema de infiltración por sangría. Eso sería en respuesta a la preocupación de los desechos orgánicos que recibe el dique San Roque, fruto del arrastre en las cuencas, que lo lleva a su deterioro en su calidad de agua. Los números que maneja la compañía es que en los períodos turísticos, la fracción a recircular a los inodoros serían de 53.800 litros diarios, la del riego en 82.500 litros, mientras que el remanente será de 52.700 litros por día que se alojarán en el subsuelo.
La autora del estudio ambiental se trataría de una bióloga que realizó un paper que profundiza sobre las cianobacterias, los microorganismos que se detectan cuando los cuerpos de agua reciben esos residuos.
Papeles quemados
Una de las falencias que tiene el estudio es que no tiene adjuntado las matrices de valoración, que son tablas que permiten generar un análisis cuantitativo de cada uno de los impactos, y que desde la audiencia pública se pueden utilizar para su discusión puntillosa.
También tiene extraños resaltados en amarillo, donde aparecen como anotación una tal “Sofa Balbo Martínez”, que sería el nombre de una pasante de la Secretaría de Ambiente, del cual no se explica por qué tendría marcado su nombre, ya que quienes trabajan en esa área se dedican solamente a recibir el material de los empresarios y subirlo al Drive tal como están los archivos, y sin editar nada, para la accesibilidad del público.
La falencia más grave, y que es donde se halla una sugerente letra chica, es la abstención a determinar qué area de conservación de bosque nativo se encuentran los terrenos. Se sabe que las categorías I y II, o rojo y amarillo, prohíben el uso de esos suelos para fines de lucro, ya que se interpreta que en ella habitan especies nativas que pueden recuperarse. En el subcapítulo dedicado a la Fauna, reconoce que la geografía está dentro del “Bosque Serrano”.
En otro párrafo, señala lo siguiente: “Es necesario resaltar que el presente proyecto viene a rescatar un espacio abandonado por décadas y que se había convertido en un sitio con un alto nivel de degradación y símbolo de pérdida de valor de la actividad turística, por una nueva oferta de alto valor con impactos positivos sobre toda la zona”.
El trabajo subraya que esa zona quedó abandonada, además del hecho de contar con la presencia de algunas viviendas que se han instalado, como así también la apertura de algunas calles o pasos viales: “Estos cambios fueron fundacionales y de tal envergadura por las modificaciones topográficas y movimientos de suelo realizadas trajeron como consecuencia, que aún hoy (45 años después) no pueda observarse la típica estructura de bosque nativo, ni tampoco se observa una sucesión vegetal que se direccione hacia él y por lo tanto sus valores biológicos de flora y fauna sobresalientes no están presentes”. En ninguno lado, menciona el paso de los incendios.
Parafraseando al pensador lingüísta Ludwig Wittgenstein: “De lo que no se puede hablar, habrá que callarse”.
Es importante señalar que la Ley de Ordenamiento Territorial, o Ley de Bosque, no determina el nivel de conservación de un bosque según lo que se “observa de su típica estructura” o que la “sucesión vegetal se direccione hacia él”, sino por la propia ubicación del terreno en un mapa.
Su abstención a no decir si es zona roja o amarilla (se cree que es amarilla), bastaría con que la Secretaría de Ambiente anule el estudio ambiental y evitar la instancia de participación ciudadana. Por algo no lo habrán hecho.
Ladrillos llegan
Los terrenos colindantes a la torre El Pato, la estructura emblema de esa zona, fue el testigo directo de cómo la cobertura vegetal fue arrasada por los incendios ocurridos hace tres años atrás. Es recordado como uno de los más memorables de aquella fatídica jornada. La pérdida de individuos vegetales, por la carbonización, quedan expuestos en el transcurso del tiempo, mediante esta breve crónica audiovisual del periodista Bernardo Monis, realizada a fines de septiembre de 2022, es decir, hace un año atrás y cuando se cumplieron dos años de los incendios.
Desde entonces, vecinos y vecinas de esa región punillense sureña han denunciado el movimiento de camiones y obras civiles, con el afán de instalar la infraestructura requerida para extracción y suministro de agua potable, entre otros. Nunca se pudo establecer fehacientemente quiénes son mandados esas personas. Se sabe que hay disputas por la titularidad de algunos terrenos, entre la torre y el lago San Roque, donde se especula realizar distintas inversiones, donde se involucra a distintos pesados pesados del rubro inmobiliario. Es más: mientras se escriben éstas líneas, la cooperativa de servicios públicos de Santa Cruz del Lago convocó una reunión de vecinos y vecinas para discutir sobre el proyecto Veneto 360.
Por si fuera poco, el propio estudio ambiental tiene adjuntado un registro fotográfico, que son las que se verán a continuación, donde prácticamente son los lugares donde se rememoran la carbonización de las especies vegetales de esos tiempos.
Más que habilitar una audiencia pública, la Secretaría de Ambiente debería librar una denuncia penal para que con este material se investigue sobre qué relación tiene éste emprendimiento con los incendios del 2020, ocurridos prácticamente en los lugares donde se sacaron esas fotos.
Por lo pronto, desde aquí se puede obtener información para participar de dicha instancia.
Papeles en el viento
“El inmueble siempre va a tener un crecimiento. Porque el mundo crece en cantidad de personas. Entonces, necesita más habitaciones y más tierra para producir”, explicaba Eduardo Baudo en junio pasado a la revista Punto a Punto, a la hora de entender por qué su rubro siempre es blanco de capitales, aún con la inestabilidad del dólar. En esa nota, subraya el avance de un country en Falda del Cañete, otra geografía que ha padecido los incendios. También dejó picando su proyecto en Santa Cruz del Lago, con el nombre de “360”.
¿De dónde proviene el financiamiento para levantar edificios en zonas donde violaria las leyes?
“Constructora del Valle SA” tiene su sede en Las Varillas, una zona agrícola, donde el derrame sojero se destina a invertir en ladrillos. De hecho, algunos espacios del holding se ha utilizado para exposiciones referidas a lo último en tecnología agropecuaria.
Pero a su vez, en el año 2021, la constructora se metió dentro de un fideicomiso llamado Civis Bridge, cuyo fiduciario es el arquitecto Lionel Mazzotta, presidente de Desarrollos Corporativos BM SA, “cuya actividad se centra en el desarrollo integral de proyectos de gran envergadura, consolidada como una empresa fuerte dentro del sector servicios, en particular en el mundo de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo”.
Dicha empresa fue creada junto a José Luis Cavazza, uno de los directivos de la empresa Bacar SA, conocida por ser recolectora de fondos a particulares y empresas, sospechada de haber funcionado como una mesa de dinero, en forma paralela a la financiera ilegal CBI Cordubensis, que existió en pleno centro de la capital cordobesa y condenó a una docena de financistas por un manejo mal habido de fondos particulares. Cavazza también fue recordado por ser pastor evangélico y haber sido candidato a viceintendente, junto a Sebastián García Díaz, para el partido Primero La Gente, hoy incrustado en el frente Juntos Por El Cambio.
En junio de 2021, cuatro de los dueños de Bacar fueron condenados por el Tribunal Federal Oral N.º 2 de Córdoba por intermediación financiera no autorizada, donde se los penó con millonarias multas. Cavezza fue absuelto, aún cuando la investigación del fiscal Carlos Gonella sostuvo que fue cómplice necesario de un solo hecho por lo menos.
El juicio había comenzado en abril. Dos meses atrás, Lionel Mazzota se había dirigido a un establecimiento del barrio Los Plátanos, de la capital cordobesa, para llevar a cabo una asamblea del fideicomiso, en una vivienda donde nació Bacar. Allí estableció que de parte de Constructora del Valle SA se adquirieron planos y documentos para una “obra” de esa firma, y que las partes interesadas podían repasar esas páginas en la sede del fideicomiso. Actualmente, ese establecimiento está siendo utilizado para un negocio de servicios de seguridad. La Luna con Gatillo se comunicó con el encargado de comunicación de la empresa. Dio a entender que conoce a Mazzota, pero prefirió no responder ante la consulta de poder comunicarse con él.
Mazzota, además de ser co-fundador de la Cámara Argentina de Profesionales y Empresarios Cristianos, creó una empresa constructora de drones, y figura como CEO de una asesoría de inversiones aeronáuticas llamada UNG Systems, con sede en Miami. También, tiene una empresa en otro país que también funciona como una guarida o paraíso fiscal, llamado Depcon SA, ubicado en Panamá.
A pesar de todos estos antecedentes empresariales con conexiones offshore, Mazzota figura como monotributista categoría G. Toda una apertura internacional, donde se requieren blanquear fondos ocultos, mediante sofocante ardor sobre la tierra arrasada.
