El Rey Jamón y las papas fritas
Por Lea Ross
La imagen de arriba fue subida por Javier Milei en Instagram, que lo recibió como ofrenda por uno de sus seguidores. Se trata de una reversión del famoso cuadro de Paul Delaroche, pintada al óleo en 1845, donde representaba a Napoleón Bonaparte en su momento previo a firmar el Tratado de Fontainebleau, donde renunciaba a su poderío y a los avances de sus tropas para luego retirarse a la isla de Elba. La obra romántica pretende encarnar una etapa derrotista del emperador francés. Quizás Milei no lo sabía. Como así tampoco sabíamos que él tiene un problema patológico con las papas fritas.
Yo te avisé
La luna con gatillo ya había advertido, desde sus redes sociales, que la vice coronela Victoria Villarruel no le gustaba ni medio lo que estaban haciendo Rambito y Rambón (la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri). La propuesta de infestar de soldados en los barrios de Rosario para combatir el narcotráfico no es algo que le apetece a la casta militar. De hecho, el enojo de los colimberos con los distintos gobiernos constitucionales no es solo los recortes de presupuestos, que bien merecidos lo tienen por el daño y la amenaza que generaron durante la dictadura (y un poco antes y un poco después). También es por la ausencia de un plan estratégico para las tres fuerzas armadas. Ante ello, relegarlos a emprender tareas de seguridad, cuando lo suyo son los ataques de largo alcance en tierra, agua y aire, no es algo que les caiga simpático.
Los doctores las prefieren desnudas
Villarruel también mostró desacuerdos con otros rugidos desde su propio gobierno, expresados en la entrevista concedida a Jonathan Viale, al que calificó a su compañero de fórmula como un “pobre jamoncito”, al tener que tolerar la rudeza entre ella y su hermana Karina. Sus respuestas estuvieron fuera del libreto: no le gustó que frenaran el aumento de la dieta de los senadores, tampoco que se juzguen a algunos por contratar a familiares y no le agradó haberse enterado por los medios que iban a proponer postulantes para integrar la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos, el juez federal Ariel Lijo, fue defenestrado tanto por kirchneristas como por anti-kirchneristas, por sus acomodos en Comodoro Py. A la vice no le perdona que no haya declarado como crímen de lesa humanidad el asesinato de Ignacio Rucci, a pesar de que no se encontraron evidencia alguna como para que lo tenga.
Por el contrario, sí le cayó bien, al igual que la prensa masiva, la entrada de otro oferente: un decano de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, considerado como alguien que sabe sobre derecho constitucional. Tanto Clarín como La Nación, lo han calificado como un jurista “ejemplar”, “destacado” y otras flores.
Lo poco que se lo endilga a Mansilla-García es por su postura contraria al aborto legal y su supuesta ligazón al Opus Dei. Pero su crudeza es más subsuelo. Muy oil. En el caldeado año 2001, realizó un posgrado en una universidad de Washington, donde expuso una tesis sobre el caso argentino de la “crisis de la división de los poderes”. Sacó la calificación más alta. Luego retornó al país para asesorar a distintas petroleas, que le permitió darle un prestigio lo suficientemente alto como para ser elegido director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Eso fue en mayo de 2014. En ese entonces, el ministro de Economía nacional, Axel Kicillof, propuso cambios a la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, para flexibilizar las inversiones extranjeras que apunten al flamante método de fracking sobre las reservas de Vaca Muerta.
La Ley Bondi Zombi
El ascenso de García Mansilla, de petrolero a supremo, se solapa con la propuesta que tiene la Ley Ómnibus, que quedó despedazada luego de las baterías de críticas que recibió tanto en la sociedad como en el Congreso. Ya no quedaron las reformas fiscales (aunque estarán como proyecto aparte), ambientales, penales y ligadas al arte y la cultura. Sin embargo, algunas de ellas se ejecutan por decreto, resolución o de facto. De todas maneras, lo que queda de ese proyecto, la Ley Bondi Zombi, se espera que se logre su aprobación legislativa mediante un zigzagueante diálogo con los gobernadores. Y que todo sea previo a la firma del “Pacto del 25 de Mayo”, que se realizaría en tierras cordobesas, a pesar de que desde acá, se sabe poco y nada.
El Título IX de la Ley Bondi Zombi lleva de nombre “Energía”. Su primer capítulo es el más longevo en cuanto a cantidad de capítulos. Casi todos apuntan a reformas de la mencionada Ley de Hidrocarburos.
El Artículo 148 del proyecto de ley agrega que se tiene como objetivo “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. A la vez, borra pasajes de la actual ley, como las que dicen que en caso de que la producción de combustibles “no alcance a cubrir las necesidades internas, será obligatoria la utilización en el país de todas las disponibilidades de origen nacional”. Además se elimina que “el Poder Ejecutivo fijará los precios de comercialización en el mercado interno”. En los hechos, puede implicar incluso que las tarifas de luz y gas deban aumentar para garantizar esa renta “maximizada”, que es lo que se avecina en los próximos meses.
También lo dice el Artículo 151, que modifica el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, ya que afirma que no se “podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción”. A propósito de eso, aquí podremos ver un archivo de 2016, donde el propio García Mansilla salió a defender los “tarifazos” de gas, por propuesta del ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren.
Después, el Capítulo 3, se enfoca en modificar la Ley 26.741, que ordenó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en el año 2012. El Artículo 196 ordena suprimir su Artículo 1, donde declara como “objetivo prioritario” el “autoabastecimiento” del país. La Ley Bondi Zombi ordena que el resto de los artículos que mencionen la palabra “autoabastecimiento” se borré el prefijo “auto”, y que cuando se mencione el proteger a los consumidores en cuanto a “precio, calidad y disponibilidad”, se suprima la palabra “precio”.
Finalmente, el último artículo del capítulo, el número 199, anula nueve artículos en total. Toda esa motosierra legal, termina generando que las empresas estatales tendrán límites para explotar reservas (Art. 11, a fuera), que no se requerirá permiso para realizar reconocimientos superficiales en el afán de buscar hidrocarburos (Art. 15, afuera) y que no se habilitarán concursos públicos destinados para empresas con capital predominantemente argentino (Art. 101, afuera).
Ante ese panorama de enormes tarifas para garantizar la renta “maximizada” y el remate de recursos petrolíferos al extranjero, la seguridad jurídica para esas compañías, todos beneficios a trasnacionales al poner límites a la participación de YPF, tienen el último clavo para colgar el cuadro de su seguridad jurídica: un juez supremo que es de los suyos, con el riesgo de recibir el martillazo de que ese mismo sea denunciado por el delito de la incompatibilidad de funciones.
Reprimarizar
Techint es la empresa más grande de Argentina, a pesar de estar registrada en la guarida fiscal de Luxemburgo. Su CEO Paolo Rocca espera que su filial petrolera Tecpetrol se dedique, además de la extracción en hidrocarburos en Vaca Muerta, a la producción de litio en los salares del norte argentino. “Hay un entorno regulatorio en el que las personas que invierten no están seguras de poder recuperar su dinero en términos de dividendos e intereses. La interferencia del gobierno en materia de impuestos, exportaciones o cosas así puede ser un desincentivo”, sostuvo recientemente en una conferencia en Houston, Texas, en base a una crónica de Nicolás Gandini en Ecojournal.
Consultado su opinión sobre Milei, el magnate multimillonario contesto: “En lo personal, creo que el programa será exitoso. La Argentina necesita esto. Es muy importante para abrir nuevas oportunidades”. Incluso, hizo mención a la Ley Bonzi Zombi, acorde al análisis que acaba de hacer La luna con gatillo: “La nueva Ley de Hidrocarburos, que apunta a que los precios locales reflejen los precios internacionales y que permite el movimiento de capitales para conseguir financiamiento y transferir dividendos al exterior, creará un entorno que, en mi opinión, puede fomentar inversiones muy importantes”.
Si escuchamos hablar de Techint, pensamos en acero, no en petróleo o minería. Pero según advierte el colega Alejandro Bercovich, ante la recesión económica que vive el país hace pocos años, y ahora más agravado por las políticas del Rey Jamón y el Mago sin Dientes de las Finanzas, muchísimo menos habrá demanda de ese metal destinado al mercado interno. Por ende, el negocio pasará para un lado más primario que manufacturero.
Rocca también había dicho que el método de extracción del litio en salares es más sustentable a nivel ambiental en comparación con otras actividades. Así no la ve la Corte Suprema de Justicia de Catarmarca, que aceptó a medias un amparo contra proyectos mineros que están sobre el Salar del Hombre Muerto, del cual padece escasez hidrica.
Lo interesante del fallo, de 51 páginas, es que ordena a las autoridades públicas a que las empresas realicen estudios de impacto ambiental acumulativo, ya que dos empresas trabajan allí en negocios separados. Para eso, tomaron como antecedente el fallo “Salas” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde descubrieron que un enorme desmonte en Salta ocurría porque el mismo dueño obtenía sus permisos de tala en espacios reducidos, cuya sumatoria generó una imponente deforestación. Ahora: Catamarca lo aplica para la minería dentro de una misma cuenca.
La pampa húmeda, los minerales como el litio y Vaca Muerta son nuevamente los cofres argentinos que se ofrecen a estas empresas, con las implicancias sociales y ambientales que eso conllevan.
Para legitimarlo, la tan mentada batalla cultural, el gobierno recurre a señalar con el dedo todo lo que engloba a “marxismo cultural”, focalizado en todo aquello que empuja al Estado a imprimir pesos argentinos para sostenerlo: festivales de pueblos, artistas como Lali Espósito, la eliminación de los institutos de cine y de la agricultura familiar, y el cuestionamiento a la existencia de organismos de Derechos Humanos. En particular: sostener que el número 30.000 de los casos de desapariciones fue inflado para mantener la existencia de la casta política.
Las memorias completas
La eficacia de ello, como contracara a lo que fue la “década ganada” del kirchnerismo, lo explica el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, en su paso por la ciudad de Córdoba, al presentar el libro Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?: “El kirchnerismo había entendido como ‘batalla cultural’ algo que era mas bien ‘pedagogizar’, ‘evangelizar’, dar visiones oficiales, un poco parciales, desde el Estado. Casi diría que las batallas culturales de los oficialismos de los últimos veintes años, incluyendo al macrismo, eran ‘patotear’ a la sociedad desde el Estado. En general, todo lo que tiene de algo de subalternidad frente al Estado dice que sí. Y la siguiente respuesta que el Estado puede recibir de esas personas es una puñalada trapera cuando pueda, en el momento en que el estado se distrae. La simulación de aceptación es un clásico cuando la batalla cultural se disputa desde el estado contra la sociedad civil. No había una gran construcción de sentido, aunque parecía que sí”.
La mirada de Semán se confirma con la sorpresa progresista de que Victoria Villarruel haya tenido su ascenso al poder, cuando la figura de “los fachos” era más caricaturezco. Su empeño retorico quedó confirmado cuando insiste en calificar de “terroristas” a quienes integraron las fuerzas guerrilleras. A pesar de las remeras del Che, ha sido notorio que el progresismo académico y clasemediero no haya podido contra-argumentar ese calificativo, aún cuando quienes estudiamos en la universidad pública hemos leído material de demuestra lo contrario, como los planteo de la politóloga Pilar Calveiro. Ante la imposibilidad de explicar a la sociedad por qué la violencia guerrillera no es comparable a la violencia terrorista es lo que permitió que las derechas se apropiaran de esos temas, al igual que otras cuestiones más económicos como los impuestos y el rol de los dólares en nuestras vidas, como lo ha logrado Milei. A 48 años del golpe, corresponderá ejercer las memorias completas, que impliquen “des-oficializar” siempre los discursos, sin importar los gobiernos que aparezcan, para no ser el jamón de los mismos y ser las papas fritas que los hagan inquietar.
