¡Estoy verde!
Schiaretti logra mantener el apoyo del sector inmobiliario-financiero y la Iglesia, mediante la designación del nuevo jefe de los fiscales, y del sector del agronegocio con la pelea en el Congreso por los biocombustibles. Límites y desafíos para el surgimiento de un partido político ambientalista.
Por Lea Ross
La Unión Cívica Radical es la pata territorial del frente Juntos por el Cambio. Por eso, su crisis interna inquieta a la principal fuerza opositora nacional. A pesar que en las internas ganó una amplia lista de nombre Convergencia, que logró reunir al pragmático Mario Negri, al caprichoso Ramón Javier Mestre y al principista Dante Rossi, el margen fue relativamente mínimo, frente a la fuerza Sumar, capitaneado por el solitario Rodrigo de Loredo, cuya únicas espaldas estaban por fuera del aparato, como el PRO en Córdoba y un lejano Martín Lousteau. Tan corta fue, que el ex titular del ARSAT ya anunció que competirá en las internas de las PASO.
Por el contrario, el PJ cordobés logra mantener cierta estabilidad, frente a la incertidumbre de un devenir poco claro para las elecciones próximas. No solo logró mantener unido su frente electoral de Hacemos Por Córdoba, como son el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista, sino que también logró encandilar a algunas tropas del sector radical-macrista, en su afan de preservar los núcleos duros, identificados con el establishment. Esto se reflejó por los votos de la Legislatura para aceptar al abogado empresarial Juan Manuel Delgado como flamante fiscal general de la Provincia, y por la batalla contra el Gobierno Nacional en el Congreso, en su reclamo por la extensión de la ley de biocombustibles.
En cierta manera: lo que no hace la UCR para embanderar los reclamos conservadores, lo hace el PJ. Para Macri y su libro, que lo miran por TV.
El delgado sincericidio
Más que la sesión de la Legislatura, fue más interesante el encuentro que tuvo Delgado con los legisladores de la comisión de asuntos constitucionales, realizada el día anterior a la votación. Allí, el compinche del empresario Horacio Parga, el que instaló los muros racistas de Edisur en la ciudad capital, confirmó que la violencia de género será una de sus prioridades, pero que también en los noventa tuvo su activismo en el Portal de Belén. Bajo la repregunta sobre cómo actuaría si tuviera que responder un recurso contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo, respondió: “Me puede llegar a dictaminar. Y por eso, no puedo adelantar una opinión, porque puedo ser re-acusado. No quiero que se invalide ninguna opinión a futura, porque creo que es un tema muy delicado, que atraviesa toda la sociedad, y que al tratarse de la vida humana, tiene que tratarse con absoluto respeto” (sic). El audio, que registró Radio Nacional Córdoba, es contundente.
Con esa respuesta, fue suficiente para que al día siguiente, la asamblea Ni Una Menos Córdoba, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir y gran parte del espectro del feminismo organizado repudiara su designación.
Consultado sobre el hecho de que al no contar con experiencia en el derecho penal no lo llevaría ser proclive a las presiones de la gestión gubernamental, Delgado respondió que al contrario: al no contar con una cartera de clientes por delitos de esa índole, le permite ser imparcial en resonantes casos. Otro sincericidio. Porque al contar como cliente estrella a Edisur, le garantizaría su impunidad en caso que algún fiscal encuentre alguna irregularidad en sus negocios.
Por último, aseguró que ha vivido “siempre de la función privada, nunca del Estado”. Eso se torna relativo, ya que los principales negocios de Edisur, como el Edificio Duomo y el mega-countrie Manantiales, los consiguió por remates a precio vil de tierras fiscales y ayudas hipotecarias emitidas por el Banco de Córdoba, para que luego le aportara un millón de pesos a Schiaretti para su campaña, tal como lo expuso La Luna con Gatillo el domingo pasado.
Lobby contra lobby
Así como Hacemos Por Córdoba llenó de satisfacción al sector inmobiliario-financiero y la Iglesia Católica con la designación de Delgado, también está operando para recuperar el apoyo del sector agrícola, de la mano de una palabrita que no genera mucho disenso dentro de la dirigencia política: biocombustibles.
La Ley Nacional 26.093, que obliga a que todo suministro de combustible líquido para el transporte tenga un corte de biodiesel o bioetanol, está por perder vigencia en mayo de éste año. Por eso, existe un proyecto de ley para extender su vigencia hasta 2024, aprobado en la Cámara del Senado, pero todavía en espera en Diputados.
De ésta manera, lxs cuatro fantásticxs schiarettistas -Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio, Alejandra Vigo y Claudia Márquez- encabezan el búnker de presión a toda marcha contra el presidente de la cámara, Sergio Massa, teniendo de escudería a pares del mismo recinto, en representación de otras provincias pampeanas como Santa Fe y Entre Ríos.
Su principal latigillo es denunciar un “lobby hidrocarburífero”, centralizado por las provincias patagónicas y la Capital Federal, por resistirse a diversificar la matriz energética. Así lo expusieron desde Twitter diferentes funcionarios provinciales; algo inusual, ya que en general utilizan sus cuentas solo para difusión institucional. Tal es el caso de Fabián López, ministro de servicios públicos; Sergio Busso, del área de agricultura y ganadería; y Eduardo Accastello, ministro de Industria, con un mensaje muy duro contra Nación, a pesar de haber sido en más de una ocasión candidato a gobernador por el kircherismo.
A su vez, el batallón de twitteros publicaron un comunicado en apoyo a la ley de biocombustibles, con una cuarentena de firmas que conforman el lobby agropecuario cordobés.
Notesé que a pesar de hablar de “fuentes de trabajo” que generan esas fábricas, no hay ningún sindicato en las 45 firmas. Tampoco de organismos que hayan estudiado la “generación de gases de efecto invernadero”. Ni siquiera de municipios y comunas que den fe de los beneficios que recibieron por tener esas industrias.
Lo que sí aparecen, a la cabeza, son los que podemos caratular como la Oligarquía en su conjunto, como la Sociedad Rural Argentina o CARTEZ, que ejercen presión para reformar la Ley Provincial de Bosques para desmontar especies nativas para el paso de ganado. Curiosamente, la única entidad de la Universidad Nacional de Córdoba que firmó ese petitorio fue la Facultad de Agronomía, cuyo decano es un activista de Ramón Mestre, Juan Marcelo Conrero, recordado por su frustrado intento por ayudar a Monsanto a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental para instalar una mega-fábrica en Malvinas Argentina.
También aparece la Fundación Mediterránea, donde uno de sus máximos directivos, Nadin Argañaraz, había sido seleccionado por José Manuel de la Sota como su posible ministro de economía en caso de que llegara a ser presidente de la Nación. El mismo Argañaraz que fue imputado el año pasado por defraudación financiera.
La construcción de éste lobby agrícola pretende funcionar como dique de contención para evitar la fuga de votos chacareros que podría padecer Hacemos Por Córdoba, en favor de la propuesta Juntos Por el Cambio, en un contexto mundial donde el coronavirus puso en jaque a los oficialismos. Un éxodo electoral que ocurrió en las elecciones legislativas de 2017, por las inundaciones en la pampa húmeda y el frustrado intento por aprobar la “ley de desmontes”, en diciembre de 2016.
Finalmente, el corte de suministro de biocombustibles en el financiamiento de las campañas de Hacemos Por Córdoba es muy elevado, tal como lo expuso La Luna con Gatillo en su primer informe anual, donde Promaíz y Bioetanol Río Cuarto aportaron en 2019 ocho millones de pesos, si le agregamos el aporte personal de Aceitera General Deheza, dueña de Promaíz.
Las grietas de Ramona
Frente al “otro campo”, Ramona Bustamante continúa en los terrenos en disputa, bajo la expectativa que los embrollos judiciales pongan algún freno a la orden de desalojo que emitió la jueza Emma del Valle Mercado, que como expusimos la semana pasada, tiene registrado el aval para realizar negocios inmobiliarios, prohibido por la Constitución Provincial.
La Luna con Gatillo accedió a la resolución de la jueza que ordena desalojar a Ramona. Como era de esperarse, se limita a basarse en la sentencia de 2009, cuando los empresarios sojeros y denunciantes contra Ramona, los Scaramuzza, fueron absueltos por la carátula de estafa y que fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia en 2011. Incluso, la jueza resalta en negrita un fragmento de ese fallo del TSJ, donde el máximo tribunal señala que “no tiene sentido” que Ramona se queje del peligro de ser desalojada.
En ese entonces, el presidente del máximo tribunal era Carlos García Allocco, denunciado por el gremio de judiciales, por también tener registrado el ejercicio de distintas actividades económicas: soja, ganadería e inmobiliarias. O sea, que tanto el juez del máximo tribunal que avala a los Scaramuzza como la jueza que ordena el desalojo, todos tienen los mismos intereses inmobiliarios. Igual que eran todos de sagitario Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex, yo y los dos pelotudos.
Finalmente, ante el pedido del CELS por la por la integridad de Ramona frente a un posible accionar violento, como ocurrió en los años 2003 y 2004, la jueza del Valle Mercado resuelve “Notificar íntegramente la presente resolución a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia de Córdoba. Y dar noticia a la Comuna o Municipio con competencia”, a fin que “cada uno de dichos organismos en caso de ser menester, procedan conforme a derecho y en el marco de sus respectivas competencias”. El que avisa, no traiciona.
En ese sentido, no hay grietas entre magistrados y magistradas. Tampoco desde el ámbito de fútbol, porque fue noticia el apoyo que recibió la nonagenaria campesina por parte de Juan Cruz Komar, defensor de Talleres, y Gerónimo Tomasetti, mediocampista de Belgrano. La presencia de ambas camisetas llamó la atención hasta en los portales deportivos de Buenos Aires.
Desafíos y limites del Movimiento Verde Cordobés
Un efecto que generaron los incendios del año pasado -los más intensos que se vivieron en la provincia en el presente siglo- es el voluntarismo masivo y disperso, que lleva a una regeneración de asociaciones civiles de distinta índole. Incluso, aunque suene anacrónico, impulsando el retorno de ONG’s empresariales, rémora de los años noventa.
Un ejemplo es la aparición de EcoHouse en Córdoba, impulsada desde Buenos Aires, cuyo principal enfoque es la concientización ambiental en los colegios. Pero también funciona como una consultora para enormes empresas como YPF, Coca Cola, Dow Chemical y CASAFE, la cámara que congrega a las empresas productoras de agroquímicos (entre ellas, Syngenta y Monsanto-Bayer). Su propia página web señala que pueden “trabajar con una empresa que hace ‘todo mal'”, con el afán de “ayudarlo a que mejore”. El presente cronista consultó a uno de los impulsores de EcoHouse Córdoba si eso no genera una tensión con organizaciones de Córdoba, al tener consignas como “Fuera Monsanto” y “Fuerza Porta” que marcan distancia con esas empresas que trabajan. “Lo que pasa es que hay que terminar con la grieta entre los ambientalistas y las empresas. Ahora, si una de las empresas llegara a afectar el ambiente, nosotros seremos los primeros en decírselo y escracharlo en las redes”, me responde.
EcoHouse Córdoba fue una de las quince de organizaciones que llevaron a cabo una serie de actividades en ciudad de Córdoba, en el marco del Día Mundial del Clima, el viernes pasado. Allí participaron asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, agrupaciones veganas y ONG’s de todos los colores. Entre las exposiciones, se incluyó esta curiosa exposición sobre la falta de capacidad de reciclaje que tiene el municipio del gran centro urbano cordobés.
Mientras tanto, a 80 kilómetros de distancia, Villa Ciudad Parque fue el escenario para el lanzamiento del denominado “Movimiento Verde Cordobés” como partido político. Aquel pueblo de tres mil habitantes, pegado a Villa General Belgrano, tiene como jefe comunal a Pablo Riveros, un “hippie” recordado por su fuerte activismo contra las fumigaciones de la zona. “Hoy estamos padeciendo un monocultivo de turismo”, señala Riveros con el disparo demográfico y sus consecuencias ambientales, que eso conlleva.
A diferencia de la capital cordobesa, su equipo de gestión asegura que en un año lograron reducir la tercera parte de la generación de desechos, mediante una campaña de división de residuos, el uso de tachos con parámetros definidos y el aprovechamiento del compost. También plantaron un total de 700 especies vegetales, tanto nativas como frutales; desde su experiencia colectiva llamada Semillas del Sur, ya venían plantando diez mil durante más de una década.
La iniciativa del “Movimiento Verde Cordobés” pretende disputar más de 400 comunas en la provincia, además de cargos legislativos. “La idea de saltar del ámbito social a lo político”, señalan insistentemente varios de sus militantes.
Una experiencia reciente que tuvo el país fueron Los Verdes, impulsado por el ex director de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga. No solo “Cali” Villalonga perdió adeptos cuando fue absorbido por el PRO de Mauricio Macri. También ocurrió en 2014, desde su puesto como autoridad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era jefe de gobierno, cuando le aprobó el estudio de impacto ambiental a un conocido shopping de la empresa IRSA.
El fin de semana anterior, Villa Cuidad Parque realizó un Foro Socioambiental, con el objetivo de conformar ese partido verde en Córdoba. Se contó con dos charlas y un posterior plenario para obtener consensos. Una notable dificultad fue la ausencia de diálogo entre la Charla 1 y la Charla 2, donde la primera contó con la presencia de activistas y afectadas ambientales, donde la noción de “peronismo” es referenciado como aquello que vulneró sus derechos a un ambiente sano. En la Charla 2, enfocado en las opiniones de especialistas de distintas ramas del conocimiento, pero sin la presencia de las anteriores expositoras, se lanzaron máximas como “peronizar al ecologismo y ecologizar al peronismo”.
Las dificultades de las luchas ambientales en Argentina se verifica al reducir sus avances en una sumatoria de triunfos locales en las últimas dos décadas. Por el contrario, el movimiento de mujeres y de la economía popular son los que en el último lustro lograron protagonizar las principales calles del país, ocupar espacios institucionales y avanzar en normativas federales. Nótese que dos leyes ambientales importantes -Ley de Glaciares y Ley de Bosques- se aprobaron en la década del 2000-2010 y sin embargo no ocurrió lo mismo en la posterior 2010-2020. Normativas aprobadas en diciembre pasado como la prohibición de loteos en zonas incendiadas o la “Ley Yolanda” nunca fueron bandera del sector más activo.
La falta de coordinación entre organizaciones socioambientales se debe a múltiples factores. Una de ellas: la falta de preparación política. El cliché de “no somos ni de izquierda, ni de derecha, somos parte del monte”, emparentando a la naturaleza como un fenómeno sin historia, dificulta la definición de tácticas y estrategias contra un enemigo en común, al reiterar los errores del pasado. Sin mencionar que eso permite la ocupación de espacios por parte de sectores reaccionarios, como viene ocurriendo con los denominados movimientos “antivacunas”, que como el flautista de Hamelin, atraen votos para Espert y Milei.
Pero también se debe tomar presente la heterogeneidad de los territorios. En aquel Foro de Ciudad Parque, se sirvió choripanes para la cena, cuando la tendencia marca alternativas por fuera del consumo carnívoro. Además, la notoria falta de coordinación entre sectores del activismo urbano y rural se debe a que quiénes vivimos en las grandes ciudades somos más factibles de generar discursos de enorme carga contra el Estado, en contraposición con quienes ejercen su modo de vida en el campo, donde el mantener un diálogo con las instituciones permite garantizar una seguridad económica y social, frente a los riesgos del aislamiento.
De ésta manera, la maduración política que se requiere en la organización política del sector socioambiental excede a la mera junta de cuatro mil firmas de adhesiones para registrarse como partido, y estar atento ante un reseteo posmoderno del mapa organizado de la Córdoba post incendios 2020.
