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Fumigar fugas

La marcha por la educación pública marca un hito en la historia reciente de las resistencias, con un tono más clase media y que reclama ser más juvenil. Desde el gobierno, sostienen que hay que recortar los gastos en pesos. Pero a la vez, dice que el que fuga dólares es un héroe. Para dolarizar, esperan inversiones de minería y energía para cuando se apruebe la Ley Ómnibus. Mientras esperan que los sojeros abran los silobolsas. Lo preocupante con este es el deterioro de las condicones laborales y la degradación del ambiente que eso genera. Sin mencionar una mayor salida de divisas.

Por Lea Ross

“Estoy muy emocionada con esto. Aunque a mí mucho no me gusta esa palabra”, me comentó una doña en plena marcha por la educación pública en la ciudad de Córdoba, mientras sostenía un libro sobre semiótica. La palabra que no le gustaba era “Culiadazo”.

Se refería a una enorme pancarta que se había colgado, al comienzo de la actividad, en la estatua-monumento, por la entrada de Ciudad Universitaria, que rememora quienes se levantaron por la Reforma Universitaria en 1918. Allí, se descalificó al Lord Jamón con ese adjetivo criollo.

El “culiadazo” marca una línea divisoria intergeneracional que quedó patente en la movilización cordobesa universitaria, considera como la más numerosa en décadas, acorde a lo ocurrido en Ciudad de Buenos Aires. En la espera de la llegada de la fecha, existía una inquietud tácita sobre qué cáliz iba adquirir esa marcha que engloba una comunidad tan extensa como es la universitaria: a) una identidad gremial-adulta, empujada por los docentes y no docentes; b) una identidad juvenil-estudiantil, con una mayor carga de expresiones creativas. La respuesta fue la opción a).

Sea quienes encabezaban la movilización, como las banderas plegadas en el ámbito sindical, al igual que el contenido del documento leído con micrófono en mano, las críticas a la motosierra del presupuesto y de la licuación de los salarios de quienes sostienen a las instituciones fueron subrayados. Lo que padece el que estudia, estuvo fuera de texto.

De ahí que no sorprende que las actividades posteriores a la marcha, realizadas en el centro de la ciudad, desde clases públicas a radios abiertas, hubo comentarios contrarios a lo que expresaron las autoridades académicas, o incluso quienes manejan la Federación Universitaria de Córdoba, como explosión de una bronca donde consensuaron marchar a un horario incómodo como fueron las 11 de la mañana.

Esto no es menor a la hora de analizar la situación material que está teniendo el país, donde este año no se contempla una rebelión plebeya por el momento, sino más bien una resistencia de la clase media, negándose a estar bajo la línea de pobreza, y que las acciones directas empujadas por jóvenes no organizados puede trazar ciertos lineamientos, en una suerte de “chilenización” del conflicto. Es decir: una etapa donde no necesariamente sea un conflicto de un ámbito laboral la que puede disparar la lluvia de protones.

Auditorías para todxs

Desde el gobierno nacional, se insiste en que las universidades deben ser auditadas (ver en qué gastan), al igual que los comedores y otros establecimientos o entrega de fondos públicos.

Para el presidente Javier Milei, el peso argentino es “excremento” durante la campaña, mientras considera que el que fuga dólares al exterior es “un héroe”, como lo dijo en el Llao Llao. Esto expone un doble estándar sobre qué se puede auditar y qué no.

Aún con lo uno y lo otro, pareciera que la máxima autoridad no sabe ni siquiera auditar cuántos perros tiene: si son cinco o cuatro.

La sombra de los brotes

Como contrapeso a los recortes de pesos, se supone que se debe contrastar con la llegada de dólares. En el corto plazo, lo aportarían las cerealeras agrícolas en la medida que se abran los silobolsas. Y en el largo plazo: las mineras y las petroleras, aprovechando los beneficios impositivos y cambiarios que le ofrece la Ley Bondi Zombi, a punto de aprobarse en el Congreso. Esto implica que el rebote del crecimiento económico que se avecina lo empujaría las actividades primarias extractivas, que en nuestro país contienen su propio colapso, como reflejo de su par financiero.

En la semana saliente, la Cámara Civil y Contencioso Administrativo del departamento de Marcos Juárez, que tiene los más altos rindes de la soja cordobesa, validó que se analice un amparo ambiental colectivo, presentado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), con el acompañamiento de catorce habitantes. La foto de portada que acompaña este informe periodístico es una imagen de archivo de un mural que se realizó en esa zona.

Los amparistas, que conviven con productores agropecuarios que todavía especulan si abrir o no sus silobolsas, exigen la creación de zonas de resguardo ambiental, para frenar el uso de agrotóxicos. Básicamente: un radio de prohibición de hasta 1.095 metros desde el perímetro poblado para pulverizaciones terrestres, y de hasta 3.000 metros contra fumigaciones mediante avionetas. La abogada María Laura Carrizo, de FUNDEPS, explicó a La Luna con Gatillo que esos números se tomaron como referencia al fallo judicial federal sobre el caso de las fumigaciones en la localidad bonaerense de Pergamino, que estipularon las mismas restricciones: “De hecho, la última jurisprudencia del país toma esa distancia”.

Una de las firmantes comentó al presente portal, preservando su identidad ante el temor de posibles represalias, comenta que en su barrio se denuncian la aparición de avionetas para fumigar, en cercanías de las viviendas: “Hay muchísimos casos de cáncer. Es lo que escuchás en la calle. A veces piensan que es por el cigarrillo. Pero nadie toma en cuenta el ambiente. Acá se siente el olor al veneno, yo lo siento siempre y es muy fuerte”.

Si es Bayer, no siempre es bueno

En paralelo a Marcos Juárez, seis organizaciones de derechos humanos internacionales presentaron una denuncia contra la multinacional Bayer, señalado como la máxima compañía del rubro. La argentina CELS, la brasilera Terra de Direitos, la paraguaya Base Investigaciones Sociales (Base-IS), la boliviana Fundación Tierra y las alemanas Misereor y Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) presentaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuatro casos sudamericanos sobre los impactos que habría generado la gran corporación germana de las aspirinas, por su comercialización de semillas transgénicas y del herbicida glifosato, el más utilizado del Cono Sur. Bayer se posicionó como la Número 1, a partir de la compra multimillonaria a la cuestionada empresa estadounidense Monsanto, creadora del agroquímico estrella, y del organismo genéticamente modificado de la oleaginosa, que se ha expandido en este subcontinente.

El documento de 75 páginas y que se puede leer completo en inglés aquí, sostiene que Bayer “está contribuyendo a los impactos adversos reales sobre los derechos a un ambiente sano, limpio y sostenible, la salud y un nivel de vida adecuado, incluidos los derechos a la tierra y a la alimentación, de las comunidades rurales e indígenas de los países antes mencionados”.

Para el documento, la empresa impulsa un “modelo industrial basado en altos niveles de concentración de la tierra, el cultivo de semillas de soja transgénica y el uso intensivo de pesticidas tóxicos”. Los cuatro países representan más del 99% de la producción de soja en América del Sur. La denuncia presenta “casos concretos de comunidades de cada país que denuncian la destrucción de algunos de los ecosistemas más importantes del mundo, conflictos socioterritoriales a menudo violentos, así como efectos adversos para la salud y acceso limitado a los alimentos, debido a la expansión del cultivo de soja y la aplicación indiscriminada de pesticidas asociadas. En todos los casos, se recogieron pruebas directas y circunstanciales para establecer el uso de los productos de Bayer, incluida información sobre cuotas de mercado, la presencia de distribuidores de productos de la compañía, fuentes gubernamentales y entrevistas con habitantes locales”. El caso argentino es el de Pergamino, donde el Juzgado de San Nicolás emitió un recordado fallo en 2020 para frenar las aplicaciones con agroquímicos, y que inspiró los detalles del amparo en Marcos Juárez.

El heroísmo

Además de fumigar, también fugan. Es vox populi que multinacionales como Monsanto-Bayer, Syngenta, DowChemical, además de empresas de minería y de extracción hidrocarburífera, logran acceder a los pocos dólares que tiene nuestro país para llevarlos al exterior. Dos informes recientes de la facultad latinoamericana FLACSO y del instituto CIFRA de una de las centrales gremiales CTA indagan sobre esto. Uno fue escrito por el sociólogo Pablo Manzanelli. Sostiene que entre 1976 y 2023, se registraron 20 años de caída económica, pero solo en 4 se registró déficit de la balanza comercial. Para el autor, esto se debe “por las características del nuevo patrón de acumulación”, donde “las crisis que se manifiestan en el sector externo tienen una naturaleza diferente donde el elemento decisivo es la fuga de capitales al exterior”, algo que se habría iniciado a partir de la última dictadura, cuando se puso a la fiebre especulativa como una costumbre argenta.

“Entre 1976 y 2023 la deuda externa acumuló 286 mil millones de dólares, la fuga de capitales al exterior 351,9 mil millones de dólares, mientras que el déficit fiscal primario -que incluye el consolidado de Nación, Provincias y Municipios- 99,4 mil millones de dólares”, señala Manzanelli.

Por su parte, el economista Eduardo Basualdo escribe en el segundo informe: “En ese contexto general, cabe señalar que básicamente hay dos tipos de fuga siendo la determinante la que realizan los grupos económicos, tanto locales como extranjeros, e incluso las firmas oligopólicas cuyo capital no pertenece a un grupo económico. Además de esta modalidad que representa aproximadamente el 80% del monto fugado desde 1976 que es equivalente a más de un PBI, está la que realizan las personas físicas dentro de las cuales en términos de monto son determinantes los accionistas y funcionarios de los propios grupos económicos que estimativamente concentran un 10%, mientras que el 10% restante está en manos de sectores medios que adquieren divisas como medio para proteger sus ahorros de los procesos inflacionarios”.

Son esos mismos sectores medios que queman sus ahorros para pagar las tarifas de luz, como contraste de los beneficios sectoriales de los otros dos sectores. El martes pasado: tuvieron su primera resistencia magnánima. El camino del héroe colectivo tiene mucho por andar.