Guía para mejorar la economía contra la casta

Desguazar el cartel de obra pública permitiría un ahorro presupuestario para no alimentar la casta y discutir seriamente qué trabajo queremos tener.

Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual

La aprobación de la Ley Bondi Zombi + Reforma Fiscal inicia un nuevo período del régimen del Lord Jamón. El desafío, ante el avance del invierno, son el repique inflacionario, impulsado por el aumento de tarifas de gas y luz. Ante ello, el hermano de Karina Milei insistirá que la etapa que sigue es reducir a cero la emisión monetaria. De ahí emergerá Federico Sturzenegger en algún cargo ministerial.

También, los números del INDEC expusieron el panorama de lo que fue el primer trimestre del año (enero, febrero y marzo). Se cree que el segundo trimestre (abril, mayo y junio) se caracterizarían por la llegada del fondo y el inicio de posibles repuntes. Pero el dato más alarmante ha sido la desigualdad social. El coeficiente de GINI mide la situación de los ingresos desiguales, cuyo resultado es un número entre 0 y 1. El 0 sería la situación ideal donde todos ganan lo mismo, y el 1 es cuando una persona cobra todo, y el resto nada. El resultado del primer trimestre es la peor de todas: 0,467. Nunca desde que se aplicaron los actuales métodos estadísticos en el 2016, para frenar las mediciones que se hacían durante el kirchnerismo, se alcanzó semejante panorama desigual. Ni siquiera en la época de la cuarentena.

Berrinches en el Camarco

Sobre el primer trimestre, el portal Chequeado revisó los mismo datos en materia de crecimiento económico. Cayó un promedio del 5,1%. Pero el rubro que peor la padeció fue la construcción (-19,7%, cuatro veces más que el promedio), por la obvia razón del plan motosierra a la obra pública. Le siguen las industrias (-13,7%), ante el bajo consumo. Y los que salieron triunfantes fueron las actividades primarias: las agrícolas (+10,2%) y la minería (+8%).

Así, pasado ya los seis meses de gestión, los primeros grandes empresarios en enojarse son las constructoras. Así quedó expuesto el martes pasado, en la convención anual de la Cámara de la Construcción (Camarco). Allí estuvo el secretario de Obras Públicas, el cordobesista Luis Giovine. Anunció que hay 924 obras que estarán discontinuadas, 914 que se transferirán a las provincias y 170 serán anuladas por ser de “baja prioridad”. Solo 376 obras estarán aseguras de ser concretadas por Nación: apenas 15% del total.

Tanto la patronal como los obreros les marcaron la cancha. “Sin obra pública no hay destino de nación, no es gasto, es inversión”, declaró Gerardo Martínez, líder sindical de la UOCRA. Mientras que el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, reveló que el Estado nacional le debía al sector una deuda de $400.000 millones, perteneciente a obras que estaban en proceso.

El que subió al ring fue Luis “Toto” Caputo. Dijo que “las jubilaciones subieron cuatro por ciento en términos reales” y que “al final de nuestro mandato vamos a reducir 90% de los impuestos”. La estadística indica que cuando eso ocurra, él ni siquiera seguirá estando en el mismo cargo.

Por su parte, Martín Llaryora, al lado de otros gobernadores, expresó que es imposible desarrollarse sin infraestructura: “Entendemos la obra pública como un esquema de desarrollo”. Luego, el jueves pasado, los tres gobernadores de la región centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) expusieron en un encuentro que, de manera inédita, el gobierno nacional no les transfiere “ni un solo peso”. También marcaron la diferencia entre el agronegocio y las otras actividades extractivistas, minería e hidrocarburos, aseverando que se quedan una parte de aquí con las retenciones, mientras que las otras se beneficiarán con el RIGI, él mismo que ordenaron a sus ediles a votarla a favor en el Congreso.

De coimas a campañas

Para Milei, el “empresaurio” de la obra pública es parte de la casta política, junto con la mafia sindical. Algo de razón tiene. He aquí un caso.

Juan Carlos de Goycoechea es cordobés. Y fue el primero que se presentó como arrepentido en la famosa causa de “los cuadernos de la corrupción”. Reconoció que otorgaba fondos en negro a funcionarios nacionales. Al igual que todos, permanece en libertad. Y algunos, cambiaron sus carátulas del fuero penal a la electoral, al interpretarse que sus pagos apuntaban a financiar campañas y no como para corromper a un funcionario en particular.

A diferencia de otros pares de la causa, De Goycoechea fue titular de una filial multinacional: Isolux-Corsán, de origen español. En 2013, tanto Isolux como De Goycoechea, en su carácter de administrar los negocios latinoamericanos de la firma, fue escrachado en 2013 por la filtración de correos electrónicos, donde se reveló que la compañía ganaba licitaciones por sobornos en Chile. Revelado por el Centro de Producción Periodística de Chile -CIPER-, se encontró una cita del cordobés donde señala que “la clave del negocio es la información y manejar en cada caso el lobby adecuado”.

Según los “cuadernos”, las coimas que se entregaron desde la entrada de Isolux fue hecho por “un tal César”, efectuada el 3 de junio de 2015, según las anotaciones del chofer Omar Centeno. El tal “César” sería César Arturo de Goycoechea, hermano y socio de Juan Carlos de Goycoechea, y vocero y miembro del directorio fundante de Isolux Argentina, según consta en el Boletín Oficial del 14 de agosto del 2007 que puede verse abajo.

César Arturo también figura en la base de datos de los Panamá Papers, destapada en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Aparece como titular de dos offshore en Panamá: MAKSTAR FINANCE S.A. y SILVILLE INC. César utilizó como domicilio la calle “Pedro J. Frías 489 2do Piso”, de la ciudad de Córdoba. En la entrada del domicilio, aparece el nombre de César y de otra constructora: Cavicor.

Resulta que Cavicor fue impulsada tanto por César Arturo de Goycoechea como por la familia Merino, conocidos en el rubro por tener distintas firmas del pico y pala. Pero incluso, comparten sus directorios con otra familia, los Eblagón, como es el caso de Raic SAS, Rehuco SAS y MEK Construcciones viales. Lo intrincado de esto es que, a la vez, los Eblagón también tienen su firma “Eblagón, Gazagne y Asociados”, donde lo comparten con un conocido: Cristian Alexis Gazagne, el mismo que tiene surtidores con biocombustibles, a partir de un acuerdo que firmó con el gobierno de Córdoba y que le presentó su Ferrari rojo a Juan Schiaretti, en su momento final como gobernador. Gazagne está imputado por estar involucrado en estafas, intermediación financiera y lavado de dinero. El allanamiento a su vivienda también se utilizaba como sede de los trabajos con los Eblagón.

¿Y qué están haciendo ahora los De Goycoechea? Utilizando esa misma dirección para otro nuevo emprendimiento: RDG Asfaltos SA, otra dedicada al rubro. En este caso, de la mano de otro emprendedor: Walter Edgar Rubino, cuya inicial lo comparte con los hermanos (Rubino-De-Goycoechea). Rubino es el dueño de ICI Construcciones SA, y según un relevamiento del presente portal, es la segunda empresa que más aportes dio a la campaña de Martín Llaryora para 2023.

Hay que agarrar la pala.

Laburen bien

Desde hace un par de años, La Luna con Gatillo viene publicando distintos informes sobre situaciones irregularidades sobre la obra pública en Córdoba. Entre ellos, se puede exponer que:

• Los distintos tramos de la Autovía de Punilla, una de las obras viales más comentadas y polémicas, fue entregada a constructoras, donde tuvieron una sobreoferta promedio de más del 40% de lo propuesto inicialmente por la provincia de Córdoba;

• Durante los dos últimos mandatos de Juan Schiaretti como gobernador, las licitaciones las lleva a cabo el Consorcio de Camineros, que apunta a los pasos viales pegados a los campos de altos rindes, el promedio de sobrefacturación es más del 53%.
• Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la sentencia de la Causa Vialidad, donde los jueces calcularon que en las 51 obras que realizó el empresario Lázaro Baéz en Santa Cruz, solventado con fondos nacionales, calcularon sobreofertas al 20%. Cifras más reducidas que lo expuesto anteriormente, y sin embargo no abrió ningún expediente judicial al respecto.
• Las dos constructoras que más fondos públicos recibieron en los dos últimos períodos de Schiaretti fueron Chediack y Paolini. Y ambos, a pesar de ser competidores, comparten el mismo directorio para una empresa de vuelos privados para transportar cualquier clase de cargamento al exterior. El domicilio legal de la firma es la misma que utilizaron los Paolini para crear empresas fantasmas en las islas Vírgenes Británicas, según los registros de los Pandora Papers.

Antes de dejar la Casa de Gobierno, Schiaretti dijo que se invirtieron más de U$S 8.100 millones en sus dos últimos mandatos. Si se aplicara, por elección arbitraria, la tasa promedio de sobrefacturación nacional, que rondaría entre 15% y 20%, hablaríamos de un promedio aproximado de U$S 1.500 millones que se fugaron en Córdoba. Es el equivalente a más de la tercera parte de todo el Presupuesto provincial 2024.

Lamentablemente, ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, ni la prensa autóctona profundiza esto. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas, donde por primera vez lo maneja la oposición provincial. Su titular, Beltrán Corvalán, delfín de Luis Juez, ha puesto freno a la ejecución presupuestaria para indagar los números cajoneados, sin muchos resultados al respecto. Esto implica un freno a la ejecución de obras de inversión.

Ante esta situación, la polémica pauta oficial debe permitir un sostenimiento a una prensa que pueda emprender estas investigaciones para advertir la existencia de estas supuestos manejos de cuello blanco para permitir un mayor manejo de recursos que los pueblos lo demanden.