La democracia de les de abajo

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Pelotas que van y vienen, de mano en mano, el neoliberalismo y los gobiernos progresistas nos han querido implementar que las deudas se pagan. Guillermo Castro, papa de Ezequiel Castro, pibe detenido, torturado y asesinado por las fuerzas policiales, nos deja en claro, como tantas familias, que hay deudas que el estado tiene que pagar.

Por Santi Rodríguez

A cuarenta años de democracia hay deudas que los sectores populares siguen esperando que se repare. En épocas de crisis, la situación represiva aumenta cada vez más y hay sectores marcados donde descansa la impunidad por parte de los poderes políticos, institucionales y judiciales.

En lo que va del año ya hay 8 muertes en diferentes servicios penitenciarios de la provincia de Córdoba. En los diferentes casos hay situaciones que se repiten con mayor brutalidad, violencia policial, abandono de persona y falta de acceso a derechos básicos como personas.

A cuarenta años de democracia y con las elecciones que nos pisan los talones desde izquierda a derecha, las políticas en el marco de seguridad sigue beneficiando o pasando por alto las urgencias de los sectores populares en problematizar y poner en agenda política el uso de la fuerza de las diferentes instituciones utilizadas para el control, tortura y asesinato de personas y territorios.

A cuarenta años de democracia, la lucha que se lleva adelante es un bálsamo a las heridas que cada vez se agrietan más.

A cuarenta años de democracia, seguimos construyendo debates fundamentales para poder transitar el espacio público con libertad y seguir construyendo, además, un nunca más claro y contundente.

Caso y complicidad de poderes

Ezequiel tenía un trabajo registrado, pero estaba con carpeta medica porque se había golpeado la mano durante su jornada laboral. Al salir del colegio, a las 22hs., se fue a una cuadra del domicilio en el que vivía con su familia a tomar una coca con un compañero. A los diez minutos, ese compañero llegó corriendo para avisarles a la familia de Ezequiel que se lo habían llevado detenido. Era el jueves 8 de junio del 2022. Su mama se presenta en la comisaria, donde no le dan ningún dato, pero le dijeron que llame a tribunales. Al día siguiente, llamaron. Pero les dijeron que a su hijo lo trasladaron al EP9, donde se aloja a los presos detenidos por la policía y con causas abiertas por la Justicia. Este establecimiento depende del ministerio de justicia de la provincia. La familia se comunica con la institución, respondiéndoles que no había nadie con esos datos que le nombraban. La familia vuelve a llamar a tribunales y les comentan que lo habían trasladado al Hospital San Roque, porque estaba muy alterado. En el círculo de llamadas, la familia se comunica con ese nosocomio, pero les dicen que no figuraba nadie con ese nombre. Ya el viernes, la familia seguía sin saber de su hijo. Vuelven a llamar a tribunales donde les dijeron que no se preocuparan, que él estaba bien y que iban a tener novedades. Hasta el día domingo, no tenían novedades y no sabía que Ezequiel estaba en el CPA, Centro Psíquico Asistencial.

Ese mismo domingo, un patrullero se acercó al domicilio de la familia para avisarles que Ezequiel estaba internado por problemas respiratorios en el Hospital Misericordia para que se hagan presentes. La familia se hace presente. El médico les comenta que él había ingresado con más de 25 golpes en su cuerpo, estaba deshidratado y con somnolencia.

Los familiares comenzaron a averiguar quién había trasladado a Ezequiel y dieron con el primer nombre: un tal “Quevedo”, del servicio penitenciario del EP9. La mañana del lunes, la familia se hizo presente en tribunales de la fiscalía de turno 46, para comentarles sobre la situación. Allí les comentaron que el joven ya tenía la libertad firmada el viernes, habilitando la privación ilegítima, además de abandono de persona por el estado en el que se encontraba.

El día martes, les piden 20 dadores de sangre, ya que los golpes que había recibido le ocasionaron una toxina maligna para el cuerpo a través de la sangre. La noche de ese mismo día, Ezequiel fallece en el hospital.

Después de la tragedia, surgieron más irregularidades. Su autopsia tardo más de 5 días y cuando los familiares realizaron la denuncia correspondiente a los policías, que detuvieron a Ezequiel, se encontraron un video de una cámara de seguridad donde se ve cómo lo ataron a Ezequiel con una soga al patrullero. Se trató de instalar que quiso entrar a un domicilio para robar, pero el vecino de esa vivienda expresó que había recibido pedidos de ayuda. El compañero de Ezequiel además recibió amenazas después de lo sucedido y tuvo que mudarse de barrio, la familia continua recibiendo amenazas por parte de la policía.

Guillermo Castro, papa de Ezequiel Castro, pibe detenido, torturado y asesinado por las fuerzas policiales, nos deja en claro, como tantas familias, que hay deudas que el estado tiene que pagar.

-¿Hay casos de detenciones arbitrarias en ese sector?

-Nosotros hace más o menos un año que vivimos en el barrio, somos nuevos, no tengo mucha información sobre eso. Haciendo averiguaciones, nos enteramos que en este barrio, que es Cerro Norte, hay detenciones arbitrarias y hay algunos policías denunciados por maltrato y hostigamiento. Ezequiel nunca fue detenido anteriormente, tampoco tenía antecedentes, ya sea penales o antecedentes que tengan que ver con su salud mental.

-¿Cuál es la situación de la causa?

-La causa lamentablemente está llena de trabas. La fiscal estaba de licencia, así que trasladaron la causa a otra fiscalía, a cargo de Silvina Fernández. Nos dijo que había más de 15 personas investigadas, porque él estaba deshidratado. Después volvieron a cambiar la fiscalía, a cargo de (Gerardo) Reyes que nos comentaba que la habían como auxiliar de tribunales para hacer pruebas. Los abogados se pusieron a averiguar y nos comentaron que ni siquiera habían mandado nada. Siempre obstruyendo pruebas. En vez de aportar a la causam obstruyen o mienten. Teníamos las pericias médicas para diciembre del año pasado, después la cambiaron para febrero, después para marzo, las mismas se hicieron a puertas cerradas sin participación de los abogados y la familia. Faltaron las filmaciones, las fotos de la autopsia y deja en claro la falta de apoyo que tenemos de la fiscalía, porque hay pruebas concretas y no las presentan. Ahora estamos esperando una nueva fecha para las pericias, porque también faltan testimonios de los médicos, las filmaciones de cuando ingresa y sale del CPA. Y me dieron ropa que ni siquiera era de mi hijo. Pero claramente se ve cómo la fiscalía no acompaña y tapa muchísima información para que la causa se dilate.

-¿Pareciera que está situación no tiene final? Viendo los aumentos de violencia y gatillo fácil en la provincia.

-Parece que estas situaciones no tienen final. Por mis propios medios, estuve investigando cuatro meses antes que sucediera lo de mi hijo sobre lo sucedido con un chico de apellido Santacruz. lo habían llevado a dos chicos al CPA y los habían golpeado, quebrado, no recibieron atención médica. A los dos meses llevaron a otro y le produjeron una quebradura, le tienen que poner una prótesis. Muchas pruebas recopiladas para demostrar que ahí adentro no hay gente capacitada y que si los golpean, los abandonan, los automedican. Después de todo esto, tuvimos una reunión con el secretario de Justicia y Derechos Humanos, pero no nos dio ninguna respuesta. Realizamos una concentración al frente del EP9 pero no nos atendieron. Yo después averiguando me enteré que mi hijo nunca tendría que haber ingresado a ese lugar, ya que es para personas con problemas de adicción o de salud mental, incluso cuando fuimos al Ministerio de esa área y nos dijeron que los responsables de esto lo teníamos que hablar con Salud. Y tuvimos una reunión con la ministra de Salud y ni siquiera conocía ese lugar. Una falta de respuesta de todos los ministerios, porque los y las ministras que ponen no están a la altura para dar respuestas y esto es urgente, porque en lo que va del año ya hay 8 muertes de personas en contextos de encierro.

-¿Cuál es el impulso de la lucha?

-Tener que salir con la remera de mi hijo para pedir justicia es una pregunta que me hago todo el tiempo. Porque si la justicia hiciera su trabajo, no tendríamos que salir a exigirla. Yo me comunico con familiares de otras provincias que todavía siguen esperando un juicio y muchas familias todavía esperan respuestas. Lo que te impulsa es la falta de responsabilidad y de complicidad del poder judicial, político y policial que se articulan entre sí para no darnos respuesta de lo que están haciendo con nuestros hijos. Muchas veces, como somos de bajos recursos, nos ponen en pausa o con condenas miserables. La idea es seguir luchando para sacar todo esto a la luz y que deje de pasar. Hay policías incluso denunciados por sus familias por violación, por narcotráfico, por violencia y te da muchísima impotencia por pedir justicia por mi hijo que no tenía antecedentes, y ver a todos estos policías con causas abiertas donde no pasa nada. Los medios también juegan un rol importante en esto, porque en la mayoría de los casos van a hablar con las instituciones y no hablan con las familias para que les digan que es lo que realmente pasa. Lo fundamental es salir a las calles para que este deje de pasar, y que la justicia actué a favor nuestro y no del poder político o policial, porque si no tenes plata el perito que te habilitan es para cubrir a estos poderes.