La inflación y las trampas del discurso neoliberal.
Aún jugando en su cancha, es decir, desde los propios parámetros de la ciencia económica que ellos establecen, hay muchas falacias y contradicciones en los argumentos empresarios que niegan la intervención del estado en el precio de los alimentos.
Por Tomás Astelarra | Ilustración: @nico_mezca
“Las pálidas figuras se acercaron hasta mí.
Mi mente tuvo dudas y fingí que ya las vi.
Ya no quiero vivir así
Repitiendo las agonías del pasado
Con los hermanos de mi niñez
Es muy duro sobrevivir
Aunque el tiempo ya los ha vuelto desconfiados.
Tenemos algo para decir”
-Charly García, Canción del 2×3
La famosa mano invisible de Adam Smith que replican economistas liberales y neoliberales tiene un supuesto importante: la competencia perfecta. Es uno de los grande mitos de la teoría económica moderna y ya ha sido debatido en sus propias canchas por economistas como Amartya Sen (que ganó el premio nobel de economía en 1998 por avivar al mundo meritocrático que no hay competencia perfecta si alguna gente tiene diferente línea de largada).
Pero aún en las universidades ortodoxas se hace la excepción al mito de la competencia perfecta para el caso de los oligopolios, donde el reducido números de actores empresarios tienden naturalmente a la cartelización. Es decir, cuando los precios no los impone “la mano invisible del mercado” sino dos o tres tipos en alguna oficina (según sé no hay tipas en las altas gerencias de las multinacionales del alimento). En estos casos es donde los manuales neoliberales hablan de la necesidad de una intervención del estado.
A esta situación se suma en Argentina una teoría que contradice las declaraciones recientes de empresarios y economistas neoliberales de que la inflación es un asunto “macroeconómico”. La teoría de las expectativas racionales le dio al economista de Chicago Robert Lucas el premio nobel de economía en 1995. Básicamente dice que si un agente económico cree que los precios van a subir, aumenta los precios, generando inflación. Una profecía autocumplida.
Pa explicar en criollo, es el caso de cualquier almacenero de la esquina que sube el precio de la milanga porque los medios hegemónicos dicen que ciertos economistas dicen que va a subir el dólar (sin tener la menor idea de cuanto influye el precio del dólar “blue” o “contado con liqui” en la estructura de costos de la carne, el pollo, el pan rallado, los huevos o el perejil). Bueno, ese perejil almacenero (que nada tiene que ver con las decisiones macroeconómicas) si aumenta los precios solo por creer que van a aumentar los precios pude generar inflación. Y en Argentina no es uno, son millones. Y encima puede suceder (como sucedió para esta misma época del año pasado) que los medios hegemónicos digan que el dólar va a aumentar y finalmente no aumente (el chapulín Guzman logró detener la escalada del Blue y reducir la brecha entre este y el oficial).
Si a las operaciones de los medios hegemónicos (y las empresas, políticos y embajadas que los financian) se le suma la memoria histórica de un país con inflación, con un trauma inflacionario, la teoría de Lucas básicamente demuestra que la inflación en Argentina es algo así como un embarazo psicológico. Si a eso se le suma que cuatro o cinco tipos pueden definir el precio de los alimentos como les parezca (sin consciencia social y maximizando sus ganancias después de dos años de pérdidas durante el macrismo), el coctel es explosivo, y más que un problema macroeconómico, o incluso económico a secas, es un problema social y politico. Porque la economía también es social y política.
El relevamiento bimestral de precios de la Canasta Básica realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz demostró que las comercializadoras de la economía popular ofrecen una mayor estabilidad en sus precios que las grandes cadenas de supermercados. La variación interanual de los precios de los supermercados se posiciona en 65,11% mientras que en el sector de la economía popular fue de 55,77%. Además, el informe reveló que adquiriendo los productos de la canasta básica en las comercializadoras o mercados de la economía popular, las familias se ahorraron durante junio, julio y agosto, 628 pesos, totalizando una suma de veinte mil pesos ahorrados en un periodo de 14 meses. Eso sin contar que se trata de productos más sanos y realizados en base al trabajo digno, con un pequeño margen de ganancias que no se fuga al dólar (o a paraísos fiscales) sino que se invierte también en mercados de cercanías, fomentando el desarrollo local (incluso del almacenero perejil que sube los precios porque se lo dicen los medios hegemónicos).
Del otro lado del mostrador, las empresas oligopólicas del alimento vienen teniendo fabulosas ganancias en medio de la pandemia gracias a su poder de fijar precios. Actualmente, el 74 por ciento de la facturación de los productos de la góndola de los supermercados se corresponden con solo 20 empresas, entre las que destacan Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Danone, Procter & Gamble, Cervecería Quilmes, Pepsico, Mondelez, Nestle y Bagley.
Según la información (seguramente tuneada por su legión de contadores bien pagos) que las empresas presentaron en la Bolsa de Valores, Arcor tuvo en el primer semestre de 2021 una ganancia de 8806 millones, cinco veces más que en el mismo periodo del 2020. Por su parte, Molinos Río de la Plata, tuvo un resultado de 998 millones de pesos, siendo que en el último año del macrismo (2019) había tenido un rojo de 1370 millones. El ingeniero Ledesma, de la familia Blaquier, reportó una ganancia de 5205 millones de pesos, casi quintuplicando el registro de igual período del 2020.
Estas ganancias extraordinarias no van a un mayor consumo interno y favorecen la reactivación de la economía, sino todo lo contrario, son utilizados en la especulación financiera en todas sus formas (incluyendo la presión a la suba del dólar). Es la razón (junto con la negociación con el FMI) por la que el chapulín Guzman decidió aferrarse al recorte de gasto social y frenar la estrategia del “derrame desde abajo” que ha caracterizado a los gobiernos peronistas. El gobierno de Macri dejó la cancha marcada, con una economía más concentrada, sin herramientas legales o estructuras de fiscalización por parte del estado, con una justicia empoderada en su condición de clase y una deuda externa impagable. El control de precios es un límite bastante rídiculo y desesperado antes opciones bastantes más radicales como un reforma tributaria, la impugnación de la deuda externa. También una estrategia de corto plazo frente a otras reformas estructurales como una mayor fiscalización del estado a nivel fiscal y de control de exportaciones o un real fomento a las pymes y cooperativas de la economía popular para generar, sino una competencia perfecta, al menos un poco más de opciones a la hora de comprar alimentos.
Por supuesto que los empresarios cartelizados del alimento tampoco hicieron caso a los ruegos del secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, que en el Consejo Federal Argentina contra el Hambreen dijo: “Es preciso hacer el esfuerzo en la asistencia pero profundizar el esfuerzo en generar trabajo, salir de la pandemia con trabajo. Pero nosotros vemos que nos vamos a encontrar saliendo de la pandemia con un proceso de mayor concentración económica. Entonces, cada vez que el gobierno toma una medida para mejorar las condiciones de vida de los mas humildes, se la come el aumento de los alimentos. Eso es como un perro que se quiere morder la cola, es muy desgastante, es una pelea inconmensurable. Le exigimos, si quieren le pedimos, a los sectores que más concentran la economía, que definen el precio de los alimentos que consumen los sectores más pobres de la Argentina, que tengan un poco de sensibilidad”.
Pequeño y medianos contra grandes (estafadores)
Dueño de la empresa de producción de alimentos Marolio y presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, el empresario Víctor Fera sorprendió la última semana por sus declaraciones de apoyo al congelamiento de precios reglamentado por el gobierno argentino. “Mi papá vino a la Argentina pobre. Y la Argentina le dio todas las posibilidades. Yo le preguntaba porqué hacía ciertas cosas y el me respondía: porque hay que ayudar a la gente. Yo conozco empresarios que pagan 24 mil pesos un almuerzo y dicen que es barato, y se quejan porque un obrero le cuesta 50 lucas. Por eso apoyamos estas medidas, porque el problema es la cartelización y la falta de implementación de la ley de góndolas. Eso haría que halla más competencia y bajen los precios”, aseguró en una entrevista radial. Cuando el periodista le preguntó por qué a veces sus productos no se exhiben debidamente en los supermercados, Fera respondió: “Porque hay una cartelización de las góndolas y hay acuerdos de las grandes empresas con los supermercados donde se paga el derecho de góndola y el consumidor está pagando esa ineficiencia”. “A mi no me convocan a las negociaciones de precios porque no es necesario, saben que yo tengo un negocio que produce para entregar el mejor producto al precio más barato”, dijo en febrero en una de las tantas rondas de diálogo del gobierno con las empresas alimentarias.
Además de estas opiniones, contrariando a la mayoría del sector empresario argentino, Fera sostiene que no son altos los impuestos que se cobran a las grande empresas y que existe una importante evasión. O que el costo laboral es bajo, y que el empleo no se soluciona con quitar las indemnizaciones. Durante el escándalo por el sobreprecio de alimentos para los comedores populares a principios de 2020, Víctor Fera denunció al gobierno de Macri y la gestión del ministerio de Desarrollo a cargo de Carolina Stanley: “Yo ya denuncié esto en la primera mesa del Consejo contra el Hambre. Hay que investigar a las empresas. Porque se esta jugando con el hambre de la gente. Soy un argentino comprometido con mi país. Hace 20 años que digo que hay más corrupción en la comida que en la obra pública. Conozco a las empresas de nombre, que son las que vienen ganando licitaciones desde hace 15 años. Y se como las empresas multinacionales fuerzan a la quiebra a empresas como la mía. Ganan con todos los gobiernos, se cansaron de ganar. Por eso me comunique con Victoria Tolosa Paz y el Chino Navarro para solucionar el problema”, le dijo Fera a un impávido Luis Majul en ese momento.
En una reciente entrevista en C5N, el “vasco” José de Mendiguren (que denunció la rosca del poderoso empresario Paolo Rocca para colocar en la presidencia de la UIA al intransigente y conservador abogado Daniel Funes de Rioja, presidente también de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) agregó otros datos acerca del por qué las empresas deben colaborar en frenar la inflación en este proceso de recuperación post-pandémica que intenta llevar adelante el gobierno. “Hoy la inflación es un problema de todos. Porque la inflación de este año tiene mucho que ver con el rescate que se hizo a los industriales el año pasado, que hasta nos ayudaron a pagar los sueldos. Como nos dejaron un país destrozado y sin capacidad de deuda, esto se hizo por la vía de la emisión monetaria, que genera inflación. A esto se suma la baja de las tasas de interés que ha permitido el financiamiento de las pymes. O que no halla aumento de tarifas. Entonces el gobierno ha venido haciendo una ayuda en nuestros costos de muchas maneras. Es bueno que hagamos un esfuerzo con el tema precios”.
Es otra de las contradicciones en las posturas de economistas y empresarios neoliberales. Haz lo que digo pero no lo que hago. Algún vez alguna consultora económica debería hacer un estudio histórico de cuanto dinero ha puesto el estado argentino en las grandes empresas cuyos referentes ponen el grito en el cielo por la ayuda social a pequeñas cooperativas de la economía popular. Tanto estas cooperativas, como las pymes, explican mucho más el empleo en Argentina que las grandes empresas.
Como si todos estos factores no fueran suficientes para explicar la responsabilidad de las empresas del capital concentrado argentino en los procesos inflacionarios, en un reciente artículo en Striptease del Poder (“La sanata de que la emisión es la causa de la emisión y su urgente solución”), Javier Llorens explica que un gran porcentaje de la emisión monetaria se destina al Banco Central no solo para frenar la suba del dólar sino también para patear la pelota de la bomba explosiva que dejo la estructura de financiamiento interno implementada por el gobierno de Cambiemos a traves de las Leliqs. Según este estudio las diferentes estadísticas del Banco Central “ponen en evidencia que la tensión inflacionaria que provoca o arrastra al aumento de los precios, proviene de las expectativas reflejadas por la especulación financiera. Mientras que las variables monetarias de la economía rea a lo único que habrían atinado es a acompañar esa tensión al alza continuada de los precios”. Si se toma en cuenta el aumento de la emisión monetaria durante la pandemia, mucha de ella ya ha sido absorbida por la inflación (y no al revés como dicen los economista neoliberales asumiendo demasiados supuestos y pocas variables para explicar las recetas de sus manuales). La emisión monetaria de Argentina, si se resta la emisión propia de ajustar el dinero circulante a la inflación, es realmente insignificante comparada con la emisión monetaria que llevaron adelante los países “desarrollados” en tiempos de pandemia y crisis social.
Problemas de oferta, demanda y estado
Es sabido que la gran trampa del capitalismo patriarcal es haber generado una cultura del individualismo que además sitúa las soluciones en lo ajeno. Más allá de las vocaciones, o no, de los gobiernos, son las personas, preferentemente organizadas, las que tienen que solucionar los problemas del país. Del lado de la demanda, la solución es a través del consumo. Consumir alimentos de pequeñas cooperativas o pymes de empresarios conscientes como Fera no sólo implica hoy una reducción de gastos o precios en la canasta básica, sino que además evita financiar empresas multinacionales con una vasta historia de violación de los derechos humanos (desde el financiamiento de paramilitares en Colombia al envenenamiento de nuestres pibes argentines con el glifosato o la quema de nuestros montes para negocios inmobiliarios o de producción porcina a gran escala). Muchos de sus negocios implican también entramados mafiosos con el lavado de dinero, la fuga de capitales y la deuda externa, el narcotráfico, la última dictadura militar y hasta el genocidio de Roca en la conquista del desierto. Hay, excepciones, las hay. La otra vez discutiendo con unos amigos empresarios de alta alcurnia pero buen corazón acerca de la honestidad del pueblo argentino, les aclaré: “la otra vez en una reunión del frente barrial de la Martín Fierro me emocioné con las compañeras buscando la forma de terminar de concientizar o hasta incluso amonestar a los compañeros que no estaban destinando al trabajo en el comedor popular el cobro del Potenciar Trabajo (que para nuestros gobernantes no es trabajo, pero si para las propias trabajadoras de la economía popular). A mi me gustaría saber si ustedes cuando se sientan en un casorio lujoso con los dueños de Vicentín o cualquiera de las empresas que estafaron al estado hacen lo mismo. En todas las clases hay gentes buenas y malas. Por eso es importante el control social”. Porque vamos a ser sinceros, los que se escandalizan por los pibes chorros de barrio y llaman a la intervención del estado a través de la policía, no se ponen tan furibundos con los jueces que dejan pasar la evasión impositiva, el lavado de dinero y otras pestes financieras que también son un robo. O por las vinculaciones con el narcotráfico que mata a nuestros pibes en Rosario de la justicia, la policía, los funcionarios públicos y el sistema financiero (como bien viene describiendo hace años Carlitos Del Frade). Los que aplican del derecho al “libre tránsito” ante las protestas de los movimientos sociales, poco se preocupan del “derecho a la vida” de las poblaciones afectadas por la especulación empresaria sobre el alimento y tildan de autoritario a un gobierno que, como bien dije al principio, implementa un control sobre las empresas oligopólicas que es de manual de economía neoliberal de la Universidad de Chicago.
Cuando en medio del escándalo de Vicentín muches compañeres de organizaciones sociales soñaban con una empresa estatal de alimentos, un compañero opinó: “Yo no sé si estamos en condiciones de eso. Es muy bonito los de las huertas comunitarias y pequeños emprendimientos de la economía popular, pero yo no sé si todavía estamos en condiciones de alimentar a todo un país”. “Eso no quita que sea enorme el crecimiento que hemos tenido en treinta años de querer parar la olla a la cantidad de experiencias que hoy existen de la economía popular, incluso con numerosas comercializadoras, cooperativas de distribución y alianzas con pequeñas empresas o fábricas recuperadas”, agregó con esperanza. ¿Que pasaría si todes les argentinas recibieran la iluminación del consumo responsable y se decidieran a no comprar más a empresas irresponsables ligadas con la muerte y la acumulación de ganancias a cualquier precio (incluso los ecológicos)?¿Podrían pagar todes los costos de esta nueva economía?¿Tendríamos la capacidad de generar la oferta necesaria? En esta economía en transición puede ser, además de nuestro trabajo, las políticas del estado las que acorten la brecha entre oferta y demanda de una industria alimentaria sana y para todes. Implementación de la Ley de Gondólas, aprobación de la Ley de Etiquetados, fomento de la agroecología y otras experiencias de la economía popular a través de créditos y una fuerte campaña de transformación cultural para que entendamos las implicancias que hay detrás de nuestros actos de consumo.
