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La odisea de los huemules

Por Lea Ross

Rita Segato dice que el predicado del poder es el secreto. Eso lo sabe Joseph Ted Lewis, que muy probablemente se encuentre en estos momentos encerrado en su mansión ubicado en las islas de las Bahamas, en una habitación plagada de pantallas que exponen las cotizaciones de distintos mercados.

Londinense de origen, se le endilga de ser un “exiliado fiscal” al mudarse a la mencionada guarida centroamericana en el último año de la década del setenta, cuando vendió el negocio de catering que había fundado su padre. Eso sí, de lo que ganó lo invirtió en el armado de una empresa del mismo nombre que el del emprendimiento familiar: Tavistock Group, que en la actualidad engloba unos 200 compañías de todo el mundo. En 1992, Lewis se asoció con el magnate George Soros para apostar contra la libra esterlina, obteniendo enormes ganancias con el llamado “Miércoles Negro”. Un artículo de archivo del The Guardian, subraya que algunos especulan que Lewis habría recibido dividendos más abultados que Soros.

Se estima que Joe Lewis cuenta con un patrimonio de 5.300 millones de dólares y que sería el séptimo inglés más rico, a pesar de su mudanza tributaria a las Bahamas.

La hago escondido

Era un 19 de junio de 1996, cuando un señor llamado Lisandro Allende pidió a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de adquirir unas tierras en El Bolsón, a nombre de H.R. Properties Buenos Aires S.A., cuyos accionistas se llamaban Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Fue aceptado rápidamente a los 13 días. Un último trámite, con fecha del 22 agosto, habilitó que el área definitiva alcanzara las 8.063 hectáreas.

Resulta que el 5 de mayo, 45 días antes de iniciado el trámite, H.R. Properties Buenos Aires S.A. ya no se llamaba así. Cambio su nombre a Hidden Lake S.A., y que sus acciones pasarían a manos de una empresa inglesa llamada Lago Corp., y representada por el mencionado Alfredo Rovira y por Charles Barington Lewis, el hijo de Joe. El señor Allende había ocultado la existencia de accionistas extranjeros, porque las leyes nacionales lo prohíben cuando se trata de terrenos fronterizos. Ya para el mes de septiembre, Charles Lewis, ahora sin la intermediación de Allende, había obtenido los permisos para adquirir 2.760 hectáreas más.

Así fue cómo Joe Lewis se apoderó de once mil hectáreas de tierras rionegrinas que rodean al Lago Escondido, con acceso restringido y solo permitido para los empleados de Lewis y algunos que otro huésped de honor. Desde el año 2005 que se vienen firmando distintos fallos judiciales, incluso desde el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, exigiendo a Hidden Lake que permita la entrada al lago, en particular, mediante un camino de montaña llamado Tacuifí. En septiembre de este año, la Cámara de Apelaciones de Bariloche ratificó esa sentencia, cuya firma resolutiva se realizó el mes anterior a la visita de los jueces federales a la mansión de Lago Escondido, autodenominados “Grupo Huemules”, según sus grupos de Telegram, que luego fueron filtrados por hackeo mediante.

En cuanto a las denuncias por la irregular adquisición de títulos de la propiedad de las tierras, uno de los expedientes fue frenado también en un mes de septiembre, pero del año pasado, por parte de Carlos “Coco” Mahiques, de la Cámara Federal de Casación (anteriormente, fue ministro de justicia de la gobernadora PRO María Vidal), que absolvió al hijo de Joe Lewis y a funcionarios públicos. Un año después, el “Coco” disfrutó de unos buenos vinos de la estancia de Lewis, mientras perdía una partida de póker con otro magistrado, en un hospedaje que no habían pagado.

El juez Coco, en una foto filtrada, donde le muestra al resto de los “huemules” que está dispuesto a “boxear” a todos aquellos que hablen mal de él.

Ojo con el clarinete

El caso del “Coco” Mahiques es solo un ejemplo de una violación a la Ley de Ética Pública, que penaliza las tipificaciones de dádivas y tráfico de influencias. Cierto es que que no solo fue Joe Lewis quien le pagó ese hospedaje. Todo indica que el vuelo fue solventado por el multimedio Clarín. En particular, por su actual CEO, Jorge Rendo, y el actual gerente de relaciones institucionales, Pablo Casey, quien además es sobrino de Héctor Magnetto, anterior director ejecutivo del grupo.

La propia Cristina Fernández de Kirchner, en su última aparición en público luego de su condena por la causa de Vialidad, mencionó a Rendo como alguien conocido por todos los estamentos en el poder. De hecho, en su libro Sinceramente mencionó que entre las visitas que recibió Néstor Kirchner como presidente, y ella como “primera dama”, estuvieron los representantes de Clarín de la mano de Magnetto y el propio Rendo, cuando en ese entonces ocupaba el cargo actual que ejerce el sobrino del primero.

Por otra parte, Casey también ejercería un cargo directivo en la empresa Telecom. De hecho, para pasar el fin de semana a la quinta de Joe Lewis, solo habría llevado un bolso con el logo de la compañía. En el año 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se avaló la compra del Grupo Clarín a Telecom, que implicó la mayor fusión empresarial de los últimos años. Para CFK, se trató del último botín que pretendió doblegar a su gobierno. Para la actual gestión del Frente de Todxs, se entró en una contradicción. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación, consideró que no hubo irregularidades, mientras que la Oficina Anticorrupción, en febrero de este año, interpretó lo contrario y pidió a los estamentos judiciales que tomen cartas en el asunto. La inquietud se basa en que los funcionarios macristas que ocupaban cargos en la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia, donde consideraron que la fusión Cablevisión-Telecom no violaba el libre mercado, trabajaron en una consultora que tenían como clientes a Clarín, Cablevisión y Telecom. Incluso, asesoraba a algunas de esas empresas en la disputa por la Ley de Medios Audiovisuales.

Las denuncias fueron efectuadas por la abogada Liliana Zabala, que junto con trabajadores de Telecom viene denunciando a la compañía desde la privatización de ENTEL en los años noventa. A su vez, estas irregularidades se basó en un trabajo de su humilde servidor para el portal Striptease del Poder. Básicamente, se acusa a los funcionarios macristas de haber violado la misma ley que habrían cometido los huemules.

Fragmento de la resolución de la Oficina Anticorrupción de este año, que menciona a funcionarios macristas de haber violado la Ley de Ética Pública para aprobar la fusión Cablevisión-Telecom.
Otro fragmento, que se subraya la mención de un artículo periodístico publicado por su humilde servidor.

Y esto es porque en febrero de 2015, Clarín fue beneficiado por un fallo del juez Pablo Cayssials, para frenar la aplicación de la mencionada Ley de Medios. Al año siguiente, el juez Julián Ercolini sobreseyó a Magnetto por la compra de Papel Prensa durante la dictadura. Tanto Ercolini como Cayssials, también fueron pagados por Clarín para el viaje a Lago Escondido, hace dos meses atrás.

Lágrimas de cocodrilo

Como ya se sabe, la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, pidió la imputación contra los jueces y gerentes de Clarín, por posibles delitos que incluyen dádivas y/o tráfico de influencias. El dictamen se basó en una denuncia, previa a la filtración de los chats, cuando se sabía de la existencia de esa “cumbre”, por una nota del diario Página/12 (por eso, el grupo de Telegram se armó el mismo día de la publicación con el nombre de “Operacion de Página 12”). También, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario, más la participación de la AFIP para determinar si las facturas que habían presentado los involucrados estaban adulterados o no, como se interpreta en el intercambio de chats.

Las facturas presentadas tienen como fecha el 13 de octubre con un monto de $120.000, excepto una que estaba a nombre de Leonardo Bergroth, ex agente de los servicios de inteligencia de la SIDE. En su caso, tienen como fecha el 17 y el 19 de octubre, con sumas de $120.000 y $60.000, posteriores al vuelo. “Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, plantea de manera dudosa la fiscal.

Según los chats filtrados, quien se encargó de operar las facturaciones truchas, mediante el pago por transferencia de cada uno, fue el hijo del “Coco”, Juan Mahiques, quien también participó del vuelo y es el actual procurador general de la Ciudad de Buenos Aires. El teléfono que fue hackeado perteneció a Marcelo D’Alessandro, actual ministro de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y que trabajaría de par en par con Juan en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El caso tiende a ser una divina comedia, cuando otro de los que estuve en el grupo de Telegram y también invitado para el vuelo, Pablo Yadarola, juez del fuero penal económico, advierte lo que iba a ocurrir: que “sonaría sospechoso” que se pague “en efectivo”, que fue lo que ocurrió. Pero que no quedaba otra alternativa, ya que iba a ser menos sospechoso que “pagarlo después” del vuelo, porque sonaría como un pasaje “de fiado como dicen los almacenes”.

Finalmente, ante una situación de culpa, Pablo “Molleja” Casey le informa a los “huemules” que él está dispuesto a hacerse “cargo de todo”, porque era “su responsabilidad”. A lo que Yadarola le responde: “Pablo ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso con la invitación”. El indicio ratifica que fue Clarín quien solventó los gastos. El joven Mahiques le frena carro diciéndole que ya empezó con los pagos, y lo tilda cariñosamente de “cagon”, con menos elegancia que el “bobo” de Lionel Messi a un jugador holandés.

Como frutilla del postre, en los grupos del chat insisten en borrar las fotografías del encuentro para que no se filtren ninguna imagen donde se los ve juntos. En particular, con los empresarios de Clarín. Sin embargo, Jorge Rendo, director general del Grupo Clarín, advirtió que en el aeropuerto de Bariloche estaban las cámaras de seguridad, donde podrían figurar todos juntos. “Cierto Pablo -dice Yadarola-. Hay (sic) podemos estar juntos en imágenes”.

Dicho y hecho, por orden de la fiscalía, el Aeropuerto de Bariloche entregó las cintas de seguridad donde los huemules aparecen todos juntos. Incluyendo a Nicolás van Ditmar, administrador de los activos de Joe Lewis en Argentina.

La corrupción

Los comentarios misóginos y el vocabulario soez en el interior de los chats, sumado a la mención de ciertos tópicos como habanos, licores, póker y otros clishés típicos de una arrogancia aristocrática, conforman un cuadro completo de lo que tranquilamente puede calificarse como casta. Palabra reiterativa si los hay dentro de la comunidad libertonga, pero que en este caso optó por mantenerse en el silencio.

Y es que, en realidad, la corrupción no es un problema de casta, sino de clase. El movimiento de ganancias, manejadas por el capital y legitimadas por el Estado, es lo que empuja a problematizar el submundo de las coimas, que siempre se mete en la agenda mediática. Siempre que puede, se espera que a nivel fotográfico pueda encarnarse en sujetos llevando bolsos o, con pocas expectativas de concretarse, en depósitos extraídos mediante excavadoras en terrenos ubicados en El Calafate.

Sin embargo, hay algo que se debe mantener presente: por fuera de la moral burguesa, que un funcionario público reciba una coima o dádiva no necesariamente desencadena las mismas consecuencias perjudiciales para toda la sociedad. La administración fraudulenta genera un mínimo movimiento en comparación a lo que mueve una macroeconomía. Por ende, no tiene una incidencia tajante en la base material de un pueblo. La mordida ladra, pero no muerde. Lo que sí muerde es que esa coima o dádiva funciona como lubricante para ese circuito que administra el gran capital que agrava la segregación social. En este caso, la del goce restringido de funcionarios judiciales sobre terrenos que restringen el bien común.

El enfoque del escándalo debe pasar por ahí, y no tanto en poner en la misma balanza, tanto por derecha como por izquierda, a la ilegalidad cometida por la intervención al dispositivo móvil de uno de los “huemules”. Eso sería comparar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán con la filtración de los Wikileaks. Lo ilegal puede estar en ambos lados, pero no así la magnitud del interés público.

Tal como lo dijo Joe Lewis, hace mucho tiempo, al The New York Times: “Una de las recompensas que te ofrece el éxito es el de disfrutarlo. Algo que no te lo permiten los diarios, cuando figuras en primera plana”.