La ruta del dinero de las autovías

En Córdoba, distintos casos de expropiaciones y atropellos de tierras estarían también ligados al ocultamiento de patrimonios en guaridas fiscales.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

La semana pasada, un millar y medio de habitantes de nuestro país recibieron la ingrata sorpresa de una carta proveniente de la AFIP. Allí se les notificó la detección de irregularidades en cuanto a sus declaraciones patrimoniales, según pudo averiguar el organismo estatal desde el año pasado a partir del destape de los Pandora Papers. Hablamos de la última magnánima revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al obtener y procesar una catarata de documentos sobre empresas fantasmas registradas en guaridas fiscales. Desde luego, la nómina de esos 1.500 argentinxs están bajo secreto fiscal.

En la actualidad, una de las variables que se mete en la discusión actual sobre el estancamiento financiero que vive nuestro país tiene que ver con la salida de activos al exterior, incluyendo los que se llevan a cabo de manera clandestina, por medio de empresas offshore.

Meter la pala donde no debe

El armado de empresas offshore, cuya finalidad es evitar el pago impositivo de los países donde se originaron esas ganancias, no solo involucra a quienes ejercen actividades estrictamente privadas. También lo hacen quienes hacen sus negocios por medio de una contratación con el estado, en este caso provincial. Así lo confirman nuevamente la base de datos de las Offshore Leaks, donde el ICIJ deposita su información procesada. A la hora de averiguar el caso específico de los Panamá Papers, la otra importante revelación llevada a cabo en el año 2016, podemos encontrar el nombre de Julio José Paolini, integrante de la familia dueña de la constructora Paolini Hnos., la principal encargada de pasar las topadoras en el Valle de Paravachasca para el armado de la polémica autovía paralela a la ruta provincial 5.

Paolini Hnos. fue noticia la semana pasada, cuando un día martes al mediodía pasó con sus topadoras por el patio de Carolina, una vecina de La Serranita que se había mudado hace dos meses con sus dos hijos de 3 y 5 años. “Cuando salgo, veo un señor con la topadora adentro de mi casa, donde mis hijes juegan todos los días. Estaban entrando sin permiso, tirando los árboles, donde ayer ellos estaban jugando”, contó en un video filmado por la Asamblea de Paravachasca, que denuncian las implicancias ambientales de estas obras.

Paolini Hnos. forma parte de un holding, cuyos activos incluye la firma Minerar SA, que brinda servicios de todo tipo a emprendimientos mineros, como lo hicieron en el yacimiento Bajo La Alumbrera, la primera del país bajo modalidad a cielo abierto, y que en esa misma zona se encuentra ahora el proyecto MARA, con los mismos inversionistas. A pesar que no se conozca que Minerar haga trabajos en la provincia de Córdoba, fue una de las empresas que más fondos aportó para la campaña a gobernador de Juan Schiaretti en 2019, lo cual supone una triangulación entre los fondos públicos aportados a la constructora y el financiamiento de los frentes electorales oficialistas.

Y hablando de triangulaciones, Julio Paolini y su esposa, María Virginia Culela, figuran como accionistas de una firma panameña llamada Picard Global SA, creada el 7 de noviembre del año 2012. A la hora de llenar las planillas, Julio Paolini utilizó uno de los domicilios de su constructora, registrada en la Capital Federal, que es el tercer piso de un departamento, ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen al 330.

Paolini Hnos. no es la única involucrada en estos negocios. Por el lado de Punilla, de las tres constructoras a cargo de la misma de la autovía de esa zona, por lo menos dos también sacaron provecho en armar empresas en los mal llamados paraísos fiscales. La familia Roggio, ganadora de la mitad del primer tramo licitado de la alternativa a la Ruta Nacional 38, ha tenido distintas implicancias, empezando por inversiones de tres empresas en Panamá en la década de los ochenta, y luego una filial en la misma empresa centroamericana en 2010. También, quedaron involucrados en los Pandora Papers por tres sociedades en las islas Vírgenes Británicas, en 2016, para abrir cuentas bancaria en Suiza y Estados Unidos. Finalmente, según el libro Argenpapers, de Santiago O’Donnell, Sergio Roggio, primo del mandamás Aldo Roggio y quien actualmente se desprendió del holding para producir la cerveza Peñón del Águila, dirigía una firma en las Bahamas para controlar a su vez la empresa Baluma SA, que se encarga de la operación de un hotel de cinco estrellas en Punta del Este.

Finalmente, SACDE, a cargo de las obras de la altura de Cosquín, es manejado por el magnate Marcelo Mindlin, que también tiene su historial en el manejo offshore. Empezando en los noventa, junto con otro reconocido empresario, Eduardo Elsztain, quienes armaron tres empresas en distintas guaridas para invertir en bienes raíces de Venezuela. La dupla Mildlin-Elsztain había hecho sociedad en Argentina para comprar el Banco Hipotecario Argentino, a partir de un préstamo otorgado por George Soros, el “abuelo” de los fondos buitres. Mindlin, por su parte, tiene una empresa llamada Emerging Dolphin Limited, radicada en la pequeña isla de Man. Finalmente, según una investigación de la colega Emilia Delfino y de los Paradise Papers, tercera revelación del ICIJ, Mindlin adquirió en 2011 las empresas eléctricas de San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa), y de la distribuidora Eden, operadora del norte y centro bonaerense, poniéndola a nombre de dos offshore: Pampa Inversiones SA en Uruguay e Inversiones Argentina I en Islas Caimán.

El origen de los fondos

Tal como lo advirtió La Luna con Gatillo, si revisamos las ofertas presentadas por las constructoras para la Autovía de Punilla, hay una sobrefacturación de alrededor del 40%, mientras que el de Paravachasca se mantiene en una cifra menor. La distribución de ganadores de las firmas -Chediack, Roggio y SACDE para Punilla; Paolini, Astori, Boetto y Buttigliengo para Paravachasca- hace sospechar que se trato de un consenso previo entre los competidores para luego repartir lo que estaría sobrado.

En el total de ocho secciones que conforman las dos trazas vemos que despliegan una cierta armonía que la torna probabilísticamente difícil de realizar ante un panorama de incertidumbre de competencia libre. En las primeras y terceras secciones de las dos autovías, las licitaciones fueron disputadas con menor cantidad de constructoras, mientras que en las segundas y cuartas secciones respectivas se ofrecieron números que logran una sustancial tendencia cuasi paralela, sin cambios abruptos al respecto, cuya única excepción es la cuarta oferta de la sección segunda de Punilla, que fue presentada por Paolini Hnos., como un modo de quebrar ese patrón, presentado una oferta demasiado abultada. Contradictoriamente, fue la gran ganadora al quedarse con la mitad de la de Paravachasca.

Amos de las autovías

De travesaño

Para lograr el contacto con el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, hoy disuelta por la revelación que hizo el ICIJ, el matrimonio Paolini contó con la asesoría de una mesa en Montevideo, a cargo nada menos que de Juan Pedro Damiani, en ese entonces presidente del Club Atlético Peñarol. Damiani fue una de las piezas claves de la malversación de fondos de la FIFA, al haber sido miembro del Comité de Ética del máximo organismo mundial de fútbol. Por lo visto, había más comité que ética.

Damiani se mantenía comunicado con Jürgen Mossack y Ramón Fonseca para el armado de distintas empresas fantasmas, cuyos verdaderos beneficiarios eran una lista de adinerados argentinos. El Mossack Fonseca, donde uno de sus empleados filtró los documentos a los colegas del ICIJ, se encargaron que a la hora de hacer los papeleos en el registro público, solo figuraran empleados de sus oficinas como prestanombres para ocultar a los verdaderos dueños de las compañías. Entre ellas: el Picard Global, de los Paolini. Por esa razón, en el departamento del Registro Público de la República de Panamá, se tiene solo escaneado las fojas donde aparecen nombres de personas que trabajaban como empleados del M&F, funcionando como testaferros de los dueños de Paolini Hnos.

Escritura escaneada de la offshore.

De Helvetic a la Axon

Desde el año 2013, antes de los Panamá Papers, la AFIP había investigado a dos empresa suizas, Swisser AG y Helvetic Service Group, por ocultar fondos de la cadena de electrodomésticos Garbarino, previo a que cayera en un estancamiento financiero. Como ex presidente de Peñarol, Damiani se encargó de armar las sucursales de esas compañías helvéticos para que distintos privilegiosos argentinos pudieran llevarse sus bienes por fuera de la frontera, e incluso del continente. Entre ellos, fondos aportados por el Estado nacional para la realización de obra pública.

La firma local argentina de Helvetic Group, una de las suizas en disputa en el caso Damiani, tiene como parte de su directorio a la familia Vanella, algunas de ellas habitantes de la ciudad de Córdoba. Uno de los más jóvenes, de nombre Rodrigo, había creado en el año 2009, a los 22 años de edad, una empresa llamada Benzin SRL, junto con Manuel Bustos Fierro, el hijo del más longevo juez federal de la provincia, Ricardo Bustos Fierro. En ese entonces, Manuel tenía la misma edad que su socio Christian, no tenía trabajo y solo se dedicaba a estudiar en la universidad. Todavía hoy, Benzin es el que administra la estación de servicios Axon, ubicado en la calle Armada Argentina al 780.

El primero en revelar esto fue el programa televisivo cordobés ADN, a cargo de Tomás Méndez, en el año 2014. Su humilde servidor había repasado las fuentes de esa información expuesta por televisión y puede confirmar que son correctas.

En ese tiempo, estaba en boga los informes de Jorge Lanata sobre el constructor Lázaro Báez, sindicado de ser el testaferro de Néstor Kirchner, y de haber utilizado al Helvetic para fugar dólares o euros. Eso generó una mala interpretación periodística de que toda sociedad fantasma ligada a esa firma suiza estaba destinada para solamente ocultar el patrimonio de ese empresario.

Reintegros

Por su parte, Bustos Fierro fue quien en el año 2008 puso un freno a la aplicación de las retenciones móviles a la soja, vía resolución 125 del Ministerio de Economía, desencadenante del llamado “conflicto del campo”. Quien le había pedido mandar esa resolución fueron los abogados de la sojera Adriana Remonda, de la familia ex dueña de La Voz del Interior.

En la actualidad, Bustos Fierro falló a favor de la Sociedad Rural Argentina, y de la filial de Jesús María, declarando inconstitucional la prórroga de la vigencia de cobro de retenciones. Según reveló la revista El Sur, además de una estación de combustibles, Manuel es propietario de una empresa que cultiva soja y maíz en más de 830 hectáreas en el Departamento Río Primero, lo cual le resultó auspicioso a que su padre haya aceptado el amparo de los terratenientes.

La familia Remonda también fueron escrachados por los Panamá Papers, al ser dueños de la empresa ElDorado Ventures Inc., registrada en el año 1997, en el ínterin de la venta del matutino local al multimedio porteño Grupo Clarín. Registrada en las islas Vírgenes Británicas, la sospecha indica que el remate del medio gráfico al gran diario argentino fue a cambio de participar en los negocios offshore, que les permitiría tener cuentas registradas en el JP Morgan y permitir así realizar transferencias a otra renombrada banca como es el Credit Suisse, con sede en Suiza.

En el proceso de reintegro, cada Remonda escrachado en los Panamá Papers se dedicó a otras actividades económicas, como es el caso de la soja por parte de Adriana.

Mientras que otro integrante, aunque no escrachado por los Panamá Papers, Luis Ernesto Remonda, tienen sus activos en el negocio inmobiliaria bajo el nombre de Big Deal SA, junto con quien sería un ex socio del diario La Voz, que estaba a cargo del área de recursos humanos. La firma sería la que le permitió apoderarse de tierras donde funcionaba la cantera El Sauce, y que por una década vienen atormentando a la familia que integra la comunidad comechingona Pluma Blanca, en la zona de Candonga, Sierras Chicas. Hoy, el negocio estaría en manos de la empresa Canteras Amadeo, José Luis Strasorier y Roberto Vettorazi, esperando que se concrete el desalojo a los humildes de la zona. En junio pasado, los respectivos hijos de los empresarios crearon una empresa que se llama, precisamente, “Campo El Sauce SA”, dedicada a la producción agrícola, a la inmobiliaria y a la financiera.