Las dos caras de la justicia
Un empresario que financió la campaña de Martín Llaryora, y que es vecino de Juan Schiaretti, acaba de ser procesado por una megaestada inmobiliaria. Por otra parte, la justicia cordobesa también pidió la elevación a juicio contra seis dirigentes sociales por organizar un piquete contra el FMI. Ante ello, Javier Milei y Martín Llaryora transitan su segundo período en armonía.
Por Lea Ross
El 20 de julio de 2023, la campaña electoral de Martín Llaryora, para gobernar Córdoba, recibió 7 millones de pesos, recibidos en dos mitades, provenientes de dos cuentas que estaban a nombre de dos firmas: Prodismo SRL y Üveg SA, la primera dedicada al armado de autopartes y la segunda en la fabricación de vidrios.
Ocho meses después, en la semana saliente, el fiscal Enrique Gavier, a cargo de Delitos Complejos, ordenó la elevación a juicio a ocho empresarios. Entre ellos: Alejandro “Jano” Pedrosa, gerente de ambas compañías. Según su cuenta de LinkedIn, estaba a cargo del área de administración y finanzas. Ergo: fue quien se encargó de realizar esas transferencias a favor del oficialismo provincial, ya que de vidrio no come.
Jano y Gringo, en una foto oficial de 2022. Jano el del círculo rojo. Gringo el del sueter de pésimo gusto.
La noticia judicial fue revelada por La Voz del Interior, diario que denominó el escándalo como la “causa ricos y famosos”, a pesar de que son nombres más ricos que famosos.
La investigación se inició porque las oficinas de Rentas de la Provincia detectaron que se estaban poniendo en venta unas 2.500 parcelas, a unos 16 mil dólares cada uno, en un proyecto llamado “Estancia Santa Lucía”, ubicado entre la capital cordobesa y Alta Gracia, pegada a la Ruta provincial 5, es decir, a la Autovía de Paravachasca, proyecto vial que ha sido denunciada, entre otras cuestiones, por el riesgo a que emerja un boom inmobiliario en sus alrededores vía fiebre especulativa.
Se promovía como un proyecto con casas y departamentos, un centro comercial, club house, salón de usos múltiples y espacio recreativo con piscina, solárium, canchas de tenis y de fútbol. Resultó que esa comercialización se realizó por parte de caballeros que no tenían la titularidad de los terrenos.
Las 174 hectáreas que cubre la prometida Estancia Santa Lucía en el Google Earth.
“Jano” Pedrosa, el financista del oficialismo provincial, es uno de los involucrados, según la fiscalía, en esta asociación ilícita repleta de estafas. Se mencionan como cabecillas de la banda a Luis Raúl Bizzocchi y Orlando Conti. El resto, además del gerente de Prodismo y Üveg, son Gonzalo Ernesto Argarate, Marcelo Tobías Nasif, Ricardo Gustavo Bizzocchi, Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón y Omar Llamil Badrán.
Un dato muy llamativo: “Jano” estaría viviendo en el country Altos del Chateau, en uno de los lotes que están ubicados en la manzana número 55. Allí lo tiene de vecino a Lucas Shekendemian, el prosecretario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Años atrás, fue subdirector de asuntos legales en la Secretaría General de la Provincia, a cargo en ese entonces del abogado pejotista Ricardo Sosa, durante el primer gobierno de Juan Schiaretti, entre 2007 y 2011. Precisamente, a un par de cuadras al sur, Pedrosa y Shekendemian lo tienen de vecino al ex candidato a presidente junto a su esposa y senadora Alejandra Vigo, la de la postura tibia durante la discusión del Mega-DNU de Javier Milei en el Senado.
La libertad aniquilada
En la contracara, y en la misma semana saliente, la jueza de Control y Faltas Número 4 Anahí Hampartzounian, confirmó la elevación a juicio contra seis dirigentes sociales y gremiales por haber realizado un piquete contra el Fondo Monetario Internacional, ocurrido el 5 de abril del año pasado, en pleno centro capitalino cordobés. Se trata de dos militantes del Parido Obrero, Emanuel Berardo y Soledad Díaz García, de Agustín Nazar del MST, de Marisa Cariddi de Libres del Sur, de Roxana Carezano del Movimiento Teresa Rodríguez, y del secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani. Sería el primer juicio contra un piquete, recurriendo al famoso artículo 194 del Código Penal, que considera un crimen el entorpecimiento del tránsito.
Con ello, se convalidó la investigación de instrucción llevada a cabo por Ernesto de Aragón, quien es el mismo funcionario que ordenó el desalojo policial contra el primer cacerolazo cordobés contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, anunciada por el presidente Milei, y realizada en diciembre pasado. En ese entonces, se lo consideró como la primera represión en la era de La Libertad Avanza en el gobierno.
El corte piquetero de abril fue en el marco de una actividad nacional, cuando en ese entonces se llegó al pico de inflación mensual más alto desde que había comenzado la recesión económica en 2017. También ocurrió por la baja de 90 mil beneficiarixs del Potenciar Trabajo, el medio salario que otorga al Estado para mantener en marcha los proyectos autogestivos y barriales, y que se pronosticia su desaparición total, para llegar al tan amado déficit cero, proclamado por el León y el Mago Sin Dientes de las Finanzas. Justo esa misma semana de protesta, el FMI había publicado su revisión trimestral, el llamado staf report, donde incluyó sus exigencias al Estado nacional para ejecutar el ajuste, incluyendo una quita de 400.000 personas que tenían acceso a ese beneficio para que buscaran la vuelta a que entraran al ámbito laboral formal.
En la resolución de la magistrada de raíces armenias Hampartzounian, se profundiza la tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación. En base a eso, sentencia que “el ejercicio de un derecho no implica indefectiblemente aniquilación de otro”.
En una siguiente foja, realiza una cita al profesor de derecho constitucional Andrés Rossetti, reconocido en el ámbito académico por sus exposiciones sobre derechos humanos. Señala lo siguiente: “las manifestaciones deben dejar una vía alternativa o un espacio para la circulación pero a su vez los ‘circulantes’ (que son titulares de derechos, en este caso un ‘derecho especial de libertad’) deben aceptar la disminución que comporta el ejercicio de su derecho en pos del derecho de los manifestantes”.
A la acotación entrecomillada de Rossetti, sobre el “derecho especial de libertad”, la jueza saca provecho para meter los conceptos de “aniquilamiento” y “libertad” en una misma oración, difíciles de desprenderse en la coyuntura política nacional. Ya que considera que no se trató “solo una mera molestia en la circulación y el tránsito’, sino la aniquilación del derecho a circular producto de lo que considero un ejercicio abusivo del derecho de protesta, que implicó que un número indeterminado de personas –por cuya libertad también es necesario velar- se vieran impedidas de ingresar o salir de su domicilio, acceder al transporte público de pasajeros e incluso ser asistidos por servicios médicos de emergencia”.
Acordes
La partitura del “mileísmo” y el “llaryorismo” logran generar acordes en entretiempos. Parecido a una telenovela de amores y odios. Hoy, están en el segundo período romántico, en el momento en que el presidente anunció que el “Pacto de 25 de Mayo” sería firmado en “La Docta”, aunque no se descarta que se haga en otro pueblo que no sea la capital.
Marzo comenzó con posibles fricciones entre el León y el “Toto” Caputo, debido al aumento de precios en las góndolas, por especulación de las empresas alimenticias o supermercadistas, porque calculan que habrá una fuerte devaluación, a lo que el gobierno se resiste. También se le suma el complot de la vice Victoria Villarruel, al haber habilitado la discusión del Mega-DNU 70/2023 en el Senado, la misma que desencadenó los primeros cacerolazos y la primera reacción represora nacional.
Lejos del fuego amigo, con Martín Llaryora hay una fría amistad. Eso quedó patentado con la insistencia del gobernador de Córdoba de que la Ley Ómnibus tiene que aprobarse sí o sí. Luego, ordenó que no estuvieran presentes sus tres alfiles en la Cámara de Diputados para frenar la sesión de una reforma jubilatoria ajustada a la inflación, aún cuando era impulsada por el bloque que los integran, que es Hacemos Coalición Federal, encabezada por el gruñón Miguel Pichetto. Hablamos de los diputados Carlos Tío Sam Gutiérrez, Ignacio García Mini-Llaryora Aresca y Alejandra Torres, esposa de Osvaldo Giordano, el echado titular de la ANSES y acaramelado director de la Caja de Jubilaciones autóctona. Quienes sí dieron el sí fueron Natalia de la Sota y Juan Brügge, como parte de un corte de cuerda dentro del pejotismo cordobés.
En paralelo a eso, en el Complejo Feriar de la capital, en una convención con intendentes y empresarios del país, el sanfrancisqueño se sacó una “sugestiva foto”, como publicaron algunos medios, con Eduardo Elsztain, el magnate que coincidía con el “nombre y apellido” de la Ley Ómnibus y el DNU, como lo dijo el abogado ambientalista Enrique Viale, cuando durante el debate en cesión en el Congreso afirmaba que Elsztain era uno de los principales terratenientes del país, y que por ende era beneficiado por estas dos normativas, por la derogación de la Ley de Tierras Rurales y los cambios en las leyes ambientales. La imagen de arriba fue obtenida por los registros oficiales del gobierno provincial. Allí, el empresario, dueño del hotel donde se alojó el presidente Milei durante meses previo a su llegada a Olivos, charla con el cordobés, como si evitara que la cámara le leyera los labios.
Al día siguiente de ese encuentro, Llaryora recibió un borrador de la Ley Bondi-Zombi. Fue en ese momento en que secuaces del Senado se abstuvieron de votar por el rechazo o no al DNU. Entre ellas, Alejandra Vigo, la vecina del aportante procesado.
