Lucha anti carcelaria

Los espacios de encierro históricamente fueron creados para el control y represión de personas y territorios. Pareciera que hay un contexto político, social y cultural planificado para que el camino más viable, aun mas de las personas que habitan sectores populares, migrantes, negrxs, sean encerrades como única proyección de vida.

En lo que va del año 8 muertes fueron dentro de las cárceles de la provincia de Córdoba, muertes no aisladas a lo institucional ya que militantes anticarcelarxs, familiares de víctimas y diferentes organizaciones denuncian la situación de lxs presxs en la provincia, situación alarmante en materia de salud, educación y derechos básicos que están siendo vulnerados.

El pasado jueves 11 de mayo se hicieron presente en los Tribunales II militantes anticarcelarixs, familiares de víctimas y detenidxs, diferentes organizaciones y cátedras universitarias adherentes para la presentación de una nota, donde expresan las diferentes exigencias que reclaman como colectivo para el cumplimiento de los derechos humanos básicos que se están vulnerando, y el pedido de una audiencia con los jueces de ejecución.

En un contexto político donde la situación de crisis cada vez se agudiza aún más, la represión aumenta y el estado garantiza seguir vulnerando derechos tanto afuera, para generar políticas que garanticen el encierro como un camino para sectores claramente marcados, vulnerando derechos y garantizando la represión y tortura. En una Córdoba además controlada por las fuerzas policiales y avalada por un poder judicial que, además de reprimir, criminaliza a luchadores sociales. Es un caparazón que potencia las políticas de exclusión de sectores y que las imputaciones a dirigentes políticos no son aisladas a la lucha anti carcelaria, ya que el camino dentro del umbral en los contextos de encierro se utiliza los mismos mecanismos. Control y represión para el encierro y vulneración de derechos.

“La precariedad en la que viven lxs presxs es extrema, aspectos indispensables como alimentación, condiciones edilicias, salud, educación y trabajo no están siendo garantizadas por el Estado. Por esto convocamos a concentrarnos frente a Tribunales II, para exigir una respuesta inmediata y que se responsabilice de las muertes y del trato que reciben las personas privadas de su libertad. Presentaremos una nota y pediremos una audiencia ante los jueces de ejecución. En democracia o en dictadura en la cárcel se tortura. Exigimos ya que se garanticen los Derechos Humanos dentro de las cárceles”, expresan desde el colectivo.

Cabe destacar que el documento, que expondremos a continuación, no fue firmado y mucho menos se les dio una respuesta a los distintos pedidos que fueron presentados:

Córdoba, 11 de mayo del año 2023

Dirigido al Poder Judicial de la Provincia

Presentamos esta nota acompañada de una concentración, compuesta por familiares de detenidxs, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, y activistas por los derechos humanos de personas en contextos de encierro, con el fin de que nuestro reclamo por el cumplimiento de leyes que ustedes dicen garantizar sean respetadas y que los derechos primarios sean garantizados, porque es su responsabilidad como funcionarixs de la justicia. En primer lugar, urge que se garantice la vida a las personas que ustedes mantienen en las cárceles, solo en lo que va del año en Bouwer ha habido cinco muertes, sumando ocho en la lista de las cárceles de toda la provincia.

Exigimos que ingresen los jueces de ejecución a verificar cómo funciona el sistema de salud, educación, trabajo y las condiciones edilicias.

Queremos que verifiquen y constaten con qué especialistas y aparatología cuentan, que vean cuántxs médicxs quedan de guardia los fines de semana. Que pregunten qué es necesario para que las personas sean atendidas, y saber por qué causa no lo son. Que ingresen a la farmacia y abran caja por caja para hacer un recuento de los medicamentos faltantes, no puede ser que los únicos que no falten sean los psicofármacos. Que se explique por qué el acceso a un psicólogo y sostener terapia es tan dificultoso.

La situación es paupérrima, el Servicio Penitenciario de Córdoba viene dando muestras de que no es capaz ni eficiente el tratamiento en cuanto al derecho y accesibilidad a la salud. Por esto entendemos que es el Ministerio de Salud quien debería hacerse cargo.

Exigimos también:

– Que las personas que están encerradas para su “reeducación”, puedan acceder al área de educación. Tenemos conocimiento acerca de lo imposible que es terminar el secundario y ni hablar de hacer una carrera universitaria.

– Que las bacantes no marquen la cantidad de bancos en un aula. Si es necesario, que se construyan más aulas, porque nadie que quiera estudiar debería quedarse afuera. Estudiar es un derecho, no un privilegio. Sólo alrededor del cinco por ciento de la población carcelaria puede acceder a estudiar.

– Que se vuelvan abrir los talleres recreativos, y deportivos ya que los únicos que se están dando son los que tienen un fin laboral.

– Que las personas que trabajan cobren lo que corresponde; no importa si sólo es fajineria, que ganen lo que marca la ley 24660. No pueden continuar cobrando una limosna mensual que no alcanza ni para un paquete de yerba. En muchos casos trabajan más de ocho horas diarias.

– También es necesario que cuenten con un seguro por accidente laboral. En abril, Esteban, que trabajaba en la panadería, perdió una mano, y no cuenta con ninguna cobertura. También hay personas que se accidentaron en la carnicería, ya hace años, y todavía esperan una respuesta del poder judicial.

– Recordemos que son personas, no pueden permitirles salir al patio sólo una hora, semana de por medio, o sea dos horas al mes. Se termina atrofiando su cuerpo, sus músculos, su vista, su salud mental, etc.

– Que se respete el derecho a la visita, que puedan ingresar familiares no directos, y allegados. Y que éstos no tengan que esperar tanto tiempo para poder ingresar, sufriendo las inclemencias del clima y los maltratos del personal de requisa. Se debe terminar de una buena vez con las requisas vejatorias. Que se respete a la visita.

– Que las pericias técnicas no se realicen a último momento. Esto ayudaría a facilitar el acceso a la libertad condicional, y otros beneficios que contribuyen a descomprimir las cárceles. Liberar a las personas en tiempo y forma ayudaría a descomprimir algunos sectores.

– Que se evite el desarraigo. El acercamiento familiar es prioritario. Que no se utilice el traslado como sanción o castigo.

– Si la excusa para que sus derechos no se respeten es que existe un alto grado de hacinamiento, será hora de exigirles a lxs fiscales que paren con tanta prisión preventiva. No pueden enviar a las personas a vivir en un centro clandestino de detención (porque allí no se cumple con ninguna ley). Son urgentes las estrategias de reducción del hacinamiento para que ayuden a mejorar el proceso de justicia penal y la calidad de vida de lxs privadxs de su libertad. Mejorar la administración judicial es prioritario. Esto no se soluciona ampliando la cárcel o las plazas. Se debe garantizar una vida digna dentro del encierro.

Solo en lo que va del año han habido ocho muertes en las cárceles de Córdoba, esto tendría que haber despertado una alarma en las diferentes instituciones provinciales a las que les compete la vida y funcionamiento de un establecimiento carcelario.

¡¡Las muertes y torturas dentro de las cárceles son crímenes de Estado, deben responder por ello. Son personas y su trabajo es velar por su vida y sus derechos!! ¡¡No estamos dispuestxs a dejar pasar estas atrocidades!!

Firman:

Familiares y amigxs de detenidxs y de víctimas de la violencia estatal.

Activistas por los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.

Frente antirrepresivo en lucha.

Cátedra de psicología social de la facultad de psicología.

Solidaridad anticarcelaria.

Centro de profesionales por los Derechos Humanos.