Para evadir, topadoras no hay
La Cámara Federal de Córdoba ordenó llevar a juicio a un ex-presidente de la Bunge, con vínculos con la Aceitera General Deheza, beneficiadapor los desmontes en Chaco.
Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual
En los expedientes que se sacaron de algún archivero de la justicia federal, la Cámara de Apelaciones de Córdoba tomó una postura que deja mal parado a un exponente nacional del agrobusiness. Por votos mayoritarios, se ordenó el procesamiento al rosarino Plácido Enrique Humanes, ex-CEO de la firma Bunge Argentina SA, una corporación poderosa en el país, y con fuertes vínculos económicos y políticos en Córdoba. El delito señalado es por evasión agravada por el uso de facturas apócrifas. El fallo rechazo lo decidido por un juez federal de Villa María, al desestimar la causa en el 2021 por falta de méritos. La efectiva apelación fue impulsada por fiscales del Ministerio Público Fiscal, con participación de la AFIP como querellante.
Enrique Humanes fue director general del Cono Sur de Bunge entre los años 2000 y 2018. También fue miembro del Comité Ejecutivo de Bunge Limited, desde un año antes que ocurrieran los delitos apuntados. Antes de eso, en los años ochenta, fue gerente de operaciones de la química Dow Chemical, y en los noventa trabajó en un cargo parecido para Unilever, otra multinacional. En la actualidad, sigue manteniendo sus inversiones en el agro, distribuidas en distintas firmas, mientras organiza simposios empresariales en la ciudad portuaria de Rosario.
Enrique Humanes. Archivo 2021 de Clarín.
La denuncia contra Plácido fue presentada por la poca placentera AFIP-DGI el 28 de marzo de 2019. El organismo estatal detectó irregularidades referidas a salidas no documentadas del año 2011, al valor de $2.149.945,94, donde la firma habría utilizado facturas apócrifas de empresas que no tenían suficiente solvencia, ni tenían actividad comprobada vinculada al rubro. Como Bunge no pudo demostrar la veracidad de esas facturaciones, se concluía que las operaciones nunca existieron. Luego, el 30 de septiembre, se formuló una nueva denuncia, esta vez por operaciones similares, realizadas en 2012 por la suma de $2.981.512,06, y otro ejercicio fiscal en el 2013 por el monto de $3.137.711,91.
En palabra de los fiscales María Marta Schianni y Carlos Gonella, “el empleo de firmas o empresas apócrifas por parte de grandes empresas como Bunge Argentina S.A., no se genera por engaño, error u omisión de controles, pues el nacimiento de estas estructuras que permiten ocultar a los operadores reales, responde a las exigencias del mercado y particularmente de las grandes empresas que precisan reducir los costos de producción”.
Acopiame los papeles
Bunge realizó las transferencias a dos firmas contratadas: “Lemos, Lobestein y Asociados SA” y “Porte SRL”. En la resolución de la mencionada Cámara, se pueden encontrar las inconsistencias que llamaba la atención a los sabuesos del fisco.
Por ejemplo, Lemos trabajaba como una acopiadora e intermediaria de productores para preservar y vender lo cosechado a Bunge. En base a los cómputos de la AFIP, muchos de los dominios de los vehículos utilizados para traslado de esos granos “responden a rodados no aptos para el transporte de mercaderías por cuanto son automóviles para el transporte de personas”. Lo mismo pasaba con Porte SRL, que según la AFIP en análisis con las cartas de porte automotor, “un 34% de ellos eran vehículos utilitarios o sin capacidad para el transporte de granos”. De hecho, “ninguno de los vehículos utilizados para realizar los transportes estaba a nombre de la firma y los que usa se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión”.
A esto se le suma que Lemos tendría declarado “solo tres empleados, un número insuficiente para hacer frente a las actividades que manifiesta realizar”, además que “sus acreditaciones bancarias eran notoriamente superiores a sus ventas declaradas y poseía un activo de escasa relevancia y de fácil realización, no poseyendo ningún bien registrable a su nombre”. Finalmente, se consignó que su planta de acopio “no operaba como tal en realidad, no había rastro de tránsito de camiones y, mucho menos, indicios de alguna actividad dentro de la planta”.
En cuanto a Porte SRL, en materia fiscal, “sólo habría presentado declaración jurada” del Impuesto a las Ganancias en 2019, incluso con ventas y compras a cero. Lo curioso es que no hizo lo propio para los períodos fiscales en que Bunge declara haber tenido operaciones con ella entre 2011 y 2013.
Para el Ministerio Público Fiscal, “desde sus orígenes, estas empresas constituyeron simples estructuras creadas con único objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto propias como de terceros, permitiendo a su vez a estos terceros que operan con ellas, obtener un beneficio ilícito consistente en la devolución de retenciones de IVA, que las empresas apócrifas nunca ingresaron a las arcas del Estado”.
100% barrani
Otro dato llamativo fue que las “acreditaciones eran automáticamente retiradas en efectivo”. Y esto, “sin quedar registro formal en la empresa, o bien por medio de cheques de terceros, que carecen de causa y que por tal motivo impiden corroborar su contraprestación”.
Esto “no es esperable de quien dirige empresas de la envergadura que posee Bunge Argentina S.A., pues se trata de operaciones comerciales de entidad, que implican una suma importante de dinero, que se están confiando a firmas que no poseían, trayectoria, inmuebles, cartelería o publicidad; que tampoco contaban con automóviles o camiones; que los rodados consignados en las cartas de porte responden a vehículos no aptos para el transporte de mercaderías o se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión”.
En los hechos del año 2011, se trataron de 18 transferencias bancarias, realizadas entre el 10 de febrero hasta el 29 de diciembre, a Lemos, y 47 transferencias a Porte SRL por un monto total de $ 6.142.702,68. Humanes habría provocado un “perjuicio fiscal” de $ 2.149.945,94, que correspondían a las salidas no documentadas de ese año, constatado por personal dependiente de la AFIP. Como segundo hecho, en el 2012, el CEO de Bunge utilizó facturas truchas para simular operaciones comerciales con las dos empresas , basados en montos que se retiraban de las cuentas, quedando las mismas “prácticamente sin saldo”. El perjuicio: unos $ 2.981.512,06. Finalmente, el tercer y último hecho, en 2013, la modalidad fue reiterada, dando una pérdida al fisco de $ 3.137.711,91, de los cuales no se pudo identificar a los verdaderos destinararios.
Chiquitajes
Las investigaciones sobre facturas apócrifas son un chiquitaje a la hora de dimensionar la evasión a escala internacional.
En agosto de 2023, se publicó el informe de investigación titulado Cruzar fronteras para cosechar ganancias: El abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio, elaborado por los investigadores del CONICET Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti, sociólogo y economista respectivamente.
Según este trabajo, relevando los balances de ciertas compañias, hay por lo menos 14 empresas argentinas del agro que crearon filiales en Uruguay. Estas firmas facturaron en el año 2021 unos U$S 42 mil millones, distribuídos en la tabla de abajo. La totalidad de ese monto es dos o treces más de lo que exporta el país charrúa. Esto se debe a que “las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable (sic) y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”. Son “cáscaras” que computan la producción de sus pares en otros países para venderlas. Bunge es la única que alcanza cinco dígitos anuales.
Socios sin accidente
Bunge arribó en Argentina en 1884, en el floreciente estado argentino moderno. Los mastodontes del negocio agro de la Argentina contemporánea son tres multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y dos locales: Vincentín y Aceitera General Deheza (AGD). Lo enmarañoso es que Bunge y AGD tienen negocios en común en Córdoba.
Plácido, el procesado, ha sido la cara de Bunge en el directorio de la firma Promaíz SA, una de las principales fábricas productoras de bioetanol en el país. Está ubicada en la localidad de Alejandro Roca, en la pampa gringa cordobesa, y es administrada junto con Aceitera General Deheza, de la mano de la acaudalada familia Urquía.
En la última campaña que tuvo Juan Schiaretti para asumir la gobernación de Córdoba, en el 2019, el tándem Promaíz-AGD le otorgó el mayor aporte para financiar sus acto proselitistas, según la declaración del oficialismo presentada en la Cámara Electoral. Fueron unos $ 5,5 millones de ese entonces para el inicio de la gestión de Hacemos Por Córdoba.
Puertas giratorias
Finalmente, a inicios de este mes, una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AadAA), ante la justicia federal de Chaco, advirtió que la familia Urquía, socia del supuesto evasor Humanes, habría sido beneficiada por los desmontes habilitados en la provincia de Chaco, fruto de la polémica reforma a su ley de bosques. Lo delictivo estaría enfocado en que el actual ministro provincial, el ingeniero agrónomo Hernán Halavacs, tenía como clientes a poderosos empresarios, que hoy están beneficados por la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que avala el paso de topadoras en zonas prohibidas, en plena gestión del actual gobernador Leandro Zdero.
“Desde al menos el año 2014, Halavacs estuvo inscripto como técnico habilitado por la Dirección de Bosques de Chaco para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos”, señala la denuncia, al que accedió La Luna con Gatillo. En la misma, se calcula que entre los años 2014 y 2021, Halavacs fue quien tramitó 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco. Un 40% de todo, que abarcó unas 38 mil hectáreas. Un verdadero monopolio de las asesorías. Better call Halavacs.
De esos 38 mil, unas 1.331 hectáreas fueron arrasadas por “Las Guindas S.A”, empresa agropecuaria que fue beenficiada por la nueva ley de bosques, al tener bosques en zona roja. “Las Guindas SA” es propiedad de Alberto Vicente, Adrián Alberto y Roberto Daniel Urquía, los mismos que manejan Aceitera General Deheza (AGD) y también Promaíz, junto con el despistado Enrique Humanes.
