Si faltan nombres la lucha sigue

Se conmemoran 10 años del asesinato de Alvaro Zarandon en la localidad de Laboulaye. Años de impunidad y una bala policial sin culpables.

Texto: @anti .rati / Fotos: Vero Franco

El 8 de febrero del 2013 Alvaro salía de su casa para ir a lo de su amigo Enzo, Le da un beso en el cachete a su mama y le dice “si no vuelvo antes de las 3 me quedo a dormir allá”. Agarra su player y se va a la casa de Enzo. Era esa misma bici con la que a Alvaro anteriormente lo cruzaba la policía patrullando y frenaban para hostigarlo, golpearlo y violentarlo. Mientras Alvaro iba para la casa de Enzo en el pueblo se estaba desarrollando un despliegue policial raro para un pueblo tan chico. Uno de los tres allanamientos que se estaban accionando era por un robo de ganado, así tal cual, un allanamiento con trece policías por robar para comer.

Mientras Alvaro y Enzo juegan al futbol, llegan patrulleros a toda velocidad. Para un pibe de 16 años que anteriormente fue hostigado, golpeado y violentado por los mismos policías que se bajaban de los patrulleros, la primera acción de supervivencia es correr. Dos cuadras y media, dos cuadras y media pudo correr mientras se escuchaban más de 15 disparos por el aire y el suelo hasta que una de esas balas le atraviesa la espalda y le provoca la muerte. Pero esa bala no fue al cielo o al suelo. A quemarropa le apuntaron a un jóven de 16 años y gatillaron sin ningún tipo de sutileza.

Alvaro fue trasladado al hospital Regional Ramón J. Cárcano por Maximiliano Celi y por otro oficial de apellido Fernandez. A las 5:45 del 8 de febrero se confirmaría la muerte de Alvaro.

Causa y culpables

En la escena del crimen se encontraron 16 vainas servidas, disparadas por 9mm correspondientes a armas reglamentarias de la policía. Maximiliano Celi fue el último oficial que siguió a Alvaro hasta un descampado donde después se lo encontraría con el disparo en la espalda. De los 13 policías vinculados al allanamiento 11 siguieron ejerciendo su cargo y 1 sería culpado por la fiscalía. El 27 de octubre de 2014 se eleva a juicio al policía Maximiliano Celi por “homicidio calificado por abuso policial”.

Después de varias semanas de juicio, la fiscalía a cargo de Carlos Zabala pediría 13 años de prisión y el abogado querellante en representación de Sandra Zarandon, mama de Alvaro, pediría perpetua, mientras que la defensa del oficial Celi pediría la absolución.

El 12 de septiembre de 2014 le darían la absolución a Celi y recuperaría la libertad, además de ser reintegrado a las fuerzas policiales, seguir ejerciendo en un pueblo a muy pocos kilómetros de Laboulaye y ser ascendido de cargo.
La absolución fue leída y en el recinto se escucharía un mínimo silencio doloroso. En ese entonces Sandra se sumaría a la lucha colectiva, una lucha colectiva que se traslada a toda la provincia y la nación. Caminando por varios sectores, distintas organizaciones y discutiendo con varias compañeras más en lucha por el grito urgente y continuo de “basta de gatillo fácil”.
Mientras la visibilidad se hacía cada vez más grande y diferentes nombres resonaban en distintas ciudades, la policía seguiría accionando: golpes, violencia y hostigamiento. Patrullas afuera de su casa, hostigamiento, detenciones arbitrarias seguidas de violencia a sus hijxs. La lucha igualmente continuaría. En noviembre de 2016, el Tribuna l Superior de Justicia de Córdoba anularía el primer juicio y lo elevaría nuevamente pero fuera de lajurisdicción de Laboulaye, por no haber valorado el jurado popular las pruebas condenatorias del asesinato.

Cinco años después, y con varios aprietes por parte de la policía hacia la familia de Alvaro, además de estrategias para adelantar el juicio y cancelar audiencias por parte de la defensa de Maximiliano Celi, el 22 de agosto del 2022 comenzaría un segundo juicio con jurados populares en los tribunales de la ciudad de Rio Cuarto, Sandra Zarandon además seria querellante en este nuevo juicio. Varias semanas después el fiscal Julio Rivero pediría cadena perpetua. La fiscalía de turno le atribuye “homicidio agravado por el uso de arma y calificado por la función”. Sin embargo el acusado seria nuevamente absuelto de sus cargos dejando nuevamente la incógnita de no tener un culpable por el asesinato de Alvaro Zarandon.

La lucha sigue

Diez años pasaron de aquel 8 de febrero de 2013, diez años donde la lucha continuó, donde el nombre de Alvaro sigue resonando en distintos espacios y se sigue esperando un culpable de su asesinato. Ese mismo día, el pasado miércoles, se convocó a marchar por las calles de Laboulaye con el grito de justicia. El sol partía el asfalto, los trenes al lado de su casa estaba como en pausa. Un silencio que desgarra, se siente por las calles del pueblo, muchas caras que miran para otro lado y algunas tantas como con asombro de ver a Sandra caminando por las calles del pueblo con una remera con el rostro de Alvaro que dice justicia.

En la plaza las familias se concentran para marchar, mientras la comisaria que está al frente se llena de fotografías con el rostro de un joven de 16 años asesinado por una bala de esa institución, mientras que su madre exige justicia con un grito desgarrador, que además de sentir dolor siente furia, una furia hermanada y que se transmite agrupando, exigiendo y colectivizando el nombre de lxs que ya no están, las sonrisas que nos arrebataron y los botines que desarmaron gatillando la bala de la estigmatización, de la criminalización.

Después de 10 años y como todos los años, las calles de Laboulaye exigen justicia y nos hace preguntar una y otra vez…

¿Qué nos queda?

Según la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) cada 20 horas muere unx pibx asesinadx por los aparataos represivos estatales. Esto quiere decir que no es un policía solamente el que acciona, hay toda una institución que está preparada para perseguir, criminalizar, desaparecer y torturar a personas y territorios.

Acompañar estas luchas para las personas que venimos y que militamos en los sectores populares no es solamente pensar en exigir justicia, si no que también es pensar un futuro en el que no se dispare, hostigue y reprima con total impunidad a nuestrxs compañerxs. Porque podemos ser lxs próximos y pensando en las estadísticas esto es urgente.

Es necesario pensar en una política de seguridad integral. No queremos más policías patrullando nuestros barrios, no queremos más que el proyecto de vida de muchxs sea el encierro. Queremos políticas reales de seguridad comunitaria y poder transitar el espacio público en otras condiciones. El castigo, la represión y el poder ejercido por los diferentes aparatos represivos del estado siempre concluyen es esto. Cada 20hs muere una persona, que puede ser tu amigx, algnx familiar, vecinx, compañerx.

El Gobierno de la provincia de Córdoba destina el 10% de su presupuesto a una seguridad que siempre recae en territorios donde la situación habitacional, de alimento y soberanía esta cada vez más escaza.

Por eso es necesario pasar esta etapa. Porque queremos menos balas y más redistribución de la riqueza que se consigue a base de nuestro trabajo.

Porque no queremos ni unx pibx mas asesinadx por la policía y el estado.

Muches se fueron.

Otres volvieron.

Las casas cambiaron su color de pintura y

otras tienen la misma que siempre.

Quebrajándose la pintura como si el tiempo

les pasara por arriba más rápido.

La canchita sigue siendo la canchita y le siguen faltando tu corrida.

El tiempo pasa y la rabia aumenta.

El tiempo pasa y no hay nadie a quien pueda acusar.

Aunque digan que 10 años no son nada.