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Por Lea Ross

Una inédita resolución judicial en Córdoba puede tironear algunas consecuencias públicas. Desde la Cámara Federal de Apelación Civil, se dejó sin efecto la autorización de un country en Sierras Chicas, perteneciente a la firma Ticupil SA. Ergo: se ordena su inmediata paralización.

Con la firma de los vocales de Cámara Federico Ossola y Ricardo Belmaña, se analizó el permiso que obtuvo la empresa en el año 2010 para construir 300 loteos en un emprendimiento llamado Candonga Villa Serrana. Ese año, la Secretaría de Ambiente de Córdoba aprobó su estudio de impacto ambiental. El problema es que se realiza sobre zona roja o de alta conservación de bosque nativo, del cual está prohibido por la Ley Provincial de Ordenamiento Terriorial, o “Ley de Bosques”. El secretario ambiental que había firmado ese aval, bajo el sello de Resolución 1.200, fue el abogado Raul Costa, condenado el año pasado por abuso de autoridad, por un caso parecido: haber habilitado a que la empresa GAMA SA construya un barrio privado sobre una zona boscosa no permitida en el sur del Valle de Punilla.

La relevancia de esta nueva resolución judicial podría impactar en otros emprendimientos que, años atrás, invirtieron sobre lugares donde no debían. Esto se debe a que los magistrados resaltan que el primer artículo de la Ley de Bosques señala lo siguiente: “El ejercicio de los derechos sobre los bosques nativos de propiedad pública o privada, sus frutos y productos quedan de igual manera sometidos al presente régimen”. Es decir, “la propiedad privada queda sometida”, señalan los juristas, en contraposición al argumento de muchos empresarios de anteponer el derecho a la propiedad frente a la aplicación de cualquier norma.

El caso Candonga fue profundizado en el programa de stream El avispero, donde su humilde servidor es panelista los días jueves, y que pueden contemplarlo en el siguiente video:

Según la resolución judicial, “cabe, entonces, preguntarse en qué puede sostenerse autorizar un emprendimiento inmobiliario en zona roja”. “Lo advertido -continúa- se agrava si se tiene en cuenta la enorme extensión del predio. La resolución 1.200 autoriza un emprendimiento en un inmueble de 160 hectáreas, con 308 lotes, amenities (club house, pileta climatizada), quincho con asadores, canchas de fútbol, tenis, básquet, actividades al aire libre y de recreación, cabalgatas, etc”. Por esa dimensión, los jueces también desestimaron el argumento de que esos predios ya dejaron de ser bosques por haber sido alterados previamente por actividades previas ligadas a la ganadería o la explotación de canteras: “Quedan sin respuesta preguntas del más básico sentido común: ¿todo el predio fue destinado a actividad minera o ganadera? ¿No existía, en su momento, bosque alguno? ¿Era posible remediar ello, sin alterar el destino natural del suelo? ¿Las cuestiones concernientes a la cuenca hídrica (debido al grado de pendiente del terreno), impedían autorizar el emprendimiento?”.

Sobre ese último punto, los lotes están pegados al Río Chavascate, que es el que suministra el agua a los pueblos de Agua de Oro, Villa Cerro Azul y El Manzano. Durante los veranos, sus habitantes padecen cortes en sus canillas, al igual que el resto de los pueblos serranos, donde también conviven con emprendimientos de ésta índole, y con la sospecha de haber entablado acuerdos con funcionarios públicos, sean locales como provinciales.

¿Impactarán el poder judicial también a esos proyectos, exponiendo los trapitos al sol?

De las sierras al campo

El fallo judicial puede poner un freno a ciertos intereses mercantiles, de los cuales englobaría las actividades primarias que esperan con ansias la aprobación de la Ley Bondi Zombi + Reforma Fiscal, cuyo debate en el Senado se realizará el miércoles 12, siendo propablemente un día de agitación en algunos puntos del país, sobretodo la capital porteña.

Ante ello, el gobernador Martín Llaryora estuvo en la ciudad santafecina de Armstrong, donde tuvo un encuentro, que duró un pedo, con el Lord Jamón, al que ratificó su apoyo a la aprobación del megaproyecto. Sin embargo, Milei lo tiene junado, porque el 100% de los diputados cordobesistas acompañaron la aprobación, el día anterior, a la iniciativa opositora de aplicar una nueva movilidad jubilatoria. Minutos después, el Presidente los acusó de “casta inmunda”.

Llaryora con Milei: la inmundicia de la necesidad.

El sanfrancisqueño sostuvo que “el campo, en su gran expresión, es producción, innovación y tecnología” y que “siempre le da un valor agregado a nuestro país”. Para eso insistió con una “clara ley de biocombustibles, para darle valor agregado a nuestro campo y no que salgan los granos por el puerto”. También corrió por liberal a Milei, al decirle que “cuando empiecen a bajar los impuestos, también empecemos a bajar las retenciones” al que los consideró como “malditas”. La alquimia Milei-Caputo empuja a mantener esas retenciones para asegurar que el año termine con déficit cero.

Sea el kirchnerismo y el macrismo a nivel nacional, como el cordobesismo a nivel provincial, las expresiones dirigenciales se aferran a un modelo desarrollista, donde la política se encamine a las expectativas del valor agregado en las actividades primarias. En petróleo y minería, es más difícil. Y en la actividad agropecuaria, hasta ahora, se logra exportar principalmente subproductos, como aceite y pellets, con un molino en el medio. Pero para el mileiísmo, el desarrollismo tiene “raíces marxistas”. Para el modelo anarcocapitalista (Milei), en conjunto con la ortodoxia financiera (Caputo), solo se limitan pasar en limpio las cuentas de la macro. “De lo micro, están los empresarios”, sostiene el actual presidente, quien se autodefinió en una entrevista como un “topo” que se infiltra en el Estado para destruirlo. También reveló que vino del futuro para evitar el apocalipsis socialista. “Como Terminator. Y eso que Schwarzenegger es libertario”, sostuvo el mandatario en una entrevista del extranjero. Si hay una razón de por qué mantiene todavía cierto apoyo, es porque no ha llegado una Sarah O’Connor que lo enfrente.

Del campo a las minas

Llaryora trata de armar una identidad subnacional más amplia que trate de defender las medidas fiscalistas de Milei, para luego de ahí lanzar una plataforma productivista, del cual está totalmente ausente en la gestión nacional. Para eso, viene teniendo reuniones con empresarios y funcionarios ligados a la actividad minera a cielo abierto, en particular San Juan y Catamarca. En Córdoba, está prohibida esas actividades desde 2007.

En marzo pasado, La Luna con Gatillo había revelado los misteriosos aportes que recibió Llaryora para su campaña, provenientes de San Fernando del Valle de Catamarca. Se trata de dos firmas -Construire SRL y Aured SA-, que transfirieron los mismos montos -$7,8 millones- y en el mismo día -el 12 de julio de 2023-. Una de ellas, está ligada a quien era el secretario de transporte de Juan Schiaretti y ahora lo es a nivel nacional en la gestión de Javier Milei: Franco Mogetta.

Recientemente, un informe del portal La Política Online, escrita por el cordobés Juan Manuel González, especificó que Mogetta, quien ejecuta la motosierra a los subsidios del transporte en las provincias, es el heredero de un holding creado por su padre fallecido, Don Guido Mogetta, conformada por empresas constructoras, canteras, de servicios mineros, entre otras. Franco llegó a Córdoba para estudiar en la Universidad Blas Pascal, donde tuvo de compañero a Gabriel Bornoroni, actual jefe de diputados de La Libertad Avanza, y Andrés Bauza, cuyo padre compartía un estudio jurídico con el primero. LPO señaló que como secretario provincial, Mogetta denunciaba que “en AMBA se subsidia el 80% de las tarifas, mientras que en el interior sólo se subsidia el 32%”. Ahora, como funcionario nacional, el beneficio al AMBA subió un 94%.

Con respecto a Audes SA, de la familia Mogetta, ofrece sus trabajos al proyecto de litio Tres Quebradas, en Fiambalá, cuya concesión está en manos de la multinacional china Liex-Zijin, denunciada por la Dirección General de Aduanas por sobrefacturación de importaciones de insumos, que le costaron a las reservas del Banco Central unos 5 millones de dólares, vendidos a precio oficial.

La operación de Mogetta para financiar la campaña de Llaryora se asemeja a lo ocurrido en las campañas de Schiaretti para 2019, cuando apareció otra entidad de servicios mineros, Minerar SA, que trabajó para los pozos de Bajo La Alumbrera y Pascua Lama de Barrick Gold. En su directorio estaban los hermanos Paolini, los mismos de la constructora homónima, y que fueron una de las más grandes beneficiadas en la obra pública de las gestiones schiarettistas, sobretodo en el ámbito vial.

El grupo Mogetta realiza, a la vez, contrataciones con una constructora muy conocida y polémica en Córdoba: Boetto y Buttigliengo Constructora (BBC), último accionista privado de la empresa Caminos de las Sierras SA, encargada de emprender las licitaciones de los pasos viales que conectan la capital cordobesa con los pueblos cercanos. Es decir: estando en los dos lados del mostrador. BBC realiza sus desempeños para explotar litio en el proyecto Galaxy Lithium, a cargo de Audes SA, y que incluso armaron un consorcio para la construcción de un acueducto en Antofagasta de las Sierras.

Toda construcción política requiere un sostén económico. Llaryora invita a que lo acompañen si quieren vivir. Habrá que ver si se diferencia de lo que dijo Luis “El Mago sin dientes de las finanzas” Caputo a los inversores presentes en el Latam Economic Forum: “No los voy a desilusionar”.