El 28 de septiembre del año pasado, día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, se organizaron en Córdoba dos grandes acciones. Por un lado, Alerta Feminista gestionó un festival frente al Museo de Antropología, donde históricamente se han hecho las vigilias por el aborto legal; por otro, la Asamblea Ni Una Menos, a esa misma hora, marchó desde Colón y Cañada. Estas acciones paralelas representaron una disputa histórica entre ambas agrupaciones, profundizadas con la elección de Alberto Fernández. Es curioso lo difícil que es encontrar información sobre esta “grieta” en las redes. Algunas feministas con una pobre definición de sororidad dirán que esta división muestra una debilidad, sin embargo, desde que existen los clanes y las religiones han existido diferencias entre las identidades políticas de los grupos. Bien sabemos que las dialécticas enriquecen el pensamiento: gracias a ellas podemos encontrar soluciones alternativas que logren satisfacer demandas que en un principio pueden parecer hasta contradictorias. La disputa del 25S, por ejemplo, tuvo que ver con diferencias a la hora de denunciar el acuerdo con el FMI: mientras que la Asamblea señalaba con nombres propios la complicidad de los peronistas, Alerta, de cara al balotaje, elegía hablar sobre el impacto de la deuda en las mujeres, sin dar nombres. Como bien podrán concluir entonces, la Asamblea nuclea a militantes de izquierda, mientras que Alerta está compuesta sobre todo de sindicalistas, funcionarias y activistas peronistas y kirchneristas.
La semana pasada participé de la reunión de Alerta Feminista, de la Asamblea Transfeminista (una ampliación de la Asamblea Ni Una Menos) y la Asamblea Disidente (declarada apartidaria, pero más de izquierda que peronista). Más de la mitad del tiempo de las primeras dos se dedicaron a debatir acerca de las formas de generar un consenso de cara al 8M. Si en septiembre el punto de conflicto era el FMI, este año el debate gira en torno al vínculo con la CGT. En el año 2017 se creó la Intersindical de Mujeres, integrado por CTA, ATE Capital, AGEPJ (Judiciales), SUOEM, CONADU, SATSAID, SANIDAD, CISPREN y otros treinta gremios de trabajadorxs con mujeres sindicalistas. Entre ellas está también Ilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica y parte del triunvirato que dirige la CGT Córdoba. La Intersindical, a su vez, participa de Alerta Feminista. Es comprensible entonces que cuando Asamblea Transfeminista dice “¡Exigimos un paro general YA!”, Alerta se ponga a la defensiva, pues es justamente a ellas a quienes se les estaría dirigiendo esa exigencia. De un lado, entonces, referentas de movimientos obreros y piqueteros: una izquierda combativa que sale a las calles a poner el cuerpo incluso cuando nadie más lo hace; del otro lado, gestoras que han logrado meterse en el machista universo de la burocracia sindical, estatal y hasta clerical, buscando transformar el sistema desde adentro. De un lado, una asamblea horizontal con ganas de quemarlo todo y empezar de nuevo; del otro, una no-asamblea que asume y aprueba una organización jerárquica basada en la trayectoria y que confía en las reformas pacíficas como un camino hacia una sociedad eco-socialista. La verdad es que no puedo evitar reir cómplice cuando unas acusan a las otras de “burócratas”, ni cuando a su vez las funcionarias se ríen de la falta de gestión de “las troscas”. Por supuesto, mi risa no es una afirmación, entiendo bien que no son más que chicanas que tienen la intención de distender una tensión política centenaria. Más aún: río porque esos reclamos, en un contexto de unidad, involucran la búsqueda de una estrategia común que al fin nos libre del capitalismo. Ambos lados de esta “grieta” saben que las unas necesitan a las otras para actuar. Los sindicatos necesitan de la acción en las calles para validar sus acciones, las troscas necesitan un sindicato a quien “exigirles” un paro. Pero ni el anquilosamiento peronista ni la furia roja son suficientes para detener a un liberalismo que no para de crecer. Es necesaria una nueva estrategia que pueda contener ambas aguas de la marea verde. Un camino diplomático que logre ser tan incendiario como reformista. Y ese camino es, a mi entender, el anarcosindicalismo.
Volvamos al eje de la grieta. Según entiendo, cuando Asamblea Transfeminista dice “Paro General YA”, su Plan de Lucha ideal involucraría un paro por tiempo indeterminado de parte de todes les trabajadores, gestionado por los sindicatos. Una movilización masiva y constante como la chilena. ¿Habrá gente que perderá ojos, otres la libertad, algunes incluso la vida? Seguramente: mal menor al lado de la explotación capitalista que lleva siglos sometiendo a les trabajadores, matando con hambre y precarización, robando libertades con un sistema carcelario diseñado para proteger la diferencia de clases… Y sin embargo, sabemos por la historia lejana y reciente que las revueltas no necesariamente conducen a un eco-socialismo. Aún así, en la balanza se festeja que, si bien por ejemplo el nuevo gobierno chileno sigue siendo extractivista y cómplice del genocidio mapuche, al menos no es explícitamente neoliberal. Lo primero que a mi parecer hay que preguntarse es: ¿quisieran les trabajadores afiliades a la CGT atravesar un proceso de revolución en las calles? Como secretaria general elegida mediante voto es comprensible que Ilda Bustos, por muchas ganas (o no) que tenga de convocar un paro indeterminado, deberá tener en cuenta primero la voluntad de sus votantes (¿no es acaso eso lo que reclamamos siempre?). Que el 75% de les trabajadores cordobeses sean votantes de Milei no significa tampoco que Ilda deba “darle tiempo” y no hacer nada, quedándose de brazos cruzados mientras el salario de todes se precariza día a día. Debe actuar no por ese otro 25% peronista que quiere la renuncia de Milei, ni por el (digamos) 25% de arrepentidos; sino porque es su obligación como secretaria general de un sindicato pelear por el sueldo de sus trabajadores, sea cual sea el color del partido del presidente de turno. ¿Qué hacer, entonces? Hay cierto consenso en que la elección de Milei no representa un genuino deseo del pueblo de someterse a un capitalismo salvaje, ni subsumirse a las demandas del FMI, ni vender todas las tierras a extranjeros. El voto Milei es, lo sabemos bien, un voto castigo hacia el peronismo, demasiado lento en su eterna promesa de gestionar Tierra, Techo y Trabajo para todes. Ofrecerles a les trabajadores una revolución que tenga como objetivo retomar el proyecto peronista es ignorar que si hoy estamos en esta situación es justamente porque la gente se ha puesto de acuerdo en que “ya no queremos ser más esta humanidad”. ¿Cómo diseñar, entonces, un Plan de Lucha que contemple al mismo tiempo el deseo transformador de zurdes y liberales, sin traicionar los sentimientos reformistas de la otra mitad de la población? Queremos, por un lado, mantener cierto grado de organización institucional peronista, pero, por otro, no permitir que esa institución se vuelva tan poderosa (y por lo tanto corruptible) como un Estado-Nación. Queremos un gobierno de trabajadores, pero buscando evitar que eses trabajadores hagan alianzas con explotadores. Queremos distribuir la tierra, pero no estamos dispuestes a ir a una guerra civil contra la oligarquía. Queremos trabajar menos, comer mejor, gozar más, pero nos gustaría que esas ganancias no se consigan a costa de otres. Queremos, está clarísimo, una nueva forma de organización social.
Bajemos el problema a tierra con el caso que más resuena estos días: el transporte. Si el Estado deja de subsidiarlo, habrá muchas empresas que se verán obligadas a reducir la frecuencia o hasta cerrar, incapaces de pagar todas las indemnizaciones por despidos. Para Milei esto no es un problema. En su anarcocapitalismo ideal sólo sobrevivirían aquellas empresas “redituables”. Más aún: su intención es modificar las leyes laborales para que ni siquiera sea necesario indemnizar. La cantidad de colectivos y conductorxs sería en cada momento la mínima indispensable para maximizar la ganancia económica. Es curioso hasta qué punto el anarcosindicalismo ecologista puede aprovecharse del plan anarcocapitalista. Conozco de cerca la historia de un restaurante vegano que en la pandemia, al descubrirse incapaz de pagar los sueldos de sus empleades, terminó siendo expropiado por una organización horizontal de sus trabajadores (que al día de hoy mantienen el local). ¿Cuántos años llevamos quejándonos de que el transporte sube más que la inflación? ¿Cuántos dueños de empresas de transporte están siendo imputados por evasión de impuestos (ERSA, por ejemplo)? ¿Cuánto cobran esos dueños? ¿Qué arreglos hacen con los gobiernos? Si de “Plan de Lucha” se trata, no se me ocurre ninguno mejor que aprovechar el desmantelamiento de las redes estatales para reemplazarlos por organizaciones sindicales autónomas, como sucede hoy con el transporte público en Bolivia, donde más de treinta sindicatos gestionan las más de 600 líneas. Milei desea que el Estado sea reemplazado por empresas multinacionales, creyendo (ingenuo) que los cálculos capitalistas nos sacarán de la crisis y que “en 35 años seremos Alemania” (donde, por cierto, las empresas se están fundiendo porque Rusia ya no les vende gas barato). Dicen algunos mitos que cuando tenemos mucho miedo a algo, lo atraemos. Es gracioso cómo la desarticulación del Estado (la desaparición de una “casta política”) podría no necesariamente llevar hacia una “casta capitalista” de empresarios multinacionales que reemplacen los negocios estatales, sino que bien podría producir en cambio lo contrario: organizaciones de trabajadores resolviendo necesidades sociales a nivel local. En otras palabras: a un comunismo descentralizado. La tan soñada Federación de Comunas donde todo el trabajo se gestione a través de sindicatos autónomos.
Ahora que tenemos un horizonte utópico, pensemos dos medidas concretas en esa dirección que podría tomar la CGT. Ante la crisis del transporte, el gobernador de Córdoba decidió revivir el Boleto Obrero, pensado para trabajadorxs que no superen cierto ingreso mensual. Esta medida se suma a la del Boleto Social, Boleto Estudiantil, Boleto Adulto Mayor y a los Pases Libres para Personas con Discapacidad y para Personas con Enfermedades Crónicas y/o Permanentes. En términos económicos, lo que la provincia hace es tomar una parte del presupuesto recolectado mediante impuestos e invertirlo pagando a las empresas de transporte cierto monto que representa ese futuro uso selectivo. La primera propuesta que yo haría es entonces: ¿Y si fueran los sindicatos los encargados de gestionar ese tipo de medidas? Para acceder al Boleto Obrero hay que estar en relación de dependencia, estar registrado en el Ministerio de Trabajo o ser monotributista hace dos años. ¿Qué pasa con todas aquellas personas pertenecientes al trabajo informal? Si, por ejemplo, la UTEP tuviera a disposición una cantidad de boletos gratuitos, podría distribuirlos entre sus afiliades, fortaleciendo a los sindicatos no sólo por el boleto en sí, sino porque además les permitiría intervenir en las transacciones económicas que involucran impuestos y beneficios empresariales. Y es que, si el Estado desaparece, ¿Qué pasa con los impuestos? Si los gobiernos nacionales y provinciales van a decidir no hacerse cargo de las necesidades sociales, que sean entonces les trabajadores quienes administren (por ejemplo) el 21% que invierten en IVA cada vez que compran algo. “¡Eliminemos los impuestos!”, dicen los liberales, pretendiendo dejar a cada persona librada a su suerte, “¡Agrandemos el Estado!”, dice la otra mitad del país. Hay, a mi entender, un punto medio, en el que sean pequeñas agrupaciones de trabajadores quienes administren fondos comunes impositivos. Entiendo que es muy utópico buscar que el Estado devuelva a los sindicatos la plata de sus impuestos, pero medidas intermedias como la gestión de boletos gratuitos, cupos docentes para sindicatos o desgrabaciones de impuestos para afiliades conducirían a un empoderamiento de les trabajadores. Por otro lado, una segunda medida muy concreta en relación al transporte consiste en inspirarse en el caso boliviano. En la plurinación vecina, el transporte público no se reduce a grandes colectivos comprados por capitalistas, sino que también los autos particulares tienen recorridos fijos, costando sólo un poco más que los buses. La multinacional Uber crece a pasos agigantados porque ha sabido incorporar a esos particulares que hoy en Bolivia se han organizado en sindicatos; pero no me cabe duda de que una gran parte de eses trabajadores preferiría tener un recorrido fijo, sirviendo además a un servicio público y formando parte de una cooperativa sindical. Lo mismo podría, por supuesto, pensarse para las aplicaciones de delivery y así para muchos de los trabajos hoy precarizados por el sistema de aplicaciones multinacionales. La situación actual nos obliga a pelear por un salario digno, pero más valioso me parece aprovechar este momento histórico para replantear el sistema de salarios.
